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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, recibió hoy al titular del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, quien junto a otros funcionarios de la cartera informó sobre la ejecución presupuestaria del presente año y explicó a detalle cómo se pretende invertir el presupuesto que le fue asignado en la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2018.

Según el ministro, el CIV tiene 16 unidades ejecutoras con una proyección de inversión del 71% para este año, y se espera que se le asigne un presupuesto de Q7 mil 289 millones para el año próximo, de los cuales se destinará un 70% para inversión, 15% para mantenimiento y 15% destinado a funcionamiento, con lo cual se pretende impulsar la mejora de carreteras puertos y aeropuertos.

Ante lo expuesto, el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, advirtió que dicho ministerio no ha cumplido con ejecutar su presupuesto durante este año, teniendo únicamente el 35% de ejecución a la fecha y “aún así solicitan una ampliación para el siguiente año”.

Al respecto, el ministro García afirmó que para las próximas semanas se espera avanzar en 58 proyectos de recuperación vial que han sido adjudicados por el CIV, la reconstrucción del tramo carretero que comunica de Cuatro Caminos a Huehuetenango y está por licitarse la reparación del puente Belice, en la ciudad capital.

El parlamentario Ovidio Monzón, de la bancada Todos, hizo ver la necesidad de tener un plan alterno para poder trabajar, de no ser aprobado el presupuesto solicitado, e instó a presentar otra propuesta, tomando en cuenta que los congresistas no quieren aprobar más bonos ni préstamos.

Los integrantes de la Comisión coincidieron con el ministro en que parte de la baja ejecución se debe a lo riguroso de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que analizaron la necesidad de efectuarle cambios y mejoras con un nuevo modelo de ejecución, que permita desembolsar en proyectos de una manera ágil pero manteniendo la transparencia.

Por Fernando Bolaños

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La sala legislativa de Derechos Humanos, presidida por la diputada Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se reunió este día para conocer las modificaciones a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que pretenden presentar ante el pleno.

Al referirse al trabajo previsto, la parlamentaria Sandoval dijo: “Es prioritario para todos los integrantes consensuar las enmiendas a la ley para que podamos presentarlas y que el pleno entre a conocer de inmediato la aprobación de las modificaciones y luego proceder a la elección de los relatores, porque es un tema urgente”.

Entre los cambios que se pretenden efectuar está que sean tres relatores titulares y tres suplente electos por un período de seis años (uno más que lo que se establece actualmente), y que la presidencia tenga una duración de dos años rotativos, en orden de mayor a menor edad.

Asimismo, se impulsará el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para que tenga cobertura nacional, fijando un monto de presupuesto anual para su funcionamiento.

Por Nery Morales

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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que preside la diputada Eva Monte Bac (Alianza Ciudadana), se reunió este miércoles para continuar analizando diferentes iniciativas remitidas por el Pleno.

En primera instancia recibieron a Jorge Luis Borrayo, nuevo titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), con el fin de tener un acercamiento y hablar de temas de interés mutuo, entre ellos la iniciativa 5318, referente al Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias.

Según indicó el diputado independiente Oliverio García Rodas, esta iniciativa merece un análisis exhaustivo, pues representa compromisos que deben ser cumplidos cuando sea suscrito.

“Los países grandes protegen su ambiente, pero ensucian el nuestro; hasta hace algunos años se veían barcazas navegando por el Caribe, viendo dónde podían depositar sus desechos”, dijo García Rodas, por lo que considera indispensable citar a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para conocer su opinión antes de emitir un dictamen.

Ante dicha solicitud, la diputada Monte Bac dijo que para el 25 de este mes citarán a las autoridades del MARN y de las carteras de Comunicaciones y de la Defensa, incluyendo al Viceministerio de Marina y la Dirección General de Navíos.

En otros temas, los congresistas recordaron que desde hace 8 meses trabajan la iniciativa 4485, ley orgánica del servicio diplomático, por lo que propondrán hacer una presentación en la Instancia de Jefes de Bloques para impulsarla y lograr su aprobación.

“Consideramos de suma importancia actualizar nuestra legislación en materia diplomática, pues la actual ley data aproximadamente de los años sesenta”, indicó la parlamentaria Monte Bac.

Por Mayra Recinos

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El diputado Juan Ariel Orozco Mejía (Frente de Convergencia Nacional), este miércoles presentó en la Dirección Legislativa la iniciativa 5365, ley que fomenta y regula el uso de la bicicleta, con la cual se busca que sea considerado como un medio de transporte alternativo y sostenible, que contribuya a la conservación del eco sistema ambiental del país.

Además, se contempla que se limite y erradique la contaminación mediante la emisión de gases para reducir los índices de enfermedades respiratorias y mejorar la salud de los habitantes en general. Al entrar en vigencia se obligará al Organismo Ejecutivo a crear un reglamento que fomente y regule el uso de la bicicleta para que los conductores tengan derechos y obligaciones.

“La bicicleta es un medio que la población utiliza para trasladarse al trabajo y en las grandes ciudades, como las nuestras, donde hay mucho congestionamiento vehicular, es necesario y urgente disminuir la alta contaminación”, aseveró el parlamentario.

El anteproyecto de ley tiene 17 artículos y contempla una serie de disposiciones, como las atribuciones que las municipalidades y las instituciones del Ejecutivo deben implementar sobre el control y regularización del uso y fomento de la bicicleta en todo el territorio.

Por José Castellanos.

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Cuando entre en vigencia la Ley de Alimentación Escolar serán beneficiados 2 millones 400 mil niños y niñas que asisten a 33 mil centros educativos públicos, y el presupuesto para ese rubro subirá a Q1 mil 900 millones (actualmente es de Q700 millones), pues a partir del próximo año se otorgarán Q3 diarios por alumno y en el 2019 serán Q4 diarios (actualmente es de Q1.11 diario).

En la presentación de los desafíos y beneficios de la referida norma el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, manifestó que la niñez que estudia en las escuelas públicas recibirá el 35 por ciento del requerimiento nutricional que necesita por día.

Recordó que la ley fue aprobada por el Congreso el 26 de septiembre y cuenta con el beneplácito del Fondo de las Nacionales Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

“Ha sido de un reconocimiento internacional; hay que resaltar que se incrementa hasta Q4, porque no podíamos concebir que un niño pueda alimentarse con un Q1.11 al día. Además, se promueve la economía local y se mejora la administración de la refacción escolar por medio de las 20 mil organizaciones de padres de familia, con lo cual se beneficia a 2 millones 400 mil niños y niñas que asisten a las escuelas públicas”, afirmó el presidente Chinchilla.

En dicha actividad participaron los diputados que integran el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) Capítulo Guatemala, así como de las comisiones de Salud, Educación y Seguridad Alimentaria.

El delegado de la FAO, Byron González, dijo: “Nos sentimos orgullosos de que esta Ley de Alimentación Escolar sea una realidad. Estamos rompiendo un paradigma de niños desnutridos en este país”.

Jairo Flores (Unidad Nacional de la Esperanza), coordinador del FPH, señaló que es una de las leyes sociales más importantes que ha sido aprobada por el Congreso de la República en los últimos 20 años.

“Significa que pasa de ser un programa de refacción escolar a una ley y asignar más recursos, aunque los Q4 son insuficientes para las demandas de una niñez saludable”, dijo Flores.

Karla Martínez (Alianza Ciudadana), quien preside la Comisión de Salud, expresó: “Todo esfuerzo vale la pena”. Citó las siguientes cifras sobre la situación actual de los menores en Guatemala: el 48.6 por ciento de la niñez guatemalteca padece desnutrición crónica, que equivale a 970 mil niños, 8 mil con desnutrición crónica y 166 muertos por desnutrición aguda en el país durante 2016.

Víctor Estrada (Movimiento Reformador), ponente de la iniciativa, manifestó su satisfacción por la aprobación de la norma y subrayó que los legisladores se pusieron de acuerdo para apoyar una ley que favorece a la niñez “porque un niño desnutrido no es un buen estudiante”.

Por Byron Vásquez.

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El Pleno de diputados aprobó este martes, con 90 votos, la iniciativa de reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de que el nombramiento del Director General de dicha institución no se realice de manera política y se respete la carrera policial, según explicó el diputado ponente, Eduardo Zachrisson (Partido de Avanzada Nacional).

Los artículos modificados son el 22 y 23 de dicha normativa y se establece que el nombramiento del Director General de la PNC lo hará el Ministro de Gobernación, y que los directores adjunto y subdirectores generales serán nombrados también por el mismo funcionario, pero a propuesta del Director General; se determina que deberán ser guatemaltecos de origen, mayores de 30 años y comisarios generales en servicio activo.

Los diputados también aprobaron el Acuerdo 29-2017, mediante el cual se convoca al presidente electo del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Antonio Pineda Barales, para que el jueves 12, a las 10:00 horas, en sesión solemne sea juramentado ante el Pleno.

Este mismo martes, por moción presentada por el parlamentario Ovidio Monzón, del bloque Todos, se aprobó el Acuerdo Legislativo 30-2017 mediante el cual el Congreso de la República reconoce a los guatemaltecos que migraron a Estados Unidos de América y lograron su superación humana y profesional: Erick Solares, Manuel Ortiz, Luis Arturo Alvarado, Wendy Xiomara Castillo, Rosy Rodríguez, Heriberto Barrios, Nestor Villatoro, Fredy López y Allan Putzeys.

La Junta Directiva deberá hacer llegar en plazo inmediato una copia del referido Acuerdo a la Unión de Guatemaltecos Migrantes, para que sea comunicado durante la celebración del día de los guatemaltecos, prevista para el 20 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, Estado de California.

Al no existir quorum suficiente para continuar con el orden del día, el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó para el día jueves 12, a la sesión solemne programada para las 10:00 horas, y posteriormente a la sesión ordinaria.

Por Nery Morales.

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La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso efectuó este día la segunda reunión pública para continuar con el análisis del Proyecto de Presupuesto General del Estado 2018, en la cual se contó con la participación de autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

A la cita acudieron los viceministros Fernando Coronado Castillo y Alfonso Alonzo, quienes informaron sobre el uso que se proyecta dar a los Q163 millones que les fueron asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas en el proyecto de ley general del presupuesto del año próximo.

El funcionario Coronado Castillo indicó que el presupuesto asignado es menor en Q8 millones, comparado con el que les fue aprobado para el presente año. También aseguró que para diciembre se espera tener ejecutado el 85% de los recursos presupuestados.

El diputado Rudy Castañeda, de Unión del Cambio Nacional, cuestionó la baja ejecución en prevención del cambio climático, ya que se han utilizado solo Q9 millones, de Q41 millones disponibles, y el rubro para el año próximo disminuye en Q13 millones.

El congresista Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, objetó el manejo de la cartera en temas de desechos sólidos y la emisión de gases. Asimismo, la legisladora Karla Martínez, de Alianza Ciudadana, afirmó que el ministro ha viajado al exterior en 28 ocasiones sin que se conozca los logros obtenidos.

Al respecto, el viceministro Alonzo detalló que se trabaja en biobardas en cuencas de ríos y se instauraron mesas de discusión del problema de contaminación. También dijo que se impulsa la Política Nacional de Educación Ambiental, la Política Nacional de Desechos sólidos y un nuevo reglamento para emisión de gases de vehículos. El funcionario solicitó al Congreso la aprobación de la ley de aguas.

Por Fernando Bolaños

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La bancada Encuentro por Guatemala, que dirige Nineth Montenegro, en conferencia de prensa entregó un informe relacionado con la ejecución presupuestaria del año 2017 hasta el mes de septiembre, así como sus perspectivas sobre el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, y advirtió la posibilidad de no apoyarlo.

La congresista explicó que “son preocupantes los bajos niveles de ejecución que se presenta la mayoría de instituciones del Estado”, principalmente en los ministerios de Desarrollo Social (25 por ciento), Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (36 por ciento) y Cultura y Deportes (40 por ciento).

Además, indicó que carteras como Gobernación, de Q5 mil 330 millones que le fueron asignados ha gastado el 56 por ciento; Educación, de un monto de Q13 mil 927 millones ha ejecutado un 67 por ciento, y la cartera de Salud, de Q6 mil 897 lleva un 56 por ciento ejecutado.

“Este año el Organismo Ejecutivo nos envió un proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2018 por Q88 mil 623 millones, Q11 millones más que el año pasado; es realmente incongruente que estén pidiendo más dinero cuando no existe la capacidad de ejecutarlo”, dijo Montenegro.

La parlamentaria continuó explicando que de acuerdo con lo establecido en el documento, las autoridades pretenden financiar el presupuesto en un 37.7 por ciento más que el 2017 con Bonos del Tesoro y 30 por ciento más que este año con préstamos externos. “Prácticamente, el 58 por ciento del endeudamiento servirá para pagar deuda”, manifestó.

Montenegro expresó que se pretende dar nuevamente Q20 millones a la Coordinadora del Transporte Urbano, “sin saber a ciencia cierta quien está a cargo de ella”, y existe otra asignación de Q64 millones al Ministerio de Gobernación para gastos no previstos.

“Reitero que no podemos aprobar un presupuesto mayor al del año pasado si no han demostrado la capacidad para ejecutarlo; de no hacerse algunas modificaciones, nuestra bancada no estaría en la disposición de apoyar el proyecto de Presupuesto General 2018”, concluyó la diputada Montenegro.

Por Mayra Recinos.

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Congresistas que integran la Comisión de Salud y Asistencia Social sostuvieron una jornada de trabajo con 41 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de 44 que reciben fondos del Estado y prestan servicios y atención integral en salud.

Los legisladores cuestionaron la baja ejecución presupuestaria que varias de estas entidades llevan a la fecha. Además se dio a conocer que 10 de las organizaciones no contarán con la asignación del presupuesto para el año 2018 por mandato de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que renunciaron a su cargo por los últimos acontecimientos.

Los representantes de las ONG´s respondieron que la tardanza se debe a que los convenios se suscribieron después de los primeros dos meses del año y los desembolsos de los fondos se entregaron en abril del presente año por las autoridades del MSPAS, por lo cual algunas organizaciones solo han ejecutado entre 60 y 70 por ciento del presupuesto total.

\"En la fundación Hepa recibimos a partir del año 2015 un millón de quetzales del Ministerio de Salud y tres millones en donaciones internacionales en el 2017. Hacemos trasplantes de hígado a personas de escasos recursos, además de tratar otras enfermedades. Este año la cartera de Salud nos obligó a elaborar más de 20 veces el Plan de Operación Anual. Estas acciones debilitan la atención a los pacientes y retardan la ejecución de los recursos, y hay otras dos organizaciones que pasaron el mismo problema”, indicó Gabriela Cordero, de Fundahepa.

El diputado Dorian Taracena, del bloque Encuentro por Guatemala, expresó: “Nosotros estamos en la mejor disposición de buscar los recursos financieros, pero queremos que las organizaciones transparenten las acciones financieras y atiendan a las personas de escasos recursos, ya que estaremos fiscalizando trimestralmente a cada una de las fundaciones como a las asociaciones el próximo año”.

La congresista Karla Martínez Hernández, de la bancada Alianza Ciudadana (AC) y presidenta de la Comisión de Salud, al terminar la reunión informó: “Estamos velando para que los fondos del Estado y la población guatemalteca se vean reflejados en los servicios de salud y escuchamos a 41 ONG`s que velan por las personas con diferentes enfermedades. En los próximos días estaremos presentando a los diputados de la Comisión de Finanzas las propuestas concretas para que se les asignen recursos financieros para el año 2018”.

Por José Castellanos

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