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Los enfrentamientos por la extracción de agua de la Laguna de Ipala, entre la municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa, y las autoridades de la comuna de Ipala, Chiquimula, podrían culminar gracias a la intermediación del diputado Juan Manuel Giordano, presidente de la Comisión de la Juventud, quien citó nuevamente a las autoridades involucradas para dar seguimiento al caso y avanzar en la hoja de ruta marcada.

El problema dio inicio cuando el jefe edil de Ipala, Esduin Javier, denunció la extracción de agua de la laguna que se ubica en ese lugar.

Ante tal situación, Julio César Guerra, alcalde de Agua Blanca, explicó que “a pasos agigantados” lograron presentar el proyecto de excavación de pozos y red de agua potable para las comunidades de ese municipio, quienes desde hace más de 50 años se habían abastecido de la laguna. “Según nuestros análisis, el proyecto tendría un valor de Q6 millones”, aseveró.

El congresista Giordano, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), pidió que continúen trabajando al mismo ritmo y solicitó a los responsables que busquen los fondos para ejecutar la obra en no más de un año.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, quien acudió a la reunión, dijo: “Es difícil trabajar un tema que involucra lo humano y lo legal; sin embargo, el equipo de trabajo logró la total concienciación de las comunidades y evitó un caso más de conflictividad en el país”.

El diputado solicitó que de forma bimensual le envíen un informe del avance del proyecto, con copia a sus diputados Patricia Sandoval y Eduardo Montepeque, ambos de FCN-Nación, y pidió que se disminuya el tiempo de extracción de agua. “El tema ambiental es sumamente importante y trascendental, por lo que le daré seguimiento hasta que podamos llegar a su fin”, expresó.

A la reunión fueron convocados representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Gobernación Departamental de Jutiapa, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Instituto de Fomento Municipal y PDH, entre otras dependencias.

Por Mayra Recinos.

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La iniciativa de ley 5259, que pretendía eximir de toda responsabilidad penal a los diputados, fue rechazada por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Apoyo Técnico, y el dictamen desfavorable será presentado al Pleno en la próxima sesión ordinaria.

El 14 de marzo, durante el desarrollo de la sesión plenaria y mediante una moción privilegiada, diputados de diferentes bloques firmaron la iniciativa que pretendía reformar el artículo 100 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, y con ello dar validez jurídica de todos los actos legislativos realizados del período 2008 a la fecha por el Congreso de la República.

Los parlamentarios Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), coincidieron en señalar que el rechazo fue unánime porque representa un mal mensaje que el Congreso estaría enviando a la población.

La sala de trabajo citará para su próxima sesión al director legislativo, Luis Eduardo López, para que presente un informe sobre los dictámenes que las comisiones tienen pendientes de emitir.

Para el legislador Rudy Castañeda, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), es importante que se establezca un mecanismo para que las comisiones cumplan con plazos y presenten los respectivos dictámenes de las iniciativas que les sean remitidas, sean favorables o desfavorables.

Por Nery Morales

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Con 105 votos a favor, diputados al Congreso aprobaron el artículo 5, que reforma el 207 de la Constitución Política de la República, en el cual se establecen los requisitos e incompatibilidades para los profesionales que aspiren a ser magistrados y jueces.

Dicha enmienda hace referencia a las calidades y requerimientos que un profesional debe llenar para optar a dichas funciones. Estas son: ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, ser abogado y notario, con colegiación activa y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos.

En lo que respecta a las incompatibilidades establece: que el juez o magistrado no podrá tener otro empleo, cargo de dirección o asesoría a organizaciones políticas, sindicatos o entidades que reciban, administren o ejecuten recursos del Estado. Asimismo, no podrán ejercer la calidad de ministro de cualquier religión o culto, exceptuando el ejercicio docente.

La enmienda fue aprobada con el apoyo de los bloques Todos, Fuerza, Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Convergencia, Visión con Valores (Viva), Alianza Ciudadana (AC) y Encuentro por Guatemala (EG).

En la discusión de la reforma, la diputada Nineth Montenegro, de EG, una de las ponentes, argumento: “Dicha enmienda obedece a principios fundamentales y lógicos de modernidad y transparencia; con la elección de magistrados y jueces probos y calificados se garantiza la aplicación de justicia pronta y cumplida”.

El congresista por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, dijo no estar de acuerdo con la referida reforma, por considerar que es limitante y excluyente. “Es suficiente que un juez o magistrado sea abogado, no tiene que ser notario y mucho menos colegiado activo. Pareciera que con este artículo se busca favorecer al Colegio de Abogados, al pedir esto como requisito indispensable. Por otra parte, es una enmienda represiva, pues limita y excluye a los profesionales del Derecho, además de no agregar algo sustancial a este artículo, por lo que es innecesaria”, expresó.

Por su parte, el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, indicó: “Hemos tenido poca asistencia de diputados, por lo que lamentamos la salida del hemiciclo de la bancada oficial, cuando se iba a discutir el artículo 6. Sin embargo, hemos dado un paso importante en la aprobación de las reformas constitucionales, por lo que seguiremos trabajando en ello, porque es un compromiso de este Congreso con la población guatemalteca”.

Finalmente, al terminar la votación de la referida enmienda se rompió el quorum, lo cual impidió continuar con la plenaria de este día, por lo cual la Junta Directiva levantó la sesión y convocó a asamblea para este jueves, a las 10:00 horas.

La asistencia a la XXXI sesión de este miércoles fue la siguiente: Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), 30 diputados; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 30; Todos, 14; Movimiento Reformador (MR), 16; AC, 10; Creo, 5; PAN, 3; Convergencia, 2; Viva 1; Unión del Cambio Nacional (UCN), 4; EG, 5; Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), 1; y 9 parlamentarios independientes.

Por Karen Mendoza

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Con el objetivo de trazar una hoja de ruta que propicie de mejor manera el cumplimiento de la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, los legisladores de la Comisión de Desarrollo del Congreso, que preside el diputado Hernán Morán, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se reunieron con Luis Antonio Catalán, subsecretario de Inversión Pública, de la Secretaría General de Planificación y Programación, con quien discutieron los avances y retos.

Según lo expuesto por Catalán, el año anterior había 70 indicadores de desarrollo, 21 metas y 8 objetivos, de los cuales se logró cumplir únicamente el 44 por ciento, y para este año existen 231 indicadores, 169 metas y 17 objetivos de desarrollo, pero no cuentan con los recursos necesarios para cumplirlos, por lo que buscan fortalecer su presupuesto en pro de financiar programas que saquen de la pobreza y pobreza extrema a la población.

Los parlamentarios Rodolfo Castañón, de FCN-Nación, y Francisco Tambríz y Tambríz, de Alianza Ciudadana (AC), coincidieron en que es necesario crear programas de desarrollo tales como saneamiento de agua, drenajes, combate a la desnutrición crónica y sistemas de riego, pero no hay recursos ni programación adecuada, por lo que se debe buscar que los objetivos sean acompañados de presupuesto.

Por su parte, el congresista Morán resaltó la importancia de que exista una Ley de Planificación encaminada a la fiscalización, que contenga disposiciones legales que propicien el desarrollo del país. Para ello dijo que es necesario convocar a instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, para definir la hoja de ruta a seguir, con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Deportes del Congreso se reunió con el viceministro de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, y con el director General de Educación Física, Gonzalo Romero, con el objetivo de conocer el plan de trabajo de dicha institución para el 2017, con el propósito de ampliar la cobertura de educación física en el país y formar deportistas de alta competitividad.

“Se les citó porque el año pasado hubo una baja ejecución presupuestaria en la Dirección General de Educación Física (DGEF), que llegó a 10.66 por ciento. Para este año buscamos que la ejecución sea mayor, por medio de inversión en infraestructura escolar deportiva y la ampliación de la cobertura de educación física”, dijo el diputado Julio Tesucún, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presidente de la referida comisión.

Oscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana (AC), vicepresidente de la sala de trabajo, cuestionó a Romero sobre el plan operativo para el presente año. El funcionario, de forma general, dio a conocer que se tiene prevista la contratación de maestros de educación física, porque actualmente se tiene una cobertura de 5 mil escuelas con 2,145 maestros, lo que equivale a un 16 por ciento del total de los centros escolares y un 32 por ciento de la cobertura estudiantil.

Rudy Pereira, de FCN-Nación, solicitó a Romero que en un plazo de 15 días informe sobre la posibilidad de la ejecución de trabajos en el complejo deportivo de Alta Verapaz, donde es necesario reconstruir el graderío de la cancha de fútbol y la instalación de malla metálica en el campo de beisbol, entre otras obras de infraestructura en dicho lugar.

Mario Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), dio a conocer que en San Marcos un maestro tiene que atender a 800 estudiantes.

En la cita de trabajo también participó la diputada Sandra Cruz Ramírez, de FCN-Nación.

Los funcionarios se comprometieron con la presentación del informe y con una mayor ejecución del presupuesto de la DGEF para ampliar la cobertura en dicha materia.

Por Byron Vásquez

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Congresistas que integran el Foro Parlamentario de Diputadas, presidido por Sandra Morán, del bloque Convergencia, se reunieron con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para conocer detalles del 11º Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016, “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar”.

Rebeca Arias, representante residente en Guatemala del PNUD, y Gustavo Arriola, coordinador del informe, indicaron que en el documento se plantean aspectos trascendentales para impulsar al país hacia un desarrollo humano sostenible, dentro del marco democrático.

“Se hace un llamado a retomar la ruta democratizadora, iniciada en los años 80, fortaleciendo las instituciones del Estado en la búsqueda de soluciones justas y pertinentes por el desarrollo. Asimismo, se hace una reflexión al fortalecimiento de la ciudadanía y de mecanismos de agenda colectiva hacia el verdadero desarrollo humano y de bienestar social de la población”, agregaron.

La congresista Morán solicitó a Arias que se les diera a conocer detalles del informe, con el fin de proporcionar herramientas para mejorar el trabajo legislativo y hacer más eficiente el tratamiento de los diferentes temas que conforman el documento.

Morán agregó: “El documento brinda mecanismos para ir avanzando hacia el desarrollo humano en la aprobación de varias normas, como la ley de desarrollo rural, ley de aguas y una mayor inversión social con mayores recursos financieros, una política fiscal y la participación equitativa de las personas. Esto nos ayudará en la elaboración de nuestro trabajo en el foro, ya que las diputadas representamos bancadas y e integramos salas legislativas para analizar las leyes”.

Arriola, refirió: “El informe muestra cómo se ha configurado el modelo económico en Guatemala, cómo se ha formado el Estado y qué impactos ha tenido en la población, y vemos que hay un retroceso en los últimos 10 años en la promoción de desarrollo humano”.

Asimismo, dijo; “Analizamos varios escenarios, como la pobreza que se ha incrementado, indicadores como falta de empleo, educación, salud, desnutrición crónica y otros aspectos como el acceso a la tierra. Damos recomendaciones al Estado para hacer los cambios y la transformación que el país necesita”.

El informe incluye una serie de recomendaciones, entre ellas las de reorientar las políticas para asegurar que el progreso llegue a los más rezagados e insta a llevar a cabo reformas en los mercados e instituciones mundiales para hacerlos más equitativos y representativos.

Por José Castellanos

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Se abordo el tema del transporte turístico y  la problematica  y los cambios sugeridos a la Iniciativa 4787

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La Comisión de la Mujer del Congreso comenzó el análisis de la iniciativa de ley 5243, para prevenir y sancionar la violencia obstétrica en Guatemala, la cual tiene como fin principal disminuir los malos tratos y la falta de respeto antes, durante y después del parto de parte de los médicos que atienden a la madre.

Para el efecto se instaló una mesa interinstitucional de trabajo convocada por la presidenta de la Comisión, Marleni Lineth Matías Santiago, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Durante la reunión, la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, y ponente de la iniciativa, argumentó que es necesario aprobarla para promover el respeto a la mujer antes, durante y después de dar a luz.

El proyecto de ley establece que la persona responsable del delito de violencia obstétrica será sancionada con prisión de dos a cinco años e inhabilitación temporal para ejercer funciones de salud por el tiempo que dure la pena.

Al respecto, médicos encargados de las unidades gineco-obstétricas de los hospitales nacionales y del seguro social, pidieron que se analice bien la iniciativa, ya que en muchas ocasiones trabajan bajo presión, sin medicamentos ni suministros, y con esta ley desincentivan su labor, porque a su juicio no quedan claros los términos de violencia obstétrica.

“Primero se debe pensar en mejorar la atención primaria en salud, la educación y la situación en la que trabajan los médicos en Guatemala, quienes muchas veces laboran largas jornadas bajo pésimas condiciones. Esta propuesta habla más sobre sanción que sobre prevención”, dijo Porfirio Santizo Soto, encargado del área de obstetricia del Hospital Roosevelt.

Mirian Domínguez, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, apoyó a la normativa por considerar que “son las mujeres indígenas quienes más sufren de malos tratos y humillaciones durante este proceso de dar a luz”.

La congresista Matías, indicó que es sumamente importante conocer las diferentes opiniones, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de que la comisión redacte su dictamen, y anunció que volverán a reunirse el próximo 27 de abril para continuar con la discusión.

Mayra Recinos

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Con la intención de dignificar el trabajo de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el diputado Marcos Yax, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presentó a las autoridades una propuesta de mejora salarial.

A la reunión asistieron el director general adjunto de la institución, Carlos Lemus Ramírez; la comisionada presidencial para la Reforma Policial, Adela Camacho; asesores del Ministerio de Gobernación (Mingob) y representantes del sindicato de jubilados y pensionados de las fuerzas de seguridad.

Para el efecto se conformó una mesa técnica que analizará la propuesta, integrada por dos representantes de la PNC, Mingob, sindicato y asesores del parlamentario.

El legislador Yax aseguró que uno de los aspectos principales es incrementar a no menos de Q6 mil el salario mensual de los agentes, que aumentará conforme los ascensos de grados, y se discutirá aplicar un impuesto a la emisión de pasaportes para obtener el soporte financiero.

El lanzamiento del proyecto de ley será el domingo 23 de abril junto a autoridades del Mingob y la PNC, para después iniciar con el camino de aprobación en el Congreso de la Republica.

Por Karla Herrera y Luis Flores

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