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Como parte de un paquete de iniciativas de ley que están dirigidas al endurecimiento de la persecución penal a la delincuencia en nuestro país, la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, del Congreso, recibió una propuesta de iniciativa de ley que incorpora al Código Penal la figura de terrorismo de orden público.

Los miembros de la sala, Raúl Romero Segura, de Fuerza; Aníbal Estuardo Rojas Espino, de Visión con Valores; Ana Victoria Hernández Pérez, de Todos; y Juan Adriel Orozco, del Frente de Convergencia Nacional, recibieron la iniciativa de ley de terrorismo de orden público del ciudadano Alejandro Giammatei.

“Vengo a proponerles la modificación al Código Penal, para introducir el artículo que contenga el terrorismo de orden público. Estos grupos delincuenciales (pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha), deben ser tratados como terroristas, porque sus efectos son de terrorismo; la cauda de muertos y las consecuencias económicas son graves”, dijo Giammatei.

Agregó que los pandilleros obtienen entre Q250 mil y Q300 mil semanales producto de las extorsiones al transporte público, comercios y personas individuales.

Romero Segura expresó: “Esto viene a contribuir con un paquete de iniciativas de ley que está dirigido al endurecimiento de la persecución penal a la delincuencia en nuestro país. Creemos que en este momento la mayoría de la población está clamando seguridad y no podemos seguir viviendo en un país donde pareciera que la delincuencia tiene de rodillas a la población”.

También mencionó que se busca que la próxima semana se pueda elaborar la iniciativa de ley respectiva, para presentarla en la Dirección Legislativa, con la intención que sea conocida lo antes posible por el pleno del Congreso.

Rojas Espino subrayó: “Me parece de suma importancia esta iniciativa y considero que es necesaria y precisa para este momento que vive el país”.

La parlamentaria Hernández Pérez manifestó que el tema de las pandillas se salió del control y que es el momento de retomarlo. “Esta propuesta tiene que convertirse en ley”, dijo la legisladora.

Por Byron Vásquez

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El diputado Leocadio Juracán, de Convergencia, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, solicitó en conferencia de prensa que se instale una mesa técnica de alto nivel y que una comisión específica verifique qué provocó los incendios forestales que devastaron gran cantidad de hectáreas de bosque en Petén.

“Como diputado estoy demandando que se pueda realizar una visita de campo a las áreas afectadas y se verifique el ecosistema dañado y toda la problemática de las comunidades que salieron perjudicadas por los siniestros en Petén”, refirió el parlamentario.

El congresista fue acompañado de líderes comunitarios de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, quienes expresaron su preocupación por la situación que les ha tocado vivir debido a los incendios forestales en Petén.

Lidia Ruana, lideresa comunitaria de Laguna del Tigre comentó: “Pedimos que se retome inmediatamente el proceso de negociación y diálogo alrededor de la propuesta de alternativa de desarrollo integral y sostenible presentada por las comunidades a las autoridades, y a través de una mesa de alto nivel se puedan solventar la problemática y se castigue a los responsables de los incendios forestales”.

El diputado Juracán indicó que las instituciones que estarían a cargo de la comisión verificadora serían el Ministerio de Agricultura, ejército, Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Aéreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales, consejos de desarrollo y Congreso de la República.

El parlamentario y los vecinos también pidieron que se dé viabilidad a la propuesta de alternativa de desarrollo de la población petenera, presentada por las comunidades afectadas en el Congreso el 28 de septiembre de 2016 y enviada a las instituciones del Estado.

Por José Castellanos

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Integrantes de 50 familias residentes en cuatro aldeas de Cobán, Alta Verapaz, solicitaron la mediación del diputado Leocadio Juracán, de Convergencia, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas, para que ayude a resolver un conflicto de tierras.

Según indicaron, debido al diferendo han ocurrido incidentes violentos por parte de pobladores de Carchá, Alta Verapaz, sin que hasta el momento las autoridades correspondientes les hayan dado una solución.

También expusieron que en las últimas semanas han sido víctimas de intimidación que incluye la quema de viviendas y parcelas, matanza de animales y disparos de arma de fuego. Acusan de ello a miembros de la Cooperativa Agraria Chilté, de Carchá, por lo cual piden la intervención de las fuerzas de seguridad antes de que haya pérdida de vidas.

Lo anterior fue dado a conocer en reunión que sostuvieron los comunitarios con el parlamentario Juracán y el Subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil, comisario Edwin Mayén, quienes se mostraron preocupados por la situación que se deriva de un conflicto eminentemente agrario y de jurisdicción de tierras, según lo manifestado por el comisario.

El legislador trasladó las inquietudes de las comunidades al representante de las fuerzas de seguridad. Entre las peticiones está la creación de una subestación de policía en el sector afectado, la pronta atención por parte de elementos policiales ante la solicitud de los vecinos, patrullajes constantes e iniciar las investigaciones de los hechos violentos.

Según lo explicado por el Comisario Mayén; como una de las acciones inmediatas se hará más patrullajes en los sectores afectados, mientras se pondrá una denuncia judicial para encausar una investigación que conlleve el girar las órdenes de captura en contra de las personas que salgan responsables de causar los ilícitos. También se estudiará con el departamento de planificación la solicitud construcción de una subestación policial en una de las aldeas en conflicto.

Las personas que se reunieron con el diputado Juracán son de las aldeas Choctún Basíla, Xyaal Kobe, Sokopur y Sajobche, ubicadas a 260 kilómetros de la ciudad capital.

Por Fernando Bolaños

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Este viernes se realizó la trigésimo sexta sesión ordinaria, en la cual el único punto en agenda era la discusión del Decreto Gubernativo 01-2017, que declara Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional por los incendios forestales, pero la discusión se truncó por falta de quorum, pues se requiere mayoría calificada (105).

Por tal razón, con 48 votos a favor, los congresistas aprobaron la convocatoria para sesionar el lunes 24, a partir de las 14:00 horas, para tratar el contenido de la norma, según propuesta del diputado independiente Oliverio García Rodas, para dar cumplimiento al artículo 68 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que cuando el Presidente de la República en Consejo de Ministros emita Decreto de Estado de Excepción deberán reunirse en forma inmediata y atender de manera privilegiada el trámite del mismo.

“Estamos todavía a tiempo para que el lunes aprobemos o improbemos el Estado de Excepción; lo más responsable en este momento es dejar aprobada la convocatoria y la agenda para el lunes, con este único punto”, aseveró García Rodas.

Por aparte, los diputados Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Raúl Romero, del bloque Fuerza, y Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden, expresaron que ello “se presta a que se sigan haciendo compras sin control por parte del Ejecutivo”.

“Es lamentable que se no se haya tenido el quorum necesario para ratificar, modificar o improbar el Estado de Calamidad. Se evidenció en la plenaria de hoy que la bancada oficialista fue la primera en no presentarse, por lo que esperaríamos que se pueda contar con la presencia del número suficiente de diputados dentro del hemiciclo, para conocer el tema el próximo lunes”, expresó el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla.

Asimismo, indicó que se analizará si se hace o no un descuento proporcional en el salario de los legisladores que no asistieron este viernes y que no presentaron excusa.

Por Karen Mendoza y Karla Herrera

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso eligió la tarde de este viernes las tres ternas de aspirantes a relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las cuales se prevé sean sometidas al Pleno la próxima semana.

Sandra Patricia Sandoval González, del Frente de Convergencia Nacional, presidenta de la referida sala, explicó que la forma de la selección de los postulados fue por medio de una tabla de gradación “muy exigente” y que las ternas se conformaron de acuerdo con los puntajes obtenidos de mayor a menor.

La primero terna de los nominados a relatores es integrada por Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo, quien obtuvo 76 puntos; Cecilia Ilusión Barrios Ortega, con 66, y Óscar Leonel Solis Corzo, 46.6.

La segunda es encabezada por Miriam Andrea García Aguilar, 75; Danilo Antonio Tager Castellanos, 64.02, y Otto José Paz Kroell, 45.

La tercera es encabezada por Héctor Oswaldo Samayoa Sosa, 68; Mario Roberto Veras Pappa, 60.55, y Carlos Eduardo Woltke Martínez, 45.

“El lunes remitiremos el informe a la Junta Directiva para que la traslade al Pleno, y vamos a pedir que se pueda conocer el martes, aunque esto depende de Junta Directiva, y en el momento en que se nos indique explicaré por qué cada terna está conformada de esa forma”, dijo Sandoval González.

La reunión de la Comisión de Derechos Humanos empezó a las 10 horas y concluyó a las 18 horas, con la designación de las ternas citadas, después de evaluar méritos académicos, profesionales y labor social de 16 aspirantes.

Por Byron Vásquez

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Satisfacción expresó el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, al conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad en favor de la educación bilingüe intercultural.

El fallo de los magistrados ampara a los establecimientos de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y Santa María Nebaj, Quiché, y manda al Ministerio de Educación a implementar el proceso de reapertura de las escuelas normales cerradas por la cartera en 2012.

“Tenemos la convicción de que el Estado debe respetar la cultura de los pueblos mayas, permitiendo una educación bilingüe multicultural a través de las escuelas normales, por lo que nos sentimos satisfechos con la lucha que hemos hecho para lograr esta resolución”, enfatizó el parlamentario Pop.

El legislador ofreció una conferencia de prensa en compañía de representantes de la Asociación de Abogados Mayas, padres de familia y maestros de las escuelas afectadas, quienes dijeron que la resolución es un triunfo para los pueblos mayas. La resolución también permitirá que en otros departamentos del país se puedan reabrir las escuelas normales y brindar una educación bilingüe multicultural.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso entregó a personeros de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) el proyecto de dictamen de la iniciativa 5236, reformas al Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.

El parlamentario Mario Velásquez, titular de la referida sala, explicó que se pretende actualizar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, Decreto 32-2005, con el fin de incorporar instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y fortalecer la participación de las municipalidades.

“Queremos que exista una mayor coordinación entre todas las instituciones involucradas, para optimizar los recursos en el combate contra la desnutrición en el país”, dijo Velásquez.

Marvin De Paz, subsecretario administrativo de la Sesan, indicó que en 10 días entregarán sus observaciones acerca del contenido de dicho dictamen, pues aunque lo ven con buenos ojos consideran que hay aspectos por afinar, especialmente en el tema de financiamiento.

Durante la reunión de trabajo los congresistas acordaron que el 4 de mayo citarán a los titulares del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez, y del Mides, José Guillermo Moreno, para abordar diversos temas de interés nacional.

Por otra parte, definieron la creación de una mesa técnica de trabajo con asesores para analizar temas y propuestas encaminadas a la reducción de la desnutrición, que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Guatemala podría alcanzar a 2.5 millones de personas.

Por Mayra Recinos

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Integrantes de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa del Organismo Legislativo se reunieron con Miguel Ángel Moir, titular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), con quien conversaron sobre los objetivos que se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032.

Dicho plan aborda las prioridades de desarrollo nacional al definir metas concretas y orientadas a la trasformación estructural, cerrando las brechas de desigualdad en el país en busca del bienestar y crecimiento sostenible para los guatemaltecos.

En él se incluyen 17 ejes prioritarios:

  1. Fin a la pobreza.

  2. Hambre cero.

  3. Salud y bienestar.

  4. Educación de calidad.

  5. Igualdad de género.

  6. Agua limpia y saneamiento.

  7. Energía accesible y no contaminante.

  8. Trabajo decente y crecimiento económico.

  9. Industria innovación e infraestructura.

  10. Reducción de las desigualdades.

  11. Ciudades y comunidades sostenibles.

  12. Producción y consumo responsable.

  13. Acción por el clima.

  14. Vida submarina.

  15. Vida y ecosistemas terrestres.

  16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

  17. Alianzas para lograr los objetivos.

    El parlamentario Álvaro Arzú Escobar, de la bancada Unionista, quien preside la sala de trabajo, calificó de importante el desarrollo de estos objetivos que ayudarán a la población más necesitada. “Para ello no solo debe existir financiamiento del Estado, sino buscar formas novedosas en las cuales el sector privado, con base en incentivos, pueda también participar, por ejemplo, con la creación de zonas francas”, manifestó.

    El titular de Segeplan mencionó que es necesaria una ley de planificación que obligue a hacer lo que se indica en el presupuesto, y citó como ejemplo los proyectos que cuentan con recursos económicos fijos, los cuales se debe evitar que sean ejecutados en obras distintas a las predestinadas, e indicó que no se cuenta con fuentes de financiamiento para ejecutar los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Sostenible.

    Por Fernando Bolaños.

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El congresista Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, denunció este jueves que es víctima de acoso por oponerse a las “inconvenientes y mal pensadas” reformas constitucionales.

El parlamentario citó como ejemplo que “en corto tiempo” el Ministerio Público (MP) empezó un proceso “espurio” de antejuicio, por el delito de discriminación; además, dijo que la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa “sin mayor explicación”, y recibe amenazas de muerte y ataques en las redes sociales por parte de personas y grupos “escondidos en perfiles falsos”.

Por tal razón, el legislador mostró su preocupación por las presiones que calificó de “oscuras” sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Agregó Linares Beltranena que la propuesta del Consejo Nacional de Justicia agravará los intentos de romper el orden republicano y se apunta a un eventual golpe de Estado por medio del poder Judicial.

El miércoles, la CSJ decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio promovida por el MP y designó al vocal II de la Sala Cuarta de Apelaciones para efectuar las pesquisas.

El congresista informó que presentará acciones legales contra los magistrados de la CSJ por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad, con el argumento de que el expediente no fue trasladado a los órganos correspondientes.

Por Byron Vásquez.

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