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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque decidió este lunes que se efectuarán plenarias los días martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana, tomando en cuenta que el lunes 15 finalizará el primer período ordinario de sesiones del año.

El martes 9, a las 14:00 horas, continuará la interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, por parte del diputado independiente Álvaro Velásquez, quien aceptó que el funcionario se haga acompañar de sus asesores y ofreció finalizar el interrogatorio en esa misma sesión plenaria.

El día miércoles 10 habrá otra reunión de la Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque para aprobar el orden del día de las sesiones de jueves 11 y viernes 12. Posteriormente se llevará a cabo la plenaria definida para continuar la discusión y aprobación de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia.

Para dicha sesión se aprobó permitir el ingreso de personas a observar el desarrollo, pero se extremarán las medidas de seguridad para evitar altercados como los registrados en las sesiones anteriores. “Dichas medidas consisten en limitar el ingreso de las personas que están en favor y en contra a un máximo de 80 visitantes, de manera equitativa para ambos bandos”, dijo el diputado Walter Félix, del bloque Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

En la reunión de este lunes los parlamentarios también recibieron al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, quien solicitó se incluya en la agenda la iniciativa que dispone aprobar la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que excluiría a Guatemala de la lista de países llamados paraísos fiscales.

Finalmente, escucharon al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, quien pidió que se aprueben las reformas propuestas a la Ley de Contrataciones del Estado en materia de compras directas, así como la iniciativa 52-63, que modifica la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y la iniciativa 52-52, que pretende modificar la Ley del Impuesto al Valor agregado.

Por Nery Morales

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La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado Óscar Arturo Argueta Mayén, de la Unidad Nacional de la Esperanza, como parte de las propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Políticos (LEPP), acordó unificar el Código Único de Identificación (CUI) con el número de empadronamiento.

Se propone la reforma del artículo 8, en el cual se indica que las personas al cumplir 18 años deberán solicitar al Registro Nacional de las Personas su Documento de Identificación personal (DPI), y el CUI será el mismo que corresponda al número de empadronamiento.

Con el CUI, el Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), efectuará la respectiva inscripción automáticamente y por lo tanto la persona quedará empadronada y apta para emitir sufragio.

Dicha sala de trabajo también estuvo de acuerdo en la modificación del primer párrafo de la literal a) del artículo 19, el cual establece que para el funcionamiento de los partidos políticos, estos deben contar con 0.50 por ciento del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional utilizado en las últimas elecciones.

Otro punto de acuerdo fue adicionar el artículo 33 bis al decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, el cual queda así: "Prohibiciones del Secretario General. Ningún familiar del Secretario General dentro de los grados de ley puede participar en cargos de elección popular o cargos de partido”. Asimismo, si la intención del Secretario General es buscar un cargo de elección popular, tendrá que renunciar 30 días previos a la convocatoria a elección.

Los miembros de la Comisión también estuvieron de acuerdo en que el TSE debe contar con una mayor fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, ya que actualmente es un órgano independiente que goza de autonomía constitucional y esto complica su fiscalización.

Se espera que el próximo miércoles se pueda avanzar en la revisión de las propuestas y los cambios planteados en esta Comisión, ello previo a iniciar las mesas de trabajo con sectores de la sociedad civil.

Por Fredy López

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La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado Óscar Arturo Argueta Mayén, de la Unidad Nacional de la Esperanza, como parte de las propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Políticos (LEPP), acordó unificar el Código Único de Identificación (CUI) con el número de empadronamiento. Se propone la reforma del artículo 8, en el cual se indica que las personas al cumplir 18 años deberán solicitar al Registro Nacional de las Personas su Documento de Identificación personal (DPI), y el CUI será el mismo que corresponda al número de empadronamiento.

Con el CUI, el Registro de Ciudadanos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), efectuará la respectiva inscripción automáticamente y por lo tanto la persona quedará empadronada y apta para emitir sufragio. Dicha sala de trabajo también estuvo de acuerdo en la modificación del primer párrafo de la literal a) del artículo 19, el cual establece que para el funcionamiento de los partidos políticos, estos deben contar con 0.50 por ciento del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional utilizado en las últimas elecciones.

Otro punto de acuerdo fue adicionar el artículo 33 bis al decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, el cual queda así: \\\\\\\"Prohibiciones del Secretario General. Ningún familiar del Secretario General dentro de los grados de ley puede participar en cargos de elección popular o cargos de partido”.

Asimismo, si la intención del Secretario General es buscar un cargo de elección popular, tendrá que renunciar 30 días previos a la convocatoria a elección. Los miembros de la Comisión también estuvieron de acuerdo en que el TSE debe contar con una mayor fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, ya que actualmente es un órgano independiente que goza de autonomía constitucional y esto complica su fiscalización. Se espera que el próximo miércoles se pueda avanzar en la revisión de las propuestas y los cambios planteados en esta Comisión, ello previo a iniciar las mesas de trabajo con sectores de la sociedad civil.

Por Fredy López

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque decidió este lunes que se efectuarán plenarias los días martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana, tomando en cuenta que el lunes 15 finalizará el primer período ordinario de sesiones del año. El martes 9, a las 14:00 horas, continuará la interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, por parte del diputado independiente Álvaro Velásquez, quien aceptó que el funcionario se haga acompañar de sus asesores y ofreció finalizar el interrogatorio en esa misma sesión plenaria. El día miércoles 10 habrá otra reunión de la Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque para aprobar el orden del día de las sesiones de jueves 11 y viernes 12.

Posteriormente se llevará a cabo la plenaria definida para continuar la discusión y aprobación de las reformas constitucionales en materia del Sector Justicia. Para dicha sesión se aprobó permitir el ingreso de personas a observar el desarrollo, pero se extremarán las medidas de seguridad para evitar altercados como los registrados en las sesiones anteriores. “Dichas medidas consisten en limitar el ingreso de las personas que están en favor y en contra a un máximo de 80 visitantes, de manera equitativa para ambos bandos”, dijo el diputado Walter Félix, del bloque Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

En la reunión de este lunes los parlamentarios también recibieron al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, quien solicitó se incluya en la agenda la iniciativa que dispone aprobar la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que excluiría a Guatemala de la lista de países llamados paraísos fiscales.

Finalmente, escucharon al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, quien pidió que se aprueben las reformas propuestas a la Ley de Contrataciones del Estado en materia de compras directas, así como la iniciativa 52-63, que modifica la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y la iniciativa 52-52, que pretende modificar la Ley del Impuesto al Valor agregado.

Por Nery Morales

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En seguimiento a la suspensión de todas las competiciones internacionales del fútbol guatemalteco, la Comisión de Deportes del Congreso, que preside Julián Tesucún, se declaró en sesión permanente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, acerca de los artículos que se pretenden cambiar a la iniciativa 5111, que reforma la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.

Con los cambios en la iniciativa se pretende que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) certifique a nuestro país para poder participar en eventos de fútbol internacionales, pero la Federación Nacional de Fútbol, la Comisión Normalizadora, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y la Asamblea Nacional de Fútbol no han logrado llegar al acuerdo necesario de lo que el Congreso debe modificar de manera urgente antes de ser suspendido el país de manera indefinida.

La Corte de Constitucionalidad no ha respondido la consulta efectuada por los diputados de la Comisión respecto a la ley del deporte, para asegurarse de que no existan inconstitucionalidades en los requerimientos de FIFA que puedan generar amparos y atrasar la ley. “Es bueno que ya existan algunos consensos, pero aún estamos contra el tiempo.

Escuchamos a las partes involucradas de manera individual, pero la agenda del congreso no nos permitirá conocer el martes la iniciativa que necesita 105 votos. Si se llegan a acuerdos trataremos de ingresarla el jueves”, indicó el legislador Tesucún, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Denis Alonzo, de la CDAG, dijo: “El Comité Ejecutivo tiene la responsabilidad y voluntad para poder aprobar los estatutos de la FIFA y la Concacaf, siempre y cuando estos estatutos no riñan con las leyes nacionales, que respete a los tribunales federativos y al Tribunal de Honor que son órganos colegiados que no pueden pasarse por alto”.

Rafael Tinoco, de Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf) aseguró que la FIFA está interesada en que existan todos los controles, que se realicen las auditorías y que se fiscalicen los Q10 millones que se reciben por parte de la federación para fomentar el fútbol en todos los niveles. La sala de trabajo se declarará en sesión permanente para poder recibir las propuestas en cualquier momento.

El legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza, Augusto Sandino, solicitó sanear todas la instituciones involucradas en el balompié nacional y no solo la federación, instando a que existan mayores controles de las instituciones federadas.

Por Fernando Bolaños

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La iniciativa de reformas a la Ley contra la Violencia Sexual, Exportación y Trata de Personas, Decreto 9-2009, fue presentada este lunes por las diputadas Alejandra Carrillo, Eva Nicolle Monte y Marleni Matías.

La congresista Carrillo De León, subjefa del bloque Movimiento Reformador, indicó que la intención es tipificar los delitos acoso sexual, sexting y crooming. “Estos no existen en el ordenamiento jurídico del país y pretendemos que se pueda prevenir y erradicar estas malas acciones y conductas en la población guatemalteca, y que no se llenen más las cárceles”, explicó. \\\\\\\"En el caso del acoso sexual estamos proponiendo una multa de tres salarios mínimos. El sexting se refiere a quienes tienden a difundir y revelar a terceros imágenes con contenido sexual que afectan la integridad de otras personas, y el crooming es una campaña contra la seducción en línea; queremos prevenir cualquier tipo de agresión y violencia sexual en los menores”, refirió la diputada Monte, de Alianza Ciudadana.

La parlamentaria Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza y presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que la propuesta está consensuada con diferentes organizaciones y colegas.

“Estaremos solicitando que esta iniciativa pase a nuestra sala para que tenga un profundo análisis jurídico y técnico, así como dictamen favorable”, puntualizó.

Mirna Montenegro, representante del Observatorio de Salud Reproductiva, mencionó que se pretende una mayor prevención y erradicar “el problema que sufren las personas indefensas e inocentes, pero que sanciona a los infractores para ponerle un alto a los vejámenes”.

Por José Castellanos.

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El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, en conferencia de prensa ofrecida este lunes, exhortó a los grupos que asisten los miércoles al hemiciclo, cuando se discuten las reformas constitucionales, a que se pronuncien en favor o en contra pero que mantengan orden y respeto. “Hago un llamado a los grupos… Yo entiendo que habrá divergencias de los partidos o diputados.

Ellos a gritos decían sobre un artículo de la Constitución que da libre acceso a las entidades públicas, pero allí no dice que entren, agredan e insulten; hasta los periodistas fueron objeto de escuchar algún tipo de discurso de personas que vienen a ingresar de forma abusiva hasta los palcos”, dijo Chinchilla. “Es lamentable que se dé este tipo de situaciones; ya instalado el pleno se abren las puertas para que puedan pasar con todo respeto, como lo han hecho los líderes de los pueblos indígenas, quienes se han comportado con mucho respeto y educación ante la discusión de las reformas constitucionales y de otros temas”, agregó.

El titular del Congreso recordó que en otros períodos legislativos no se ha dado acceso al palco para que “grupos vengan a ofender a los diputados o a empleados”. También recalcó que hay un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que establece que el aforo para el palco es de 80 personas y que no puede superar esa cantidad para evitar una tragedia.

En el caso de las reformas constitucionales indicó que durante el receso parlamentario se continuará convocando para avanzar.

Otro de los temas tratados por el presidente del Legislativo fue lo relacionado con el caso de la magistrada Blanca Stalling, y aseveró que el cese de sus funciones es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual el Congreso solo tiene que nombrar a su sucesor cuando sea notificado de la vacante.

Por Byron Vásquez

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en un informe del 28 de febrero de 2017, asegura que las instalaciones del Congreso se encuentran expuestas a una “amenaza latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, social-natural o antropogénico, puede producir efectos adversos, daños y pérdidas en las personas”.

El documento establece que “estas condiciones representan una gran debilidad (de mediana a alta) y de funcionalidad” por ser el Legislativo un edificio público en donde se aglutinan personas para manifestar sus inconformidades.

En las conclusiones el informe establece que en la actualidad algunas áreas, por la cantidad de años que tiene el Congreso de haber sido construido y la falta de mantenimiento, “hacen que el mismo no cuente con las condiciones ideales para su funcionamiento”.

Este informe ratifica el que hizo la Conred en octubre de 2001 sobre las condiciones de susceptibilidad estructural del Legislativo, en conjunto con la Asociación Guatemalteca de la Ingeniería Estructural, Universidad del Valle de Guatemala y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

En esa ocasión se determinó que “el hemiciclo presenta vulnerabilidad significativa y riesgo sísmico significativo, por falta de mantenimiento, alta irregularidad por la altura del hemiciclo y la biblioteca, media irregularidad en planta con su configuración arquitectónica, colisión con colindancia norte y los demás edificios por falta de juntas adecuadas”.

Por Byron Vásquez

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La diputada Marleni Matías, presidenta de la Comisión de la Mujer y representante por Baja Verapaz, citó a José Guillermo Moreno, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y a Edgar Leonel Arizpe, director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), para analizar la ejecución de los programas y proyectos orientados a beneficiar a las mujeres de dicha región.

“Nos preocupan los recortes que se han hecho a algunos programas para las mujeres en el área rural, así como la construcción de un centro de capacitación en San Miguel Chicaj, que quedó inconcluso”, señaló la parlamentaria Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

“Estamos censado a más de 65 mil familias en esas comunidades y digitalizando los datos para actualizar el padrón de los programas sociales, para realizar la primer entrega del bono condicionado de salud y educación”, respondió Moreno.

Agregó que hay 22 mil proyectos inconclusos a nivel nacional, por el cierre del Fondo Nacional para la Paz, “debido a un vacío legal que nos impide continuar”.

Entre esos proyectos se encuentran centros de capacitación, puentes, escuelas, carreteras, centros de salud y hospitales, muchos de los cuales quedaron en obra gris, pero se busca la forma legal que les permita retomarlos.

“Es lamentable que Baja Verapaz no sea prioridad para el Mides; no hay programas específicos, por lo que pedimos que se priorice nuestro departamento, ya que forma parte del corredor seco”, afirmó la legisladora.

Por Rosemary Recinos.

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