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En atención a denuncias recibidas, la diputada Alicia Dolores Beltrán, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso, se reunió con María Eugenia Barrios, Viceministra Administrativa de Educación y representantes de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu para conocer los avances en el proceso de contratación de maestros de telesecundaria.

“Nosotros queremos conocer qué sustento legal utilizaron para la regularización de las plazas de telesecundaria, ya que me preocupa las condiciones de los maestros, principalmente del departamento de Retalhuleu,” indicó la congresista, del Movimiento Reformador.

La viceministra Mejía refirió que el proceso está abierto en toda la República y hay avances en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango y Sololá. “El acuerdo ministerial (No. 2165-2017) se está respetando porque es una norma que tiene establecidas las directrices del ministro de Educación hacia los maestros de telesecundaria y son ellos mismos los que decidirán, ya que hay un estudio de la demanda docente y será el ministerio el que someterá a oposición los puestos y cargos necesarios, explicó la funcionaria”

En la reunión participaron líderes comunitarios, quienes también solicitaron maestros de preprimaria y primaria, ya que aseguran que en escuelas de Retalhuleu y Quetzaltenango uno o dos maestras atienden hasta 100 alumnos, lo cual impide el aprendizaje de los menores.

La diputada Beltrán mostro su preocupación porque hay comentarios del posible cierre de institutos de Educación Básica en Retalhuleu, por lo cual solicitó un informe de las autoridades educativas para darle seguimiento.

Por José Castellanos

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La diputada Alicia Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador, se reunió con Omar Polanco, director de Infraestructura Productiva, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para fiscalizar los proyectos de riego en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez.

A la convocatoria también asistieron líderes comunitarios de dichas regiones, quienes reclaman que se agilicen los procesos para el otorgamiento de créditos dentro del programa de riegos y miniriegos, ante la necesidad de los pequeños y medianos agricultores.

“En este momento tenemos 600 proyectos, con estudios y papelería completa, pendientes de desembolso, sin embargo la demora se debe a problemas administrativos con el Banco de Desarrollo Rural, que maneja el fideicomiso, y señalan que debido a cambio de personal de las agencias y falta de agentes de crédito especializado en estos procesos, se ha producido el atraso”, afirmó el funcionario Polanco.

Y agregó: “Ayer le mandamos al ministro Mario Méndez un oficio para considerar y analizar el cambio de entidad bancaria, ya que no es posible que por esta ineficiencia se perjudiquen los intereses de los guatemaltecos más necesitados y se retrase la ejecución del ministerio”.

Al respecto, la legisladora Beltrán expresó: “Lo que queremos es agotar el diálogo, antes de que los comunitarios tomen otras medidas. Invitaremos a los representantes de este fideicomiso la próxima semana para analizar esta problemática y encontrar una solución”.

Por Rosemary Recinos

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El pleno del Congreso eligió hoy con 92 votos a favor a Elvia Yolanda Álvarez Veliz, y con 86 votos a Mario Rolando Sosa, como representantes titular y suplente, respectivamente, ante el Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap).

El Acuerdo 32-2017 establece que los elegidos culminarán su período el 20 de febrero de 2019 y fueron juramentados por el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla.

El 17 de enero los diputados eligieron a Calixto Raúl Monzón y a Elvia Yolanda Álvarez como representantes titular y suplente ante el Renap, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección ante un amparo interpuesto.

Durante la sesión plenaria, los diputados también aprobaron el Acuerdo 31-2017, mediante el cual se confiere la condecoración del Soberano Congreso Nacional, en el grado de Caballero, a Jorge Alfredo Vega, por haber alcanzado Medalla de Oro en la Copa del Mundo de Gimnasia, realizada en París, Francia; y a Juan Carlos Sagastume, por haber obtenido el primer lugar en la Copa Mundial de Ultratriatlon, que se realizó en Virginia, Estados Unidos de América.

Asimismo, los congresistas aprobaron en tercer debate el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley del registro nacional de agresores sexuales y banco de datos genéticos.

Al no existir quórum para continuar con el orden del día, el presidente Chinchilla levantó la sesión y convocó a reunión de la Instancia de Jefes de Bloque para el próximo lunes 23, a las 12:00 horas.

Por Nery Morales

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Preocupados por el “poco avance” en el tratamiento a las víctimas del conflicto armado interno, integrantes de la Comisión de Educación del Congreso se reunieron este miércoles con funcionarios del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), de la Secretaría de la Paz y representantes del municipio de Ixcán, Quiché, del departamento de Petén y de la Costa Sur, con el fin de agilizar la entrega de dicha reparación.

La reunión fue convocada por la parlamentaria Alicia Dolores Beltrán (Movimiento Reformador), representante por el distrito de Retalhuleu.

Otoniel Fernández, titular del PNR, explicó que hay avances en dotar de capacidad instalada en las sedes regionales, con profesionales que atienden a los afectados, pero es necesario que los beneficiarios completen los expedientes para que puedan ejecutarse los distintos programas de compensación.

“Para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 258-2003, mediante el cual se le da vida al PNR, es imprescindible que en estas sedes se cuente con los instrumentos técnicos o guías para la conformación de los expedientes, pues muchos de ellos datan del 2013 y se encuentran incompletos”, agregó el funcionario.

Fernández detalló que otra de las dificultades es que la mayoría de los afectados carece de los documentos de identificación. “Esta situación la hemos solventado con la firma de un convenio interinstitucional con el Registro Nacional de las Personas, que ha permitido hacer la primera jornada de identificación en el municipio de Nentón, Huehuetenango”, dijo.

Por su parte, el representante de los comunitarios, Sergio Con, afirmó que procederán a completar los requisitos para la restitución en su modalidad material, que comprende los rubros de vivienda y proyectos productivos como la crianza de ganado y la siembra de arroz.

Finalmente, la congresista Beltrán indicó que darán seguimiento al proceso. “Continuaremos dando acompañamiento a los pobladores, porque este es un derecho que los asiste desde la firma de los Acuerdos de Paz, y que beneficiará a no menos de 1 mil 400 familias de estas comunidades”, puntualizó.

Por Karen Mendoza

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En su reunión del mes de octubre, la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado independiente Oliverio García Rodas, escuchó la propuesta del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), Rafael Estuardo Martínez, para reformar la Ley de Servicio Civil.

Según la Onsec, se busca que las contrataciones del Estado sean basadas en la meritocracia.

“La propuesta de reformas a la ley del servicio civil busca ordenar el tema de la burocracia en el país, evitar los abusos, los nombramientos por ocasión y el mal uso de algunos renglones como 029, 022 o los renglones 03. Así como se han aprobado las leyes de la Carrera Judicial y de la Carrera de los Fiscales del Ministerio Público, necesitamos la dignificación del empleado público y dejar sentadas las bases de la meritocracia en Guatemala”, dijo el diputado García Rodas.

Durante la reunión, la instancia también escuchó las propuestas para modificar la Ley de Amparo, la cual se discute en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“Con dichas reformas se busca evitar que una garantía constitucional sea utilizada como mecanismo para entorpecer, proyectos porque ese no es el objetivo de un amparo”, dijo el legislador.

Según el diputado, la instancia tiene programado que en no más de un mes tendrán un texto definitivo para que llegue al pleno del Congreso.

La próxima reunión de la mesa será el 8 de noviembre, cuando se abordará una nueva reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil y el denominado Programa de Reos Olvidados.

Por Antonio Ordoñez

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La Comisión del Menor y la Familia conoció este día la proyección del presupuesto con enfoque de los derechos de la niñez y adolescencia, en donde al menos 10 entidades presentaron sus compromisos que asumirán para el año 2018, y de ellas cinco no presentaron información presupuestaria.

Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y presidente de la sala de trabajo, indicó que después de conocer los datos presupuestados para la niñez y la adolescencia solicitará a la Comisión de Finanzas y Moneda los requerimientos de las instituciones con la finalidad de que los tomen en cuenta al momento de emitir el dictamen del presupuesto general del Estado para el año próximo.

Mónica Mazariegos, de la mesa técnica del presupuesto con enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, llevó a cabo la presentación de las cifras y los compromisos asumidos por cada entidad y las cifras de los recursos financieros para su cumplimiento.

El Ministerio de Finanzas Públicas ha asumido el compromiso de brindar capacitación en los temas específicos de compras del Estado y presupuesto por resultados a las instituciones públicas cuyo presupuesto cuente con un enfoque de los derechos de la niñez y adolescencia y para ello tiene proyectado destinar Q7.6 millones.

La cartera de Salud Pública y Asistencia Social, tiene el compromiso de que un 80 por ciento de niñas y niños menores de 1 año de edad, que viven en los 166 municipios priorizados, sean vacunados. Se pretende dar cobertura a un 50 por ciento de la niñez, para ello requiere un presupuesto de Q492.2 millones.

El Ministerio de Educación, a través del Plan Estratégico de Educación 2016-2020, contempla el fortalecimiento de los programas y proyectos escolares, y lo dividen en dos áreas, como el subsistema escolar que es de Q61.2 millones; el subsistema extraescolar Q41.6 millones; y al hacer la sumatoria totaliza Q102.8 millones.

Mientras tanto, el Ministerio de Cultura y Deportes, solo señala que pretende atender en actividades deportivas y recreativas a 39 mil niños y adolescentes, y no se cuenta con ninguna cifra presupuestada para ello.

El Ministerio Público tiene como compromiso la creación de cuatro agencias de la Niñez y Adolescencia, para este rubro requiere de un monto de Q18.9 millones. En lo que concierne al Ministerio de Trabajo, dicha entidad no presentó compromisos ni cifras de recursos financieros.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, tiene el compromiso de articular acciones de prevención y atención adecuada a víctimas de la violencia sexual, de explotación y trata de personas, para ello requiere de Q11 millones.

En el caso de la Secretaría de Bienestar Social, por su estructura cuenta con tres subsecretarías y desarrolló un compromiso para cada una de ellas. El primer compromiso es atender durante 11 meses del año a la niñez y adolescencia que se encuentra en pobreza y pobreza extrema que vive en el sector donde se encuentra el centro de atención integral, para ello tiene presupuestado Q491 mil 067 y para la contratación de recursos humanos Q749 mil, lo que hace un total de Q1.2 millones.

Para la siguiente subsecretaría, el compromiso consiste en brindar educación a adolescentes en conflicto con la Ley Penal a través de programas de educación de primera, básicos y diversificado, así como educación acelerada por correspondencia, para esto se requieren Q400 mil y para la contratación de personal Q915 mil, totalizando Q1.3 millones.

La tercera subsecretaría tiene previsto ejecutar el compromiso de desinstitucionalizar los niños y adolescentes que están bajo la cobertura del Estado, y para ello se necesitan Q8 millones.

Mientras tanto, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, se ha comprometido con reducir la desnutrición aguda en el país en los menores de 6 años de edad, y facilitar la atención educativa a los niños y niñas en educación inicial, no presentó cifras de recursos financieros.

La Procuraduría General de la Nación, asumió como compromiso intervenir y proteger a los 19 mil 500 niños y adolescentes que se encuentran en vulneración de sus derechos, así como aumentar la cantidad de casos resueltos que se encuentran en proceso de judicialización, no registra ninguna cifra presupuestada.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, tiene el compromiso de contribuir a supervisar a las instituciones que conforman el sistema integral de protección de la niñez y adolescencia para que garantizar sus derechos, y no menciona cifras de recursos financieros.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República escuchó las pretensiones presupuestarias para el año próximo y ejecución anual de los Ministerios de Desarrollo Social (Mides) y Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en la sesión pública de análisis efectuada este miércoles.

El titular del Mides, Ennio Galicia, presentó el detalle del presupuesto solicitado, aunque ante consulta de diputados dijo no estar conforme con el monto, el cual fue elaborado por el anterior ministro, por lo cual la comisión le solicitó enviar su borrador presupuestario el lunes próximo.

La cartera cuenta con un presupuesto de Q923 millones para el presente año y solicitó un aumento de Q286 millones para 2018. No obstante, la ejecución presupuestaria fue seriamente cuestionada por congresistas al demostrar que únicamente se ha utilizado un 26.8 por ciento de lo asignado. “No es posible que con tan baja ejecución soliciten un aumento”, expresó el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Otros legisladores solicitaron transparentar el programa de entregas económicas condicionadas, pues actualmente no se ha pagado ante la falta de un censo, lo cual da lugar a irregularidades al no haber registros actualizados. Al respecto, los congresistas Aníbal Rojas (Visión con Valores) y José Conrado García (independiente) aceptaron que hay una acometida sistemática de la Contraloría General de Cuentas contra las compras de las instituciones propiciando una parálisis gubernamental, lo cual hace urgente modificar la Ley de Compras del Estado.

El ministro indicó que a la fecha 40 mil familias han recibido el beneficio económico y para fin de año se incluirán 153 mil más que se encuentran evaluando, lo cual hará que en los últimos meses se eleve el gasto del ministerio, proyectando una ejecución final de 77%.

Agricultura pide mayor asignación

En la segunda parte de la reunión se escuchó la solicitud efectuada por el titular del MAGA, Mario Méndez Montenegro, quien pidió una asignación de Q2 mil 89 millones, aunque solamente le fueron otorgados por el Ministerio de Fianzas Q1 mil 388 millones, habiendo un diferencial de Q701 millones.

El funcionario hizo ver que este año se otorgó el presupuesto más bajo de los últimos 12, con Q1 mil 85 millones, por lo que recibió transferencias de Q540 millones para poder cumplir con sus programas, ello a pesar de ser el ministerio que cuenta con la mayor ejecución proyectada para 2017, la que superará el 92%.

Respecto al trabajo ministerial, los legisladores cuestionaron la poca accesibilidad a los sistemas de riego en algunos departamentos, poco interés de intercambiar experiencias en materia de cultivos con Israel, y las complicaciones en la forma de distribuir fertilizantes y suministros para agricultores cuyas cosechas están en riesgo. Finalmente se le instó al Ministro a trabajar en el combate del hambre en los lugares afectados por el cambio climático.

Por Fernando Bolaños

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En reunión conjunta de los diputados que integran la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH) Capítulo Guatemala, este miércoles analizaron las enmiendas a la iniciativa 4947, ley de agricultura familiar para el fortalecimiento a la economía campesina, la cual se encuentra en discusión en su segundo debate.

A la actividad parlamentaria acudió Mario Méndez Montenegro, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Carmen Abril, viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas, y Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Guatemala, así como expertos locales e internacionales en temas de la materia.

Durante la reunión escucharon a Fátima Brandalise, experta internacional en agricultura familiar, quien expuso la importancia que tiene la normativa en las comunidades rurales donde existe pobreza y pobreza extrema, además del avance socioeconómico, desarrollo financiero e implementación en las áreas rurales pobres de Brasil, Argentina, Perú y Bolivia.

En el análisis se discutió la asignación presupuestaria para la normativa cuando entre en vigencia, registro único de usuarios del programa de agricultura familiar, implementación de las compras públicas de alimentos de origen agrícola y pecuario, reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los efectos del cambio climático en las comunidades en pobreza extrema de Guatemala, entre otras consideraciones.

El diputado Jairo Flores (Unidad Nacional de la Esperanza) coordinador del (FPH) mencionó: “Es una iniciativa de importancia nacional que va de la mano con la Ley de Alimentación Escolar aprobada recientemente; como diputados debemos impulsarla en las bancadas a las que pertenecemos para que tenga los votos necesarios y aprobarla para el beneficio de las personas que viven en las comunidades pobres, donde hay hambre y desempleo”.

“Creemos mucho en Guatemala, creemos en que se puede salir de la pobreza y el hambre, creemos en esta ley como un medio para lograrlo; esto no es dar dádivas, es construcción, desarrollo y salir de la pobreza mediante un empleo digno, producción, mercadeo e integración de las cadenas de valor. A eso se le está apuntado; aquí ganan el país y la gente pobre”, destacó el representante de la FAO.

El congresista Nery Samayoa (Movimiento Reformador) presidente de la sala de Agricultura refirió que con la aprobación de la ley se verán beneficiadas las familias de los agricultores y campesinos de las áreas rurales. “Lo que queremos es que el Ministerio de Agricultura ya no regale cupones sino que entregue los alimentos en donde se requieren, donde hay desnutrición y pobreza; ya es hora que a las comunidades se les atienda como debe de ser”, puntualizó.

Por José Castellanos.

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La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, recibió a dirigentes del Sindicato de Ciegos Unidos de Agentes Vendedores de Lotería Santa Lucía, quienes le solicitaron mediar por ellos para que de nuevo sean autorizados para vender números de la lotería, ya que desde hace 16 meses fueron suspendidos.

Asimismo, pidieron a los legisladores revisar el decreto 577, que le da vida a Lotería Santa Lucía, y retomar la iniciativa 4496, presentada por la congresista Nineth Montenegro en el año 2012, con el fin de garantizar la participación activa en la gestión de programas y servicio en beneficio de las personas ciegas y sordas.

El presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Salanic, de la Unidad Nacional de la esperanza, indicó que con base en las denuncias recibidas por personas que gozan de un derecho que está regulado en el decreto 577 y que establece un beneficio para los no videntes, se solicitará a la Contraloría General de Cuentas que envié resultados de su última auditoría e invitarán a los directivos de la Lotería Santa Lucia.

El congresista Salanic dijo que deben legislar para que las personas no videntes y de la tercera edad se beneficien. “Quisiéramos ver si se están distribuyendo los recursos de acuerdo al reglamento y si se mantiene el espíritu del decreto. Vemos que se están prestando algunos servicios y que a la fecha los están cobrando, por eso será importante el trabajo de la Contraloría”, explicó.

En otro tema, el diputado Salanic indicó que la Comisión que preside trabaja sus propias enmiendas a la inactiva numero 5125 (ley de personas con discapacidad), ya que hay dos propuestas: la que trabajó la mesa paralela, creada por la Instancia de Jefes de Bloque, y las propuestas enviadas por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).

Por Fredy López

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