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Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales iniciaron el análisis de cuatro iniciativas pendientes de dictamen, las cuales establecen reformas a los decretos 17-73, Código Penal; 55-2010, Ley de Extinción de Dominio; 90-2005, Ley del Registro Nacional de Personas (Renap), y 85-2002, Ley en Materia de Antejuicios.

En cuanto a las modificaciones al Código Penal la propuesta pretende crear figuras delictivas para aplicar penas más severas dentro del orden jurídico, agregando el delito de terrorismo de orden público.

Las reformas al decreto 55-2010 contemplan que los bienes inmuebles obtenidos por actividades ilícitas o delictivas se trasladen también a instituciones educativas, como la Universidad de San Carlos, y de Salud Pública.

“Estamos apoyando que se haga más versátil la Ley de Antejuicios; el objetivo es que se agilicen estos procesos y que haya tiempos perentorios para resolverlos”, manifestó el diputado Javier Hernández, jefe de la bancada Frente de Convergencia Nacional.

Por su parte, el diputado Cornelio García, presidente de la comisión, indicó: “Hay un proyecto que busca ampliar el plazo para que se unifiquen las plataformas tecnológicas del Estado con las del Renap, ya que este venció en el 2016 y se pretende prorrogarlo”.

La intención de la sala es entregar los dictámenes antes de que concluya este periodo legislativo, para que las iniciativas no sean archivadas el próximo año.

Por Rosemary Recinos.

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El pasado 9 de octubre fue electo como segundo vicepresidente del Parlamento Indígena de América (PIA) el diputado por Totonicapán, Marcos Fernando Yax Guinea, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), para un período de dos años, tiempo durante el cual promoverá la participación políticos de indígenas, así como el comercio de la artesanía guatemalteca.

La elección se llevó a cabo en Panamá durante la XVII Asamblea Ordinaria con la participación de 16 delegados de los órganos legislativos que integran el PIA. También se realizó un conversatorio sobre los temas siguientes: cambio climático, biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria.

El legislador Yax dijo: “Obtuve la segunda vicepresidencia del Parlamento Indígena de América y esto significa que Guatemala está abriendo las puertas y la vamos a promover a través de esta instancia que tiene representación de 23 países, desde Canadá hasta Chile”.

Entre su plan de trabajo se encuentra promover los derechos de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. “Hoy como diputado del Congreso de la República, es un honor para mí porque voy a poder promover que se respeten los derechos de nuestros hermanos migrantes que en su mayoría son indígenas y que se encuentran en Estados Unidos. Las estadísticas muestran que casi el 70 por ciento de los migrantes indígenas guatemaltecos han migrado a esta nación del norte”.

El legislador Yax también mencionó que promoverá la participación indígena en la política y su capacitación en el extranjero, tal y como él tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos.

“Queremos promover las artesanías guatemaltecas en otros países con el objetivo de que nuestros connacionales indígenas puedan comercializar sus productos para obtener ingresos económicos”, subrayó el diputado Yax.

La junta directiva del PIA es integrada de la siguiente manera: Ausencio Palacios, de Panamá, como presidente de la entidad; Florence Levy Wilson, de Nicaragua, primer vicepresidente; Marcos Yax, de Guatemala, segundo vicepresidente; y como vocales Flora Aguilar y Richard Charamelo, ambos de Uruguay.

Por Byron Vásquez

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El director ejecutivo de Registro Nacional de la Personas (Renap), Enrique Alonzo Aceituno, se presentó ante la Comisión de Finanzas y Moneda de Congreso de la República con la solicitud de un presupuesto de Q657 millones para el año próximo, y detalló los gastos anuales y necesidades de la institución.

Según el funcionario, el monto solicitado serviría para el pago de personal, servicios básicos, material y suministros, compra de equipos de cómputo y sistemas de captura de datos, ya que los equipos actuales son obsoletos. “Necesitamos adquirir 762 estaciones de captura de datos y 1,580 licencias de Office para lo que requerimos Q57 millones”, explicó.

En la reunión se conoció que el próximo año 2 millones 128 mil nuevos ciudadanos harán uso del Renap, anualmente se emiten 385 mil inscripciones y 5 millones de certificaciones de nacimiento. El Documento Personal de Identificación (DPI) es el que tiene el costo más elevado (Q85), aunque el valor real es de Q115 por cada documento.

Los principales cuestionamientos de los legisladores se centraron en la autosostenibilidad del Renap, lo cual en 10 años de funcionamiento no lo han logrado y no se proyecta a un futuro inmediato, dijo el diputado Félix Ovidio Monzón, de bancada Todos.

El congresista Aníbal Rojas, de Visión con Valores, hizo ver que si el Renap funcionase como empresa privada estaría en quiebra, pues vende un producto más barato de lo que produce. “Año con año solicitan aumento presupuestario sin tener el alcance necesario, como atender guatemaltecos en Estados Unidos, donde trabajan por medio de consulados y no hay oficinas de la dependencia”, concluyó.

ESPACIO PARA LA CULTURA

La comisión también escuchó a los representantes de las entidades Festival Ícaro Internacional, Feria Internacional del Libro (Filgua) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quienes fueron excluidos del presupuesto del Estado para el año 2018, lo cual generó inconformidad entre los diputados.

“Es increíble que entidades tan importantes de beneficio académico para el desarrollo del país hayan quedado fuera del presupuesto. Queremos creer que esto solo fue un error que debemos enmendar”, argumentó el legislador Rudy Castañeda, de Unión del Cambio Nacional.

Para este año Filgua e Ícaro tenían asignado Q1 millón y Flacso Q3 millones 600 mil, pero para el presupuesto estatal del próximo año no fueron tomados en cuenta, expusieron sus representantes.

Por Fernando Bolaños

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Las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), comparecieron este lunes ante la Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloques para exponer la iniciativa 5311, que pretende reformar el Código Procesal Penal, con el propósito de adicionar un título denominado Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos.

La iniciativa fue aprobada por el Pleno de la CSJ el 30 de mayo y remitida inmediatamente al Congreso de la República, donde se envió a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y a la de Reformas al Sector Justicia para su discusión y dictamen.

Según las togadas Dávila y Morales con las modificaciones a la norma se pretende la utilización de mecanismos alternos para la administración de justicia y resolver más casos en menos tiempo, lo cual significaría ahorrarle costos al Estado.

“El hecho de que la persona se declare culpable y acepte los cargos que se le imputan le dará el beneficio de una reducción de la pena y provocará un resarcimiento a las víctimas”, explicó la magistrada Morales.

Los parlamentarios expusieron dudas en cuanto a los beneficios y alcances de la propuesta y se comprometieron a estudiarla con detenimiento antes de someterla a votación.

Por aparte, los directivos y jefes de bloques aprobaron el orden del día para las sesiones plenarias programadas para esta semana: martes y miércoles a las 14 horas.

Entre otros temas, para el martes 17 se incluyó en la agenda la elección de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

También se contempla la elección de catorce magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría.

Por Nery Morales.

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Las congresistas Eva Nicolle Monte Bac y Delia Bac Alvarado, de la bancada Alianza Ciudadana, se reunieron hoy con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que explicaran a qué se debe la reducción de personas beneficiadas con el Programa de Becas Artesanales, en municipios de Chimaltenango.

A la cita acudieron Carlos Vidal López y Francisco Santizo Figueroa, viceministros de Protección Social y de Política, Planificación y Evaluación, respectivamente, quienes fueron cuestionados por el recorte de beneficiarios en los municipios de Santa Apolonia y San Juan Comalapa, mientras Zaragoza continúa con el apoyo de las becas artesanales.

A reunión también acudió Francisco Tepaz, alcalde de Santa Apolonia, quien expresó su preocupación por el recorte de becas en el municipio que representa, y solicitó que se tome en cuenta a las mujeres tejedoras, ya que hay varias aldeas con altos índices de pobreza y dependen del proyecto gubernamental. Además explicó que en esas comunidades se producen más artículos artesanales que en otros lugares.

La diputada Bac Alvarado pidió una explicación a los funcionarios por la decisión tomada, que afecta al menos a cuatro mil mujeres tejedoras, y dijo considerar que “el programa de becas está sesgado, ya que puede haber algún interés en que se beneficie al municipio de Zaragoza”.

El viceministro Vidal López refirió que el proyecto no tiene ningún tipo de sesgo ni de querer beneficiar a nadie. “Nosotros tenemos el criterio que en Chimaltenango y en otros departamentos hay muchos municipios con pobreza y pobreza extrema, pero priorizamos los lugares y solo son cuatro mil becas para este año. Vamos a evaluar la situación”, puntualizó.

La congresista Monte Bac, representante por Chimaltenango, comentó que algunos alcaldes no han recibido una beca artesanal. “En Chimaltenango tenemos más de 10 municipios donde las mujeres se dedican a la tejeduría y las becas se han dado a un municipio donde la artesanía no es su actividad principal. Se ha solicitado el apoyo, pero solo un 30 por ciento de mujeres tejedoras fueron beneficiadas en Santa Apolonia y queremos que se les ayude, puntualizó”.

Al concluir la reunión el alcalde de Santa Apolonia entregó a las autoridades del Mides un listado oficial de la municipalidad con más de tres mil nombres de mujeres tejedoras, quienes están organizadas y que se dedican a las actividades artesanales. El jefe edil dijo que estará a la espera de la ayuda pendiente del presente año.

Por José Castellanos

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Diputados de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional instalaron una mesa de análisis de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, con el propósito de evaluar su implementación y funcionamiento, y plantear posteriormente las reformas que permitan su fortalecimiento.

Esta mañana se escuchó a integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, entre ellos a Óscar Miguel Dávila, viceministro de Gobernación; Manuel Roldán Barillas, viceministro de Relaciones Exteriores; y Manuel Pineda, viceministro de Defensa Nacional, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar esta normativa.

“Hay contradicción de la ley marco con la Constitución Política de la República, al designar el ámbito de seguridad interior al Ministerio de Gobernación”, señaló el funcionario Pineda.

“Estamos recibiendo todos los aportes de las instituciones involucradas, para actualizar esta ley y tener un instrumento de planificación técnica, que permita tener una política de Estado en el ámbito se seguridad, enfocada en prevención y no solo en reacción ante la delincuencia” expresó el diputado Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza y presidente de la sala legislativa.

El parlamentario Enrique Álvarez, de la bancada Convergencia, comentó: “Hay aspectos muy importantes como la carrera profesional, el fortalecimiento institucional, definir con mayor precisión las responsabilidades de las instituciones que integran el Consejo, con la intención de no duplicar esfuerzos y optimizar los recursos”.

Próximamente la comisión recibirá a representantes de la sociedad civil para conocer sus aportes con el fin de modificar la normativa.

Por Rosemary Recinos

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Con la intención de agilizar los trabajos de ampliación de la carretera que va de El Tejar (km.48) hacia Zaragoza (km. 62) en el departamento de Chimaltenango, diputados de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), encabezados por el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, y autoridades ediles de Momostenango, Totonicapán, presentaron en la Dirección Legislativa una iniciativa de ley para liberar el tránsito en el área chimalteca.

La normativa denominada Ley Temporal para la Agilización de la Ejecución del Libramiento de la Cabecera Departamental de Chimaltenango faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que en un plazo no mayor de 30 días, después de la entrada en vigencia de la normativa, pueda realizar un avalúo de no menos de 70 terrenos ubicados en las orillas del libramiento.

Asimismo, 30 días después del avalúo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se encargará de pagar a los propietarios por el derecho de vía de acuerdo con el valor del mercado que se fije en ese momento. De no llegar a un acuerdo con los vecinos, se consignará en un juzgado, lo cual permitirá el avance de la obra.

Carlos Fión, jefe del bloque Creo, aseguró: “La idea de esta ley es facilitar y dotar de los mecanismos para dar celeridad a la conclusión del libramiento, que será de beneficio para Chimaltenango y 6 departamentos más: Sololá, Totonicapán, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango”.

Dicho proyecto vial fue adjudicado en 2014 a la empresa Constructora Nacional, Sociedad Anónima, con un costo de Q312 millones, y cuenta a la fecha con un avance físico del 45 por ciento, según las autoridades municipales de Momostenango.

Por Karen Mendoza

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Durante la audiencia para conocer cómo pretende el Ministerio de Trabajo invertir el monto que le fue asignado en el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2018, diputados de la Comisión de Finanzas y Moneda cuestionaron el recorte de Q11 millones para el programa del Adulto Mayor, así como la solicitud de Q27 millones para poner en funcionamiento el Teleférico de Amatitlán.

A la reunión acudió la titular de la cartera laboral, Aura Leticia Teleguario, quien está solicitando un presupuesto global de Q701 millones para el año próximo.

El diputado Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y presidente de la comisión, le indicó a Teleguario que le interesaba conocer el por qué en la propuesta del presupuesto para el próximo año aparece una reducción en la asignación de recursos al programa del Adulto Mayor.

La titular de la cartera de Trabajo respondió que actualmente el programa tiene asignado Q505 millones para atender a 103 mil beneficiarios. Además se tiene en proceso de trámite 83 mil casos y que a la fecha hay106 mil expedientes de solicitudes acumuladas. También indicó que se hizo una ampliación presupuestaria de Q11 millones, para totalizar Q516 millones.

Agregó la funcionaria que la legislación que regula el programa establece que se le asigne el 1.85 por ciento de lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado, y por ello para el próximo año se están solicitando Q505 millones.

El congresista Rudy Castañeda, de la Unidad del Cambio Nacional, hizo ver a los funcionarios del Ministerio de Trabajo que al hacer el cálculo matemático de los Q400 que recibe cada beneficiario al mes, totaliza los 505 millones anuales, a raíz de ello cuestionó si tenían previsto más recursos financieros para poder agregar los 83 mil casos que están en trámite, y la respuesta fue que no.

El diputado Aníbal Rojas, de Visión con Valores, cuestionó del por qué hay un incremento de Q27 millones en el requerimiento del presupuesto para el 2018, para los centros recreativos que están a cargo de la cartera laborista.

El viceministro de Trabajo, Francisco Sandoval, explicó que del monto total para este rubro, que son Q83 millones, se destinará alrededor de Q48 millones para la recuperación del Teleférico, cuya vida útil está llegando a los 40 años, y por ello se está llevando una consultoría para determinar si el costo de la inversión será para el remozamiento o un cambio total del sistema. Agregó que lo que se pretende es hacer una licitación el año próximo para contratar la empresa que se hará cargo de los trabajos.

También mencionó que hay en proceso 32 licitaciones para el mantenimiento de los centros recreativos que administra la cartera laboral. Añadió que se harán trabajos en el parque Las Ninfas, Amatitlán, y en Casa Contenta, Panajachel, Sololá, debido a que desde hace seis años permanece cerrada y en el 2018 cumple 100 años.

También la Onsec

A la sesión de la comisión de Finanzas y Moneda también compareció el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), Rafael Estuardo Ramírez, quien presentó de forma general la situación de dicha institución sin especificar la forma en que ejecutarán los Q51 millones incluídos en el presupuesto para el 2018.

Lo que generó dudas fue lo relacionado al censo de los 464 mil 965 empleados públicos del Ejecutivo del renglón 011 y entidades descentralizadas, debido a que aún no se conocen los resultados de la prueba piloto que se ejecutó en el primer semestre de este año en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El censo, según detalló Ramírez, busca actualizar los salarios y el perfil del puesto de cada trabajador estatal, porque considera que los sueldos no están acordes por ser muy bajos y por ello las personas profesionales prefieren no laborar en entidades públicas.

Ante la insatisfacción de las respuestas del director de la Onsec, los diputados acordaron volverlo a citar para el 22 de este mes, y que llegue acompañado del gerente del INE, para despejar todas las dudas sobre el censo y el presupuesto programado para este rubro.

Par el lunes próximo se tiene previsto que la comisión escuche la exposición de los funcionarios del Registro Nacional de las Personas, a las 10:00 horas.

Por Byron Vásquez

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La diputada Sofía Hernández, de la bancada Alianza Ciudadana, presentó la iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94, para la creación de la comisión de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el Congreso de la República de Guatemala.

Según explicó la parlamentaria, el objetivo de la propuesta es crear el espacio para que los distintos grupos de la sociedad civil puedan ser escuchados y a la vez crear espacios para el diálogo en temas de interés nacional.

“Hemos visto como los representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil van de un lado a otro tocando puertas para poder ser escuchados. Consideramos que ellos deben tener una participación activa e incidente, por lo que consideramos importante que exista una comisión de esta índole”, indicó la legisladora Hernández.

Agregó que es vital que la comisión sea integrada con un representante de cada uno de los bloques legislativos representados en el Congreso, con el fin de que haya un amplio espacio de discusión.

Para dar vida a la nueva sala de trabajo se propone reformar el artículo 31 de la Ley Orgánica del Legislativo, creando el numeral 39, y se adicionan otros numerales donde se especifica cuales serían las funciones de la comisión y de sus integrantes.

“Con esto reitero mi compromiso de seguir trabajando en favor de los sectores más vulnerables, discriminados y minoritarios del país, para alcanzar un desarrollo social y una democracia justa y más participativa”, concluyó la diputada Hernández.

Por Mayra Recinos

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