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La Comisión de Relaciones Exteriores continuó este miércoles el análisis de la iniciativa 4485, ley orgánica del servicio diplomático de Guatemala. Los congresistas observaron un estudio comparativo entre la iniciativa original, que data de 2012, y el proyecto que contiene las propuestas hechas por los profesionales que asisten a la diputada Eva Nicolle Monte, presidenta de la referida sala.

La diputada Monte, de la bancada Acción Ciudadana (AC), explicó que decidieron adherir el término servicio diplomático, pues actualmente solo se consigna el servicio exterior del país. “Esta modificación la hacemos con el fin de institucionalizar la carrera”, explicó. También proponen dividir la misión diplomática de la consular, con el argumento de que son aspectos diferentes. Los congresistas Manuel Conde Orellana, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional, y Sergio Celis, de AC, consideran que deben revisarse nuevamente los artículos que detallan los requisitos para optar a cargos en el servicio exterior, pues afirmaron que no están planteados de la mejor manera.

La diputada Monte dijo esperar que en la próxima reunión concluya este estudio para darle trámite al dictamen favorable. “Aprovechamos que el diputado Marvin Orellana, tercer vicepresidente de la Junta Directiva, es miembro de la comisión para solicitarle que sea agendada al iniciar el segundo período de sesiones ordinarias”, concluyó. Durante la sesión de trabajo los representantes firmaron el dictamen favorable de la iniciativa 4986, ley que dispone aprobar el Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, suscrito en Bonn, Alemania, el 23 de junio de 1979.

Por Mayra Recinos

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior, que preside la diputada María Eugenia Tabush, se reunió con Sergio Francisco Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat) y con José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos, para discutir la iniciativa 5157, que incluye reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Entre las modificaciones se especifican medidas extraordinarias para preservar la estabilidad financiera. El financiamiento para la capitalización de bancos permitiría que el Banguat actúe cuando las circunstancias lo requieran y en la medida necesaria para mantener en operación a las entidades bancarias. “En ningún momento se busca proteger o salvar a los banqueros. Hemos encontrado mucha oposición por parte de algunos diputados miembros de esta Comisión, quizá porque no han comprendido que se busca proteger al cuentahabiente” explicó la legisladora Tabush, de Visión con Valores. Por su parte, el parlamentario Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que “esto cargaría un costo adicional que afectará el presupuesto público”.

Agregó que se debe analizar la legalidad de que el Banguat pueda comprar activos “y si puede de dónde sacará el dinero, pues sería muy desafortunado que se usen recursos públicos para rescatar un banco y que los accionistas se paguen sus utilidades e indemnización”. “El propósito es actualizar la Ley de Bancos, que data del año 2002. Lo que no tenemos es un mecanismo para intervenir un banco y mantenerlo abierto para que pueda seguir funcionando; este mecanismo en la legislación guatemalteca no está previsto”, declaró Arévalo. El diputado independiente Luis Pedro Álvarez afirmó: “Me preocupa que, según son los datos manejados, únicamente 5 bancos manejan más del 80 por ciento de los activos; es una concentración muy fuerte. Sería importante que también se puedan presentar proyectos de ley que favorezcan la entrada de nuevos competidores al mercado”. La discusión continuará en la próxima reunión de la sala, programada para el lunes 29 de mayo.

Por Rosemary Recinos.

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El presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, dijo que Guatemala vive momentos difíciles, pero que el esfuerzo de todos debe enfocarse en mantener la institucionalidad, la prudencia y el diálogo. “Fortalecer la institucionalidad es lo que necesita el país”, destacó.

Acerca de la acción del mandatario Jimmy Morales al declarar non grato a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), explicó que es un tema que debe resolver la Corte de Constitucionalidad y acatar el fallo. Dijo lamentar la crisis política que tendrá repercusiones económicas y sociales, que debe resolverse de inmediato por medio del diálogo y lo que las instancias legales resuelvan.

El presidente del Legislativo también explicó que cuando la Corte Suprema de Justicia envíe el expediente contra el gobernante, el Congreso procederá conforme a lo que indica la Ley en Materia de Antejuicio y en sesión plenaria se conformará la Comisión Pesquisidora correspondiente. “Apoyamos el fortalecimiento de todas las instituciones que velan por una justicia pronta y cumplida; hemos impulsado las reformas a la Constitución Política del país y estamos comprometidos con la transparencia y combate a la corrupción”, aseveró el diputado Chinchilla. Según el artículo 13 del Decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicio, corresponde al Congreso conocer y resolver los antejuicios promovidos contra el presidente y vicepresidente de la República, entre otros funcionarios. Y en el artículo 16 establece: “Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria que se celebrará no más de ocho días, después de su recepción iniciará el trámite del asunto.
El Congreso procederá de la manera siguiente:

a) En la sesión ordinaria convocada, como se indica en el primer párrafo de este artículo, el Pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
b) En esa misma sesión el Pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso. El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
c) Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
d) La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
e) Para el desempeño de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la comisión.
f) Al finalizar su investigación y consideraciones la comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.
g) La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la comisión pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del Pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.
h) El informe circunstanciado de la comisión Pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente.
i) El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la comisión pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados les serán entregadas copias de este informe.
j) Desde luego que los integrantes de la comisión pesquisidora han sido designados mediante mero sorteo, sus criterios se basarán en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad. Nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que sustenten su modo de pensar, o rebatirles cualquier criterio que haya sido expresado.
k) Agotada en el Pleno la discusión del informe de la comisión pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

l) Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda. m) Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso. n) Si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada. Por René Rodríguez.

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Como parte de la constante capacitación dirigida a personal del Congreso de la República, recientemente un grupo de trabajadores inició un curso de primeros auxilios y atención prehospitalaria, a cargo de instructores de Bomberos Municipales Departamentales quienes compartieron sus conocimientos con los trabajadores.

La preparación fue promovida por el Departamento de Bienestar Social y Laboral del Congreso, e impartida por personal altamente capacitado en temas como atención de heridas, resucitación cardiaca y atragantamiento.

“El curso se dividió en cuatro fases y en cada una se espera contar con 50 personas, para que al finalizar 200 trabajadores del Congreso estén capacitados en como actuar al momento de una emergencia”, dijo Sandra Agustín, encargada del Departamento de Bienestar Laboral del Organismo Legislativo.

“Mediante la enseñanza, el personal del Congreso será capaz de reaccionar ante una emergencia médica o accidente, en tanto llega la ayuda especializada. Hemos diseñado el curso de una manera que sea de fácil comprensión con ejercicios teóricos y prácticos”, explicó el oficial de bomberos José Luis Chamorro.

El curso es parte de las actividades de constante formación que son organizadas por el departamento de Capacitación y Bienestar Laboral del Congreso, mediante las cuales en los últimos meses se han impartido otros cursos con especialistas en temas como redacción, trabajo en equipo y autoestima.

Por Fernando Bolaños

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Durante la citación al secretario general de la Presidencia, Carlos Adolfo Martínez Gularte, por parte de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), la diputada distrital de San Marcos, Vivian Beatriz Preciado Navarijo, cuestionó los nombramientos de los gobernadores de ese departamento, así como de Quiché y Huehuetenango.
La congresista dijo que no se cumple con lo establecido en el artículo 10, literal k) de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, donde se establece que la sociedad civil debe proponer una terna al Presidente de la República para designar a sus representantes departamentales.

Julio Lainfiesta, jefe de la bancada UCN, juramentó a Martínez Gularte, y después cedió la palabra a la legisladora Preciado Navarijo, quien procedió a interrogar al funcionario sobre las funciones del secretario general y si conocía el procedimiento para nombrar a los gobernadores departamentales. En tal sentido, Martínez respondió que dentro de sus funciones están la de encargarse del despacho legal del presidente Jimmy Morales, y dar fe de las firmas del mandatario.

En lo relacionado al nombramiento de los gobernadores explicó que se llevaba a cabo conforme lo establecido en el artículo 227 de la Constitución y del artículo 9, literales de la e) a la o) de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en donde se indica la forma en que se integran los representantes de la sociedad civil para elegir la terna que después es enviada al gobernante.

La diputada Preciado Navarijo le indicó que analizara bien sus respuestas, porque podría caer en el delito de perjurio, y añadió que para los nombramientos de los gobernadores de San Marcos, Quiché y Huehuetenango se incumplió con dicha normativa, porque no fundamentaron los acuerdos gubernativos en el artículo 10, literal k) de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, donde se determina “proponer al Presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a los cargos de Gobernador Titular y Gobernador Suplente departamental...” Martínez Gularte, justificó que ya existe jurisprudencia para que el Presidente de la República pueda designar a sus representantes departamentales sin tomar en cuenta las propuestas de la sociedad civil. La legisladora interrogó a Martínez Gularte, sobre el caso específico de Alfonso José Villagrán de León, actual gobernador de San Marcos, para conocer si él constaba en la terna enviada por el Consejo de Desarrollo de este departamento.

Él respondió: “Tengo entendido que el señor Alfonso José Villagrán de León, no estaba dentro de la terna, pero el Presidente tiene esa potestad (de nombrar a los gobernadores) con base en la Constitución”. Para concluir, Preciado Navarijo solicitó al Secretario General de la Presidencia que en un plazo de 48 horas envíe un informe circunstanciado sobre los nombramientos de los 22 gobernadores, en donde se detallen las ternas propuestas por la sociedad civil y los acuerdos gubernativos de las designaciones en el período 2016 y en lo que va del 2017, así como las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad relacionadas a cada caso.

Por Byron Vásquez

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Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas, que preside el parlamentario Leocadio Juracán, de Convergencia, acordaron instalar una mesa de técnica de alto nivel, con la participación de los Ministerios de Educación, Salud, Finanzas y Cultura, entre otros, para discutir temas presupuestarios y de acceso a los servicios para los pueblos afrodescendienes, creoles y garífunas.

Los acuerdos se tomaron después de atender la visita de representantes de estos grupos de población, quienes solicitan se retomen las iniciativas de ley que promueven y defienden su cultura y derechos.

Las iniciativas requeridas son la 5133, que dispone aprobar la ley de reconocimiento del pueblo afrodescendiente creole en Guatemala, y la 4345, ley que crea el Instituto Garífuna, las cuales se encuentran pendientes en primera y tercera lectura respectivamente. Lis Drumond, vicepresidenta de la Asociación de Afrodescendientes y sus Amigos, expresó: “Somos una población de más de 200 mil personas, las cuales estamos excluidas e invisibilizadas.

Lo que pedimos son proyectos de desarrollo y oportunidades laborales”. “Unas de las limitaciones para que estas leyes avancen ha sido la práctica del racismo; porque, por ejemplo, este instituto solo plantea un presupuesto mínimo de Q3 millones, por lo cual no vemos justificada la oposición a este proyecto”, indicó el parlamentario Juracán. “Como Comisión nos hemos comprometido a constituir esta mesa técnica en la primera semana de junio y a buscar los consensos para que se pueda abordar el tema en las Instancia de Jefes de Bloque y posteriormente en el pleno”, concluyó el legislador.

Por Rosemary Recinos

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La diputada Marleni Matías, de Unidad Nacional de la Esperanza, quien preside la Comisión de la Mujer, informó este día acerca de los avances que se han obtenido en torno a la iniciativa 5243, ley para prevenir y sancionar la violencia obstétrica en Guatemala.

El propósito de la propuesta es prevenir, sancionar y erradicar la violencia ginecológica y obstétrica en mujeres embarazadas, indicó la parlamentaria. “Hemos encontrado bastante oposición en el gremio de médicos, que ven la iniciativa como un peligro a su profesión, cuando lo que se busca es proteger a las mujeres penalizando las malas prácticas médicas y el mal trato hacia la mujer y bebé”, agregó.

La presidenta de la sala de trabajo dijo que se solicitó una ampliación de 60 días para entregar el dictamen favorable, aunque informó que se avanzó en la redacción del articulado definiendo de mejor manera los conceptos de violencia gineco-obstétrica y la parte de las sanciones, esto con la participación de entidades que se dedican a la protección de la mujer y en pro de la salud reproductiva. Otros temas que analiza la Comisión son la tipificación del delito de violencia obstétrica, contemplando excepciones en situaciones que no sean imputables al personal de salud, obligaciones del Estado de mantener médicos especializados promoviendo la especialización de los mismos, y contextualizar los tres niveles de atención en salud materna existentes, diferenciando la patología obstetricia y los niveles de atención primarios a terciarios.

Lo anterior fue expuesto en reunión de trabajo sostenida con representantes del Observatorio de Salud Reproductiva, Procuraduría de Derechos Humanos, Secretaría Presidencial de la Mujer, Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Defensoría de la Mujer Indígena y Organismo Judicial. Los asistentes han aportado comentarios y sugerencias de los artículos de la iniciativa de ley, haciendo notar que debe de existir no solo la protección, sino incluir las sanciones necesarias dentro del código penal, combinándola con la Ley de Maternidad Saludable, ya existente.

Por Fernando Bolaños Barillas

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Los integrantes de la Comisión de Transparencia y Probidad, presidida por el congresista Amílcar Pop, participaron en el foro sobre la Ley de Agua, en el cual se hizo un análisis comparativo de las iniciativas 5070 y 5253 que regulan el uso y aprovechamiento del vital líquido. La primera es la denominada ley marco del agua, presentada en el 2016 por el parlamentario Leocadio Juracán (Convergencia), y la segunda, ley del sistema nacional de agua en Guatemala, presentada este año por Víctor Manuel Cruz Clavería (Frente de Convergencia Nacional). Julio González, del Colectivo Madre Selva, explicó que uno de los problemas que afronta el país es que la institucionalidad encargada del tema no cuenta con un instrumento de evaluación ambiental estratégica, que permita un ordenamiento territorial y, a su vez, un análisis profundo de los afluentes para su mejor conservación y aprovechamiento.

Por su parte, José Luis Ramírez, representante del Consejo Maya K`iche`, de Quetzaltenango, expuso: “Es necesario que se revise el Decreto 236-2006, por medio del cual el Estado de Guatemala autoriza que las empresas mineras contaminen los espacios pluviales, debido a que les permite hasta un 3 por ciento de contaminación de metales pesados, pese a que, según normativas internacionales, se admite solo el 1 por ciento”.

Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina, aseguró que “el acceso al agua potable es un derecho humano, que no se puede ver como una mercancía sino como un bien público sostenible”, para lo cual debe reconocerse la cosmovisión maya e incluirse la consulta popular para el manejo del agua como parte esencial de la normativa. “Ha habido poca participación de la sociedad civil y de las organizaciones interesadas, por lo que para esta sala legislativa es muy importante socializar el debate.

Hay temas importantes, como el uso del agua en la agroindustria y en las industrias extractiva y alimenticia, así como la distribución del agua potable y no menos importante el tema de pueblos indígenas, los cuales creemos que son los puntos que debe de contener una ley que responda a los intereses de todos los guatemaltecos”, afirmó el diputado Pop, del bloque Winaq. “La idea es abrir una pequeña ventana de discusión para luego construir una opinión técnica que sea considerada para la aprobación de dicha ley; en ese sentido continuaremos escuchando a los distintos sectores y recibiendo sus aportes en este tema”, agregó.

Hasta el momento las únicas normas jurídicas vigentes que tratan el tema son los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de la República, y el 346 del Código Penal, literal 2, referente a la gestión ambiental y delitos contra el ambiente, en las cuales se establecen de 2 a 6 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días de multa a quienes las infrinjan. Según registros del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala, las consecuencias de la inexistencia de una normativa se ven reflejadas en que el mayor consumo de agua lo hace el sector agrícola, con 2 mil 200 millones de metros cúbicos anuales para riego.

La producción de energía emplea 2 mil 283 millones de metros cúbicos y la industria 425 millones, lo cual representa el 90 por ciento de recurso hídrico, mientras que el 10 por ciento restante es utilizado por las poblaciones cercanas a dichos afluentes.

Datos de una inspección aérea en el sur del país, realizada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 2016, registró no menos de 50 desvíos de ríos en diferentes fincas dedicadas a cultivos como la palma africana y caña de azúcar, los cuales, según esa cartera, afectan directamente los ecosistemas en detrimento de las poblaciones vulnerables y la vida marina.

Por Karen Mendoza

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Los integrantes de la Comisión de Finanzas y Moneda, en cumplimiento del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó al Congreso repetir la elección de sus representantes titular y suplente ante la Junta Monetaria, este día dieron a conocer el nombre de los 12 profesionales que enviaron sus expedientes.

Los aspirantes son: 1) José Gregorio Nájera López (no presentó expediente en formato digital), 2) Guillermo Pellecer Robles, 3) Carlos Israel Velásquez Domínguez, 4) Alejandro González Portocarrero, 5) Arturo Martínez Gálvez, 6) Mario Rodolfo Riveiro Franco, 7) Nora Liset Torres Ramírez, 8) Mario Alberto García Lara, 9) Erick Armando Vargas Sierra, 10) Marco Tulio Francisco Bautista, 11) Guido Orlando Rodas Rodas, y 12) Álvaro González Ricci. El presidente de la Comisión, Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional, dijo que enviarán el listado a la Junta Directiva del Legislativo para que se realicen publicaciones en medios masivos de comunicación privados y oficiales, “A partir de la publicación, la sociedad civil tendrá un plazo de cinco días para presentar sus objeciones hacia los profesionales”, indicó.

A petición del diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, la Comisión solicitará información sobre los 12 aspirantes al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas, con el fin de que en la próxima reunión cuenten ya con esos datos.

Maldonado indicó que al finalizar el plazo de los cinco días, después de la publicación de la nómina, se volverán a reunir para continuar el análisis exhaustivo de los expedientes y verificar que cumplan con todos los requisitos, así como con la experiencia y honorabilidad que deben tener las personas que ostentarán dichos cargos.

En otro punto de la agenda, el diputado Maldonado explicó que dieron dictamen desfavorable a la iniciativa de ley 5212, que dispone exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los derechos arancelarios a las adquisiciones e importaciones de equipo, donaciones, bienes, insumos y suministros que en concepto de ayudas y donaciones se reciban a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala, Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala, (Asonbomd), y el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. “Al ser consultados los diferentes cuerpos de bomberos explicaron que realmente no realizan muchas importaciones por lo que consideraron conveniente solicitar las exoneraciones sólo cuando exista una necesidad específica”, concluyó el diputado Maldonado.

Por Mayra Recinos

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