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Norman Muñoz, conservador de Antigua Guatemala, solicitó la mediación de la Comisión de Cultura, que preside la diputada María Cristina Quinto, respecto de dos acuerdos emitidos recientemente por el Concejo Municipal de esa ciudad.

Dichas normas establecen el cobro del 100 por ciento del valor de las licencias de construcción emitidas fuera del perímetro urbano colonial. “Esto es ilegal, pues están estableciendo un perímetro de área de influencia de 100 metros para que ellos puedan otorgar exclusivamente las licencias de construcción, y la ley vigente señala que es el Consejo Nacional de Protección de Antigua a quien le corresponde hacerlo”, explicó.

“Aquí podrían autorizarse construcciones de dos o más niveles y esto puede ser perjudicial para la categoría que se ostenta de Patrimonio Cultural de la Humanidad”, comentó.

Por su parte, la diputada Quinto (Frente de Convergencia Nacional) dijo que analizarán presentar las denuncias correspondientes, “ya que este acuerdo violenta una ley ordinaria, lo que representa una inconstitucionalidad”.

Durante la reunión se acordó instalar una mesa de estudio sobre enmiendas a la iniciativa 4252, que reforma la Ley Protectora de la Ciudad de Antigua Guatemala, la cual se encuentra en segunda lectura.

En este proyecto de ley se determina la integración y las atribuciones del Consejo Protector, así como del Conservador de la Ciudad, se delimita el perímetro urbano de conservación y el área de amortiguamiento.

“El objetivo es determinar si es necesario presentar enmiendas de curul, para que esta ley se ajuste a las necesidades de este importante sector turístico”, concluyó la presidenta de la comisión.

Por Rosemary Recinos

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Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que preside la congresista Eva Nicolle Monte Bac, de Alianza Ciudadana, cuestionaron este día los montos que el Registro Nacional de las Personas (Renap) paga por arrendamiento de edificios.

Para el efecto se reunieron con funcionarios del Renap, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), y de la Dirección de Catastro y Avaluó de Bienes y Inmuebles (Dicabi).

El propósito es que las entidades participantes puedan apoyar con el avalúo del edificio central del Renap y ver la posibilidad que la Senabed pueda conseguir un edificio a un menor costo entre los inmuebles que han pasado al dominio del Estado.

Los congresistas indicaron que les preocupa que por la sede central se pagan más de Q500 mil mensuales y en algunos municipios también las sumas son altas, lo cual les hace pensar que no hay una planificación a nivel general para ahorrar.

La diputada Monte Bac indicó que se buscan mecanismos para generar ahorros y que la cancillería guatemalteca tenga recursos necesarios para apoyar a los connacionales que viven en el exterior, porque a la fecha no cuentan con documentos como el Documento Personal de Identificación (DPI) y agilizar la entrega de pasaportes.

Asimismo, informó “que se ha fijado un plazo de 15 días para que el Renap presente un proyecto para hacer un cambio de edificio. La próxima semana estaremos invitando a Migración y Aeronáutica Civil a efecto que para fin de mes las tres instituciones podamos reunirnos con la cancillería guatemalteca”, concluyó.

Por Freddy López

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Los diputados que integran la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se reunieron este miércoles con Axel Manuel Romero García, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación, con el fin de conocer el plan estratégico del programa Escuelas Seguras, que se trabaja conjuntamente con la cartera de Educación y la Policía Nacional Civil (PNC), así como la asignación presupuestaria para el próximo año.

Durante la cita las autoridades de Gobernación informaron que actualmente se cubren 198 centros educativos en 5 departamentos: Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, San Marcos y Guatemala, con un presupuesto de Q4 millones.

La congresista Alicia Dolores Beltrán (Movimiento Reformador), presidenta de la referida sala, cuestionó al funcionario de Gobernación por la falta de atención a otros planteles educativos del país “donde hay violencia, altos índices de criminalidad y no existe vigilancia de las fuerzas policiales”.

“Estamos preocupados porque sabemos que existen aproximadamente 37 mil escuelas que funcionan en la mañana y en la tarde, y hay al menos 34 mil agentes de la PNC, quienes no pueden cubrirlas; tenemos que buscar los mecanismos financieros y más elementos para vigilar y llegar a más departamentos”, refirió la diputada.

El viceministro Romero comentó que el programa ha tenido resultados positivos en los centros educativos de la zona 1, donde se registraban problemas entre estudiantes. “Queremos continuar con la implementación en 2018; pedimos Q1 millón más, con lo que aumentaremos a 215 centros educativos, y solicitamos un incremento de 100 agentes para lograr las metas del año entrante”, explicó.

Por José Castellanos.

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Habitantes de la aldea Las Lisas, Chiquimulilla, Santa Rosa, solicitaron la intervención del diputado Carlos Napoleón Rojas (Unión del Cambio Nacional), en búsqueda de una solución al problema del corrimiento de la bocabarra El Jiote, el cual amenaza con desaparecer la población en pocos meses si no se actúa pronto.

Según lo expuesto por Fidel Hernández, presidente de la Mesa del Mangle, instalada por pobladores de la aldea, el corrimiento que ha sufrido la bocabarra en un año es de aproximadamente 800 metros, lo que ha dejado viviendas, ranchos y pozos inundados, sin que se tome cartas en el asunto por las autoridades.

Juan Carlos Galindo, representante del Ministerio de Comunicaciones, detalló que hay avances en el trabajo realizado al ya contar con un código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el cual contiene las bases y perfil de proyecto, pero no con una partida presupuestaria para su ejecución, situación que está en manos del Ministerio de Fianzas por medio de la Dirección Técnica de Presupuesto.

Una de las salidas propuestas como plan alterno sería crear una partida de funcionamiento del ministerio, para realizar los estudios necesarios dentro del presupuesto del próximo año, expuso el funcionario.

El legislador Rojas, quien preside la Comisión de Gobernación, comentó que otra solución podría ser modificar el presupuesto que ya fue entregado al Congreso para su análisis y solicitar que se cree la partida para el próximo año, aunque deberá de iniciarse el proceso por un nuevo SNIP, pues considera que para el presente año no se podrá concluir el estudio.

Por Fernando Bolaños

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Con el voto favorable de 80 diputados al Congreso de la República, en la sesión plenaria se aprobó el Decreto 18-2017 que reforma el 2-70, Código de Comercio, las cuales tienen como objetivo facilitar la apertura de negocios y la protección adecuada de los inversionistas, con la intención de beneficiar a emprendedores guatemaltecos y extranjeros.

La normativa, que cobrará vigencia 90 días después de su publicación en el Diario de Centro América, sustituye la vigente, que data del 9 de abril de 1970, y dota a los pequeños empresarios que pertenecen al comercio informal de las herramientas electrónicas para que formalicen sus actividades.

Además, dichas modificaciones, contenidas en las iniciativas 4904 y 5194, están encaminadas a mejorar el acceso de los emprendedores guatemaltecos a la economía formal, reduciendo el tiempo, costo y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil General de Guatemala.

“Esta es la reforma más importante que se le ha hecho al Código, lo cual ubicará a Guatemala 10 escaños arriba en el Índice de Competitividad Global del que actualmente ocupamos (84); nos posicionará por encima de países como Brasil y permitirá abrirle las puertas al pequeño emprendedor para formalizar su negocio”, aseguró Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso.

Por otro lado, con el objetivo de avanzar con temas pendientes de agenda, los parlamentarios pasaron en primer debate la iniciativa 5178, que dispone aprobar la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos. La referida normativa tiene como propósito la creación de una base de datos genéticos de uso forense, con lo cual se garantizaría la investigación de casos en los cuales se determine que hubo agresión sexual.

Asimismo, los congresistas conocieron las iniciativas 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; 5231, reformas al Decreto 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil, y 5157, reformas al Decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros, las cuales pasaron en segundo debate.

Finalmente, después de la votación de la referida enmienda se rompió el quorum, por lo que el presidente de la Junta Directiva, Oscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó para el jueves a las 10:00 horas.

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso continuó discutiendo el cuarto borrador del proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y en la sesión de este martes se conocieron 15 artículos más, se votó a favor de 9 artículos y no alcanzaron votos suficientes otros 6.

Óscar Argueta (Unidad Nacional de la Esperanza), presidente de la dicha sala de trabajo, subrayó lo más importante conocido en la sesión. “Que el Tribunal Supremo Electoral en su conformación el 60 por ciento será de abogados y notarios, y el 40 por ciento será con profesionales universitarios de otras carreras. Además, entre sus atribuciones están la capacitación y formación cívico-política de la ciudadanía, así como el acompañamiento a los partidos políticos en la adaptación a las nuevas legislaciones relativas al control y fiscalización de fondos públicos y privados”, detalló.

Según dijo, otro de los aspectos importantes es que se votó a favor de la segunda vuelta para la elección de alcaldes cuando la diferencia entre el primero y el segundo no supere el 5 por ciento de los votos válidos emitidos y el primer lugar no obtenga más del 40 por ciento de los votos válidos emitidos.

“Es un proceso que permite legitimar de mejor manera a quien alcance la alcaldía; los concejales entrarían en la primera vuelta con representación proporcional de las minorías y, los síndicos y el alcalde en la segunda vuelta. Además, ya no sería el concejal primero quien sustituya al alcalde, sino el síndico primero”, manifestó el diputado Argueta.

La jornada de hoy empezó por conocer el artículo 11, que propone reformar el artículo 35 de la citada ley, que adiciona un último párrafo a dicho articulado, en el cual se establece que “los alcaldes y diputados en el ejercicio de cargo, electos por el partido político y que sean afiliados al mismo, así como los secretarios municipales, podrán participar en la asamblea departamental de su respectivo distrito con voz y voto, y no cuentan para el quorum”; esta propuesta no obtuvo los votos suficientes y se mantiene la actual legislación.

Cabe mencionar que la semana pasada el último artículo conocido fue el 11, que es diferente al de esta jornada debido a que hubo un corrimiento en los números del articulado, pues se eliminó el artículo 5, que pretendía reformar la literal e) del artículo 21 Ter, el cual continuará vigente.

El artículo 12, que pretende modificar el artículo 43, fue aprobado por los 8 diputados asistentes en ese momento, y se refiere a que el secretario general departamental tiene la representación del partido en su suscripción y desempeñará el cargo por 2 años; además, podrá ser reelecto por un período más.

Lo contenido en el artículo 13, que busca reformar el artículo 50, se refiere a que el Comité Ejecutivo Municipal durará en sus funciones dos años y sus integrantes podrán ser reelectos por un período más.

A propuesta del diputado Argueta se votó en forma conjunta por los artículos 14 al 17, por referirse al mismo ámbito de la conformación de los comités cívicos para postular corporaciones municipales y diputados distritales, pero solo hubo 5 votos de los 10 legisladores presentes en ese momento.

En el artículo 18 se pretende modificar el artículo 121 para otorgarle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) mayor independencia para desarrollar sus funciones, y se agrega el marco constitucional para fortalecerlo.

La propuesta del artículo 19, que pretende reformar el artículo 122, contiene lo relacionado con el aumento del presupuesto del TSE; fue votado solo por 6 diputados.

El artículo 20, que busca reformar el artículo 123, fue votado por mayoría (10 de 11 legisladores presentes); se busca retirar la exclusividad a los abogados y notarios para integrar la magistratura del TSE, debido a que se propone que un 60 por ciento sean profesionales del Derecho y el 40 por ciento de otras profesiones universitarias en el grado académico de licenciatura.

El artículo 21, que busca modificar el artículo 124, también fue votado por mayoría (10 de 11 legisladores presentes), y contiene las calidades que deben poseer los magistrados integrantes del TSE. Deben ser profesionales universitarios, colegiados activos con más de 10 años de ejercicio profesional; además, gozarán en el cargo de las mismas inmunidades y prerrogativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El siguiente artículo (22) tiene relación con el anterior y pretende reformar la literal u); y se adicionan las literales y) y z) al artículo 125; en este se introduce que el TSE debe diseñar y ejecutar programas y procesos para la formación y capacitación cívica electoral de la ciudadanía, así como programas de formación y capacitación sobre normativa electoral a partidos políticos. Este fue votado a favor por los presentes (10).

Por medio del artículo 23, se busca modificar la literal c) y que se adicione un último párrafo al artículo 154, en donde se le exige al TSE que debe crear subdelegaciones en las cabeceras municipales en donde exista oficinas del Registro Nacional de las Personas; este fue votado por mayoría (8 de 10 legisladores presentes).

El penúltimo artículo conocido en la sesión fue el 24, a través del cual se busca adicionar el artículo 195 Bis, que contiene lo relacionado con las compras y contrataciones, y se establece que el TSE podrá adquirir bienes y servicios a partir de la convocatoria y hasta el final de las elecciones generales, sin regirse por los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado; fue votado por los 10 diputados.

Y el último fue el artículo 25, que pretende reformar el artículo 202, y se propone que habrá una segunda vuelta cuando entre los candidatos a alcaldes más votados no haya una diferencia mayor al 5 por ciento de los votos válidos emitidos, y que el primero no obtenga más del 40 por ciento de los votos válidos emitidos; esta propuesta obtuvo la mayoría de votos (9 de 10 legisladores presentes).

Se convocó a una próxima sesión para este miércoles a partir de las 9:00 horas, cuando se continuará conociendo el resto de artículos del cuarto borrador, que contiene 42 artículos propuestos.

Por Byron Vásquez.

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En una reunión con diputados de la bancada Alianza Ciudadana, Jorge Mario Chacón, director del Instituto Nacional de Turismo (Inguat), expresó que la experiencia del visitante nacional y extranjero se ve afectada por el mal estado de la red vial que conduce a los destinos turísticos, pues hace que los recorridos sean riesgosos y afecta la imagen del país.

El funcionario comentó que en 2016 hubo al menos 6 millones de visitantes internos, cifra que se espera no baje este año por los daños que ocasionan las lluvias en las carreteras.

Agregó que diciembre es el mes con más afluencia turística y se confía en que en esas fechas el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda haya avanzado con la reparación de los tramos.

El diputado Francisco Tambríz y Tambríz, jefe de la bancada, dijo que hay mucho trabajo por hacer en lo interno del Inguat y en los ministerios involucrados.

“Es lamentable que la carretera de Santiago Atitlán a San Pedro la Laguna, en el departamento de Sololá, se encuentre en pésimas condiciones, además de los asaltos que ocurren a diario”, expresó.

Por su parte, el diputado Sergio Celis comentó: “Nosotros seguiremos fiscalizando, pues tienen presupuesto; hace falta promover el turismo comunitario para beneficiar también al área rural”.

Por Rosemary Recinos.

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El diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala, se reunió este martes con funcionarios de los ministerios de Educación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), así como delegados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el fin de resaltar los beneficios del Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar.

“Lamento que este tipo de noticias no se difundan con algarabía en los medios de comunicación. Este es el primer proyecto verdaderamente social que ha aprobado esta legislatura y estamos orgullosos de haberlo impulsado. Millones de niños son beneficiados con el decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar”, manifestó.

El congresista Flores (Unidad Nacional de la Esperanza -UNE) explicó que la norma en mención, además de cambiar el nombre de refacción a alimentación escolar, incrementa de Q1.11 a Q4 diarios por beneficiario, incorpora menús de nutricionistas e impulsará el consumo de productos prevenientes de la agricultura familiar, para beneficio de al menos 2.5 millones de estudiantes.

Los diputados Víctor Estrada (Movimiento Reformador); Leonardo Camey (independiente) y Julio Lainfiesta (Unión del Cambo Nacional), así como Marleni Matías y Gabriel Heredia (UNE), manifestaron su beneplácito por la nueva ley e indicaron que darán seguimiento a su firme cumplimiento.

Por su parte, los viceministros José Felipe Orellana, del MAGA, y José Moreno, de Educación, se comprometieron a realizar los planes correspondientes para su implementación y garantizar que sea un éxito.

Diego Recalde, representante de la FAO, felicitó esta acción del Congreso de la República por considerar que determina “un verdadero desarrollo para el país”.

Al finalizar, el parlamentario Flores hizo una mención especial al exdiputado Hugo Morán, quien desde el año 2012 redactó el proyecto e inició la lucha para lograr su aprobación.

Por Mayra Recinos.

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Con la finalidad de conocer los protocolos implementados por las fuerzas de seguridad pública en centros hospitalarios, la Comisión de Gobernación del Congreso se reunió con viceministros de Gobernación y Salud, Director del Sistema Penitenciario y Director de la Policía Nacional Civil (PNC), con quienes se discutieron aspectos de seguridad en el traslado de reos.

Según se conoció, en pocos días se firmará el protocolo de seguridad que incluye a ambas carteras y a la de Defensa Nacional, acerca del traslado de privados de libertad y la atención médica que se brinda dentro de los penales, después de los incidentes violentos ocurridos en hospitales en los cuales estuvieron involucrados reos.

Los diputados Napoleón Rojas (Frente de Convergencia Nacional) y Dorian Taracena (Encuentro por Guatemala) cuestionaron que al Hospital General San Juan de Dios aún se sigan llevando de 5 a 8 detenidos por semana, lo cual pone en riesgo al personal y a pacientes, aunque reconocieron que esa práctica ya no ocurre en los hospitales Roosevelt, Nacional de Escuintla y de Santa Rosa.

El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, argumentó que existe mejor coordinación con el Sistema Penitenciario y la PNC, con quienes se revisaron protocolos de seguridad en hospitales y se coordinó que los internos sean atendidos en las clínicas móviles del Ministerio de Salud en los complejos carcelarios de Fraijanes y Preventivo de la zona 18.

Mario Figueroa, viceministro de Salud, afirmó que en las clínicas móviles se pueden hacer incluso exámenes de laboratorio y el abastecimiento está garantizado durante los tres meses próximos.

Por Fernando Bolaños.

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