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Parlamentarios de la Comisión de Transparencia y Probidad se reunieron este lunes con funcionarios de la Contraloría General de Cuentas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema del VIH-Sida, pues temen el retiro de US $12 millones por parte del Fondo Mundial por el poco avance en la implementación de programas y políticas que ayuden a la prevención, control y tratamiento de la enfermedad.

“Vemos con preocupación que hay muertes en el país por este virus que no han sido atendidas ni prevenidas, debido a que el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Salud, no ha ejecutado los mecanismos de control, lo cual pone en riesgo las vidas de miles de guatemaltecos”, aseguró el diputado Amílcar Pop (Winaq), presidente de la sala legislativa.

Aldo Dávila, representante de la Red de Derechos Humanos y VIH de Guatemala y su observatorio, denunció en la reunión que a la fecha no ha sido aprobado el Plan Nacional sobre la Prevención y Erradicación del VIH, lo cual pone en riesgo a los enfermos y diversos préstamos que el país recibe de la comunidad internacional.

El congresista Pop dijo: “Tenemos un problema grave sobre la mesa, ya que de ser retirados estos fondos el Estado no podrá hacer frente a dicho problema; en tal virtud, en los próximas días estaremos presentando un amparo para que el Organismo Ejecutivo reaccione en salvaguarda de la vida de guatemaltecos con esta afección”.

Datos del Ministerio de Salud Pública registran que de enero a septiembre de este año existen 1 mil 108 nuevos casos, que se suman a los registrados desde el año 1984: 34 mil 810. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud estiman que 2 millones de latinoamericanos viven con VIH. En Guatemala los mayores índices de personas infectadas se concentran en Retalhuleu e Izabal.

Por aparte, en dicha instancia fueron recibidos pilotos del Transurbano, quienes denunciaron violaciones a sus derechos humanos y laborales por parte de los administradores; dijeron que desde hace dos años les cobran la cuota laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero no es transferida, por lo que ellos y sus familias no reciben atención.

El diputado Pop anunció que interpondrá amparos para que el Estado intervenga. “La empresa durante años ha cobrado las cuotas del IGSS a sus trabajadores y se las ha quedado; eso es delito, se lo han robado. En ese sentido podrían estar incurriendo en lavado de dinero o enriquecimiento ilícito de particulares, razón por la cual la comisión pedirá las medidas preventivas a la Procuraduría de los Derechos Humanos para proteger a los pilotos y buscar la intervención de la empresa”, puntualizó.

Por Karen Mendoza

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La organización Acción Ciudadana y el movimiento Guatecambia reconocieron el trabajo de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso de la República, gracias al cual este alto organismo del Estado está entre las 10 instituciones estatales con mayor nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

De acuerdo con la evaluación, avalada por la Procuraduría de Derechos Humanos, entre 100 sujetos obligados, el Congreso de la República es la novena institución estatal que más cumple con la LAIP (95.24%).

La unidad atendió los reportes enviados en cuanto al cumplimiento de la LAIP y emprendió acciones correctivas dentro del portal del Congreso en Internet, con la finalidad de cumplir con las prácticas de datos abiertos.

Por Antonio Ordóñez

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El diputado José de la Cruz Cutzal Mijangos (FCN-Nación), representante del departamento de Sololá, citó a autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con el fin de conocer el avance en el traslado de las instalaciones del seguro social de su distrito, que tiene como fecha límite los primeros días del año 2018.

El subgerente de Prestaciones en Salud del IGSS, Arturo García, explicó que actualmente funcionan en un espacio que les presta el hospital nacional de la localidad; sin embargo, deben desocuparlo debido a programas de expansión que tiene el nosocomio, por lo que ya están preparando las nuevas instalaciones, donde atenderán a los más de 22 mil afiliados y beneficiarios.

Asimismo, informó que ya tienen listos dos inmuebles, en uno funcionará la consulta externa y la administración, y en el otro la hospitalización y especialidades. “Contamos con el financiamiento necesario para cumplir con los compromisos”, indicó.

Agregó que también han avanzado en el proyecto de dos consultorios que funcionarán en los municipios de San Pedro la Laguna y Nahualá.

“El objetivo es que estas nuevas unidades vayan descargando los hospitales del IGSS de Sololá y Quetzaltenango, con el fin de dar una mejor atención en salud a los beneficiarios”, dijo García.

Sully Arrivillaga, encargada del IGSS del departamento de Sololá, explicó que han estado en contacto con los representantes del Comité Pro IGSS de la localidad, con el fin de contar con la aprobación de los vecinos afiliados en todo el proceso de traslado.

El diputado Cutzal, dijo que reitera su compromiso para dar seguimiento a todo el proceso de traslado y funcionamiento del IGSS en su departamento. “Hemos pedido la participación de los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que conjuntamente hagamos este trabajo que beneficia a los guatemaltecos y especialmente a los sololatecos”, concluyó.

Por Mayra Recinos

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El Parlamento Juvenil 2017 se llevó a cabo este viernes con la presencia de 158 jóvenes y señoritas seleccionados en todo el país por su liderazgo y méritos académicos, quienes aprobaron un decreto para exhortar al Estado a declarar como prioridad nacional la desarticulación de las estructuras delictivas, entre las que se encuentran las pandillas o maras.

La actividad, que se efectuó este jueves y viernes por segundo año consecutivo, es promovida por el Organismo Legislativo, Ministerio de Educación, Fundación Hanns Seidel y Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, con el objetivo de promover ciudadanía y liderazgo en los estudiantes del nivel medio de todo el país.

Los jóvenes representaron a establecimientos educativos públicos y privados y en sus intervenciones plantearon que el Gobierno acciones para erradicar problemas como la corrupción, violencia, falta de oportunidades y marginación, especialmente de la juventud.

En la sesión solemne de este viernes estuvieron el ministro de Educación, Oscar Hugo López, y el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, quien en su discurso resaltó la importancia de que los jóvenes expresen sus temores, preocupaciones, sueños y anhelos.

Los participantes se organizaron en seis bloques legislativos: Bandera, Ceiba, Marimba, Monja Blanca, Quetzal y Escudo.

La Junta Directiva quedó integrada de la siguiente manera: presidenta, Eddely Velinda Huitz Peruch, de Huehuetenango; primera vicepresidenta, Adriana Domínguez, de Guatemala; segunda vicepresidenta, Sandra Coc, de Petén; tercera vicepresidenta, Manuela González, de Retalhuleu; primera secretaria, Fernanda López, de Izabal; segunda secretaria, Wendy Meléndez, de Guatemala; tercera secretaria, Karin Pereira, de El Progreso; cuarta secretaria, Dayana Cotí, de Quetzaltenando, y quinto secretario, Javier Ortiz, de Sololá.

Por Nery Morales.

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Tras los derrumbes registrados en septiembre de este año, en el kilómetro 310 entre Sibinal y la cabecera departamental de San Marcos, la diputada Lesly Valenzuela, de la Unidad Nacional de la Esperanza, sostuvo una reunión con representantes de varias entidades estatales en la cual se acordó conformar una mesa técnica para encontrar la manera de restablecer las comunicaciones terrestres en la región.

A la cita acudieron el ministro de Comunicaciones, Aldo García; el secretario general de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio Cabañas; el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, y representantes del Ministerio de la Defensa y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La mesa técnica se reunirá la semana próxima para buscar las vías adecuadas y encontrar una nueva ruta para que los habitantes de Sibinal pueda llegar a la cabecera departamental de San Marcos.

“Es urgente que se inicien los trabajos para buscar está nueva ruta, pues son 27 mil habitantes que han salido afectados con los derrumbes causados por los sismos y lluvias en la región, por lo que autoridades municipales, legisladores e instituciones de Gobierno debemos trabajar de la mano”, dijo la diputada Valenzuela.

Sergio Cabañas, de la Conred, indicó que no se descarta declarar estado de calamidad en el área de las rutas dañadas para poder trabajar y reparar lo dañado por los sismos y lluvias.

Por Karla Herrera

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Oscar Chinchilla, presidente del Congreso de la República, dijo que se respeta la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en torno a la derogatoria de la pena de muerte. “Respetamos la decisión, pero las reformas, aprobación o derogatoria de leyes es competencia del Congreso de la República, según lo establece la Constitución Política de la República”, dijo el parlamentario, al ser consultado por los periodistas que cubren la fuente.

Explicó que recientemente el Pleno conoció una iniciativa para reformar el tema, pero no prosperó y ahora la CC aceptó el recurso de dos abogados y derogó la pena de muerte para cinco delitos establecidos en el Código Penal: parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y magnicidio.

Chinchilla dijo que la Junta Directiva espera una notificación oficial de la CC, la cual será analizada para tomar las acciones que correspondan. “Respetamos a la CC, pero considero que para el caso de la pena de muerte son decisiones que no le corresponden”, puntualizó.

El diputado Raúl Romero, jefe del bloque Fuerza, coincidió con lo expuesto por el presidente Chinchilla. “Respeto el fallo de la CC, pero no la comparto; considero que los magistrados se extralimitaron en sus funciones y no tomaron en cuenta que el artículo 18 de la Constitución Política de la República establece el mecanismo por medio del cual se debe abolir la pena de muerte”, manifestó.

Romero también explicó que la CC cita al Pacto de San José y este dice que los países miembros que ya tenían aprobada la aplicación de la pena de muerte para determinados delitos pueden seguirla aplicando, y lo que no pueden es ampliarla a nuevos delitos. “La resolución de la CC contraviene el procedimiento en la Constitución Política de la República, así como lo establecido en el Pacto de San José”, citó el parlamentario.

Según Romero, en el momento de recibir la resolución de la CC debe realizarse un análisis jurídico, “pues hay dudas”, y en caso de no ajustarse a lo que se establece en materia, el Congreso de la República debe fijar una postura institucional.

Por René Rodríguez.

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso concluyó una semana más de audiencias y análisis presupuestario para el ejercicio fiscal 2018, al escuchar este viernes las solicitudes de recursos financieros del Ministerio Público (MP), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) e Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La Secretaria General del MP, Mayra Véliz, manifestó que la entidad recibió este año una asignación de Q1,842 millones, y para el siguiente solicitó un aumento de Q775 millones, pretendiendo Q2,617 millones, lo cual serviría para atención de las víctimas de delitos e investigación científica en 174 fiscalías de todo el país, las cuales finalizarán el año con un promedio de 430 mil denuncias recibidas.

Luego de escuchar la solicitud del MP, legisladores cuestionaron la alta mora fiscal en materia de atención y resolución de casos, la poca ejecución en inversión, de 19 por ciento de lo asignado cuando han transcurrido 10 meses del año, y la forma en que se ejecutará un préstamo que se solicita con un valor de 60 millones de dólares para los próximos cuatro años.

El diputado Rudy Castañeda, de Unión de Cambio Nacional, cuestionó si hay un plan alternativo presupuestario de no aprobarse lo solicitado, pues a su criterio es necesario identificar que cada año crece la cantidad de denuncias pero no se refleja en el crecimiento de instalaciones, fiscalías o presencia de la institución para los próximos cinco años en los planes de trabajo del ente investigador.

En la segunda parte de la reunión se escuchó al representante del Inacif, Famuel García y a la directora del IDPP, Nidia Arévalo, quienes hicieron sus respectivas solicitudes presupuestarias.

En el proyecto de presupuesto 2018, el Ministerio de Finanzas adjudicó al Inacif Q270 millones, o sea Q48 millones más que el actual, que equivale a Q212 millones, los cuales, según su director, servirán para realizar trabajos en área balística, necropsias y peritajes, contribuyendo a esclarecer casos de impacto nacional, los cuales han sufrido retrasos significativos por la falta de personal, principalmente en el interior del país donde solo se trabaja en horas hábiles.

Por aparte, Nidia Arévalo, del IDPP, informó que cuenta con una asignación de Q205 millones, los cuales se destinan para apoyar a personas que no cuentan con abogado para su defensa penal, brindando asistencia legal gratuita. Explicó que debido a los altos índices de capturas ameritan mayor cantidad de abogados, pues de 22 mil personas capturadas anualmente un 67 por ciento son defendidos por el IDPP, lo que hace necesario contratar cien abogados, comprar equipos de cómputo y construcción de instalaciones en todo el país.

Los cuestionamientos para estas instituciones se centraron en la baja ejecución en sus presupuestos de inversión, los cuales no superan el 25 por ciento de lo asignado a la fecha.

Por Fernando Bolaños

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Con el objetivo de actualizar y modernizar el derecho penal guatemalteco, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presentó ayer la propuesta del nuevo Código Penal, el cual unifica 140 tipos penales que estaban contenidos en 27 leyes especiales. Además de elevar las sanciones para los delitos de corrupción y de crimen organizado, también se reivindica la figura de la víctima, priorizándose la reparación digna por sobre la pena de prisión.

“Hace exactamente siete meses estábamos en el Congreso Nacional de Derecho Penal, en donde una de las principales demandas era una reforma integral al Código Penal, y que fuera un cuerpo legal que respondiera a la necesidad actual y que pusiera fin a la dispersión de 27 leyes especiales. A finales de mayo presentamos la propuesta general de este nuevo Código Penal y contamos con aportes de diferentes sectores. Hoy presentamos una propuesta integral, actualizado y moderno, y legítima demanda de la ciudadanía por tener mayor seguridad y paz social”, dijo el diputado Cornelio García, de la bancada Todos y presidente de la dicha sala de trabajo.

El Código Penal actual regula 276 delitos en los cuales hay la posibilidad de una respuesta punitiva alterna a la cárcel; mientras que en las 27 leyes penales especiales existen 74 delitos que así también lo permiten. La propuesta regula 427 delitos con posibilidades de sustituir la prisión por una medida desjudicializadora. En total el Código Penal actual regula 359 delitos y las 27 leyes penales especiales, 140. La actual propuesta contempla, en total, 639 delitos.

La propuesta se estructura en tres libros: el libro primero desarrolla los aspectos fundamentales de la dogmática penal; el segundo libro incorpora el catálogo de delitos por cada uno de los bienes jurídicos tutelados, que fueron ordenados atendiendo a la importancia intrínseca que tienen para el desarrollo integral y de conformidad a los valores y derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de la República. El libro tercero regula lo relativo a las faltas.

Un aspecto relevante es que se reprimen, drásticamente, los delitos graves, elevándose las sanciones para los delitos de corrupción y de crimen organizado; y se reivindica la figura de la víctima, priorizándose la reparación digna por sobre la pena de prisión, esto se encuentra contenido en el artículo 53, así como del 56 al 58, y en el 188.

También se elimina la pena de muerte para los delitos de desaparición forzada, parricidio, magnicidio y ejecución extrajudicial. Aunado a ello, en el Título I del Libro II, de la propuesta del nuevo Código Penal se homologaron con los estándares internacionales las siguientes figuras delictivas: Genocidio con una pena de 40 a 50 años de prisión, delitos contra los derechos humanos con penas entre 25 y 50 años, delitos de lesa humanidad con penas entre 15 y 50 años, y crímenes de guerra con penas entre 4 y 35 años.

Para el caso de los delitos contra el medio ambiente y contra el patrimonio cultural de la Nación, para el primero de los casos se proponen las siguientes figuras delictivas: delitos contra la diversidad biológica con penas de 1 a 9 años, delitos contra los bienes naturales con penas de entre 1 y 10 años, delitos contra la gestión ambiental con penas de entre 1 y 9 años. Y para el segundo: los delitos de daño, delitos de sustracción y delitos de comercio y tráfico ilícito. Para estos casos se propone imponer penas que van de 6 a 15 años.

Para los delitos del crimen organizado, en el caso de la asociación ilícita la pena se incrementa de 10 a 12 años, actualmente es de 6 a 8 años. Para asociación ilegal de gente armada también se incrementa de 10 a 12 años, ahora es de 6 a 10 años. Para obstrucción de justicia se propone una pena de 6 a 10 años, actualmente es de 6 a 8 años.

En lo que se refiere al delito de extorsión se pretende imponer una sanción de cárcel de 12 a 14 años, ahora es de 6 a 8 años. El sicariato se sancionará con cárcel de 40 a 50 años.

En el Capítulo III, de los delitos contra el crimen organizado, se establece que para el ilícito de lavado de dinero u otros activos la pena para personas individuales se estipula la que está vigente de 6 a 20 años de prisión inconmutable, pero se elimina que al condenado se le imponga una multa igual al valor de los bienes o de los instrumentos utilizados para la comisión del ilícito. Para las personas jurídicas se mantiene la que actualmente está vigente.

En el Título XX, en el Capítulo se establecen los delitos contra la corrupción, para cohecho pasivo se propone el aumento de la pena de 5 a 13 años y una multa de Q50 mil a Q500 mil; ahora es de 5 a 10 años, y la misma multa.

Para el cohecho activo se modifica la pena actual de 5 a 10 años y se fija entre 5 y 13 años, y se mantiene la multa de Q50 mil a Q500 mil; además para el cohecho activo transnacional se propone una sanción de cárcel de 6 a 14 años, con una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora tiene de 5 a 10 años; cohecho pasivo internacional, la pena a imponer es de 5 a 13 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, actualmente es de 5 a 10 años.

Para el delito de aceptación ilícita de regalos, se tiene previsto una pena de 2 a 6 años, y una multa de Q5 mil a Q30 mil, actualmente solo se sancionaba con una multa de Q100 a Q3 mil.

En el caso de peculado por sustracción, se aumenta la pena de 5 a 13 años, y una multa de Q10 mil a Q50 mil, ahora es de 3 a 10 años y una multa de Q500 a Q5 mil. Peculado por uso tendrá una pena de 4 a 8 años, y una multa de Q10 mil a Q50 mil; peculado imprudente será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

Para la malversación se propone una pena de 4 a 8 años, y una multa de Q20 mil a Q50 mil; actualmente es de 2 a 6 años, y una multa de Q20 mil a Q50 mil. Enriquecimiento ilícito con una pena de 6 a 14 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora es de 5 a 10 años, y es la misma multa.

El enriquecimiento ilícito de particulares se propone una pena de 5 a 13 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora es de 4 a 8 años y la misma multa. Para el testaferrato se propone una pena de 5 a 9 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora tiene de 5 a 10 años, y la misma multa.

Para el tráfico de influencias, se propone una pena de 4 a 8 años, ahora es de 2 a 6 años. Mientras que para el fraude es de 5 a 13 años, actualmente es de 5 a 10 años.

Estas son algunas de las modificaciones que se proponen en el nuevo Código Penal, cuya iniciativa será entregada a la Junta Directiva del Legislativo para que sea sometida al pleno del Congreso.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que preside el diputado Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza, presentó el primer informe de la mesa técnica de reformas a la Ley Marco de Seguridad Nacional.

Los puntos principales se enfocan en la posibilidad de incorporar otras instituciones que no fueron tomadas en cuenta para integrar el Consejo Nacional de Seguridad, y definir específicamente el ámbito de las responsabilidades de cada entidad integrante, para evitar duplicación de funciones.

El parlamentario Segura, dijo que “es el momento de reformar esta ley, para que efectivamente responda a la coyuntura y realidad nacional”.

“En las próximas reuniones continuaremos analizando procesos de fortalecimiento a las instituciones, como el ministerio de la Defensa y trabajaremos para identificar los artículos que puedan ser sujetos de reforma”, explicó el diputado Enrique Álvarez, de la bancada Convergencia.

Agregó que se contará con la participación de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Por Rosemary Recinos

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