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La Junta Mixta que negocia el Pacto Colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Congreso (Sintracor) se reunió este martes para iniciar las pláticas orientadas a elaborar un nuevo texto.

En la reunión participaron los diputados Marvin Orellana, tercer vicepresidente, y Aracely Chavarría, quinta secretaria de la Junta Directiva, así como representantes del Sintracor.

“Vemos que el Ministerio de Trabajo debe involucrarse después de la denuncia del Pacto Colectivo”, dijo el parlamentario Orellana.

El acuerdo aludido fue denunciado en el Ministerio de Trabajo el 17 de este mes. Dicha decisión fue tomada junto a los trabajadores, quienes están de acuerdo con que algunos aspectos afectan las finanzas del Legislativo.

Entre los aspectos que se espera sean modificados están el aumento anual de 10 por ciento sobre el sueldo de los 1,200 trabajadores del renglón 011. “No es posible en la situación económica que el país vive y es uno de los puntos principales a tratar”, dijo Orellana.

El Pacto vigente vence el 21 de abril, pero si la Junta Mixta no llega a un acuerdo se prorrogará por 3 años. Según el directivo, se espera que las negociaciones concluyan en abril o mayo.

Alfredo Tumax, secretario general de Sintracor, dijo que coinciden en la necesidad de efectuar cambios, “velando siempre por la institucionalidad del Organismo Legislativo”.

Añadió que buscan la estabilidad laboral. “Queremos que haya un documento que integre las necesidades y el desarrollo pleno de los empleados en cuanto a derechos y obligaciones”, manifestó.

Por Antonio Ordoñez

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Con el objetivo que pueda ponerse en marcha la propuesta de política pública para la reparación digna de menores víctimas de abuso sexual, embarazo forzado y maternidad en niñas y adolescentes, la diputada Sandra Morán, del bloque Convergencia, se reunió con autoridades de la Secretarías Presidenciales de la Mujer (Seprem), y de Planificación y Programación (Segeplan); así como representantes de la organización Mujeres Transformando el Mundo.

La propuesta cuenta con 15 capítulos y tiene el fin de crear y promover las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que faciliten la reparación digna y transformadora de las víctimas, con la implementación de mecanismos de respuesta integral por medio de un trabajo interinstitucional de las entidades del Estado involucradas en el tema.

En dicha reunión se destacó la necesidad de asignar recursos para diferentes programas de reparación. “En los próximos días presentaré una propuesta a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, para que en el presupuesto del próximo año se incluya una partida presupuestaria destinada a este tema”, dijo la legisladora.

Ana Leticia Aguilar, titular de la Seprem, expuso que concluyó la primera fase que contemplaba un análisis del marco legal de la iniciativa con el ya existente en las políticas públicas vigentes. “Por ello se hace necesario un plan de intervención que organice una hoja de ruta para la pronta implementación de las acciones en atención a los casos de violencia sexual contra la mujer que ya hayan sido judicializados”, indicó.

Al concluir la reunión, Morán anunció que ambas secretarías harán una revisión de lo que ya se está haciendo en cada una de las instituciones del Estado vinculadas al tema, con el fin de identificar las acciones relacionadas con el presupuesto. “Estamos convencidos de que el fortalecimiento institucional es de gran importancia en virtud de garantizar una vida libre de violencia a la parte más joven de la sociedad”, agregó la diputada.

Según datos de la Oficina de Atención a la Víctima, del Ministerio Público, se registra un promedio de 8 a 10 casos diarios de niñas y niños entres los 10 y 12 años víctimas de violencia sexual. Asimismo, el Observatorio de Salud Reproductiva registró en agosto del 2015 no menos de 4 mil 432 embarazos en niñas menores de 14 años, de ellos 63 en menores de 10 años, y de enero a agosto del 2016, la cifra de niños nacidos de madres entre los 10 a 19 años alcanzó un total de 38,758.

Karen Mendoza

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El legislador Oliverio García Rodas, representante por el listado nacional, renunció al bloque legislativo Movimiento Reformador (MR), por motivos personales.

Enfatizó que al convertirse en diputado independiente se dedicará a la elaboración de al menos seis proyectos: reformas a la Ley de Orden Público, reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley de Aceptación de Cargos, reformas a la Ley de Extinción de Dominio, reformas a la Ley de la Carrera judicial y un nuevo Código Penal.

“Como diputado tengo el derecho de presentar iniciativas de ley y no tengo la necesidad de estar en una bancada o comisión para presentarlas o trabajar las leyes que sean convenientes para el país”, aseveró.

Según dijo, con su decisión da por concluida su carrera legislativa, pues no piensa postularse en el próximo período electoral, pero desea “dejar un legado para el país con estas normas”.

La nueva Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República, establece en el artículo 50 que los congresistas independientes no pueden integrarse a otro bloque legislativo aunque se afilien a otro partido, integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones de trabajo.

Entre otros cargos, García Rodas presidió la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y coordinó la mesa técnica que analizó las reformas constitucionales al Sector Justicia.

Por José Castellanos.

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En el desarrollo de la sesión plenaria de este martes, el pleno de diputados, mediante el Acuerdo 11-2017, decidió llamar a Karina Alexandra Paz Rosales, Pedro Pablo Tzaj Guarchaj y a Juan Adriel Orozco Mejía para que asuman las curules dejadas por parlamentarios que enfrentan problemas judiciales.

De conformidad con el listado enviado por el Tribunal Supremo Electoral se procederá a juramentar a los ciudadanos que reemplazarán a César Emilio Fajardo Morales (independiente); Manuel Marcelino García Chutá, del Movimiento Reformador (MR), y de Edgar Justino Ovalle Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Paz Rosales pertenece a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y reemplazará a Fajardo Morales; Tzaj Guarchaj suplirá a García Chutá, por el Distrito de Sololá, por el Partido Patriota (cancelado), y Orozco Mejía asumirá en lugar de Ovalle Maldonado (FCN-Nación). Los tres serían juramentados en la sesión convocada para este miércoles 29.

Por aparte, los diputados avanzaron en el orden del día y aprobaron en primer debate el proyecto de decreto de ley de dignificación del trabajador en Salud, y en primera lectura las reformas a la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.

Finalmente se aprobó en tercer debate la Ley para Promover y Fortalecer la Actividad Chiclera; el diputado Jaime Regalado, del MR, solicitó que dicha ley fuera retirada antes de la aprobación por artículos y redacción final.

También se aceptó la renuncia de Marisol Figueredo Cacacho como magistrada vocal I de la Sala Mixta, con sede en Escuintla, quien argumentó motivos de salud.

Un grupo de aproximadamente cien jóvenes de Totonicapán presenció el desarrollo de la sesión, que después de hora y media se suspendió por falta de quorum.

Nery Morales.

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Después de efectuar diferentes reuniones con representantes de organizaciones sociales y del Estado, el diputado Christian Boussinot, informó que concluyó el estudio de las propuestas para reformar la iniciativa 5125, ley de personas con discapacidad, que se encuentra en segunda lectura.

En la mesa de trabajo participaron representantes del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Asociación Gente Pequeña y Plataforma de Organizaciones con Personas con Discapacidad, así como los ministerios de Finanzas, Educación y Salud.

Entre las propuestas que se presentarán al pleno para la discusión por artículos está la creación de la Secretaría Presidencial de Atención para las Personas con Discapacidad, otorgar un bono de ayuda a quienes sufren de más de 66 por ciento de cualquier discapacidad y la utilización de un porcentaje del presupuesto anual de las carteras de Educación y Salud para impulsar programas de ayuda a las personas con capacidades distintas.

“Me siento satisfecho por el trabajo realizado y por ver la unión de las organizaciones de la sociedad civil para dejar una herramienta para la protección y ayuda a las personas que por alguna razón sufren de discapacidad física o mental”, destacó el diputado Boussinot, de la bancada Todos.

Por aparte, Ronald Solís, de la Plataforma de Organizaciones de Personas con Discapacidad, expresó su agrado por las propuestas formuladas y dijo que esperan el apoyo de los parlamentarios.

Las enmiendas serán presentadas en la Dirección Legislativa, donde se solicitará que la iniciativa de ley 5125, que se encuentra en segunda lectura, sea aprobada en tercera lectura, por artículos y redacción final, antes de que concluya el primer período de sesiones ordinarias de este año.

Por Karla Herrera

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Diputados miembros de la Comisión de Trabajo del Congreso participaron en la 329ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la cual se consideró el informe de progresos alcanzados por Guatemala para fomentar la cultura de cumplimiento de los derechos laborales en el país.

Como resultado, el 21 de este mes el Consejo de Administración de la OIT aplazó para noviembre próximo la consideración de establecer una Comisión de Encuesta en Guatemala para verificar que se promociona en el país la generación de trabajo decente.

Los diputados que acompañaron a la delegación guatemalteca, integrada por representantes del Organismo Ejecutivo, del sector trabajador y empleador, son: Aníbal Estuardo Rojas Espino (Visión con Valores), Félix Ovidio Monzón Pedroza (Todos), Mayra Alejandra Carrillo De León (Movimiento Reformador), Edgar Armando Sandoval Trigueros (Frente de Convergencia Nacional) y Marco Antonio Lemus Salguero (Unidad Nacional de la Esperanza).

El Gobierno de Guatemala presentó los avances en cumplimiento de la Hoja de Ruta y reiteró el compromiso y la voluntad política para continuar promocionando políticas públicas que den respuesta a las necesidades de creación de trabajo y desarrollo económico del país.

Lo anterior será en cumplimiento de las normas y principios fundamentales, incluyendo el Memorándum de Entendimiento y la Hoja de Ruta, acordadas con la OIT, para resolver las reclamaciones relativas al Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, contenidas en la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT.

La delegación de Guatemala resaltó el diálogo que realizaron los sectores trabajador y empleador sobre el contenido de la propuesta de ley que reforma el Código de Trabajo y restablece, después de más de 15 años, la capacidad sancionatoria a la Inspección General de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo presentó, en su momento, una propuesta de ley que incluía el acuerdo bipartito, que derivó en una reforma legislativa recién aprobada por el Congreso de la República. La aprobación permite fomentar la cultura de cumplimiento de los derechos laborales en el país.

El Consejo de Administración aplazó para noviembre la decisión de considerar la instalación de una comisión de encuesta en el país, otorgando un voto de confianza al Estado. Para entonces, de aprobarse el proyecto de ley sobre la libertad sindical y negociación colectiva, se podría cerrar el caso.

Con este paso se alienta a los interlocutores sociales y al Gobierno a mantener un diálogo constructivo para alcanzar la plena aplicación de la Hoja de Ruta y se pide a las organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores que respalden el fortalecimiento de dialogo entre los interlocutores sociales nacionales.

Asimismo, la decisión invita a la comunidad internacional a que facilite los recursos necesarios para que la oficina de la OIT en Guatemala pueda fortalecer su apoyo a los mandantes tripartitos en la aplicación del Memorándum de Entendimiento y de la Hoja de Ruta, acordada con la OIT.

Durante la sesión se destacó el apoyo que el Grupo Latinoamericano y del Caribe dio a Guatemala mediante una intervención, respaldando los esfuerzos del país para cumplir con sus obligaciones internacionales.

* Con información y fotos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, dio conocer este lunes que la Junta Directiva solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) información de las personas que deberán asumir las curules de los diputados César Fajardo y Manuel García Chutá, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Reformador (MR), respectivamente.

Ambos parlamentarios fueron aprehendidos el miércoles 22, sindicados por el Ministerio Público por su presunta implicación en la contratación de plazas fantasma en el Congreso, y están a la espera de que el juez que conoce el caso dicte si son ligados a proceso.

Según indicó el diputado Chinchilla, solamente uno de ellos ha pedido permiso para ausentarse de sus labores sin goce de salario. La semana pasada se conoció que el parlamentario Fajardo envió a la Junta Directiva su solicitud de permiso mientras resuelve su situación legal en tribunales.

“Actuaremos tal como lo establece la Ley en Materia de Antejuicios. Toda vez que ellos sean imputados a un proceso debemos esperar a que se ausenten a 4 sesiones plenarias para poder llamar a los ciudadanos que asumen como suplentes, para que ocupen esas curules”, dijo el presidente Chinchilla.

Explicó que la sesión ordinaria de este martes 28 de marzo sería la cuarta de ausencia del diputado Edgar Ovalle, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por lo que procederían a llamar a la persona que ocuparía su curul como suplente.

Ovalle perdió la inmunidad y pesa en su contra una orden de captura por la supuesta implicación en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno ocurridas entre 1981 y 1988 en Alta Verapaz.

Por Antonio Ordoñez.

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La mesa técnica para el estudio de la iniciativa 4712, ley para la disposición y trasplante de tejidos, órganos y células humanas, que coordina la congresista Sandra Morán, y en la cual participaron representantes del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, entre otros, concluyeron las propuestas de enmiendas.

“Una de las problemáticas eran los vacíos, pues se dejaban posibilidades de comercio de órganos. Con estas enmiendas se ponen candados para evitar esa posibilidad”, señaló Morán, de Convergencia.

Agregó que la aprobación se detuvo en la discusión por artículos y redacción final, por lo que ahora buscarán el apoyo de los jefes de bloque para que sea incluida en la agenda.

Marta Azmitia, de fundación Donare, manifestó: “Este es un producto blindado que va a abrir la puerta para que todas las personas que necesiten un trasplante puedan acceder a él, y que los pacientes que no tengan recursos económicos para comprar la medicina de inmunosupresión puedan contar con el apoyo del Ministerio de Salud”.

Las modificaciones establecen la creación del Consejo Nacional de Trasplantes, como una institución asesora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cuál será integrado por el ministro de dicha cartera, el Fiscal General, el presidente de Junta Directiva del IGSS, director del Inacif, un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos y por la autoridad superior de la Unidad de Trasplantes, que se creará dentro de la cartera de salud, derivado de esta ley.

Se plantean también reformas al Código Penal, en su artículo 301 bis, para incrementar las sanciones contra quienes participen en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos, tejidos y células humanas de personas vivas o de cadáveres, con una pena de 8 a 18 años de cárcel.

Salvador López, jefe de Procuración de Órganos, del hospital San Juan de Dios, aseveró: “Con esta ley se blinda a Guatemala de cualquier indicio de tráfico de órganos y se garantiza la salud de los pacientes que necesiten de un trasplante, además de proteger la integridad de los cuerpos de las personas que podrían ser consideraras como potenciales donadores”.

Por Rosemary Recinos

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La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció este lunes que presentarán una segunda denuncia penal en contra de Aldo García y María Alejandra Má, autoridades de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y Armando Castillo, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

La decisión de la acción penal fue tomada después de haber citado a los funcionarios del ramo y de fiscalizar la ejecución presupuestaria y la adquisición de proyectos viales de este año.

  1. la reunión los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores cuestionaron a las autoridades por la “baja” ejecución presupuestaria hasta el momento, el pago a las empresas constructoras “que en su mayoría son grupos familiares”, listado de obras de infraestructura viales adjudicaciones y pagos a la empresa Topsa, S.A., entre otros temas.

Blanco, jefe del uneísta, comentó: “Vemos un desorden administrativo en esta unidad ejecutora. El año pasado se gastaron su presupuesto en el pago de deuda a las empresas que fueron adjudicadas en el gobierno anterior, que tiene señalamientos de actos ilícitos; se hicieron pagos y se beneficio a más de 48 grupos familiares”.

Aldo García, titular de la cartera de Comunicaciones, mencionó: “Respetamos las decisiones de los diputados, pero no las compartimos; tienen el derecho de presentar las acciones que crean pertinentes. Yo no he beneficiado a familiares con proyectos; he revisado y no he encontrado a ninguna familia en los contratos, y como ministro no tengo ese nivel de detalle, porque para eso hay otras autoridades que revisan la documentación”.

César Elías, subcontralor de Probidad, informó que solicitarán la documentación para hacer un análisis y cotejarla, y después se pedirá al Registro Nacional de las Personas que busque, comparen y envíe un dictamen de la situación. “De ser necesario presentaremos una denuncia penal en contra de los funcionarios”, afirmó.

El 25 de enero los parlamentarios de la UNE presentaron una denuncia penal en el Ministerio Público contra los citados funcionarios, sindicados de haber incurrido en delitos en el caso de la empresa constructora Odebrecht.

Por José Castellanos.

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