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Una serie de denuncias sobre gastos anómalos y fraccionamiento de compras fueron hechas por parlamentarios de Movimiento Reformador, contra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de Inversión Social (Fodes), ante el Subcontralor de la Calidad del Gasto, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Cesar Elías, y representantes del Ministerio Público (MP).

La legisladora Alejandra Carrillo, subjefe de bancada, presentó una investigación en compras que no se sustentaron en la Ley de Contrataciones del Estado, entre las que se encuentran mesas, escritorios, molinos de nixtamal, equipo de cómputo, toneles, tubos de pvc, ponchos y eco filtros, que serían entregados por medio de cupones canjeables por los beneficiarios de los programas de ayuda social.

“Los bienes se adquirieron a través fidecomisos y unos 30 eventos de licitación por valor aproximado a los Q20 millones, que serían entregados a beneficiarios por medio de cupones en blanco, sin que al momento se hayan entregado”, expresó la parlamentaria.

También indicó: “Además hemos encontrado que 63 de las adjudicaciones son a 4 empresas, y el 61por ciento de la inversión se ha efectuado en estas mismas 4 empresas, lo cual se hizo por medio de 39 proyectos en los que no se utilizó la licitación por no llegar a los Q90 mil en un evidente fraccionamiento de compra”.

Ante los señalamientos de los diputados, Cesar Elías, de la CGC, dijo que han recibido denuncias de compras anómalas en el Mides y Fodes, las cuales se estarán plasmando en el informe que esta institución presentará al legislativo el próximo 29 de mayo, acompañado de las denuncias respectivas ante el MP. “Podrían llegar a ser unas 6 denuncias más unos 25 hallazgos que ameritan sanciones pecuniarias en ese ministerio” puntualizó el funcionario.

Elías agregó que también hay hallazgos en la entrega de beneficios económicos denominados “transferencias condicionadas” a unas 8 mil personas, que no se encuentran en pobreza o pobreza extrema, sino que cuentan con empleo en algún ministerio, en la iniciativa privada o son jubilados.

Los parlamentarios Luis Azmitia y Aracely de Chavarría solicitaron a los representantes del MP que inicien una investigación de oficio de lo denunciado, pues las transferencias sobrepasarían los Q2 millones 400 mil mensuales a personas que no lo necesitan, en tanto los productos y ayudas no llegan a las comunidades del interior del país.

Previo a finalizar la reunión y ante la ausencia de funcionarios del Mides, el diputado Jaime Regalado, jefe de bancada, indicó que solicitarán nuevamente la presencia del ministro a cargo del Mides para que aclare la situación y explique las compras que serían anómalas, y que darían lugar a sanciones drásticas.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso inició este viernes la primera fase de revisión de los expedientes presentados por los 31 aspirantes a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en el período 2017-2022.

En la primera fase los parlamentarios identificaron que 4 ciudadanos no cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria publicada el 10 de abril.

Se trata de:

  1. Francisco Armando Martínez Ruiz

  2. Mireya Batun Betancourt

  3. Marta Larez

  4. José Santisteban.

La comisión determinó que a partir del lunes 8 tendrán 3 días para pronunciarse sobre los incumplimientos que se publicarán ese día.

Los aspirantes que sí llenaron los requisitos son:

  1. Israel Tixal Mul

  2. José Alejandro Córdova

  3. Nery Rodenas

  4. Jorge Mario Andrino

  5. Elizabeth Palencia Orelllana

  6. Mynor Custodio Franco

  7. Shayne Ochaeta Argueta

  8. Otto René Navarro

  9. Jorge Luis Borrayo

  10. Claudia María López

  11. Jorge Francisco Marroquín

  12. Álvaro Arturo De León

  13. Óscar Isaac Morales

  14. Ronaldo Enrique Ramírez

  15. Ricardo Alvarado Ortigoza

  16. Franklin Azurdia

  17. Zoila Alicia Villela

  18. Carlos Horacio Castillo

  19. Álvaro Ricardo Cordón

  20. Sonia Elizabeth Montes

  21. María Elena Orellana

  22. Marilis Guendali Ramírez

  23. Marco Antonio Sagastume Gemell

  24. Lilian Magdalena Noriega

  25. Carlos Enrique Culajay

  26. Jorge Alberto González

  27. Augusto Jordán Rodas

Antes de iniciar la revisión de cada uno de los expedientes, los integrantes de dicha sala legislativa firmaron un pacto de transparencia y se comprometieron a no entrevistarse individualmente con ninguno de los aspirantes.

La presidenta de la comisión, Sandra Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional, informó que según el cronograma establecido el 29 de este mes se entregará al Pleno la terna para que elija al nuevo titular de la PDH, lo cual deberá realizarse antes del mes de agosto próximo.

Por Nery Morales

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso inició este viernes la primera fase de revisión de los expedientes presentados por los 31 aspirantes a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en el período 2017-2022. En la primera fase los parlamentarios identificaron que 4 ciudadanos no cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria publicada el 10 de abril.

Se trata de: Francisco Armando Martínez Ruiz Mireya Batun Betancourt Marta Larez José Santisteban. La comisión determinó que a partir del lunes 8 tendrán 3 días para pronunciarse sobre los incumplimientos que se publicarán ese día. Los aspirantes que sí llenaron los requisitos son: Israel Tixal Mul José Alejandro Córdova Nery Rodenas Jorge Mario Andrino Elizabeth Palencia Orelllana Mynor Custodio Franco Shayne Ochaeta Argueta Otto René Navarro Jorge Luis Borrayo Claudia María López Jorge Francisco Marroquín Álvaro Arturo De León Óscar Isaac Morales Ronaldo Enrique Ramírez Ricardo Alvarado Ortigoza Franklin Azurdia Zoila Alicia Villela Carlos Horacio Castillo Álvaro Ricardo Cordón Sonia Elizabeth Montes María Elena Orellana Marilis Guendali Ramírez Marco Antonio Sagastume Gemell Lilian Magdalena Noriega Carlos Enrique Culajay Jorge Alberto Gonzále Augusto Jordán Rodas Antes de iniciar la revisión de cada uno de los expedientes, los integrantes de dicha sala legislativa firmaron un pacto de transparencia y se comprometieron a no entrevistarse individualmente con ninguno de los aspirantes.

La presidenta de la comisión, Sandra Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional, informó que según el cronograma establecido el 29 de este mes se entregará al Pleno la terna para que elija al nuevo titular de la PDH, lo cual deberá realizarse antes del mes de agosto próximo.

Por Nery Morales

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Una serie de denuncias sobre gastos anómalos y fraccionamiento de compras fueron hechas por parlamentarios de Movimiento Reformador, contra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Fondo de Inversión Social (Fodes), ante el Subcontralor de la Calidad del Gasto, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Cesar Elías, y representantes del Ministerio Público (MP).

La legisladora Alejandra Carrillo, subjefe de bancada, presentó una investigación en compras que no se sustentaron en la Ley de Contrataciones del Estado, entre las que se encuentran mesas, escritorios, molinos de nixtamal, equipo de cómputo, toneles, tubos de pvc, ponchos y eco filtros, que serían entregados por medio de cupones canjeables por los beneficiarios de los programas de ayuda social. “Los bienes se adquirieron a través fidecomisos y unos 30 eventos de licitación por valor aproximado a los Q20 millones, que serían entregados a beneficiarios por medio de cupones en blanco, sin que al momento se hayan entregado”, expresó la parlamentaria. También indicó: “Además hemos encontrado que 63 de las adjudicaciones son a 4 empresas, y el 61por ciento de la inversión se ha efectuado en estas mismas 4 empresas, lo cual se hizo por medio de 39 proyectos en los que no se utilizó la licitación por no llegar a los Q90 mil en un evidente fraccionamiento de compra”.

Ante los señalamientos de los diputados, Cesar Elías, de la CGC, dijo que han recibido denuncias de compras anómalas en el Mides y Fodes, las cuales se estarán plasmando en el informe que esta institución presentará al legislativo el próximo 29 de mayo, acompañado de las denuncias respectivas ante el MP. “Podrían llegar a ser unas 6 denuncias más unos 25 hallazgos que ameritan sanciones pecuniarias en ese ministerio” puntualizó el funcionario. Elías agregó que también hay hallazgos en la entrega de beneficios económicos denominados “transferencias condicionadas” a unas 8 mil personas, que no se encuentran en pobreza o pobreza extrema, sino que cuentan con empleo en algún ministerio, en la iniciativa privada o son jubilados.

Los parlamentarios Luis Azmitia y Aracely de Chavarría solicitaron a los representantes del MP que inicien una investigación de oficio de lo denunciado, pues las transferencias sobrepasarían los Q2 millones 400 mil mensuales a personas que no lo necesitan, en tanto los productos y ayudas no llegan a las comunidades del interior del país. Previo a finalizar la reunión y ante la ausencia de funcionarios del Mides, el diputado Jaime Regalado, jefe de bancada, indicó que solicitarán nuevamente la presencia del ministro a cargo del Mides para que aclare la situación y explique las compras que serían anómalas, y que darían lugar a sanciones drásticas.

Por Fernando Bolaños

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La diputada Marleni Matías, presidenta de la Comisión de la Mujer y representante por Baja Verapaz, citó a José Guillermo Moreno, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y a Edgar Leonel Arizpe, director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), para analizar la ejecución de los programas y proyectos orientados a beneficiar a las mujeres de dicha región. “Nos preocupan los recortes que se han hecho a algunos programas para las mujeres en el área rural, así como la construcción de un centro de capacitación en San Miguel Chicaj, que quedó inconcluso”, señaló la parlamentaria Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza. “Estamos censado a más de 65 mil familias en esas comunidades y digitalizando los datos para actualizar el padrón de los programas sociales, para realizar la primer entrega del bono condicionado de salud y educación”, respondió Moreno.

Agregó que hay 22 mil proyectos inconclusos a nivel nacional, por el cierre del Fondo Nacional para la Paz, “debido a un vacío legal que nos impide continuar”.

Entre esos proyectos se encuentran centros de capacitación, puentes, escuelas, carreteras, centros de salud y hospitales, muchos de los cuales quedaron en obra gris, pero se busca la forma legal que les permita retomarlos. “Es lamentable que Baja Verapaz no sea prioridad para el Mides; no hay programas específicos, por lo que pedimos que se priorice nuestro departamento, ya que forma parte del corredor seco”, afirmó la legisladora.

Por Rosemary Recinos.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en un informe del 28 de febrero de 2017, asegura que las instalaciones del Congreso se encuentran expuestas a una “amenaza latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, social-natural o antropogénico, puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en las personas”.

El documento establece que “estas condiciones representan una gran debilidad (de mediana a alta) y de funcionalidad” por ser el Legislativo un edificio público en donde se aglutinan personas para manifestar sus inconformidades. En las conclusiones el informe establece que en la actualidad algunas áreas, por la cantidad de años que tiene el Congreso de haber sido construido y la falta de mantenimiento, “hacen que el mismo no cuente con las condiciones ideales para su funcionamiento”.

Este informe ratifica el que hizo la Conred en octubre de 2001 sobre las condiciones de susceptibilidad estructural del Legislativo, en conjunto con la Asociación Guatemalteca de la Ingeniería Estructural, Universidad del Valle de Guatemala y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

En esa ocasión se determinó que “el hemiciclo presenta vulnerabilidad significativa y riesgo sísmico significativo, por falta de mantenimiento, alta irregularidad por la altura del hemiciclo y la biblioteca, media irregularidad en planta con su configuración arquitectónica, colisió

n con colindancia norte y los demás edificios por falta de juntas adecuadas”.

Por Byron Vásquez

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Diputados que integran la comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso realizaron un taller y firmaron un pacto de salud integral de la mujer, con la participación de distintas organizaciones civiles y del Estado que trabajan en temas relacionados con las mujeres guatemaltecas.

Durante el acto se recordó que en la Conferencia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Viena, en junio de 1993, se estableció que los derechos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, por lo cual se deben elaborar estrategias para procurar su bienestar.

En el pacto de salud integral de la mujer firmado, se hace un llamado a las organizaciones a asumir compromisos con responsabilidad, así como promover acciones y buscar estrategias para evitar más muertes de mujeres por falta de atención en salud.

“Como presidenta de la Comisión de Salud, espero que luego de realizar este taller se puedan implementar las estrategias y que la salud llegue a todas niñas y mujeres guatemaltecas” enfatizo la diputada Karla Martínez, de Alianza Ciudadana.

El congresista Julio Lainfiesta, de Unión del Cambio Nacional, vicepresidente de la sala de trabajo, en su discurso de inauguración destacó su compromiso, para apoyar las estrategias con el fin de que las mujeres tengan acceso seguro a la salud.

Por Karla Herrera

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La diputada Sandra Morán, jefa del bloque Convergencia, acompañada de representantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI), y asociaciones de diversidad sexual, entregaron en Dirección Legislativa la iniciativa de ley para sancionar los crímenes por prejuicio, que modifica el Código Penal por medio del numeral 18 de los artículos 27 y 202 bis.

Se tipifican delitos por diferentes actos de discriminación de personas por expresión de género, orientación sexual, identidad, raza, etnia, idioma, religión, situación económica y discapacidad, entre otros.

“Es una ley que sanciona duramente los delitos de violencia sexual. Se aplicará como una acción agravante la lesión o agresión a una lesbiana, gay u homosexual y el asesinato de los individuos trans. Estas son las diferentes acciones violentas que se quieren castigar reformando el código penal, ya que son personas a las que se les debe de respetar sus derechos humanos”, expresó la diputada Morán.

Stacy Velásquez, representante de la Otrans/Redlactrans explicó que a partir de los años 80 se han venido incrementando en el país las malas acciones contra las personas por su orientación sexual o identidad de género. “Esto se visibilizo en el año 2011 en la publicación del informe Crímenes de Odio”, indicó.

Agregó que las últimas estadísticas de 2015, “de pleno conocimiento de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, se demuestra que Guatemala no es un país seguro para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Esto ha hecho que emigren a otras naciones para resguardar su integridad”, afirmó.

Por José Castellanos

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Este jueves, en sesión plenaria, se dio inició a la interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García Morales, quien es el primer funcionario del Ejecutivo citado al pleno de esta octava legislatura.

Antes de ingresar García, los diputados presentes no aprobaron la solicitud que él hizo para que le permitieran ingresar acompañado de viceministros y asesores, lo cual generó una serie de debates a favor y en contra.

Ya ubicado el ministro dentro del hemiciclo y tras ser juramentado, el diputado interpelante, Álvaro Velásquez (independiente), explicó al pleno las causas por las que se llevaba a cabo dicho juicio político, destacando entre ellas el deterioro de toda la red vial del país, la baja ejecución presupuestaria y la corrupción en los proyectos a cargo de esa cartera.

Con la presencia de más de 100 estudiantes de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, de Coatepeque, Quetzaltenango, el congresista Velásquez realizó la primera de 26 preguntas básicas, concerniente al presupuesto general de la cartera del CIV. No obstante, al iniciar a dar respuesta el ministro García, representantes de varias bancadas procedieron a retirarse del pleno.

Al romperse el quórum, el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, procedió a levantar la sesión y convocó para el martes 9 del presente mes para continuar con la interpelación.

El artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su párrafo tercero, señala que si la interpelación durare más de dos sesiones, el Congreso programará una sesión adicional, en cualquier día de la semana, en la cual se podrán programar temas de agenda legislativa incluyendo la interpelación en curso.

Nery Morales

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