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Convocados por su coordinador, el diputado independiente Oliverio García Rodas, los integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia se reunieron este martes para definir la agenda y cronograma de sesiones para el presente año.

Según el congresista, entre los temas que tratarán durante el período de sesiones del 2017 está la propuesta para reformar el delito de extorsión y las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. “Las reformas a la ley de Extinción de Dominio están relacionadas con la administración de bienes, para que aquellas posesiones recuperadas por el Estado sean aprovechados de manera eficiente, ya que hay algunos problemas en el manejo, mantenimiento y conservación de los bienes incautados”, dijo el diputado García Rodas.

En la próxima reunión esta instancia espera recibir un informe de parte del Ministerio de la Defensa sobre el proceso de destrucción armas incautadas y resguardadas por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

El legislador explicó que el ciclo de reuniones de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia quedó programado para que se lleve a cabo cada dos semanas. La instancia también analizará la iniciativa presentada al Congreso para la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. La Mesa Técnica de Seguridad y Justicia es coordinada por el diputado García Rodas. La integran instancias gubernamentales y de la sociedad civil entre las que se encuentran la Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Defensa, Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Fundación Myrna Mack, Acción Ciudadana, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), así como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otros.

Se tiene previsto que a la próxima reunión programada para el martes 6 de junio asista el diputado Cornelio García, de la bancada Todos, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para hablar sobre las propuestas de reforma al Código Penal.

Por Antonio Ordoñez

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En una reunión sostenida por integrantes de la Comisión de Turismo, que preside la parlamentaria Elza Leonora Cú Isem, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Jorge Mario Chajón, se pronunció en contra de que se apruebe la iniciativa 5244, ley de Apoyo a la Actividad Turística. En el proyecto de ley se establece la exoneración por el plazo de cinco años, de todos los derechos e impuestos de importación sobre materiales de construcción y enseres en general destinados a los nuevos hoteles. También se exonera del pago del ciento por ciento del impuesto sobre la renta, durante el término de 10 años, en cuanto a las utilidades que provenga de nuevas construcciones.

Chajón expresó que el tema debe analizarse con mucho cuidado, ya que se puede tomar como evasión fiscal, “pero sí es necesario llevar incentivos hacia las aéreas prioritarias, que permita sacar de la pobreza a los guatemaltecos” indicó.

Asimismo, dijo que “deben hacerse algunos cambios, probablemente elaborar una nueva iniciativa que tome en cuenta una visión más amplia y que las inversiones se vayan al interior del país”. El parlamentario independiente Germán Velásquez Pérez, comentó: “El espíritu de la ley es promover el turismo, tanto interno como extranjero; sin embargo, ahorita Guatemala no necesita exonerar de impuestos, ya que eso debilitaría prácticamente a los guatemaltecos de este gremio, que sí han pagado sus impuestos por muchos años”. “El turismo, con el apoyo necesario y bien enfocado, puede apoyar grandemente a la economía en nuestro país”, expresó la diputada Cú. Sin embargo, como Comisión, después de haber analizado este proyecto y de haber escuchado a los diferente sectores involucrados, hemos acordado que el dictamen que emitiremos será desfavorable”, concluyó.

Por Rosemary Recinos

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El diputado Edwin Lux, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, en conferencia de prensa solicitó a la Comisión de Salud y Asistencia Social que agilice el proceso para emitir dictamen favorable a la iniciativa 5126, ley de respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana en el marco de los Derechos Humanos, presentada en agosto de 2016.

El proyecto de ley hace referencia a que en los artículos 93, 94 y 95 de la Carta Magna se establece que la salud de los habitantes es un bien público y, por tanto, todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Además, se establece que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es un problema social considerado de urgencia nacional y se regulará un marco jurídico que implemente mecanismos para las acciones educativas a nivel colectivo de la población. “Es un tema que está afectando a hombres, mujeres y niños, quienes en este momento están desprotegidos por el Estado; la iniciativa permite darle un enfoque integral de derechos humanos para atención de las personas y la población que padece la enfermedad fatal del VIH”, explicó el congresista. Lux fue acompañado por representantes de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y la Población en Más Alto Riesgo, así como de las asociaciones Gente Positiva, Vida y de la cooperación internacional que vigila la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana en el país, quienes también se sumaron a la demanda.

Víctor Alfonso, director de la Asociación de Personas con el Virus Inmunodeficiencia Humana Sida, manifestó: “Es un tema que no está en la agenda de país y se ha anunciado como un problema superado que no es cierto; estamos enfrentado grandes retos y desafíos en la atención de niños que han nacido de madres que viven con este mal y ellos también van a vivir con el virus”. Advirtió que los menores no reciben alimentación adecuada ni medicamentos, e informó que al menos 1 mil 37 infantes a nivel nacional están sujetos a que se les administren antirretrovirales.

Hugo Hernández, integrante de la Comisión de Incidencia de la Red Legal recordó que el país es signatario de acuerdos internacionales relacionados con proteger y defender los derechos humanos de las personas y “está obligado a dictar todas las medidas legislativas que permitan el goce de los derechos, por lo que solicitamos que agilicen la revisión y dictamen favorablemente de la iniciativa”.

Por José Castellanos.

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El diputado independiente Álvaro Velásquez presentó en la Dirección Legislativa la iniciativa denominada ley de competencias de la región metropolitana de la ciudad de Guatemala y su área de influencia, la cual tiene como objetivo crear un consejo regional que se encargue de la administración y ejecución de proyectos de impacto. “Los municipios que lo integrarían serían los que colindan con la ciudad capital, como Mixco, Villa Nueva y Fraijanes, entre otros”, explicó Velásquez.

Entre las facultades del consejo estaría velar por el manejo de los desechos sólidos, el agua potable y saneamiento, movilidad y la planificación estratégica de la región. El Consejo Regional Metropolitano también lo conformarían representantes de los Ministerios de Finanzas, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ambiente y Recursos Naturales, así como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Instituto de Fomento Municipal y los alcaldes, por lo que podrán tomar decisiones colegiadas en cuanto a su funcionamiento y ejecución de fondos.

La iniciativa también crea la figura de la gerencia técnica metropolitana, que contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía. A este puesto podrán aspirar las personas que llenen los requisitos establecidos en la ley. “Con este Consejo Regional existiría un mejor control de los proyectos que se desarrollen, pues verían el beneficio de forma integral y no dispersa, como sucede hasta el momento”, concluyó el diputado Velásquez.

Por Mayra Recinos

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Representantes de la Comisión de Transparencia y Probidad, la cual preside el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, celebraron un conversatorio donde se analizó la iniciativa 5188, ley de regularización de la tenencia de tierra.

En la actividad participaron representantes del concejo departamental de los 8 municipios de Totonicapán, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, representantes del pueblo Q’anjob’al, pueblo garífuna y abogados indígenas.

El diputado Pop considera que el proyecto de ley de regularización de la tenencia de tierra \\\"no responde a las demandas de la población ni los intereses sociales\\\", y que riñe con los artículos 36 y 46 de la Constitución Política, los cuales hablan sobre el derecho de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la tenencia de tierras.

El representante del Gobierno Plurinacional del Pueblo Q’anjob’al apoyó el argumento de Pop. “Despojaron a los pueblos indígenas de sus tierras para ser utilizados por otros, y la ley pretende desaparecer nuestros derechos sobre las mismas, siendo estas las que dan vida al país con sus cultivos. Ese despojo de nuestras tierras significaría el exterminio total de nuestros pueblos”, denunció. Los representantes del los 48 Cantones de Totonicapán manifestaron la necesidad de que se registren legalmente las escrituras de sus tierras. \\\"El 99% de los indígenas somos pobres y no contamos con las escrituras de nuestras tierras que han sido heredadas ancestralmente, no contamos con inscripciones en el Registro de Inscripción Catastral\\\", aseguran.

Los participantes garífunas explicaron que han luchado para que sus tierras sean reconocidas. “Los 1 mil 900 kilómetros de territorio garífuna están inscritos a nombre de otras personas, la ley generará mayor conflictividad social”, dijeron.

Tras escuchar a todas las partes, los diputados de la Comisión coincidieron en que solicitarán que la iniciativa sea archivada. “Nos preocupa que la ley no tipifica el territorio, y los procedimientos que se pretenden utilizar para regular los mismos por medio del Registro de Inscripción Catastral, pues en 12 años solo se ha logrado catastrar un municipio de los 340, por lo que desconocemos qué lineamientos usarán para los registros”, explicó el legislador Amílcar Pop.

Por Fernando Bolaños Barillas

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Legisladores que integran la Comisión de Vivienda del Congreso de la República se reunieron con representantes de entidades que trabajan en pro de proveer viviendas dignas a guatemaltecos, con quienes analizan la elaboración de una normativa de solución habitacional que facilite la adquisición de casas a bajo costo. El presidente de la sala de trabajo, Julio Longo, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), expuso su interés de proponer una iniciativa similar a la existente en otros países.
La propuesta incluye crear el Instituto de la Vivienda, que sea el encargado de buscar las soluciones al problema habitacional, desde colocar piso a viviendas existentes, hasta la construcción de casas de tipo social a costos accesibles.

Al respecto, el representante de la Asociación Centroamericana para la Vivienda dijo que urge la ley de leasing habitacional (arrendamiento con opción de compra), pues cuando una persona ingresa al sistema bancario encuentra obstáculos grandes para poder adquirir casa.

En la actualidad el déficit habitacional es de 2 millones de viviendas. Cubrir esa demanda tendría un costo aproximado de Q70 mil millones, indicaron. Los parlamentarios Víctor Cruz Clavería y Julio Juárez, de FCN-Nación, coincidieron en que se debe crear una hoja de ruta real, de trabajo específico, para que las personas de cualquier estrato social puedan adquirir vivienda, y que dote de financiamiento al Fondo para la Vivienda. La diputada Laura Franco comentó que actualmente un 60 por ciento de las personas viven en la economía informal y no tienen acceso a créditos.

Los representantes del Movimiento Guatemalteco de Pobladores indicaron que ven aceptables las intenciones de los parlamentarios. Sin embargo, comentaron que no se cubrirá ni un 10 por ciento de la población que vive en pobreza y pobreza extrema, por ello sugieren aumentar el presupuesto asignado para vivienda el próximo año.

Por Fernando Bolaños Barillas

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Congresistas de la bancada Alianza Ciudadana se reunieron con la Directora Ejecutiva del Registro Nacional de las Personas (Renap), Brenda Gramajo; el Subcontralor de Cuentas, Fernando Fernández; delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el representante legal de la empresa Easy Marketing, con la finalidad de dar respuestas a las quejas y demandas debido al atraso de la entrega de 390 mil unidades del Documento de Identificación Personal (DPI).

Los diputados Francisco Tambriz (jefe de bloque), Marvin Orellana López, Armando Escribá, Óscar Quintanilla y Sofía Hernández, cuestionaron a la funcionaria del Renap por la demora de la entrega de los DPI. Asimismo, comentaron a los delegados de la PDH que ven “poco interés” de esa institución en el problema que afecta los derechos de la población.

“La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a todo ciudadano estar identificado y aquí se ha manifestado una violación a la Carta Magna. Hay negligencia en el trabajo que está ejerciendo el Renap. La labor de la Contraloría General de Cuentas es buena; si se encuentra algún ilícito les pido que denuncien penalmente”, concretó Orellana López, Tercer Vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. La directora del Renap explicó que la empresa Entrus Datacard, de Estados Unidos, prestó una maquina impresora con tecnología avanzada, con el fin de aumentar la emisión de los DPI. “Con ese equipo se imprimen hasta 14 mil documentos diarios y se ha logrado dar una solución al problema”, aseguró Gramajo. La funcionaria se comprometió a que a más tardar el 22 de junio del presente año se concluirá la distribución de los 390 mil carnés que están pendientes de entregar a ciudadanos que iniciaron el trámite hace varios meses.

El Subcontralor de la Cuentas, Fernando Fernández, informó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) hará una auditoría para verificar lo actuado. “Lo haremos inmediatamente, aunque ya existe un informe de los últimos acontecimientos en el Registro Nacional de las Personas. Lo enviaré lo antes posible a la bancada para que sea analizado por los diputados”, dijo el funcionario. Al concluir la reunión, los congresistas indagaron sobre el proceso de la selección de nuevo director ejecutivo del Renap. Al respecto, el diputado Tambriz comentó que la elección se debe efectuar a puertas abiertas y permitir el ingreso de los medios de comunicación para garantizar a la población total transparencia. Asimismo, indicó que esperan los informes de la CGC, y de haber hallazgos negativos presentarán las denuncias penales del caso.

Por José Castellanos

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En la cuarta sesión extraordinaria, efectuada este miércoles, el Pleno del Congreso retomó la interpelación a Aldo García, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El diputado independiente Álvaro Velásquez pidió por escrito las respuestas a las últimas 10 de las 25 preguntas básicas, por lo cual empezó el interrogatorio adicional.

El parlamentario cuestionó al funcionario por la instalación de una oficina de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en esa cartera, con el fin de investigar posibles actos de corrupción. El funcionario explicó que la instancia estará en la Dirección General de Caminos y esperan que sea habilitada a finales de este mes o en los primeros días de junio. También se le preguntó por los dragados efectuados en el Puerto de San José, Escuintla, y el diputado Velásquez dijo que existen denuncias de actos anómalos en la adjudicación de los contratos. El ministro García aseguró que solo se realizó el estudio para determinar la zona donde es necesario trabajar.

Asimismo, el legislador Velásquez cuestionó por un contrato adjudicado a una empresa, de la cual aparece como administrador un empleado de Caminos, fue la encargada de hacer el evento de licitación. El funcionario indicó que cuando se descubrió la anomalía se destituyó al trabajador y se suspendió la adjudicación de un contrato para la adquisición de básculas. “Y por considerar que la persona incurrió en un delito se iniciaron las acciones penales correspondientes”, agregó.

Al haberse efectuado siete preguntas adicionales y por no haber el quorum necesario para continuar, la Comisión Permanente levantó la plenaria. Cuando el diputado Velásquez concluya la serie de repreguntas se dará la palabra a los congresistas Amílcar Pop, del bloque Winaq; Orlando Blanco, Carlos Barreda y Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Julio Lainfiesta, de Unión del Cambio Nacional; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Oliverio García Rodas, independiente.

Por Karen Mendoza

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La comisión específica establecida para analizar los expedientes de aspirantes a representantes titular y suplente del Congreso en el Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) se reunió este miércoles para abrir los sobres y verificar el cumplimiento de los requisitos.

La instancia está integrada por los legisladores Daniel Bernabé Portillo, del bloque Alianza Ciudadana; Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Ovidio Monzón, de Todos, quienes revisarán los documentos presentados por Rolando Miguel Rodríguez Lima, Mario Rolando Sosa Vásquez, Elvia Yolanda Álvarez Veliz, Luis Humberto Chinchilla López y Enrique Octavio Alonzo Aceituno.

Después de abrir los expedientes, los tres diputados examinarán que los interesados cumplan los requisitos y establecerán un período para que la sociedad civil se pronuncie. El parlamentario Portillo, coordinador de la comisión, explicó que también consultarán a la Procuraduría de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público para constatar si existen reparos o denuncia contra los candidatos. La ley del Renap establece como requisitos ser guatemalteco, ingeniero en Sistemas con tres años de ejercicio profesional y reconocida honorabilidad.

Por Antonio Ordoñez

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