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Con el objetivo de apoyar al Ministerio del Interior en temas de seguridad, combate a extorsiones, presupuesto de la Policía Nacional Civil y uso de bloqueadores de señal telefónica en las cárceles, legisladores de la Comisión de Gobernación se reunieron con el titular de la cartera, Francisco Rivas Lara. El parlamentario Napoleón Rojas, de Unión del Cambio Nacional, quien preside la sala, dijo que en los próximos días se dictaminarán iniciativas relacionadas con supervisión de policías privadas, eliminar el uso de chalecos por parte de motoristas y la ley contra el terrorismo generado por pandillas, en tanto se analizan leyes propuestas del ministerio, como la que elimina las redes de telefonía dentro de los centros carcelarios y una que permita el uso de insumos incautados por las fuerzas de seguridad. Según Rivas, falta radiocomunicación en 18 departamentos, 600 patrullas están inservibles y se licita la compra de repuestos para otras 400 unidades paralizadas. Dijo que se destinaron Q120 millones para su construcción y remozamiento de cárceles, e indicó que la mayor parte del presupuesto se utiliza para el pago de salarios. El parlamentario Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, instó a la comisión a dar acompañamiento a los procesos de licitación de compra de repuestos y llantas para agilizarlos, en tanto el parlamentario José Domingo Trejo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), mencionó que se debe fortalecer la prevención del delito y proteger a la PNC en su lucha contra la delincuencia. Por su parte, el legislador Cristian Gabriel (FCN-Nación) expresó su inquietud de impulsar la construcción de cárceles fuera de la ciudad, donde los internos realicen trabajos de diferente índole y haya mayores controles. Al finalizar la reunión se acordó conocer los avances en materia de seguridad del primer cuatrimestre del año dentro de 30 días. Por Fernando Bolaños y Luis Flores

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Por petición del diputado Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana (AC), tercer vicepresidente del Congreso, la Comisión de Salud acordó fijar un plazo de 48 horas a Esteban Piedrasanta, jefe del Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente, del Ministerio de Salud, para que rinda un informe sobre la cantidad de denuncias que han presentado contra las comunas que incumplen con la calidad de agua para el consumo humano, así como de las sanciones impuestas. La reunión fue presidida por la diputada Karla Andrea Martínez, de AC, quien informó que también se citó para la próxima semana a los ministros de Salud, Lucrecia Hernández, y de Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels, así como al presidente del Instituto de Fomento Municipal, Juan Pablo Ligorría. “El Ministerio de Salud es el rector y el que garantiza el acceso al consumo de agua sana a todos los guatemaltecos; por eso le pregunto al ingeniero Esteban Piedrasanta ¿a cuántas municipalidades han denunciado por no clorar el agua y prestar el servicio de agua sin ser de consumo humano? ¿A cuántas se han sancionado? Porque de no hacerlo están haciendo una omisión de denuncia”, afirmó Orellana. Piedrasanta dijo no contar con esa información y se comprometió a remitir el informe solicitado en el plazo indicado. El legislador Orellana señaló que más del 60 por ciento del presupuesto del Estado de este año se ha destinado a proyectos de drenaje y agua. “No existe ningún ingeniero sanitario que esté certificado para garantizar la inversión pública para la ejecución de las plantas de tratamiento”, expresó. Por tal razón, de forma unánime la comisión votó por crear la mesa técnica para abordar el tema de drenaje y agua, con la finalidad de contribuir a reducir la desnutrición. Por aparte, Alfonso Alonzo, viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, explicó que el 30 de junio todas las comunas están obligadas a presentar estudios para la construcción de plantas residuales y en el 2018 todas las municipalidades deberán contar con ellas. A la reunión también compareció Germán González, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien informó que este año hay Q244 millones en conjunto de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Ambiente para el rubro de agua y saneamiento, y que al 24 de abril la ejecución era de Q9.73 millones, equivalente al 3.93 por ciento. Por Byron Vásquez

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Integrantes de Junta Directiva del Congreso y de la Comisión de Ambiente participaron en la presentación que el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel) hizo del proyecto de ley de aguas, que actualmente se discute en República Dominicana, con el objetivo de que se puedan tomar ideas para fortalecer la iniciativa que se discute en la sala de trabajo. Óscar Chinchilla, titular del Legislativo, catalogó de importante la exposición y dijo que servirá como un “derecho comparado” en materia de agua potable y saneamiento. Expresó que la socialización del dictamen se realizará con distintos sectores, como la Cámara del Agro, Asociación Nacional de Municipalidades e Instituto de Fomento Municipal. “Este tema es importante para el país y aún más para que los guatemaltecos tengan el derecho al agua”, aseveró.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels, insistió en la urgente necesidad de agilizar la aprobación de la ley de aguas y “que se tenga un mejor manejo del vital líquido”. Santiago Rivas, secretario ejecutivo de Foprel, destacó que a diferencia de otros países de América Latina, “la República Dominicana ha avanzado en la creación de una ley que establezca una autoridad especializada, con mandato para velar por el agua y las infraestructuras”.

Dijo que el papel de las comunidades es importante para que la iniciativa sea una realidad. “Este proyecto es de suma importancia para proteger el medio ambiente y que el vital líquido no sea desperdiciado y pueda llegar a todas las comunidades”, aseveró.

Los integrantes de la Comisión de Ambiente acordaron estudiar la propuesta que se discute en la nación caribeña y verificar si hay artículos que se puedan agregar, como la creación de un ente rector o un viceministerio que se encargue de dar seguimiento a las acciones y sanciones legales.

Por Byron Ramírez.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso se reunió para revisar por artículos la iniciativa 5241, ley del fortalecimiento al emprendimiento, propuesta por parlamentarios de la Pequeña y Mediana Empresa, que preside el parlamentario Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista. Los diputados consideran necesario modificar varios artículos con el fin de mejorar el contenido y evitar ilegalidades. El legislador Carlos Enrique Chavarría, del bloque Compromiso Renovación y Orden, vicepresidente de la comisión, refirió: “Esperamos que nos envíen varias opiniones e informes técnicos de la Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Finanzas y Registro Mercantil para conocer la viabilidad y emitir el dictamen”. El diputado independiente Oliverio García Rodas, integrante de la sala de trabajo de Economía y Comercio Exterior resaltó que la norma será beneficiosa para las personas emprendedoras, pero se debe invitar a los ponentes para que den más detalles y decir si están de acuerdo con las modificaciones. La iniciativa 5241 fue presentada el 13 de febrero y conocida por el Pleno el 21 del mismo mes. Consta de 43 artículos y busca apoyar a personas emprendedoras para crear empresas que impulsen desarrollo económico y social; establece figuras legales, mecanismos de financiamiento y moderniza el sistema mercantil. Por José Castellanos.

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El diputado Mario Fermín De León, integrante de la bancada Todos y representante por San Marcos, se reunió con delegados de la Organización No Gubernamental Good Neighbors, a quienes solicitó apoyo para mejorar la calidad de vida de los vecinos del lugar. En la reunión participó Julio Lam, director del Centro de Atención Médica de Pajapita, quien expuso los porcentajes de atención médica que brindan y las necesidades de la población. “Necesitamos un aproximado de Q7 millones, que nos ayudarían para la construcción de un edificio de 2 niveles y su equipamiento, donde brindaríamos atención ginecológica y de parto”, explicó. El congresista De León también pidió ayuda para la reconstrucción de 13 escuelas en diferentes municipios. “Están en pésimas condiciones y los niños no pueden recibir las clases de manera digna, por lo que esperamos poder gestionar los fondos necesarios”, puntualizó. Joe Choon Lee, representante de Good Neighbors, solicitó el acompañamiento para hacer una visita de campo e iniciar el proceso de aprobación de los recursos. “Quedamos a la espera de la fecha exacta en que se realizará la visita; es una noticia que llevará esperanza a los más necesitados de los municipios de San Marcos”, finalizó De León. Por Mayra Recinos

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Con la intención de reducir el número de hechos delictivos cometidos por grupos pandilleros, diputados de la bancada Todos, representados por el primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, presentaron una iniciativa de ley para prohibir la integración de las maras en el país, mediante una reforma al artículo 394 del Código Penal.

La propuesta pretende impedir la integración y permanencia en las maras, con sanciones de hasta 12 años de cárcel y multas de Q250 mil a quienes integren y recluten personas, cabecillas y a quienes adjudiquen ilegalmente bienes muebles o inmuebles a grupos pandilleros.

Según datos de las fuerza de seguridad, actualmente se registran 62 pandillas criminales del Barrio 18 y 34 de la Mara Salvatrucha, que suman al menos 15 mil integrantes, aunados a quienes les apoyan provenientes de El Salvador y Honduras.

“Ante esta situación tan alarmante es necesario que tengamos una ley que prohíba la integración de las estos grupos que han sido los responsables del cobro de extorsiones, asesinatos y asaltos”, destacó el diputado Alejos.

Después de haber entregado la propuesta en la Dirección Legislativa para su trámite, no se descarta solicitar que sea conocida y aprobada de urgencia nacional.

Por Karla Herrera

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En la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque efectuada este lunes, la diputada Sandra Patricia Sandoval González, del Frente de Convergencia Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, entregó a la Junta Directiva del Congreso las tres ternas de candidatos a relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Los integrantes de la sala legislativa evaluaron los méritos académicos, profesionales, éticos y proyección humana, entre otros, de 16 aspirantes. El Pleno del Congreso deberá elegir a 3 titulares y sus respectivos suplentes para que asuman sus funciones.

Sandoval González explicó que la conformación de las nóminas obedece a la aplicación de la tabla de gradación aprobada por los integrantes de la comisión.

“Me permito hacerle la entrega oficial de las nóminas conforme los méritos constitucionales de idoneidad, capacidad, y honradez, para que sean sometidas a consideración y votación por el órgano superior del Congreso de la República”, dijo la parlamentaria.

Con la entrega de las ternas se concluyó el trabajo de la comisión y corresponderá al Pleno la designación de los relatores.

Primera terna Puntaje

Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo 76

Cecilia Ilusión Barrios Ortega 66

Óscar Leonel Solís Corzo 46.6

Segunda terna

Miriam Andrea García Aguilar 75

Danilo Antonio Tager Castellanos 64.02

Otto José Paz Kroell 45

Tercera terna

Héctor Oswaldo Samayoa Sosa 68

Mario Roberto Veras Pappa 60.55

Carlos Eduardo Woltke Martínez 45

Por Byron Vásquez

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Los presidentes de los tres organismos del Estado atendieron este lunes una invitación efectuada por el Grupo de los Cuatro (G4), con el propósito de tratar temas de la coyuntura nacional, entre estos las reformas constitucionales al Sector Justicia y la gobernabilidad.

La cita se efectuó a partir de las 7:00 horas en el Palacio Arzobispal, y asistieron Jimmy Morales, del Ejecutivo; Nery Medina, del Judicial, y Óscar Chinchilla, del Legislativo.

Los anfitriones fueron Jorge De León Duque, de la Procuraduría de los Derechos Humanos; César Vásquez, de la Alianza Evangélica; Julio Vian, arzobispo de la Arquidiócesis de Guatemala, y Carlos Alvarado, de la Universidad de San Carlos.

Según explicó Chinchilla, estos encuentros se celebran con frecuencia para conocer asuntos de coyuntura y “alcanzar acuerdos que beneficien a la población guatemalteca”, por lo cual esperan que se mantenga la apertura.

El mandatario Jimmy Morales expresó: “La reunión con el G4 fue para hablar de asuntos de gobernabilidad y reformas al Sector Justicia, y llegamos a muy buenas conclusiones para poder mantener una reunión cuando menos mensual”.

Los presidentes de los tres organismos del Estado también acordaron realizar una reunión semanal para tratar temas de interés nacional y de beneficio para la población.

El presidente del Legislativo agregó que a largo plazo, si es necesario o a solicitud del G4, se podría tener una reunión con los jefes de bloque.

Por Byron Ramírez.

Fotos interiores: Cortesía OJ.

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque definieron el contenido de las agendas para las sesiones plenarias de los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27.

Los parlamentarios se proponen avanzar con la discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto que aprueba la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, así como las reformas al decreto 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio. También se abordará en tercer debate la iniciativa 50-82, ley marco para la defensa del consumidor.

Asimismo, continuará la discusión y aprobación por artículos de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia.

En otro punto, los congresistas recibieron la visita de integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, quienes solicitan se reforme el decreto 32 -2016, Ley de la Carrera Judicial, para viabilizar la integración de esa instancia. “Esto permitiría que las nuevas autoridades electas democráticamente, a través de las asambleas de cada cuerpo electoral, puedan tomar posesión de sus cargos”, expresó la magistrada Vitalina Orellana.

Por su parte, el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, aclaró: “Existe una iniciativa que resuelve este problema, la cual se ha venido trabajando en la Mesa de Seguridad y Justicia y en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual se podría dispensar de dictamen para que sea conocida a la brevedad”.

Por Rosemary Recinos.

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