NOTICIAS RECIENTES

BUSCADOR GENERAL

*Seleccione una de las opciones.


Por tag:


Por Fecha De A

Representantes de los cuerpos de bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales, Superintendencia de Telecomunicaciones, Policía Nacional Civil y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres entregaron al diputado Manuel Giordano un nuevo proyecto de ley para sancionar las llamadas, mensajes y alertas maliciosas realizadas a los centros públicos de atención de emergencias.

Dicha propuesta contempla la persecución penal y suspensión de las líneas telefónicas e incrementa las sanciones de tipo económico a quienes resulten responsables de reportar incidentes falsos.

“Durante muchos años hemos sufrido esta situación, que incluye la pérdida de vidas, tiempo y equipo”, comentó el mayor Carlos Ruiz Burgos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. “Nuestros recursos son muy limitados para que se desperdicien con este tipo de llamadas”, agregó.

El parlamentario Giordano, del Frente de Convergencia Nacional, había presentado la iniciativa 5017, ley contra las llamadas falsas de auxilio”, la cual será retirada para dar paso al nuevo proyecto, que contiene el consenso de todas las instituciones afectadas por estos hechos.

“Aquí se estipulan tres tipos de sanciones; por llamar sin necesidad aparente, llamadas por molestar y reporte de incidentes falsos, estableciendo una multa de hasta Q500, los cuales se debitarán de la cuenta del registro telefónico, además de la denuncia correspondiente al Ministerio Público”, comentó el legislador.

Aseveró que de ocurrir reincidencia se solicitará la suspensión de la línea telefónica. Con ello se busca agilizar el funcionamiento de los centros públicos de atención de emergencias y permitir que el usuario reciba un mejor servicio.

Por Rosemary Recinos.

LEER MÁS

En la sesión plenaria de este jueves el pleno de Congreso conoció el Decreto Gubernativo 01-2017, remitido por el Presidente de la República, Jimmy Morales, y declara Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional por los incendios forestales.

Los parlamentarios dieron cumplimiento al Artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que mandata que cuando el Presidente de la República en Consejo de Ministros emita Decreto de Estado de Excepción, deberán reunirse en forma inmediata y atender de manera privilegiada el trámite del mismo para conocer, ratificar, modificar o improbar el decreto.

Sin embargo, en la discusión se dieron diversas opiniones al contenido del Estado de Calamidad Pública, como las expresadas por los diputados Oliverio García Rodas (independiente) y Raúl Romero, de Fuerza, quienes pidieron al Pleno improbarlo por ser contradictorio, porque señala la emergencia pero en el mismo se indica que ya mitigaron los riesgos y se abre la puerta al Organismo Ejecutivo para realizar compras sin control.

Otros parlamentarios, como Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional, y Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, coincidieron en reconocer la necesidad de contar con equipos adecuados para combatir los incendios forestales, y que habrá que buscar una forma de proveer al Ministerio de la Defensa de los recursos necesarios para la compra de suministros y recuperar los helicópteros que están en mal estado.

Al no existir el quorum necesario para someterlo a votación, el presidente Oscar Chinchilla levantó la sesión y convocó a plenaria este viernes 21, a las 14:00 horas, para seguir discutiendo el Estado de Calamidad Pública y decidir si lo ratifican, modifican o imprueban.

Por Nery Morales

LEER MÁS

El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, informó que la Instancia de Jefes de Bloques aprobó el orden del día de la sesión plenaria del jueves 20 y entre las iniciativas de ley se conocerá el Estado de Calamidad Pública decretado por el Organismo Ejecutivo para combatir los incendios forestales.

Según el Acuerdo Gubernativo 1-2017, publicado este miércoles en el Diario de Centro América, la medida fue declarada por 30 días para adquirir bienes, suministros, obras y servicios indispensables sin la necesidad de licitar ni cotizar.

El Estado de Calamidad Pública está contemplado para evitar los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos, y debe ser remitido al Congreso para que los diputados le den trámite inmediato, lo cual consiste en conocer, ratificar, modificar o improbar.

Los diputados Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y Raúl Romero, de Fuerza, dijeron que debe discutirse pues “no se puede cometer la irresponsabilidad de entregar un cheque en blanco al Ejecutivo”; de igual manera se expresó el jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, quien dijo que evaluarán su postura.

Chinchilla resaltó que en las sesiones plenarias se ha registrado un promedio de 60 ausencias, por lo que reitero el llamado para que los diputados asistan y permitan avanzar en la agenda legislativa, lo cual incluye el compromiso de discutir las reformas constitucionales al Sector Justicia.

Por Nery Morales

LEER MÁS

La iniciativa 5247, que dispone reformas a los decretos números 33-98 y 57-2000, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y Ley de Propiedad Industrial, respectivamente, recibió dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso.

La propuesta en mención contempla específicamente la protección de los tejidos textiles de los pueblos indígenas y sus indumentarias. “Vemos con preocupación que nuestros tejidos ancestrales están siendo copiados en China y por otras culturas, y no contamos con ninguna protección”, dijo Angelina Aspuac, integrante de la Asamblea Nacional de Tejedoras.

El diputado Leocadio Juracán, presidente de la comisión e integrante de la bancada Convergencia, explicó que la normativa permitirá a los pueblos indígenas el registro de sus tejidos y creaciones, con el fin de que puedan controlar y proteger su patrimonio cultural, lo cual no contraviene ningún convenio internacional ni ninguna ley vigente.

“Con esta nueva normativa este derecho se convierte en imprescriptible y se prohíbe a personas ajenas a las comunidades reproducir comercialmente estas creaciones sin el consentimiento y previa autorización de las comunidades”, puntualizó Juracán.

La iniciativa contempla adiciones a los artículos 4, 5 y 105 del Decreto 33-98, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y a los artículos 4 y 5 Bis, del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial.

Las mujeres integrantes de la Asamblea Nacional de Tejedoras pidieron a los congresistas que apoyen la aprobación de la propuesta. “Existe una deuda milenaria con los pueblos indígenas de este país; considero que es una buena oportunidad para reivindicarse en una mínima parte”, concluyó Aspuac.

Por Mayra Recinos

LEER MÁS

Buscar las herramientas necesarias para conseguir la igualdad de derechos para las mujeres guatemaltecas en temas de presupuesto, oportunidad laboral y salud reproductiva es el principal interés de la Comisión de la Mujer, dirigida por la diputada Marleni Matías.

En la reunión de este miércoles los legisladores acordaron analizar las iniciativas de ley 5216, que establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, y 5243 sobre la violencia obstétrica.

Velar por el bienestar de las mujeres rurales es una de las prioridades de la comisión, por lo que de mayo a agosto prevén realizar visitas para fiscalizar los programas y proyectos de bienestar hacia las féminas en San Marcos, Retalhuleu, Alta Verapaz y Quetzaltenango, donde se reunirán con alcaldes y sociedad civil, así como autoridades de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Salud, Educación, y Gobernación, para determinar el trabajo que hacen.

“La Comisión de la Mujer se desarrolla en distintas áreas, por lo que durante este año trabajaremos en la fiscalización hacia las dependencias del Estado”, aseguró Matías.

Durante la reunión los legisladores recibieron la visita de representantes de la Organización de Salud Reproductiva, ONUmujeres y del sector de mujeres trabajadoras de casa, quienes aseguraron que se unirán para buscar las estrategias necesarias que permitan su inclusión en los programas de gobierno.

Por Karla Herrera

LEER MÁS

El diputado Marcos Yax Guinea, del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), presentó en la Dirección Legislativa una iniciativa que reforma el Decreto 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, con el propósito de aumentar las penas a un máximo de 6 años por delito contra los menores de edad que comentan extorsión, narcotráfico, violación y terrorismo asesinato, entre otros.

El documento indica que se propone reformar los artículos 132, 136, 200, 240, 242, 244, 252 y 261, e indica que se debe de emitir el reglamento que establece el artículo 4 de la sección IV.

“A raíz de los últimos acontecimientos de los cuatro centros de menores donde se afectó a varias personas; se está enviando el mensaje de que realmente se endurecen las penas para aquellos jóvenes que infringen la ley y estamos respetando la Constitución Política y los convenios internacionales”, comentó Yax Guinea, representante por el distrito de Totonicapán.

Por su parte, el diputado Juan Ramos Lau, jefe de la bancada Todos, presentó una iniciativa de ley para reformar el primer párrafo del artículo 261 de la referida norma, con lo cual se pretende que los menores de edad en conflicto con la ley penal deberán ser castigados como adultos transgresores, de conformidad con el Código Penal.

Se establece que si el adolescente privado de libertad cumple 18 años de edad durante su internamiento, deberá ser trasladado y terminar su condena en el centro de cumplimiento de condena que le corresponda.

Por José Castellanos y Nery Morales.

LEER MÁS

Después de reunirse con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Registro Nacional de las Personas (Renap), la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso manifestó su preocupación por la poca coordinación entre las entidades involucradas para implementar el voto en el extranjero.

Entre las reformas al decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, se establece que este derecho deberá permitirse a partir de las elecciones del 2019; sin embargo, a la fecha no existe un plan operativo para que se cumpla con lo establecido, manifestaron los parlamentarios.

“No hay ninguna coordinación, avance ni datos específicos. Por parte de la Cancillería se nos indica que existen 2 millones 700 mil guatemaltecos en el extranjero, lo cual nos resulta incongruente, pues solo en Estado Unidos habitan 3.5 millones de connacionales”, expresó la parlamentaria Eva Monte, de la bancada Alianza Ciudadana.

El reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determina que para empadronarse y votar el connacional deberá presentar su documento personal de identificación o un documento autorizado.

“Existen muchas ambigüedades en el reglamento, por lo que citaremos al Secretario General del TSE para que nos aclare todas las dudas existentes”, agregó la congresista.

Por su parte, Brenda Gramajo, directora ejecutiva en funciones del Renap, explicó es una entidad operadora, con mandato local, y que el proceso de identificación lo hace a través de la cancillería.

Agregó que trabajan para ampliar la cobertura, pero el TSE deberá decidir en que países se podrá votar.

“La ley que nosotros reformamos atiende un sentimiento social; no es un tema político, sino de país, y lo que esta ley busca es que los guatemaltecos radicados en el exterior puedan expresar el derecho libre y soberano del voto”, manifestó el diputado independiente Salvador Baldizón.

Por Rosemary Recinos.

LEER MÁS

Con el propósito de tener un punto de expertos, el presidente de la Comisión de Previsión Social, José Alejandro De León Maldonado, del Movimiento Reformador, invitó a autoridades de la Dirección Técnico del Presupuesto (DTP), del Ministerio de Finanzas, y de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), para tratar la iniciativa 51­66, que contempla reformas al decreto 11-2016, Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.

El parlamentario de la Comisión de Previsión y Seguridad Social explicó que a la fecha no se ha podido incorporar a los pensionados de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y del Banco Nacional de la Vivienda, que está en liquidación, ni a los discapacitados militares, para recibir los Q500 que se otorgan a las clases pasivas.

Keldere Enríquez, titular de la DTP, explicó que se debe ver la fuente de financiamiento, pues actualmente se necesitan Q900 millones para las clases pasivas. “Para pensar en un incremento de Q500 se tendría que incrementar el aporte de montepío o usar recursos de otras fuentes”, manifestó.

La directora técnico jurídico y laboral de Onsec, Evelin Cano, dijo que es importante opinar sobre dicha modificación pues se debe tomar en cuenta el salario mínimo que anualmente tiene un aumento y que puede quedar establecido en la normativa.

Con la información recabada se procederá a elaborar el dictamen a la iniciativa que presentó el legislador Ronald Arango, de la bancada Todos.

Por Fredy López

LEER MÁS

El Congreso de la República retomó este miércoles la discusión de las reformas constitucionales al Sector Justicia, pero el trámite se detuvo cuando se trató el artículo 6, que plantea cambios al artículo 208 de la Carta Magna, referente a la Carrera Judicial.

Dichas enmiendas hacen referencia a principios como la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización, los cuales son aplicables a los jueces y magistrados. Asimismo norma lo relativo a los ingresos, nombramientos y ascensos con base en concursos públicos por oposición, traslados, régimen disciplinario, formación profesional, evaluación del desempeño, causas y mecanismos de suspensión, retiro y separación del cargo.

Por otra parte, garantiza la estabilidad de los jueces y magistrados en los cargos mientras no incurran en alguna causa legal que signifique su suspensión o retiro del puesto, tomando a su vez la evaluación de desempeño profesional, la cual debe de ser aplicada cada 2 años; y establece como edad máxima para el ejercicio del cargo los 75 años.

El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, en su exposición argumentó: “Creemos que esta enmienda no debe de aprobarse, debido a que es perjudicial, pues limita el ejercicio de elección de jueces y magistrados y no permite que se oxigene con sangre nueva a este poder del Estado. Por otra parte pareciera que se está beneficiando a los jueces que están dentro del sistema judicial, dándoles prioridad en el número de puestos para ocupar las altas magistraturas, lo que lo convierte en un incesto judicial”.

Mientras tanto, la congresista Nineth Montenegro, del bloque Encuentro por Guatemala, defendió el espíritu de dicha modificación e indicó que se pretende “estimular la carrera judicial”. “Nos parece una manera responsable la evaluación de desempeño, lo cual permite que estos profesionales no puedan ser sometidos a presiones de ninguna índole en la forma de impartir justicia en el país”, agregó.

Por su parte, el representante independiente Oliverio García Rodas, en su intervención hizo un llamado a la reflexión a los ponentes de las enmiendas presentadas. “Las reformas constitucionales son un tema que debe abordarse con total responsabilidad, pues constituye el pacto social por el cual los guatemaltecos convivimos; dicho esto esperaría que los diputados que presentaron las enmiendas estén consientes de que este tema amerita una amplia discusión”, dijo el parlamentario.

Finalmente, después del debate del referido artículo se rompió el quorum, lo cual imposibilitó que continuará la plenaria; por ello, el presidente del Parlamento, Oscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó para este jueves a las 10:00 horas.

Las reformas en discusión plantean el fortalecimiento de la aplicación de justicia pronta y cumplida, elección de jueces y magistrados probos y calificados, respeto al Estado de Derecho y certeza jurídica.

Por Karen Mendoza

LEER MÁS