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Con la intención de dignificar el trabajo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el diputado Marcos Yax, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presentó a las autoridades una propuesta de mejora salarial.

A la reunión asistieron el director general adjunto de la institución, Carlos Lemus Ramírez; la comisionada presidencial para la Reforma Policial, Adela Camacho; asesores del Ministerio de Gobernación (Mingob) y representantes del sindicato de jubilados y pensionados de las fuerzas de seguridad.

Para el efecto se conformó una mesa técnica que analizará la propuesta, integrada por dos representantes de la PNC, Mingob, sindicato y asesores del parlamentario.

El legislador Yax aseguró que uno de los aspectos principales es incrementar a no menos de Q6 mil el salario mensual de los agentes, que aumentará conforme los ascensos de grados, y se discutirá aplicar un impuesto a la emisión de pasaportes para obtener el soporte financiero.

El lanzamiento del proyecto de ley será el domingo 23 de abril junto a autoridades del Mingob y la PNC, para después iniciar con el camino de aprobación en el Congreso de la Republica.

Por Karla Herrera y Luis Flores

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Integrantes de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, que preside el diputado Amílcar Pop, recibieron este martes a pobladores de la aldea Ixquisis, del municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, para atender, entre otros temas, la conflictividad por el cierre de la municipalidad y la construcción de una hidroeléctrica en la localidad.

En la reunión se dio lectura a un oficio enviado por el director ejecutivo de la Comisión Presidencial del Diálogo, Rokael Cardona, quien en respuesta a una solicitud planteada con anterioridad señaló una metodología para la instalación de una mesa técnica de diálogo.

Dicho planteamiento fue rechazado por los comunitarios, quienes indicaron que se les ha criminalizado al aseverar, en dicha notificación, que el problema no radica en la construcción de la hidroeléctrica sino en que el control territorial está en manos del crimen organizado.

Rigoberto Juárez, representante del gobierno plurinacional, aseguró: “El Estado no ha sido capaz de dar respuesta ni atención a los problemas estructurales de las comunidades. No nos oponemos al diálogo, pero creemos que debe ser reorientado en función de la no criminalización de las comunidades, tema que profundiza aún más la problemática social en esa región”.

Asimismo denunció la violación al derecho de consulta de los pueblos en el momento de otorgar licencias hidroeléctricas. “No estamos pidiendo negociar con la empresa desarrolladora del proyecto, pues en 2009 se hizo una consulta comunitaria sobre el tema y la población no quiere proyectos de esa índole en su territorio, porque se considera que ha habido vicios”.

En el tema del cierre de la comuna, Juárez afirmó que dicha decisión “fue tomada unilateralmente por el jefe edil”, por lo cual pidieron que se restablezcan los servicios.

Finalmente, el congresista Pop, del bloque Winaq, se comprometió a solicitar a la Comisión Presidencial se replantee la hoja de ruta de la mesa de diálogo. “Seguiremos acompañando la posibilidad de un diálogo permanente con la población para evitar conflictos mayores y solicitaremos al señor Cardona que se reoriente la metodología, para que no se criminalice a la población y haya representación de los pueblos ancestrales”.

Por aparte, los parlamentarios escucharon el informe de las actividades de la comisión entre las cuales resaltan el informe de lo sucedido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el cual fue conocido por el Pleno en marzo.

“Hemos avanzado en temas de fiscalización de manera contundente, por lo que creemos que unos de los aportes más importantes son en materia de los recursos naturales y la función de las autoridades en distintos temas, en departamentos como Huehuetenango, Alta Verapaz y Escuintla”, concluyó Pop.

Por Karen Mendoza

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El diputado Víctor Estrada, de Movimiento Reformador (MR), presidió la reunión para conocer los avances para solventar la deuda del fideicomiso de US$40 millones, equivalente en 1998 a Q246. 4 millones, otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, por medio del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), a tres mil campesinos para riego de cultivos a nivel nacional, quienes perdieron sus siembras por las tormentas Mitch, Stan y Agatha.

“Desde el 2005 ya son 12 años. Han pasado tres legislaturas y no encontraron respuesta luchando, pero yo continuaré apoyándolos hasta que se les dé una respuesta positiva a todos”, expresó Estrada.

A la reunión también asistieron el viceministro de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, José Felipe Orellana; representantes de Banrural, y de los campesinos afectados en El Progreso, Jutiapa y Chimaltenango, entre otros.

La próxima reunión fue acordada para el próximo 19 de abril en la bancada del MR, en donde se espera que se pueda conocer la resolución del caso para el beneficio de los agricultores.

José Gutiérrez, representante de los campesinos de El Progreso, detalló al legislador que en dicho departamento los trabajadores de Banrural llegan a acosar a los titulares y fiadores de los créditos, a tal grado que “ya no hayamos que hacer y pedimos que no le bloqueen las cuentas a los campesinos que reciben su jubilación, la cual no puede ser embargada”.

Y agregó: “Estamos dispuestos a que si hay una acción más del banco vamos a tomar medidas de hecho”.

Orellana le explicó al diputado que ya se han elaborado los documentos para modificar el reglamento del fideicomiso para recuperar la cartera morosa, porque el Ministerio de Agricultura no puede exonerar la deuda, solo los intereses.

Los representantes de Banrural indicaron que tienen reparos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en donde se exige la recuperación de los créditos.

Byron Vásquez

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Diputados que integran la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología citaron a autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), Universidad de San Carlos (Usac), Dirección General de Educación Física (Digef) y estudiantes del Programa de Formación Docente en Educación Física, con el objetivo de conocer la problemática de salarios, instalaciones y material didáctico que afrontan maestros y alumnos del ramo.

En la reunión fueron expuestos los problemas que tienen: cobros ilegales a alumnos, falta de pago a docentes (algunos hasta por 15 meses), carencia de material didáctico y de mobiliario e instalaciones, lo cual fue atribuido por el viceministro Técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, a insuficiencia presupuestaria.

Existe una mesa técnica conformada por las instituciones involucradas en el tema de la formación inicial docente en educación física, la cual ha tenido avances y se buscan los mecanismos que aceleren los procesos, como generar la documentación de respaldo de los estudiantes, la cual debe ser elaborada por la Usac con el objetivo de acelerar los pagos que el Mineduc efectúa.

En la reunión se acordó empezar los pagos a docentes a partir de este miércoles, además de dar seguimiento a los problemas de inmuebles, material didáctico y mobiliario que tienen las escuelas de educación física, según lo expresado por la presidenta de la sala de trabajo, Dolores Beltrán, de la Bancada Movimiento Reformador (MR). “Es dramática la falta de instalaciones, pues hay alumnos que han recibido clases incluso en la calle”, aseveró.

Manifestó que se revisó la carta de entendimiento entre la Usac, Mineduc y Digef, en la cual se establece el proceso de pago. Afirmó que continuará la fiscalización y habrá otra reunión el lunes 24 de este mes, para verificar avances.

Por Fernando Bolaños

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A pocos días de que se cumpla el plazo de desalojo en contra el Hogar Rafael Ayau, el diputado Eduardo Zachrisson Castillo, de Partido de Avanzada Nacional (PAN), se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para analizar la situación jurídica en relación al derecho de usufructo del bien inmueble, donde se alberga a menores de edad.

Los representantes de la PGN informaron que el usufructo fue otorgado hace 20 años, pero no se cumplieron con los requisitos establecidos, tal como la publicación de la escritura en el diario oficial. Además, no han permitido las supervisiones en el establecimiento y tampoco están certificados por el Consejo Nacional de Adopciones.

“Este es un procedimiento de recuperación de bienes que el Estado efectúa con todos los inmuebles que no cumplen con las funciones para las que se les otorgó el usufructo”, expresó José Manuel Roca, Director de Consultoría de la PGN.

El diputado Zachrisson señaló: El usufructo está constituido en escritura pública, y si no se cumplieron con algunos requisitos, como inscribirlo en el registro de la propiedad, eso no demerita el usufructo en sí”.

“El hogar funciona, y funciona muy bien. Se hizo en escritura pública y si se permite que se inscriba y se publique se cumpliría con los requisitos. Mi propuesta es que se instale una mesa técnica con todas las autoridades encargadas para ver como se puede resolver este problema”, agregó.

Harold Augusto Flores, Director de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, comentó: “Como procuraduría nos vamos a encargar de los 11 niños, quienes ya están en proceso de ser adoptados, pero al momento no sabemos si se van a quedar en el mismo hogar o si un juez nos indicará que se trasladen a otra institución”.

En el edificio ubicado en la zona 1 capitalina, además de albergar a 11 menores, funciona la Escuela Taller Municipal, que ofrece instrucción en carpintería, herrería, electricidad y construcción a jóvenes en estado de vulnerabilidad. También la escuela para niños con capacidades diferentes, y la Universidad en Línea Rafael Ayau, cuyo futuro es incierto debido al desalojo solicitado por la PGN.

Rosemary Recinos

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A pocos días de que se cumpla el plazo de desalojo en contra el Hogar Rafael Ayau, el diputado Eduardo Zachrisson Castillo, de Partido de Avanzada Nacional (PAN), se reunió con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para analizar la situación jurídica en relación al derecho de usufructo del bien inmueble, donde se alberga a menores de edad.

Los representantes de la PGN informaron que el usufructo fue otorgado hace 20 años, pero no se cumplieron con los requisitos establecidos, tal como la publicación de la escritura en el diario oficial. Además, no han permitido las supervisiones en el establecimiento y tampoco están certificados por el Consejo Nacional de Adopciones.

“Este es un procedimiento de recuperación de bienes que el Estado efectúa con todos los inmuebles que no cumplen con las funciones para las que se les otorgó el usufructo”, expresó José Manuel Roca, Director de Consultoría de la PGN.

El diputado Zachrisson señaló: El usufructo está constituido en escritura pública, y si no se cumplieron con algunos requisitos, como inscribirlo en el registro de la propiedad, eso no demerita el usufructo en sí”.

“El hogar funciona, y funciona muy bien. Se hizo en escritura pública y si se permite que se inscriba y se publique se cumpliría con los requisitos. Mi propuesta es que se instale una mesa técnica con todas las autoridades encargadas para ver como se puede resolver este problema”, agregó.


 

Harold Augusto Flores, Director de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, comentó: “Como procuraduría nos vamos a encargar de los 11 niños, quienes ya están en proceso de ser adoptados, pero al momento no sabemos si se van a quedar en el mismo hogar o si un juez nos indicará que se trasladen a otra institución”.

En el edificio ubicado en la zona 1 capitalina, además de albergar a 11 menores, funciona la Escuela Taller Municipal, que ofrece instrucción en carpintería, herrería, electricidad y construcción a jóvenes en estado de vulnerabilidad. También la escuela para niños con capacidades diferentes, y la Universidad en Línea Rafael Ayau, cuyo futuro es incierto debido al desalojo solicitado por la PGN.

Rosemary Recinos

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La Comisión de la Mujer del Congreso comenzó el análisis de la iniciativa de ley 5243, para prevenir y sancionar la violencia obstétrica en Guatemala, la cual tiene como fin principal disminuir los malos tratos y la falta de respeto antes, durante y después del parto de parte de los médicos que atienden a la madre.

Para el efecto se instaló una mesa interinstitucional de trabajo convocada por la presidenta de la Comisión, Marleni Lineth Matías Santiago, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Durante la reunión, la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, y ponente de la iniciativa, argumentó que es necesario aprobarla para promover el respeto a la mujer antes, durante y después de dar a luz.

El proyecto de ley establece que la persona responsable del delito de violencia obstétrica será sancionada con prisión de dos a cinco años e inhabilitación temporal para ejercer funciones de salud por el tiempo que dure la pena.

Al respecto, médicos encargados de las unidades gineco-obstétricas de los hospitales nacionales y del seguro social, pidieron que se analice bien la iniciativa, ya que en muchas ocasiones trabajan bajo presión, sin medicamentos ni suministros, y con esta ley desincentivan su labor, porque a su juicio no quedan claros los términos de violencia obstétrica.

“Primero se debe pensar en mejorar la atención primaria en salud, la educación y la situación en la que trabajan los médicos en Guatemala, quienes muchas veces laboran largas jornadas bajo pésimas condiciones. Esta propuesta habla más sobre sanción que sobre prevención”, dijo Porfirio Santizo Soto, encargado del área de obstetricia del Hospital Roosevelt.

Mirian Domínguez, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, apoyó a la normativa por considerar que “son las mujeres indígenas quienes más sufren de malos tratos y humillaciones durante este proceso de dar a luz”.

La congresista Matías, indicó que es sumamente importante conocer las diferentes opiniones, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de que la comisión redacte su dictamen, y anunció que volverán a reunirse el próximo 27 de abril para continuar con la discusión.

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Con la intención de dignificar el trabajo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el diputado Marcos Yax, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presentó a las autoridades una propuesta de mejora salarial.

A la reunión asistieron el director general adjunto de la institución, Carlos Lemus Ramírez; la comisionada presidencial para la Reforma Policial, Adela Camacho; asesores del Ministerio de Gobernación (Mingob) y representantes del sindicato de jubilados y pensionados de las fuerzas de seguridad.

Para el efecto se conformó una mesa técnica que analizará la propuesta, integrada por dos representantes de la PNC, Mingob, sindicato y asesores del parlamentario.

El legislador Yax aseguró que uno de los aspectos principales es incrementar a no menos de Q6 mil el salario mensual de los agentes, que aumentará conforme los ascensos de grados, y se discutirá aplicar un impuesto a la emisión de pasaportes para obtener el soporte financiero.

El lanzamiento del proyecto de ley será el domingo 23 de abril junto a autoridades del Mingob y la PNC, para después iniciar con el camino de aprobación en el Congreso de la Republica.

Por Karla Herrera y Luis Flores

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Con la intención de dignificar el trabajo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el diputado Marcos Yax, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presentó a las autoridades una propuesta de mejora salarial.

A la reunión asistieron el director general adjunto de la institución, Carlos Lemus Ramírez; la comisionada presidencial para la Reforma Policial, Adela Camacho; asesores del Ministerio de Gobernación (Mingob) y representantes del sindicato de jubilados y pensionados de las fuerzas de seguridad.

Para el efecto se conformó una mesa técnica que analizará la propuesta, integrada por dos representantes de la PNC, Mingob, sindicato y asesores del parlamentario.

El legislador Yax aseguró que uno de los aspectos principales es incrementar a no menos de Q6 mil el salario mensual de los agentes, que aumentará conforme los ascensos de grados, y se discutirá aplicar un impuesto a la emisión de pasaportes para obtener el soporte financiero.

El lanzamiento del proyecto de ley será el domingo 23 de abril junto a autoridades del Mingob y la PNC, para después iniciar con el camino de aprobación en el Congreso de la Republica.

Por Karla Herrera y Luis Flores

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