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Integrantes de Junta Directiva del Congreso y de la Comisión de Ambiente participaron en la presentación que el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel) hizo del proyecto de ley de aguas, que actualmente se discute en República Dominicana, con el objetivo de que se puedan tomar ideas para fortalecer la iniciativa que se discute en la sala de trabajo.

Óscar Chinchilla, titular del Legislativo, catalogó de importante la exposición y dijo que servirá como un “derecho comparado” en materia de agua potable y saneamiento.

Expresó que la socialización del dictamen se realizará con distintos sectores, como la Cámara del Agro, Asociación Nacional de Municipalidades e Instituto de Fomento Municipal. “Este tema es importante para el país y aún más para que los guatemaltecos tengan el derecho al agua”, aseveró.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels, insistió en la urgente necesidad de agilizar la aprobación de la ley de aguas y “que se tenga un mejor manejo del vital líquido”.

Santiago Rivas, secretario ejecutivo de Foprel, destacó que a diferencia de otros países de América Latina, “la República Dominicana ha avanzado en la creación de una ley que establezca una autoridad especializada, con mandato para velar por el agua y las infraestructuras”. Dijo que el papel de las comunidades es importante para que la iniciativa sea una realidad. “Este proyecto es de suma importancia para proteger el medio ambiente y que el vital líquido no sea desperdiciado y pueda llegar a todas las comunidades”, aseveró.

Los integrantes de la Comisión de Ambiente acordaron estudiar la propuesta que se discute en la nación caribeña y verificar si hay artículos que se puedan agregar, como la creación de un ente rector o un viceministerio que se encargue de dar seguimiento a las acciones y sanciones legales.

Por Byron Ramírez.

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Por petición del diputado Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana (AC), tercer vicepresidente del Congreso, la Comisión de Salud acordó fijar un plazo de 48 horas a Esteban Piedrasanta, jefe del Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente, del Ministerio de Salud, para que rinda un informe sobre la cantidad de denuncias que han presentado contra las comunas que incumplen con la calidad de agua para el consumo humano, así como de las sanciones impuestas.

La reunión fue presidida por la diputada Karla Andrea Martínez, de AC, quien informó que también se citó para la próxima semana a los ministros de Salud, Lucrecia Hernández, y de Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels, así como al presidente del Instituto de Fomento Municipal, Juan Pablo Ligorría.

“El Ministerio de Salud es el rector y el que garantiza el acceso al consumo de agua sana a todos los guatemaltecos; por eso le pregunto al ingeniero Esteban Piedrasanta ¿a cuántas municipalidades han denunciado por no clorar el agua y prestar el servicio de agua sin ser de consumo humano? ¿A cuántas se han sancionado? Porque de no hacerlo están haciendo una omisión de denuncia”, afirmó Orellana.

Piedrasanta dijo no contar con esa información y se comprometió a remitir el informe solicitado en el plazo indicado.

El legislador Orellana señaló que más del 60 por ciento del presupuesto del Estado de este año se ha destinado a proyectos de drenaje y agua. “No existe ningún ingeniero sanitario que esté certificado para garantizar la inversión pública para la ejecución de las plantas de tratamiento”, expresó.

Por tal razón, de forma unánime la comisión votó por crear la mesa técnica para abordar el tema de drenaje y agua, con la finalidad de contribuir a reducir la desnutrición.

Por aparte, Alfonso Alonzo, viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, explicó que el 30 de junio todas las comunas están obligadas a presentar estudios para la construcción de plantas residuales y en el 2018 todas las municipalidades deberán contar con ellas.

A la reunión también compareció Germán González, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien informó que este año hay Q244 millones en conjunto de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Ambiente para el rubro de agua y saneamiento, y que al 24 de abril la ejecución era de Q9.73 millones, equivalente al 3.93 por ciento.

Por Byron Vásquez

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Con el objetivo de apoyar al Ministerio del Interior en temas de seguridad, combate a extorsiones, presupuesto de la Policía Nacional Civil y uso de bloqueadores de señal telefónica en las cárceles, legisladores de la Comisión de Gobernación se reunieron con el titular de la cartera, Francisco Rivas Lara.

El parlamentario Napoleón Rojas, de Unión del Cambio Nacional, quien preside la sala, dijo que en los próximos días se dictaminarán iniciativas relacionadas con supervisión de policías privadas, eliminar el uso de chalecos por parte de motoristas y la ley contra el terrorismo generado por pandillas, en tanto se analizan leyes propuestas del ministerio, como la que elimina las redes de telefonía dentro de los centros carcelarios y una que permita el uso de insumos incautados por las fuerzas de seguridad.

Según Rivas, falta radiocomunicación en 18 departamentos, 600 patrullas están inservibles y se licita la compra de repuestos para otras 400 unidades paralizadas. Dijo que se destinaron Q120 millones para su construcción y remozamiento de cárceles, e indicó que la mayor parte del presupuesto se utiliza para el pago de salarios.

El parlamentario Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, instó a la comisión a dar acompañamiento a los procesos de licitación de compra de repuestos y llantas para agilizarlos, en tanto el parlamentario José Domingo Trejo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), mencionó que se debe fortalecer la prevención del delito y proteger a la PNC en su lucha contra la delincuencia.

Por su parte, el legislador Cristian Gabriel (FCN-Nación) expresó su inquietud de impulsar la construcción de cárceles fuera de la ciudad, donde los internos realicen trabajos de diferente índole y haya mayores controles.

Al finalizar la reunión se acordó conocer los avances en materia de seguridad del primer cuatrimestre del año dentro de 30 días.

Por Fernando Bolaños y Luis Flores

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La bancada Encuentro por Guatemala presentó la iniciativa de ley reguladora del sistema nacional de inversión pública, cuyo objetivo es desarrollar normas, instrucciones y herramientas para ordenar y transparentar dicho proceso.

El proyecto consta de 36 artículos y resalta la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública, como un ente administrativo del Estado que se encargará de la planeación, asignación de recursos, ejecución y evaluación de los proyectos.

Además, se propone prohibir a las unidades ejecutoras presentar solicitudes de financiamiento para actividades que correspondan a gasto de funcionamiento, alterar el porcentaje de avances físicos y financieros y proporcionar fuera tiempo la información requerida.

También se sancionaría a los funcionarios y empleados públicos que incumplan lo estipulado, con multas administrativas que van de 15 por ciento a 50 por ciento del salario devengado. De igual forma se establece la suspensión en el trabajo sin goce de salario hasta por un máximo de 90 días y la destitución, y se detalla la imposición de sanciones pecuniarias.

“El Sistema actual tiene falencias, ambigüedades, distorsiones, información incompleta y datos adulterados; la creación de este nuevo modelo permitirá procesos que recomienden la aprobación y puesta en marcha de proyectos factibles y rentables económica y socialmente para el país”, señaló la diputada Montenegro, jefa del referido bloque.

Por Rosemary Recinos.

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En el marco de la aprobación de la iniciativa 4084, que contiene la creación del sistema nacional de desarrollo integral, los diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad realizaron un foro para analizar el contenido.

En la actividad participaron representantes de distintas organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de radios comunitarias, quienes dieron a conocer sus opiniones acerca de la propuesta que fue presentada en agosto del 2009.

“Este foro es importante pues aunque la ley ya se está conociendo en el pleno (segunda lectura) podemos realizar enmiendas para que los pueblos de las áreas rurales tengan los programas necesarios que impulsen su desarrollo”, argumentó el presidente de la sala de trabajo, Amílcar Pop, de Winaq.

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, destacó la necesidad de verificar la fuente de financiamiento para que los proyectos de desarrollo integral tengan un presupuesto específico, por lo que apoyarán en los cambios que sean necesarios para fortalecer la normativa.

Al concluir el foro se determinó que la comisión dará un plazo de dos semanas para generar una opinión técnica con las enmiendas sugeridas para mejorar la propuesta y buscar las fuentes de financiamiento.

Por Karla Herrera

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En la sesión plenaria de este martes se procedió a juramentar al ciudadano Estuardo Cruz Gómez Raymundo como nuevo diputado, representante por el distrito de Quiché por la Unidad Nacional de la Esperanza.

Cruz Raymundo es originario de Nebaj y asumió en sustitución de Carlos López Girón, quien tiene proceso penal abierto y se ausentó del Congreso de la República, lo cual provocó que la Junta Directiva consultara al Tribunal Supremo Electoral para llenar su ausencia.

En otro tema de la sesión plenaria, los parlamentarios aprobaron el Decreto 08-2017 con el cual se avaló el acuerdo entre los gobiernos de Guatemala y de Turquía sobre la promoción y protección recíproca de inversiones.

Por petición del congresista independiente Álvaro Velásquez la Junta Directiva programó para el jueves 4 de mayo, a las 10:00 horas, la interpelación a Aldo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Los legisladores fueron convocados para sesionar este miércoles, a las 10:00 horas, y discutir las reformas constitucionales al Sector Justicia.

Por Nery Morales

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