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Con la participación de representantes de 44 Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), que trabajan con presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso continúo con las audiencias de discusión del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018.

En la reunión se conoció que dichas entidades, en conjunto, reciben un presupuesto de Q511 millones, situación con la que no se encuentra de acuerdo el titular de la cartera salubrista, Carlos Soto, quien argumentó que algunas instituciones que sí trabajan a favor de la salud fueron excluidas, en tanto se incorporaron otras de las cuales se desconoce su trabajo.

A esta afirmación se sumó el representante de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quien dijo que hay entidades que tienen reparos por hasta Q5 millones y que aún así solicitan aumento. Puso como ejemplo la Asociación de Desarrollo Integral, \"que tiene asignado varios millones, pero no ha podido ser localizada ni fiscalizada desde el año 2009\".

“Tenemos un serio problema con analizar las entidades prestadoras de servicios de salud. Consideramos que hay instituciones que no cumplen con los objetivos y otras que sí los cumplen han quedado fuera del presupuesto”, dijo el ministro. Añadió que han identificado10 entidades que sí cumplen, pero no fueron incluidas y aclaró que fue la anterior ministra quien plasmó la distribución del presupuesto.

Luego de escuchar detenidamente a los asistentes, los legisladores acordaron continuar conociendo el tema por medio de la creación de una mesa de diálogo entre el MSPAS y las ONG’s, para elaborar una nueva asignación, en la cual se tomen en cuenta entidades ya integradas y analizar de nuevo las que quedaron fuera, exceptuando las que no han sido localizadas por la CGC.

El diputado Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional, presidente de la sala de trabajo, acordó con la presidenta de la Comisión de Salud, Karla Martínez, de Alianza Ciudadana, comparar y unificar informes de trabajo, para así otorgar y distribuir los montos adecuados para el año próximo.

Por Fernando Bolaños

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloques aprobaron este lunes el orden del día para las sesiones de martes y jueves de esta semana, en la que destaca la discusión por artículos y redacción final de la Ley de Leasing y las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Para el martes 24, a las 14:00 horas, se programó la septuagésima cuarta sesión ordinaria, en la cual se tiene contemplado, en el punto 9, continuar la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que pretende aprobar reformas a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; posteriormente los diputados tienen contemplada la elección de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura.

En la sesión de este lunes directivos y jefes de bancadas recibieron al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, quien explicó el destino de un préstamo gestionado por el Gobierno de Guatemala con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un monto de US$ 250 millones; el diputado Adim Maldonado (Frente de Convergencia Nacional), presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, expuso la intención de que sea conocido por el Pleno esta semana.

Los diputados también recibieron a vecinos de San Sebastián Coatán, Huehuetenango, quienes pidieron que sea conocida la iniciativa 5337 que pretende el reconocimiento de la existencia del idioma Kohataneko por parte de la Comunidad Lingüística Chuj.

El alcalde Domingo Diego Francisco indicó que en la región hay 65 comunidades, 50 escuelas, 7 institutos de educación básica y 2 institutos de diversificado, en los cuales se espera promover la conservación del mencionado idioma maya.

El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, informó que la referida iniciativa fue incluida en la agenda del martes 24, propuesta por el parlamentario Cornelio García (Todos), representante por Huehuetenango.

Por Nery Morales.

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Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), presentaron ante la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso su asignación en el proyecto de ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, aunque el titular de la cartera indicó estar inconforme y espera que este sea redistribuido por los legisladores.

El monto asignado al MSPAS es de Q8 mil 312 millones para el siguiente año, según lo explicado por Carlos Soto, titular de la cartera, quien aseguró que la distribución no se adapta a las necesidades de la población en atención prenatal, vacunación, abastecimiento de medicamentos, lucha contra la desnutrición crónica y muerte materno infantil, en cambio aumenta Q1mil 900 millones en personal, aunque no se justifiquen al no haber infraestructura o suministros para trabajar.

El ministro recordó que el presupuesto fue elaborado por la anterior administración del ministerio, por lo cual solicitó a la comisión hacerle serios cambios.

Varios de los congresistas coincidieron en que tal pareciera que el presupuesto del MSPAS estaba elaborado con visión política y no social, con incongruencias al aumentar desmedidamente la cantidad de trabajadores, sacrificando programas de vital importancia, como compra de material quirúrgico, construcciones de centros de salud, desnutrición crónica, micronutrientes, vacunación y planificación familiar.

Ante esta situación y la petición hecha por el ministro, el presidente de la comisión, Ervin Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), solicitó trabajar en una nueva distribución presupuestaria acorde a las necesidades de la población, con montos reales a utilizar y priorizando la salud del guatemalteco y presentarlo el próximo martes, cuando las organizaciones que trabajan en salud hagan su propuesta y avanzar en una nueva distribución.

SOLICITAN FONDOS PARA CENSOS

La comisión también se reunió con directivos de las instituciones encargadas de efectuar los censos poblacionales, habitacionales y de trabajadores del Estado, quienes detallaron el uso presupuestario y su solicitud para el próximo año, con el objetivo de poder realizar los levantados de datos en todo el país.

Según Mauricio Guerra, director del Instituto Nacional de Estadística, se cuenta con una asignación de Q269 millones para realizar el censo poblacional para el próximo año, pero este año se realizó un censo habitacional que está en proceso, además para noviembre entregará los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, resaltando lo complicado que es realizar estas actividades al no contar con personal y vehículos suficientes.

Por su parte, Rafael Ramírez, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, indicó que no han finalizado el Censo de Trabajadores del Estado por falta de ingresos, pues tenía previsto utilizar una donación de Q5 millones proveniente del Banco Mundial, pero por cuestiones burocráticas no han recibido el desembolso.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó este lunes 11 enmiendas a la Ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un artículo fue suprimido y deja vigente al artículo 27 para la creación de sedes.

Entre las modificaciones aprobadas por siete asistentes de los 13 integrantes de la sala de trabajo, se encuentran las reformas al artículo 17, que se refiere a la conformación de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en donde se propone que sean tres los relatores titulares y tres suplentes, en lugar de cinco como está actualmente.

La propuesta incluye modificar el artículo 21, referente a la elección y nombramiento de los relatores por parte del Congreso de una nómina de 10 candidatos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos, y no como se hace actualmente por medio de tres ternas.

El artículo 6 enmienda el artículo 24 actual, que contiene la duración del mandato. Se propone que de cinco años suba a seis, y que los relatores puedan reelegirse por un período más. Además se sugiere modificar el artículo 24, lo cual se encuentra contenido en el artículo 8, que modifica el artículo 22 de la normativa vigente y se propone que la presidencia sea alterna durante dos años, empezando por el relator de mayor edad al de menor.

También se modifica por medio del artículo 7, el artículo 23, en donde se propone el procedimiento de las causales para cesar el mandato de los relatores.

La propuesta del artículo 11, que modificaba el artículo 27, fue improbada y como resultado de ello se mantiene vigente, sobre la creación de sedes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Con seis votos a favor y uno disidente, fue aprobado el artículo 13, el cual establece que por esta única vez se establezca un período de 30 días para que los relatores que están ejerciendo sus funciones puedan entregar los cargos. En este caso la diputada Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y presidenta de la referida comisión, votó disidente por considerar que es inconstitucional lo propuesto.

El artículo 14, contiene lo referente a un aporte único de Q6 millones, el cual se efectuará si los relatores solicitan y justifican cómo y dónde establecerán las sedes.

Por último se estableció un artículo transitorio para que se valide la elección de la Comisión de Derechos Humanos de las tres ternas que inicialmente era para un período de tres años, para que sea por seis años, como se ha propuesto en estas enmiendas.

Las propuestas de reformas serán entregadas a la Junta Directiva del Legislativo para que las someta al pleno del Congreso.

Por Byron Vásquez

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En la segunda reunión de la mesa técnica que analiza las reformas al Decreto 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el diputado Enrique Álvarez (Convergencia) escuchó a autoridades de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), quienes disertaron acerca de las responsabilidades de cada institución en esa materia.

Orlando Ramírez, jefe de la SAAS, manifestó que se ha avanzado con la creación de una unidad de inspectoría, que regula las funciones, pero aseguró que es necesaria la profesionalización y especialización del personal.

Por su parte, la titular del CNS, Silvia De León, afirmó que trabajan en los indicadores de seguridad que dan como resultado un reporte estadístico de los hechos delictivos que se cometen con más frecuencia y que permite a la institucionalidad dar una respuesta más rápida y eficaz en el combate a la criminalidad.

“La Política de Seguridad abarca tres ejes de suma importancia: gestión integral ciudadana, gobernanza local y seguridad para el desarrollo. Dichas estrategias están orientadas a atender de forma integral la seguridad y el desarrollo mediante la gobernanza institucional y local, con enfoque en la persona como objeto y sujeto de atención”, agregó la funcionaria.

El parlamentario Álvarez explicó que la idea del ejercicio es la creación de los cuerpos legales para identificar las rutas que permitan avanzar en el proceso de fortalecimiento de las instituciones, que a su vez buscan darle una solución integral a los problemas de la seguridad en el país.

La Política Nacional de Seguridad, contenida en la normativa vigente, establece los lineamientos generales para la gestión pública en la materia que organiza y da estabilidad a los procesos políticos, fomentando la institucionalidad de la Seguridad de la Nación, de tal cuenta que contribuya a reforzar los elementos estratégicos, políticos, tácticos, operativos y tecnológicos del Sistema Nacional de Seguridad.

Por Karen Mendoza

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La diputada Karla Martínez, de la bancada Alianza Ciudadana, sostuvo una reunión con Víctor Martínez, viceministro de Finanzas Públicas y funcionarios de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar los contratos abiertos en el tema de seguridad alimentaria.

“El próximo 24 de octubre se vence el contrato abierto de la compra de alimentos a granel y queremos garantizar que los productos que se compren tengan la calidad necesaria y que la fecha de vencimiento permita su distribución y utilización con tranquilidad”, expresó la congresista.

También explicó que se acordó que participen en la fiscalización la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de los Derechos Humanos y Ministerio Público, para garantizar que el proceso sea tranparente y que las empresas a las que se les adjudique no tengan denuncias o procesos legales pendientes.

El viceministro Martínez expresó que son 78 productos alimenticios los que se van a adquirir y nueve empresas las oferentes. “Ya se llevó a cabo la recepción de las ofertas y en este momento nos encontramos en la etapa de evaluación”, informó.

Por Rosemary Recinos

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República concluyó la segunda semana de audiencias con instituciones y entidades que solicitan asignaciones en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Este jueves la referida sala conoció la solicitud presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), cuyos representantes explicaron cómo piensan utilizar la asignación requerida.

El titular del MEM, Luis Alfonso Chang, destacó que al momento se ha ejecutado un 58 por ciento del presupuesto asignado para este año, el cual es de Q81 millones, y que esperan concluir el ejercicio fiscal con una ejecución del 94 por ciento, razón por la cual solicita un aumento de Q5 millones para el próximo año.

Dicho monto serviría para financiar proyectos relacionados con la revisión de la actividad minera, estudios para construcción de hidroeléctricas y establecer los abastecimientos de hidrocarburos, como gasolina.

Respecto de los fondos económicos que el Inde necesitaría para mantener las tarifas sociales, el presidente de la institución, Óscar Cáceres, explicó que el año anterior utilizaron Q920 millones y para este se prevén Q758 millones, de los cuales el Gobierno Central debe aportar Q453 millones, pero únicamente se le asignaron Q300.

El titular de la comisión, Adím Maldonado (Frente de Convergencia Nacional), cuestionó las deudas millonarias que mantienen las corporaciones municipales por concepto de energía eléctrica y recordó que Quetzaltenango debe más de Q1 mil millones; además, solicitó detalles del impacto en regalías que ha dejado de percibir el Estado por cierres de operaciones mineras.

El legislador Jairo Flores (Unidad Nacional de la Esperanza) hizo ver que el Estado y el Inde deben buscar mejores soluciones al problema de electrificación rural y mencionó ejemplos claros en departamentos donde es imposible abrir una empresa, como maquilas, pues no se cuenta con electricidad acorde a las necesidades.

Tal situación fue apoyada por Carlos Barreda, de la misma bancada, quien hizo ver que la tarifa social ya alcanzó los precios de la no social, por lo cual sugirió a los funcionarios hacer los comparativos y establecer “adónde se está llevando la energía eléctrica más barata, pues las áreas rurales no notan la baja en costos”.

Antes de finalizar la actividad de la comisión para esta semana los congresistas escucharon la petición de Q30 millones efectuada por la organización no gubernamental Guatefuturo, que se dedica a entregar becas con el objetivo de que cuando los beneficiarios vuelvan al país compartan sus conocimientos con otros guatemaltecos.

Por Fernando Bolaños.

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A raíz del retraso en la construcción del Hospital Infantil de Huehuetenango, que debería estar terminado en junio de este año, la diputada Karla Martínez, de Alianza Ciudadana y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, se reunió con el viceministro técnico de Salud, Roberto Molina, y con el director de Hospitales, Francisco Theissen, para conocer los motivos del incumplimiento.

En la reunión se destacó que entre las causas de que la obra esté inconclusa figuran errores en la construcción del techo, la colocación de lavamanos y del aire acondicionado, por lo que se está trabajando para corregirlos y evitar el riesgo de que lo construido se deteriore.

A pesar de que la legisladora solicitó que la construcción del hospital se concluyera este año, los representantes de la empresa constructora destacaron que será hasta en el primer trimestre de 2018 cuando se pueda terminar la obra, pues “de lo contrario se correría el riesgo de no dejar bien hechas las cosas”.

“La construcción ya lleva varios meses de atraso y esto perjudica a la población de Huehuetenango y sus alrededores, por lo que daremos seguimiento para que se aceleren los trabajos y se concluya la obra”, enfatizó la diputada Martínez.

Por Karla Herrera

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Los diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), con el fin de conocer a detalle la situación de las 11 mil obras que dejó el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 296-2015, el Mides es el encargado de liquidar a Fonapaz y su unidad ejecutora de proyectos, por lo que los congresistas pidieron detalles del avance de ese mandato.

Karen Molina, coordinadora de la Unidad de Disolución y Liquidación de Fonapaz, explicó que tienen contabilizados 11 mil expedientes de obras pendientes, pero hasta el momento no se ha podido avanzar, ya que no cuentan con el suficiente personal y capacidad técnica para evaluar cada uno.

La parlamentaria Vivian Preciado, representante por San Marcos, dijo: “Hay que trabajar señores, porque a nosotros la población nos exige soluciones y ya no quiere más excusas”.

Asimismo, pidió información de la situación de la obra del puente de 115 metros que conecta los municipios de Ocós con La Blanca, el cual beneficiaría a más de 100 mil habitantes.

Sin embargo, los funcionarios explicaron que esa obra estaba a cargo de la organización no gubernamental Brazos Solidarios. “Lastimosamente, el Decreto 33-2011 obstaculizó convenios de pago con Ongs”, explicó Iván Díaz, director del Fodes.

René Obregón, viceministro de Desarrollo, coincidió en que es necesario poner en orden todos estos expedientes y contar con una resolución de cada caso; sin embargo, explicó que para liquidar todas esas obras necesitarían Q6 mil millones, pero en la actualidad su presupuesto asciende a Q923 millones.

Al finalizar la reunión, los congresistas exigieron trabajar en esa tarea y explicaron que los citarán mensualmente para que les den información, además de comprometerse a apoyarlos en la búsqueda de las hojas de ruta de cada caso.

Por Mayra Recinos

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