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El diputado Leocadio Juracán Salomé, de Convergencia, pretende que se suspendan los desalojos de fincas en la Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, Petén, así como en Rocja’ Pontila’, Cobán, Alta Verapaz, donde están asentadas más de 150 comunidades indígenas.

“Están aumentando los desalojos en el campo y a pesar de que existe una mesa de diálogo establecida con la institucionalidad agraria de este país, la semana pasada se ejecutó un desalojo y la captura de un dirigente campesino en la Laguna del Tigre, y en Cobán se realizan acciones similares”, dijo Juracán.

Los campesinos solicitaron la mediación del legislador para que ya no se registren más acciones judiciales en las áreas mencionadas, y argumentaron no tener otro lugar para vivir.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para manifestar su descontento ante la supuesta pasividad de las instituciones del Organismo Ejecutivo para solventar el problema de acceso a la tierra, y amenazaron con una movilización para presionar a que les sea resuelto su problema.

A la reunión asistieron Carlos Morán, secretario de Asuntos Agrarios; Rokael Cardona, comisionado del Diálogo Nacional yVíctor Hugo Godoy, comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, así como representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Fondo de Tierras, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de las comunidades afectadas por los desalojos.

Los funcionarios coincidieron en que se realizan los procesos respectivos para solventar cada uno de los casos de acceso a la tierra y que enviarán un informe al diputado Juracán sobre los avances en el tema.

Byron Vásquez

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La Comisión de Salud del Congreso, que preside la parlamentaria Karla Andrea Martínez Hernández, de Alianza Ciudadana (AC), oficializó este jueves el retiro de la solicitud de interpelación de la ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack, programada para hoy.

La decisión se tomó para poder avanzar en la agenda legislativa en los temas de interés nacional que se discuten actualmente, por lo cual se trasladó a la Dirección Legislativa la nota que oficializa el retiro, para que luego lo conozca el pleno del Congreso, explicó la diputada.

“Siempre ha existido un interés legítimo de velar por el derecho universal a la salud de los guatemaltecos, plasmado en nuestra constitución política y garantizado por el Estado”, expresó Martínez.

“El llamado a la interpelación a la ministra tuvo origen en la necesidad de entablar un diálogo franco, que tenga como fin una mejora sustancial en la presentación de servicios de salud para los guatemaltecos, por medio de un mecanismo de rendición de cuentas al pueblo de Guatemala”, agregó.

En conferencia de prensa, la congresista dijo que se retomaron los consensos a los que se habían llegado con el Ministerio de Salud y se llegó a la conclusión de que, sin renunciar a la legítima pretensión de velar por una mejor salud para los guatemaltecos, se retiraría la interpelación.

Sin embargo, anunció que se avanzará en tres ejes temáticos: elaborar un calendario de trabajo con mesas técnicas para rendición de cuentas y la obtención de resultados en el corto y mediano plazo. La instalación de parlamentos regionales de salud para escuchar in situ a los equipos técnicos, personal y usuarios de los servicios públicos de salud.

El tercer eje consiste en impulsar una agenda legislativa de salud, que aborde temas de urgencia y prioridad para el sector.

La ministra Hernández Mack acudió desde temprana hora al Congreso para la interpelación y se reunió con miembros de la Comisión de Salud, para ser notificada oficialmente sobre la decisión antes anunciada.

Tras enterarse de que no se llevaría a cabo la interpelación, la ministra dijo quedar a la espera de que la Junta Directiva del Congreso le envié documentos de respaldo. La funcionaria resaltó y valoró las muestras de apoyo recibidas en las redes sociales. Dijo considerar que es un reconocimiento al trabajo de los salubristas, aunque admitió que como funcionaria está obligada y dispuesta a rendir cuentas por todas las vías de fiscalización que le competen al Congreso.

Fredy López

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La modalidad de las compras por contrato abierto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), rebasaron el 56 por ciento de lo ejecutado en ese rubro durante el año 2016, y la modalidad continúa durante el presente año, denunciaron este día los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), durante una citación a funcionarios de esa institución y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Vidal Herrera, gerente del IGSS, al ser cuestionado por el diputado Orlando Blanco, indicó que durante el año pasado el Seguro Social compró en medicamentos Q1 mil 356 millones en la modalidad del contrato abierto (56.87%); Q882 millones 347 mil (37%) en contrato directo; por licitación 70 millones (2.94%), y se adquirieron vacunas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por un monto de Q2 millones 230 mil.

Blanco, jefe de la bancada uneísta, argumentó que la práctica del contrato abierto aumenta los vicios y anomalías que dan preferencia a financistas de políticos u otros interesados que proveen a precios más altos que los del mercado, a pesar de que existe la advertencia que deben hacer el cruce de información para saber si están adquiriendo a precios competitivos.

“Es inconcebible que el IGSS adquiera medicamentos que las mismas empresas que los abastecen venden más barato en el mercado local”, dijo el parlamentario Blanco, quien agregó que también les preocupa que se siga comprando a empresas relacionadas con hechos anómalos.

Los funcionarios tendrán la oportunidad de dar mayores explicaciones a los congresistas al finalizar la Semana Mayor, porque volverán a ser citados por los integrantes de la bancada UNE.

Por Mayra Recinos

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La diputada Vivian Preciado, subjefa de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), se reunió este jueves con Gonzalo Romero, recién nombrado titular de la Dirección General de Educación Física, para fiscalizar el mantenimiento y construcción de instalaciones deportivas en San Marcos.

Según dijo la congresista, en la cabecera departamental funciona una escuela de educación física, pero no cuenta con un edificio propio ni infraestructura adecuada. “Lo que se pretende es que se deje programado el proyecto de construcción para el otro año”, indicó.

“El proyecto de la escuela ya está definido para que se inicie en el 2018”, afirmó Romero, aunque explicó que otros proyectos de remozamiento en Catarina y Tejutla están detenidos porque no hay certeza jurídica de la propiedad.

“Ya se hizo una visita de campo para ver las necesidades que hay en cuanto a infraestructura y ahora estamos viendo que sea viable legalmente, para hacer la inversión”, agregó.

La parlamentaria recordó la limitante de invertir en infraestructura porque la Ley del Presupuesto 2017 establece que no puede hacer cuando no existe certeza legal de la propiedad en favor del Estado, “y en estos establecimientos no la hay”.

Asimismo, manifestó su compromiso de trabajar con la comunidad y las autoridades locales para solventar la situación y que los proyectos deportivos se puedan concretar.

“San Marcos es un departamento que, debido a su posición geográfica fronteriza, pone en una situación vulnerable a la niñez y adolescencia, debido a la trata de personas, trata de blancas y emigración, por lo que el Estado debe incidir positivamente en este sector de la población, y el deporte es una manera de hacerlo”, aseveró la diputada Preciado.

Por Rosemary Recinos.

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Con la intención de conocer los proyectos para fortalecer políticas de género que hay en distintas dependencias del Estado, la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, realizó la segunda mesa de trabajo con representantes de ministerios y secretarías del Ejecutivo, donde se reconoció la importancia de ampliar el número de unidades de atención a la mujer.

Durante la reunión hubo consenso en que se debe fortalecer los ministerios y las secretarias estatales para lograr la creación de más unidades de atención a las mujeres como política de género, tomando en consideración que aún hay entidades que no cuentan con estas dependencias.

“Las políticas de género son importantes para que se beneficie a las mujeres guatemaltecas en los temas de salud, educación, vivienda, oportunidades de trabajado equitativo, seguridad y desarrollo, entre otros temas, por lo que cada dependencia del Estado debería de tener un plan estratégico para apoyar a la mujer”, afirmó Morán.

Ana Leticia Aguilar, titular de la Secretaria Presidencial de la Mujer, destacó que las unidades de género dentro de los ministerios y secretarías son el brazo y los ojos de las mujeres dentro del Estado, por lo cual es importante darles apoyo moral y económico.

Se acordó que en septiembre próximo se convocará a una tercera mesa de trabajo para evaluar los avances que se han tenido para crear o mejorar las unidades de apoyo a las mujeres en las dependencias del Estado.

Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión de Educación, que coordina la diputada Dolores Beltrán, se reunieron este jueves con funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc), para conocer las carencias de la educación especial en Huehuetenango, Retalhuleu y Baja Verapaz.

Entre los cuestionamientos resaltan la falta de infraestructura adecuada en centros educativos para niños con capacidades diferentes, presupuesto asignado para este sector de la población estudiantil y el déficit de docentes especializados.

Óscar Hugo López, titular del Mineduc, explicó que la cartera tiene a su cargo no menos de 20 mil edificios escolares, de los cuales el 95 por ciento no es propiedad del Estado, por lo cual no pueden hacer inversiones en remozamiento ni acondicionamiento. Dijo que este año tienen una partida de Q35 millones destinada a ese rubro.

Asimismo, el funcionario dio a conocer que se efectúa un censo como parte de la estrategia de infraestructura escolar. “Se prevé que el registro finalice en noviembre, lo que permitirá identificar las carencias a detalle”, aseguró.

En el tema de presupuesto manifestó que para educación especial disponen de Q39 millones, lo cual incluye funcionamiento de los diferentes centros, pago de planilla y 4 mil 587 becas que otorgan todos los años a niños con capacidades diferentes asociadas o no con discapacidad.

“Este año se ha implementado un programa de capacitación que adiciona educación especial, dirigido a los maestros; en el número de docentes el problema radica en la mala distribución, sumado a que cada año se pierden no menos de 3 mil plazas, por congelamiento”, aseveró López.

Por aparte, las congresistas atendieron a maestros de la aldea Bethania, de Coatepeque, Quetzaltenango, quienes se quejaron de que la Dirección Departamental no ha formalizado el registro de una escuela por cooperativa.

Mangel Castañón, supervisor educativo de los institutos por cooperativa de Coatepeque, informó que no se han llenado los requisitos de cotejo y los docentes no tienen las calidades pedagógicas establecidas por el ministerio.

Al finalizar la reunión, la diputada Beltrán, del Movimiento Reformador, dijo: “Daremos seguimiento a los diferentes temas abordados hoy y pedimos al Mineduc que trabaje en los mecanismos para cumplir con las 87 recomendaciones que se le dieron al Estado de Guatemala, referentes a educación a personas con discapacidad, en Ginebra, Suiza”.

Por Karen Mendoza

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Debido al retiro de las interpelaciones programadas para este jueves a los ministros de Salud Pública y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Lucrecia Hernández Mack y Aldo García, respectivamente, los diputados avanzaron con la agenda legislativa.

En la sesión de hoy pasaron en primera lectura los dictámenes y proyectos de decreto de ley para el desarrollo de las juventudes (iniciativa 5208) y el acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversión entre Guatemala y el Gobierno de la República de Turquía.

Para la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que exonera de toda carga tributaria a la Asociación Amigos por la Salud y la Vida, los diputados Carlos Chavarría, de Compromiso Renovación y Orden (Creo); Oliverio García Rodas y Álvaro Velásquez (independientes), manifestaron su preocupación por eventuales inconstitucionalidades y la redacción del dictamen, e indicaron que para la discusión en tercera lectura deberán hacer modificaciones.

Cuando inició la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al decreto 67-95, Ley de Arbitraje, el parlamentario ponente, Luis Pedro Álvarez (independiente) solicitó la verificación del quorum.

Al no existir el número necesario de 80 diputados para continuar con la plenaria, el presidente Oscar Chinchilla dio por finalizada la sesión y convocó a los jefes de bloque a reunión el lunes 3 de abril.

Este jueves los diputados recibieron la visita de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Mariano Gálvez y de representantes de trabajadoras domésticas.

Por Nery Morales

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Los congresistas Édgar Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), presidente y secretario de la Comisión Legislativa de Trabajo, en conferencia de prensa informaron sobre la participación en la 329ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Ginebra Suiza, efectuada del 20 al 24 de marzo del presente año.

“Se le dio seguimiento a la hoja de ruta y a los compromisos con la OIT y el Estado de Guatemala. La Comisión de Trabajo del Congreso dio a conocer en la asamblea que fue aprobado el decreto 7-2017, el cual confiere facultades sancionatorias a la Inspección General de Trabajo, lo que permitió que se aplazará el envío de una comisión de encuesta al país, lo que da la oportunidad para quitar la sanción del caso´´, dijo Sandoval.

Asimismo, informó sobre los avances de la iniciativa de ley 51-99, reformas en materia de libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. ``El llamado es para que las partes se pongan de acuerdo y se logren consensos para que el país sea el mayor beneficiado”, indicó.

El diputado Zachrisson expresó: “Nosotros vemos que hay oposición a la norma. Esperamos ver la decisión del Ejecutivo respecto a la ley, y en base a ello analizaremos qué pasos dar para corregir y enmendar el error que tiene la ley para cumplir con los objetivos.´´

En el encuentro internacional, en el que también participaron representantes del Ejecutivo, de empleadores y trabajadores, la delegación de diputados de la Comisión de Trabajo presentó el informe de progresos alcanzados por Guatemala para fomentar la cultura de cumplimiento de los derechos laborales en el país.

Como resultado, el 21 de marzo el Consejo de Administración de la OIT decidió aplazar para noviembre del presente año la consideración de establecer una Comisión de Encuesta en Guatemala para verificar que se promociona en el país la generación de empleo decente.

José Castellanos

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La Comisión Legislativa de Finanzas Públicas y Moneda tiene previsto para la próxima semana conocer y emitir su dictamen acerca de un préstamo de US$300 millones, equivalente a Q2 mil 208 millones, destinados a seguridad y justicia.

Ervin Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y presidente de la comisión, indicó que previo a someterlo al pleno del Congreso se analizarán las apreciaciones de los ministerios de Finanzas y Gobernación. También de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo.

“Creemos que es necesario y entendemos que los niveles de delincuencia son muy altos en Guatemala. Las personas en nuestro país deben tener acceso a la justicia”, dijo Maldonado.

El diputado Marco Aurelio Pineda, de FCN-Nación, procedió a entregar un informe elaborado por expertos en finanzas y que contiene un análisis del plazo y la tasa de interés.

Mientras tanto los diputados Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG); José Domingo Trejo de la Roca, de FCN-Nación, y Aníbal Estuardo Rojas, de Visión con Valores (Viva), manifestaron estar conscientes de otorgar recursos para seguridad y la justicia, pero afirmaron que harán un análisis detallado para determinar en qué sentido emitirán el dictamen.

Ovidio Monzón, de Todos, manifestó estar en desacuerdo con la aprobación del préstamo, porque desde su punto de vista se está endeudando más al país. “Tenemos una deuda de Q120 mil millones, el doble del presupuesto”, afirmó. Claude Harmelin de León, de FCN-Nación, expresó: “Ya no podemos seguir haciendo obras de mala calidad”.

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, detalló que los recursos serán invertidos en la compra de mil 500 radiopatrullas, mil motocicletas, así como en la construcción de tres cárceles, entre ellas una de máxima seguridad, además de 24 sedes policiales en el interior del país.

Los representantes de la CSJ detallaron que se construirán 23 juzgados, cuatro sedes administrativas e igual cantidad de complejos judiciales, entre otros proyectos para ampliar la cobertura del Organismo Judicial en el territorio nacional.

Nydia Arévalo de Corzantes, directora del IDPP, indicó que con parte del crédito se construirán tres sedes departamentales, cuatro oficinas municipales, tres defensorías indígenas y el edificio de la sede central.

Byron Vásquez

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