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Integrantes de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, que preside el diputado Amílcar Pop, recibieron este martes a pobladores de la aldea Ixquisis, del municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, para atender, entre otros temas, la conflictividad por el cierre de la municipalidad y la construcción de una hidroeléctrica en la localidad.

En la reunión se dio lectura a un oficio enviado por el director ejecutivo de la Comisión Presidencial del Diálogo, Rokael Cardona, quien en respuesta a una solicitud planteada con anterioridad señaló una metodología para la instalación de una mesa técnica de diálogo.

Dicho planteamiento fue rechazado por los comunitarios, quienes indicaron que se les ha criminalizado al aseverar, en dicha notificación, que el problema no radica en la construcción de la hidroeléctrica sino en que el control territorial está en manos del crimen organizado.

Rigoberto Juárez, representante del gobierno plurinacional, aseguró: “El Estado no ha sido capaz de dar respuesta ni atención a los problemas estructurales de las comunidades. No nos oponemos al diálogo, pero creemos que debe ser reorientado en función de la no criminalización de las comunidades, tema que profundiza aún más la problemática social en esa región”.

Asimismo denunció la violación al derecho de consulta de los pueblos en el momento de otorgar licencias hidroeléctricas. “No estamos pidiendo negociar con la empresa desarrolladora del proyecto, pues en 2009 se hizo una consulta comunitaria sobre el tema y la población no quiere proyectos de esa índole en su territorio, porque se considera que ha habido vicios”.

En el tema del cierre de la comuna, Juárez afirmó que dicha decisión “fue tomada unilateralmente por el jefe edil”, por lo cual pidieron que se restablezcan los servicios.

Finalmente, el congresista Pop, del bloque Winaq, se comprometió a solicitar a la Comisión Presidencial se replantee la hoja de ruta de la mesa de diálogo. “Seguiremos acompañando la posibilidad de un diálogo permanente con la población para evitar conflictos mayores y solicitaremos al señor Cardona que se reoriente la metodología, para que no se criminalice a la población y haya representación de los pueblos ancestrales”.

Por aparte, los parlamentarios escucharon el informe de las actividades de la comisión entre las cuales resaltan el informe de lo sucedido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el cual fue conocido por el Pleno en marzo.

“Hemos avanzado en temas de fiscalización de manera contundente, por lo que creemos que unos de los aportes más importantes son en materia de los recursos naturales y la función de las autoridades en distintos temas, en departamentos como Huehuetenango, Alta Verapaz y Escuintla”, concluyó Pop.

Por Karen Mendoza

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El diputado Víctor Estrada, de Movimiento Reformador (MR), presidió la reunión para conocer los avances para solventar la deuda del fideicomiso de US$40 millones, equivalente en 1998 a Q246. 4 millones, otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, por medio del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), a tres mil campesinos para riego de cultivos a nivel nacional, quienes perdieron sus siembras por las tormentas Mitch, Stan y Agatha.

“Desde el 2005 ya son 12 años. Han pasado tres legislaturas y no encontraron respuesta luchando, pero yo continuaré apoyándolos hasta que se les dé una respuesta positiva a todos”, expresó Estrada.

A la reunión también asistieron el viceministro de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, José Felipe Orellana; representantes de Banrural, y de los campesinos afectados en El Progreso, Jutiapa y Chimaltenango, entre otros.

La próxima reunión fue acordada para el próximo 19 de abril en la bancada del MR, en donde se espera que se pueda conocer la resolución del caso para el beneficio de los agricultores.

José Gutiérrez, representante de los campesinos de El Progreso, detalló al legislador que en dicho departamento los trabajadores de Banrural llegan a acosar a los titulares y fiadores de los créditos, a tal grado que “ya no hayamos que hacer y pedimos que no le bloqueen las cuentas a los campesinos que reciben su jubilación, la cual no puede ser embargada”.

Y agregó: “Estamos dispuestos a que si hay una acción más del banco vamos a tomar medidas de hecho”.

Orellana le explicó al diputado que ya se han elaborado los documentos para modificar el reglamento del fideicomiso para recuperar la cartera morosa, porque el Ministerio de Agricultura no puede exonerar la deuda, solo los intereses.

Los representantes de Banrural indicaron que tienen reparos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en donde se exige la recuperación de los créditos.

Byron Vásquez

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Diputados que integran la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología citaron a autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), Universidad de San Carlos (Usac), Dirección General de Educación Física (Digef) y estudiantes del Programa de Formación Docente en Educación Física, con el objetivo de conocer la problemática de salarios, instalaciones y material didáctico que afrontan maestros y alumnos del ramo.

En la reunión fueron expuestos los problemas que tienen: cobros ilegales a alumnos, falta de pago a docentes (algunos hasta por 15 meses), carencia de material didáctico y de mobiliario e instalaciones, lo cual fue atribuido por el viceministro Técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, a insuficiencia presupuestaria.

Existe una mesa técnica conformada por las instituciones involucradas en el tema de la formación inicial docente en educación física, la cual ha tenido avances y se buscan los mecanismos que aceleren los procesos, como generar la documentación de respaldo de los estudiantes, la cual debe ser elaborada por la Usac con el objetivo de acelerar los pagos que el Mineduc efectúa.

En la reunión se acordó empezar los pagos a docentes a partir de este miércoles, además de dar seguimiento a los problemas de inmuebles, material didáctico y mobiliario que tienen las escuelas de educación física, según lo expresado por la presidenta de la sala de trabajo, Dolores Beltrán, de la Bancada Movimiento Reformador (MR). “Es dramática la falta de instalaciones, pues hay alumnos que han recibido clases incluso en la calle”, aseveró.

Manifestó que se revisó la carta de entendimiento entre la Usac, Mineduc y Digef, en la cual se establece el proceso de pago. Afirmó que continuará la fiscalización y habrá otra reunión el lunes 24 de este mes, para verificar avances.

Por Fernando Bolaños

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Cornelio García, del partido Todos, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, participó en el Congreso Nacional de Derecho Penal Guatemalteco, en el cual se discuten las posibilidades de reformar el Código Penal.

En el evento participan autoridades de la Corte Suprema de Justicia y otras entidades como la Defensoría Pública Penal y universidades del país.

Entre los temas principales se abordaron los pro y contra de las reformas al Código Penal sobre los delitos de sicariato y extorsión. Asimismo, se planteó la necesidad de estudiar cuatro temas: delitos cometidos por menores de edad, sentencias máximas que beneficien para la reinserción social, estudiar el porqué de la reincidencia de los delitos, y clasificar y tipificar nuevos delitos, como el cibernético.

El diputado García detalló que el congreso se realiza con la necesidad de estudiar cambios visibles al Código Penal. "Se busca tipificar delitos que han surgido con el pasar del los años, como los cibernéticos, en los que puede haber piratería, trata de personas o estafas, entre otros, por Internet", puntualizó.

"Se busca individualizar estos delitos para que sean figuras autónomas dentro del Código Penal, y de esta manera permitan dar un tratamiento especial y diferenciado, y no vinculado con otras figuras penales”, expresó el parlamentario; en relación​ a los temas de sicariato y extorsiones cometidos por menores.

En la mesa participó Iván Meine, conferencista invitado de Perú, quién dijo que en todo el mundo "siempre se debe tener una dinámica de actualización de reformas al código penal". Motivó a buscar la modernización del sistema de justicia en Guatemala.

Durante el desarrollo del congreso se destacó la necesidad de reformar el código vigente para evitar el hacinamiento en las cárceles, que en la actualidad rebasa hasta más de un 200 por ciento. Los centros penales tienen una capacidad para albergar a 6,819 reos, pero actualmente hay 21,520 privados de libertad.

"En este sentido se discutió sobre tener alternativas reales para una condena y que cuando se dé una multa sea acorde a la realidad de la persona; ya que de los reos que están cumpliendo condena, un 47 por ciento está en pobreza y el 53 por ciento en extrema pobreza, lo permite que personas cumplan más de la pena máxima de 50 años que establece el Código Penal, indicó el diputado García.

Byron Ramírez

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El presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda, Ervin Adim Maldonado Molina, de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), informó que en la sala de trabajo se analiza la modificación de ocho artículos del Decreto 50-2016, Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Según el diputado Maldonado, las modificaciones buscan agilizar la ejecución del gasto durante el presente año, debido a que hay algunos artículos que vuelven más burocrático el cumplimiento de varios programas, mientras que otros están mal redactados, lo cual obstaculiza el traslado de fondos a las unidades ejecutoras.

En la reunión y posterior conferencia de prensa, estuvieron presentes el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, y el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, junto con el presidente de la Comisión de Finanzas.

“La comisión ha consensuado esto desde hace más de 15 días. Recibimos al Ministro de Finanzas, al director de la Secretaría de Planificación (Segeplan), y a representantes del Ministerio de Comunicaciones, quienes expusieron sus observaciones y los problemas que han tenido en la ejecución del gasto”, dijo Maldonado.

Entre los cambios propuestos está el del artículo 23, el cual fue objetado ante la Corte de Constitucionalidad por el Procurador de Derechos Humanos, ya que condiciona la distribución de los beneficios de los programas sociales a que el Instituto Nacional de Estadística realice un censo.

“Estamos de acuerdo en que haya transparencia, pero esto solo va a retrasar la ejecución de los programas”, dijo el diputado.

A solicitud de la Anam, se propone modificar los artículos 97 y 100 de dicha normativa, porque estos le atribuyen a la Contraloría General de Cuentas (CGC), funciones que no le competen y que entorpecen la ejecución presupuestaria de las municipalidades y de varias unidades ejecutoras del Estado, según la entidad de jefes ediles.

“El artículo 97 pone a la CGC como juez y parte al obligarles a certificar y a fiscalizar la obra. Esto va en contra de la constitución”, argumentó el presidente de Anam.

Otro artículo que sería modificado es el 100, el cual le atribuye también a la CGC la potestad de autorizar el pago de inversión pública de arrastre, con base en un informe elaborado por una comisión integrada por la CGC, Segeplan y la institución deudora.

“Por múltiples razones, las que sean, hay deudas de arrastre que no se pueden resolver”, añadió el alcalde Escobar.

La propuesta de reformas al presupuesto 2017 también busca corregir errores de forma del texto vigente, tales como el monto del aporte al Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, ya que sólo aparecen asignados Q6,500 cuando el monto real son 6 millones 500 mil quetzales.

El presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, expresó: "Recibo estas peticiones que nos hace la Anam. Esperamos que se busque en el seno de la Comisión de Finanzas alguna solución a esta problemática".

Antonio Ordóñez

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Con la intención de conocer los proyectos para fortalecer políticas de género que hay en distintas dependencias del Estado, la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, realizó la segunda mesa de trabajo con representantes de ministerios y secretarías del Ejecutivo, donde se reconoció la importancia de ampliar el número de unidades de atención a la mujer.

Durante la reunión hubo consenso en que se debe fortalecer los ministerios y las secretarias estatales para lograr la creación de más unidades de atención a las mujeres como política de género, tomando en consideración que aún hay entidades que no cuentan con estas dependencias.

“Las políticas de género son importantes para que se beneficie a las mujeres guatemaltecas en los temas de salud, educación, vivienda, oportunidades de trabajado equitativo, seguridad y desarrollo, entre otros temas, por lo que cada dependencia del Estado debería de tener un plan estratégico para apoyar a la mujer”, afirmó Morán.

Ana Leticia Aguilar, titular de la Secretaria Presidencial de la Mujer, destacó que las unidades de género dentro de los ministerios y secretarías son el brazo y los ojos de las mujeres dentro del Estado, por lo cual es importante darles apoyo moral y económico.

Se acordó que en septiembre próximo se convocará a una tercera mesa de trabajo para evaluar los avances que se han tenido para crear o mejorar las unidades de apoyo a las mujeres en las dependencias del Estado.

Karla Herrera

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, recibió en audiencia a habitantes de las comunidades de Chisec, Alta Verapaz, y Sayaxché, Petén, para atender las denuncias de conflicto de tierras y contaminación de ríos por parte de dos empresas procesadoras de palma africana.

En la reunión se dio a conocer que el conflicto se originó luego que pobladores de dichas comunidades advirtieron a las autoridades del lugar sobre la presencia de peces muertos en el río San Román, el pasado 17 de marzo.

A la cita asistieron Selvyn Reyes, alcalde de Chisec; Estela Adelina Ventura, gobernadora de Alta Verapaz; autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Procuraduría de Derechos Humanos y representantes del Ministerio de Salud.

Según Alfonso Alonzo, viceministro del Marn, los estudios preliminares no detallan que la contaminación sea por plaguicidas, sino derivado del agua de lluvias que arrastró sedimentos orgánicos de las cuencas, lo que dejó sin oxígeno el agua de la zona. Ello habría derivado en mortandad de peces, en el último mes.

Elmer Velásquez, representante de la organización Coordinación de ONG y Cooperativismo, dijo: “Las denuncias de contaminación no son de ahora. Hemos dado acompañamiento a los pobladores que denuncian. Además hay fundamentos de que la empresa procesadora “Palma Chiquibul”; no cuenta con el estudio de impacto ambiental que avale las operaciones que tiene en esa región. Asimismo, tenemos información de que una de estas empresas está operando en un lugar considerado como área protegida”.

La gobernadora de Alta Verapaz indicó que en el momento que alertaron de lo ocurrido se envió a un equipo que hizo una geolocalización para hacer los estudios y tener certeza jurídica. Asimismo, giraron instrucciones a la municipalidad del lugar para que las familias cercanas al río no hicieran uso de los mantos acuíferos por estar posiblemente contaminados.

Al concluir el encuentro, el congresista Pop, expresó: “A pesar de las explicaciones de las autoridades, sí hay indicios de que la industria de palma africana sea la responsable”. Seguidamente pidió todos los informes para continuar las averiguaciones y no descartó presentar denuncias penales para deducir responsabilidades si hay suficientes evidencias.

Karen Mendoza

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Al concluir el Congreso Nacional de Derecho Penal, el parlamentario Cornelio García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, anunció que en un mes presentarán un borrador de reformas al Código Penal.

“La idea es que en un mes más se puedan discutir las modificaciones con todos los sectores”, para buscar los consensos necesarios y tener “un Código Penal moderno”, manifestó el congresista de la bancada Todos.

En la actividad, autoridades y representantes del Organismo Judicial, Ministerio Público y analistas en materia de seguridad y justicia expresaron la necesidad de tener una norma coherente con la realidad del país.

El parlamentario Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), manifestó: “No es posible que por no registrar un perico se envié a prisión a una persona, cuando es algo que se puede hacer virtualmente”.

Expresó que el proyecto de enmiendas es necesario y que la sanción que se pueda imponer a los menores es uno de los puntos que más discusión tendrá, “por lo delicado que es hablar de imputar una pena a un menor desde los 14 años”. Sin embargo, expresó que una salida sería aumentar la sanción a los menores en conflicto con la ley penal.

El diputado García recalcó la necesidad de modernizar y hacer un Código Penal que tipifique “delitos que han surgido con el pasar de los años”.

Entre los delitos que se buscan endurecer están: sicariato, extorsión, homicidio, trata de personas, terrorismo y crimen cibernético. También se pretende promover “una verdadera reinserción a la sociedad de las personas que han cometido algún ilícito”, mencionó García.

En el Congreso Nacional de Derecho Penal se detalló, como ejemplo, que en la cárcel de Santa Teresa el 10 por ciento de la población reclusa ya cumplió condena, pero no ha sido liberada.

Los diputados afirmaron que se debe invertir en centros de rehabilitación y reinserción de los reos, incluyendo un modelo eficaz de gestión penitenciaria.

El diputado García indicó que la comisión buscará que los cambios al Código Penal sean para fortalecer la justicia.

Por Byron Ramírez

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  1. sala legislativa de Pueblos Indígenas, presidida por Leocadio Juracán Salomé, se reunió con Miguel Ángel Moir, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), con el fin de conocer los avances en la implementación de estrategias en la agenda mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
  2. adoptó oficialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 con la Declaración Transformando Nuestro Mundo. Está enfocada en las personas, el planeta y la prosperidad; el propósito es combatir la pobreza, la desigualdad y buscar la adaptación ante el cambio climático y hace énfasis en las necesidades de la población más vulnerable.

“El secretario nos ha hecho una presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya han definido en sustitución de los Objetivos del Milenio; ellos están buscando cómo responder a las grandes necesidades y problemas que hay en el país, principalmente en el campo, donde se concentra un mayor grado de desnutrición, pobreza y miseria. Nosotros estamos preocupados por las malas condiciones de la población en el interior y le daremos el seguimiento”, comentó Juracán, subjefe de Convergencia.

“Buscamos que en el Legislativo se le dé la importancia a los compromisos asumidos por el Estado y pedimos que se pueda crear una comisión ordinaria encargada por velar por los 17 objetivos; estamos comprometidos con 129 metas y 200 indicadores, y todos están vinculados al Organismo Legislativo, para el beneficio del país”, explicó Moir.

Por aparte, los diputados recibieron a representantes del movimiento nacional de radios comunitarias de Sumpango, Sacatepéquez, y Cobán, Alta Verapaz, quienes solicitaron que sea retomada la iniciativa 40-87, ley de medios de comunicación comunitaria, y que la sala de Pueblos Indígenas medie en la Instancia de Jefes de Bloque para dar a conocer la importancia de aprobar la norma.

"Es necesario reactivar este proyecto de ley y hacer un nuevo planteamiento; esperamos que se sumen más diputados para que sea aprobada la ley de radios comunitarias, porque se beneficiaría la gran mayoría de personas de las comunidades rurales, y estas emisoras han hecho un buen trabajo en dar a conocer la cultural de la población indígena del país”, expresó el parlamentario José De la Cruz Cutzal, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Por José Castellanos.

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