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Con una revisión a los 45 artículos que pretenden modificar el Código de Comercio a través de la iniciativa 5241, ley del fortalecimiento al emprendimiento, legisladores de la Comisión de Economía manifestaron sus puntos de vista al viceministro de Desarrollo de la Mediana y Pequeña Empresa, del Ministerio de Economía, Ezrra Orozco.

 

En la reunión se contempló la creación de un fondo de Q16 millones, el cual será utilizado para apoyar a pequeños empresarios que buscan iniciar sus negocios y no cuentan con un capital, además de fomentar el ingreso a la formalidad empresarial del sector informal.

 

El legislador independiente Oliverio García Rodas sugirió efectuar cambios en la redacción de la iniciativa de tal forma que la norma no transgreda otras existentes o la misma Constitución, en temas como propietarios, accionistas, registros, separaciones o sociedades, haciendo ver que la iniciativa viene a promover la pequeña empresa.

 

El congresista Haroldo Quej, de la Unidad Nacional de la Esperanza, expresó su inconformidad, pues indica que proyectos de este tipo solo se otorgan en la capital y no se llevan a los municipios alejados, donde hay capacidad para levantar microempresas, pero no recursos para hacerlo.

 

Finalmente, el presidente de la sala de trabajo, Oscar Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden, solicitó los cambios necesarios en la iniciativa, los cuales se estarán conociendo en la próxima reunión donde se harán las propuestas luego del análisis de cada uno de los artículos por los parlamentarios.

 

Por Fernando Bolaños

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La diputada Marleni Matías, representante por Baja Verapaz, citó este martes a Juan Carlos Méndez, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), para indagar acerca de supuestas anomalías en la adjudicación de un contrato otorgado a una empresa para realizar trabajos de bacheo en el municipio de Salamá.

 

“El contrato fue firmado el 24 de abril, por Q2 millones 543 mil, y apenas el avance es del 4 por ciento. Estamos investigando por qué se adjudicó el proyecto la empresa que ofertó el costo más alto, sin la experiencia necesaria, y el trabajo está detenido, pues no cuenta con la capacidad financiera necesaria”, manifestó la parlamentaria de la Unidad Nacional de la Esperanza.

 

Dijo que aparentemente la primera compañía subcontrató a otra sin estar calificada.

 

Por su parte, Méndez dijo explicó que la referida adjudicación se realizó en la administración anterior y que él asumió el cargo en mayo.

 

“Se realizó la venta de una sociedad anónima a otra distinta a la que había ofertado, lo cual está dentro de lo legal, pero retrasó el proyecto”, aseguró.

 

Añadió que se emitió una sanción a la empresa por la demora, y de no avanzar significativamente con la ejecución se cancelará el contrato.

 

Por Rosemary Recinos.

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Integrantes de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso conocieron este miércoles el borrador de las audiencias públicas que efectuarán antes de dictaminar la iniciativa 5340, que contiene el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, enviado por el Organismo Ejecutivo.

 

Adim Maldonado, presidente de la referida sala de trabajo, afirmó que dichas reuniones empezarán el jueves 5 de octubre con funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y Banco de Guatemala, con el objetivo de que expliquen los criterios utilizados para la fijación del techo presupuestario, que asciende a Q87 mil 922.9 millones, así como sus fuentes de financiamiento.

 

“En cumplimiento del artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, este día se presentó a la comisión una propuesta de cronograma de audiencias públicas, con lo cual se dará inicio al análisis del presupuesto para su posterior dictamen; se espera tener listo un borrador preliminar el 2 de noviembre”, aseguró Maldonado (Frente de Convergencia Nacional).

 

Según el legislador, se pondrá mayor énfasis en temas como educación, salud, infraestructura y seguridad. “Estos son los cuatro ejes en los cuales nos enfocaremos, pues estamos convencidos de que reflejan la necesidades de los guatemaltecos; este jueves nos reuniremos nuevamente para la aprobación del cronograma”, agregó.

 

De acuerdo con lo que estipula el artículo 237 de la Constitución Política de la República, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal debe incluir la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar.

 

La Carta Magna, en el artículo 171, literal b, determina que el Congreso de la República deberá “aprobar, modificar o improbar a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado”.

 

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Asuntos Electorales avanzó este miércoles con la aprobación de 11 artículos de 42 que contiene el cuarto borrador de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), previo a elaborar el proyecto de dictamen que será aprobado por dicha comisión para ser sometido al pleno del Congreso con la intención de que estén vigentes para el próximo proceso de elecciones generales.

 

“Hemos logrado avanzar en temas importantes, entre ellos los derechos de los afiliados de los partidos políticos, la secretividad del voto en las asambleas para conformar órganos permanentes, las listas de postulación, la representación proporcional por mayorías en la integración de estos cuando hay más de una planilla. Esto lo que fortalece es la institucionalidad y la democracia interna de los partidos políticos”, dijo el diputado Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidente de la comisión.

 

Durante la sesión de trabajo se aprobó el artículo 1, el cual reforma la literal a) del artículo 19 de la actual legislación, y que a propuesta de la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, se fija la cantidad de 20 mil afiliados para la conformación de un partido político para las próximas elecciones. Esto tiene como objetivo que haya más opciones de partidos políticos para los electores.

 

El artículo 2, que reforma las literales c), e), y h), del artículo 20 fue aprobado. Este se refiere a que ocho días después de la convocatoria a elecciones se designarán fiscales nacionales y fiscales nacionales informáticos y proceder a acreditarlos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además las organizaciones políticas deberán recibir dentro de los cinco días posteriores a las elecciones una copia digital de las actas de las Juntas Receptoras de Votos; y desarrollar actividades permanentes de proselitismo por parte de los partidos políticos.

 

El artículo 3, adiciona al artículo 20 Bis, las literales de la a) a la f) que contienen los derechos de los afiliados a las organizaciones políticas.

 

El artículo 4, que reforma el artículo 21 Bis, que establece el financiamiento público a las organizaciones políticas, se propone elevar de dos a tres dólares el financiamiento público con el propósito de reducir los recursos financieros privados.

 

También se hace una nueva distribución del financiamiento en tres rubros: a) un 35 por ciento será destinado para la formación y capacitación de los afiliados; b) 35 por ciento para actividades nacionales; y c) un 35 por ciento para funcionamiento y otras actividades, pero a propuesta del diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, de la legisladora Cristina Quinto, del Frente de Convergencia Nacional- Nación, y del diputado Orlando Blanco, de la UNE, se hizo una adición a la literal d) para que el comité ejecutivo de cada partido, según sus necesidades, puedan solicitar al TSE variar las proporciones hasta en un 20 por ciento del financiamiento público de las literales b) y c).

 

El artículo 5, propuesto en el cuarto borrador, fue eliminado a petición de la diputada Quinto, quien indicó que debería mantenerse el actual de la LEPP.

 

La propuesta del artículo 6, que adiciona la literal ñ) del artículo 22, establece que los partidos políticos tienen la obligación de presentar sus certificaciones de las actas de las asambleas hasta 30 días después de haber llevado a cabo dicha actividad, tomando en cuenta que a partir de la convocatoria de elecciones es el mismo plazo, pero los días son calendario y después son solo días hábiles.

 

En el artículo 7 propuesto, se adiciona un segundo párrafo al artículo 25, “los secretarios departamentales, podrán participar en las asambleas nacionales con voz y voto”.

 

La reforma planteada en el artículo 8, el cual modifica la literal c) que a propuesta del diputado Orlando Blanco, de la UNE, establece que los secretarios departamentales podrán participar en la asamblea con voz y voto, pero no cuenta para el quórum, no así los alcaldes y diputados en el ejercicio del cargo. Además, en el caso de la literal d), a propuesta de los diputados Linares y Mario Taracena, de la UNE, fue aprobado que el voto sea secreto para la designación del comité ejecutivo, o las nóminas de postulación de candidatos, incluso cuando haya una sola planilla.

 

En el artículo 9, adiciona el artículo 27 bis, en donde se establece la inscripción de las actas de las asambleas nacionales deberán ser inscritas por el Registro de Ciudadanos en un plazo que no exceda los 21 días.

 

El artículo 10 propuesto, reforma el primer párrafo y adiciona un último al artículo 32, en donde establece que el Secretario General de los partidos políticos no podrá ser candidato presidencial y si quiere hacerlo deberá renunciar a la Secretaría seis meses antes de la convocatoria a las elecciones. El artículo 11, también tiene relación y señala que los familiares del Secretario General no podrán formar parte de ningún órgano contenido en las literal a) del artículo 24 de la LEPP.

 

La comisión acordó que la próxima semana llevará a cabo dos sesiones para continuar con la aprobación de los artículos del cuarto borrador previo a elaborar el proyecto de dictamen que deberá ser aprobado por dicha Sala de Trabajo.

 

Por Byron Vásquez

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Los diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, del Congreso de la República, se reunieron este día para analizar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública del presente año, la cual cuestionaron por su bajo avance.

 

La presidenta de la sala de trabajo, diputada Karla Martínez, de la bancada Alianza Ciudadana, comentó que, según datos proporcionados por las autoridades del Ministerio de Salud, la ejecución del presupuesto es de un 49% de lo previsto, lo cual consideran bajo.

 

Los legisladores también revisaron los aportes a las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), respecto a asignaciones y consolidado de personas jurídicas beneficiadas con subsidio o subvención que llevaría una ejecución de un 78% de los Q375.4 millones que les corresponde, aunque indicaron que la mayoría de organizaciones reflejan poca ejecución en cuanto a lo asignado a cada una.

 

El congresista Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala, comentó que la ejecución se complica por los tiempos en los que se firman los convenios, ya que se hacen en el primer trimestre y por ello las organizaciones reflejan poca ejecución. “Aquí será importante ver el numero de pacientes y el incremento de cada uno de los programas”, puntualizó Taracena.

 

La diputada Martínez dijo que esperan reunirse la semana próxima con el ministro de Salud, Carlos Enrique Soto Menegazzo, para conocer su plan de trabajo para el siguiente año. La Comisión también prevé reunirse con organizaciones que trabajan en los diferentes programas de salud, puntualizó la congresista.

 

Por Freddy López

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Congresistas de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad se reunieron con representantes del Comité Pro Ciegos y Sordos, directivos del Programa de Discapacidad del Ministerio de Salud y con personas que afrontan deficiencia visual y utilizan perros guías.

 

El objetivo fue consensuar y mejorar el contenido de la iniciativa 5286, ley de perros de servicio o asistencia para personas con discapacidad, que fue presentada en la Dirección Legislativa el 15 de mayo.

 

La propuesta tiene como propósito asegurar y garantizar el pleno derecho al acceso, circulación y permanencia en los lugares públicos y privados a las personas nacionales o extranjeras que residen temporal o permanentemente en el país, y que por su discapacidad se hagan acompañar por un perro de servicio o asistencia.

 

La diputada Lucrecia Samayoa Reyes, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ponente del anteproyecto, comentó: “Se debe promover el derecho de acceso y libre locomoción; a los usuarios de perros de servicio no se les tiene que separar o prohibir el ingreso o permanencia en espacios públicos o privados”.

 

María del Rosario Rivera, usuaria de perros guías, comentó que han tenido dificultades en centros comerciales y unidades del transporte público. “Desconocen que los canes solo son guías y no perros agresivos, por lo que es necesario concienciar a la ciudadanía para que comprenda que son animales mansos”.

 

El diputado Juan Carlos Salanic García (UNE), presidente de la referida sala, explicó que esperan reunirse con autoridades de Migración y aeroportuarias, pues las personas con discapacidad tienen problemas al ingresar y salir del país”.

 

Por José Castellanos.

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Pilotos del servicio de transporte público, conocido como Transurbano, se reunieron con miembros de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso para denunciar múltiples violaciones a sus derechos humanos y laborales por parte de los administradores de la empresa, por lo cual diputados de la sala de trabajo pedirán la intervención de la entidad.

 

Carlos Camey Hernández, representante de los pilotos, explicó que desde hace meses les cobran la cuota del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero no es transferida, por lo que ellos y sus familias no reciben los servicios de salud.

 

También denunció que trabajan hasta 16 horas diarias y no son remunerados correctamente. “Lamentamos que desde hace años la Fiscal General nos dijo que estaban investigando el caso Transurbano, pero hasta momento no hay avances, lo cual nos llama tremendamente la atención”, indicó Camey.

 

El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq y presidente de la Comisión, anunció que solicitará informes detallados a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al IGSS, para que sirvan de apoyo en las acciones legales que emprenderán para solicitar la intervención del Transurbano, previa autorización de todos los integrantes de la sala de trabajo.

 

Otros temas

 

Durante la reunión los diputados abordaron otros asuntos, entre ellos el avance de la mesa técnica que trabaja en la presentación de una iniciativa de ley de protección a la biodiversidad y patrimonio biocultural.

 

“Guatemala necesita un instrumento legal que regule la biodiversidad, el desarrollo de la producción genética y la propiedad intelectual, para que no sean simplemente mercantilizadas. Buscaremos que sea el Estado el encargado de manejar las bases de datos”, indicó el congresista Pop.

 

A solicitud de la diputada Karina Paz (UNE), también se conocieron los avances de la mesa técnica que trabaja en la creación de una nueva ley del sistema nacional de adquisiciones del Estado, con la que se busca reemplazar la actual Ley de Contrataciones del Estado.

 

“Estamos esperando un análisis comparativo que realiza el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Nuestra meta es dictaminar la iniciativa de ley este año, ya que fue una solicitud de la Contraloría General de Cuentas y el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla”, concluyó el diputado Pop.

 

Por Mayra Recinos

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Legisladores de la Comisión de Gobernación, que preside el diputado Napoleón Rojas, de la bancada Unión del Cambio Nacional, citaron al Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, y al director de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), Bayron Monterroso, para que informaran acerca del estado real de la empresa.

El parlamentario Christian Gabriel, del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, mencionó que es necesaria la certeza portuaria, porque muchas de las embarcaciones están atracando en Honduras debido a la lentitud e ineficiencia del trabajo aduanero y de desembarque en nuestro país, principalmente con los productos perecederos. Monterroso, quien tiene cinco días en el cargo de director, indicó que en un primer análisis observó ineficiencia en seguridad y operaciones. “Ordenamos una auditoría interna. Al momento encontramos maquinaria sin servicio desde hace siete años y otras inservibles. Las condiciones del puerto no son competitivas, además debemos mejorar procesos con navieras y contratos de prestadores de servicios.

Si existen anomalías denunciaremos”, afirmó Los diputados Luis Hernández Azmitía, de Movimiento Reformador, y Doriam Tarácena, de Encuentro por Guatemala, coincidieron en que es necesario formular denuncias, si encuentran anomalías, al mismo tiempo que se debe fortalecer un plan de control eficiente de contenedores. Solórzano Foppa manifestó que se busca convertir la Empornac en un depósito aduanero temporal, haciendo mejoras a infraestructura y procesos. “Mediante lo permita la ley se utilizarán controles tecnológicos en los tránsitos de contenedores y se realizarán cambios en las básculas. Queremos que la aduana siga funcionando, por eso la fortaleceremos”, indicó.

El representante de las navieras, Juan Carlos Albizú, dijo que lo primordial es efectuar un dragado, que no se hace desde hace dos años, “pues en nuestro país solo pueden ingresar embarcaciones de 40 mil toneladas, mientras que en Honduras ingresan hasta de 60 mil, por lo cual algunas empresas han optado por viajar a ese país”.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso se reunió este martes para analizar el contenido de las iniciativas 5299, reformas a la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y 5278, Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio, pendientes de dictamen.

 

En el caso de la primera se citó a funcionarios de diferentes instituciones, con el fin de conocer sus observaciones.

 

El presidente de la comisión legislativa, Cornelio García (Todos) agradeció la participación activa de los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y el Centro para la Defensa de la Constitución, quienes dieron a conocer los puntos de convergencia y divergencia.

 

El diputado García lamentó la ausencia de delegados de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

 

“Debido al carácter constitucional de esta iniciativa considero necesario contar con la opinión de todos los organismos del Estado involucrados en el tema, por lo que hago un llamado para que participen”, expresó el parlamentario.

 

Por otra parte, los congresistas discutieron el contenido de la Iniciativa 5278, Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio. El diputado Fernando Linares (Partido de Avanzada Nacional), a través de sus asesores dio a conocer que dichos delitos están tipificados en otras leyes.

 

A solicitud de la diputada Alejandra Carrillo (Movimiento Reformador), se dará un tiempo para analizar el asunto y dar sus observaciones en la próxima reunión.

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