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La Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de la República continuó este día analizando el contenido de la iniciativa 5279, reformas al Decreto 72-90, Ley constitutiva del Ejército de Guatemala, con la cual esperan modernizar la institución y aumentar el tiempo de servicio, así como la edad para retiro de los miembros castrenses.

La iniciativa en mención aumenta la edad para retirarse hasta los 64 años, mientras en la ley actual no supera los 55. Además se proponen modificaciones en la escala jerárquica militar.

El diputado Raúl Romero Segura, presidente de la Comisión y miembro de la bancada Fuerza, dijo que estas reuniones las están realizando conjuntamente con altas autoridades del Ministerio de la Defensa, con el fin de que al llegar al pleno pueda ser aprobada sin mayores complicaciones.

El viceministro de la Defensa, Mynor Mus Tubaj, agradeció a los diputados la disposición de aprobar reformas de esta índole. “Desde hace varias legislaturas veníamos solicitando estos cambios; son necesarios para la institución castrense y también para el Estado”, expresó.

Mus explicó que actualmente los miembros del ejército pueden jubilarse a los 50 años, lo que recarga el pago de las jubilaciones y a la vez deja sin elementos con vasta experiencia a la institución castrense.

Los artículos a reformar del Decreto 72-90 son: 41, 84 (numeral 1), 85 (transitorio), 103 (numeral 2 y 3, tercer y cuarto párrafo), 106 (adición al segundo párrafo del numeral 7), 106 (adición al tercer párrafo del numeral 4) y el 7 (transitorio).

Al concluir la reunión, los diputados y funcionarios acordaron la creación de una mesa técnica donde participaran los asesores de las comisiones legislativas de Seguridad Nacional, de la Defensa y del Ministerio de la Defensa.

“Esperamos que esta mesa pueda entregarnos a la brevedad posible la iniciativa con los cambios que propongan los integrantes de la misma, para que pueda ser conocida por el pleno aproximadamente en el mes de junio”, aseveró Romero Segura.

Por Mayra Recinos

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Debido a los índices de desnutrición que se han registrado en varios municipios de Alta y Baja Verapaz, que son parte del Corredor Seco, la presidenta de la Comisión de la Mujer, diputada Marleni Matías, se reunió este jueves con Germán González, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional.

El funcionario aseguró que trabajan con un grupo de inspectores que determina los sitios con más necesidad y allí se envía la ayuda, acompañada de charlas para tener alimentación nutritiva.

En la citación también estuvo la directora de Plan Internacional, Débora Cóbar, quien destacó que se dispone de US $10 millones al año para apoyar a las niñas y madres a mejorar sus hábitos alimenticios.

Por su parte, la diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza aseguró que continuarán las reuniones para verificar que los planes se cumplan y se pueda reducir la desnutrición en el país, que afecta en su mayoría a las mujeres y niños que habitan en las áreas rurales.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Asuntos Electorales, que preside el diputado Óscar Arturo Argueta Mayén, de la Unidad Nacional de la Esperanza, informó que se tiene previsto cumplir a partir del próximo jueves con el cronograma de audiencias de cinco días para analizar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) con sectores de la sociedad civil.

El congresista indicó que se contará con la participación de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep),Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Vicerrectoría de Investigación y Proyección del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado, de la Universidad Rafael Landívar (Vrip/Ise/URL). Asimismo, con representantes del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Escuela de Gobierno, Alas de Mariposa, Movimiento Cívico Nacional y Tribunal Supremo Electoral(TSE).

Cada una de las entidades son especializadas en el tema y se busca emitir un dictamen adecuado a la iniciativa, indicó Argueta. El congresista dijo que la idea de escuchar a los especialistas es tener un debate con los participantes a efecto de recoger el sentir de cada uno y el criterio técnico. Agregó que en los primeros días del junio se espera tener ya el dictamen favorable y así enviarlo a Dirección Legislativa. “Con esto estamos cumpliendo con los que la Comisión se trazó como meta para este año: dejar nuevas formas de elegir a los órganos de los partidos políticos, y como trabajará administrativamente el TSE, así como la forma de elegir a los diputados en los diferentes distritos y los comités cívicos, entre otros temas”, concluyó el legislador.

Por Fredy López

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En seguimiento al Estado de Sitio declarado por el Organismo Ejecutivo en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso, Raúl Romero, indicó que se planifica una visita de campo a las poblaciones donde se retoma el control por parte de las fuerzas de seguridad.

El objetivo es conocer los planes estratégicos en materia de seguridad que se están realizando, así como los resultados, manifestó el diputado de la bancada Fuerza. El legislador vio con buenos ojos que se haya tomado el control de las poblaciones en disputa histórica y resaltó la importancia de la rendición de cuentas, compromiso que adquirió el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, quien informará detalladamente de los avances.

“Observamos dos hechos importantes: uno, que se erradicó gran cantidad de amapola, pero el que más nos complace es que retornen varias familias que habían huido de sus viviendas, con la seguridad que les brindan la Policía y el Ejército” resaltó Romero. “El área se encontraba fuera de control y aplaudo las acciones que por primera vez efectúa un gobierno para abordar el flagelo del narcotráfico que se disfrazó con una discusión limítrofe, que solo ha sido una cortina de humo del narcotraficante”, expresó. También dijo que se evaluará el impacto de las acciones tomadas para conocer si es prudente ampliar el Estado de Sitio.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, durante la sesión de trabajo efectuada este martes, aprobó la tabla de gradación que se aplicará a los aspirantes a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y también la publicación de los nombres de los 27 postulados, con la finalidad de que la población conozca quiénes son y presente sus objeciones si sabe de irregularidades.

De forma unánime la sala legislativa aprobó las 4 áreas generales que se evaluarán a los profesionales del derecho que se postularon: Méritos académicos, 30 puntos; méritos profesionales, 60, y proyección humana, 10. Los aspectos éticos no tendrán valoración.

Además se aprobó que se publiquen el jueves los nombres de los 27 aspirantes en el Diario de Centro América y otros medios de comunicación, con el objetivo de que la población pueda hacer llegar las objeciones a la comisión y fijar un período para que los señalados presenten sus descargos.

Antes de la reunión de trabajo, la Alianza para el Congreso Eficiente hizo un llamado a la comisión para que en la tabla de gradación y perfil se agregue ponderación a algunas categorías que no fueron incluidas en el proceso anterior, y que se aplique con “todo rigor” lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Patricia Sandoval, presidenta de la referida sala, dijo que la tabla de gradación aprobada contiene más elementos que la propuesta. Para la siguiente reunión, programada para el jueves después de la sesión plenaria, se prevé aprobar el perfil ideal de los aspirantes a la PDH.

Por Byron Vásquez

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El presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, reafirmó su compromiso para que se continúe con la discusión de las reformas constitucionales al sector justicia en el pleno del Congreso, asegurando que prueba de ello es que durante el receso parlamentario se buscará avanzar en el tema.

Al respecto, la fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, se mostró complacida de que se tenga la voluntad de continuar con el proceso de conocer las reformas al sector justicia, e indicó que esperaría un avance en su aprobación por parte de los legisladores.

Chinchilla destacó que una muestra de que se tiene la voluntad de continuar con el debate y discusión de las reformas constitucionales han sido las sesiones convocadas los miércoles para debatir los puntos en cuestión.

Las declaraciones del presidente del Legislativo se dieron en el marco del tercer informe anual de la gestión de la fiscal general Thelma Aldana 2016-2017, a cuyo acto asistió Chinchilla como invitado especial.

Por Byron Ramírez

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Con el objeto de conocer detalles de la adquisición de autopatrullas y motocicletas para uso de las fuerzas de seguridad, la Comisión de Gobernación del Congreso se reunió con el Subdirector de Apoyo Logístico de la Policía Nacional Civil (PNC), Ramsés Rosales, quien informó detalles de la compra que se pretende efectuar. Según el funcionario, actualmente la PNC cuenta con alrededor de 4,500 vehículos, de los cuales solo funcionan 1,460.

Asimismo, dijo que se pretende comprar mil autopatrullas y 1,500 motocicletas, por medio de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que tendrá que ser aprobado por el Legislativo, esperando que en 6 meses se pueda levantar la licitación y adjudicación.

El legislador Luis Azmitia, de Movimiento Reformador, expresó su preocupación debido a que Rosales no tiene conocimiento del presupuesto de la PNC, ni de proyectos de ejecución para el presente año, “mucho menos el control de lo que se pretende comprar”. El diputado llegó a esa conclusión ante la falta de respuesta a varias preguntas formuladas en la reunión. El congresista de la Unidad Nacional de la Esperanza, Óscar Argueta, comentó que ha visitado la Unidad de Material Móvil de la PNC, encargada del mantenimiento de los autopatrullas, encontrando “muchas unidades en el abandono, con llantas en pésimo estado, y con un funcionamiento mecánico deplorable”. “De nada sirve comprar lotes de vehículos si no se les da el mantenimiento preventivo, pues en este rubro solo tienen asignados Q15 millones anuales, lo cual es insuficiente para hacerlo”, indicó.

En su argumentación Rosales dijo que hay una deuda de arrastre de Q296 millones desde el año 2,013, la cual se espera cancelar con el presupuesto que no se ejecute en otras dependencias de la PNC. “Utilizamos Q12 millones mensuales en combustible, tenemos deudas de Q20 millones en servicios de telefonía, arrendamientos y agua, gastamos Q70 millones para seguros de vida, pero solo tenemos Q45 millones presupuestados y Q300 millones en alimentación anualmente. El presupuesto es insuficiente para dar mantenimiento a unidades”, afirmó.

El vicepresidente de la Comisión, Christian Gabriel, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), opinó que las autoridades de la PNC aún no tienen clara la cantidad de unidades que pretenden adquirir. “Pedimos conocer de donde se obtendrá el financiamiento de Q75 millones que necesitan para la compra.

Si el préstamo no está respaldado por el Congreso se cae el evento, y lo que más preocupa es el mantenimiento de los vehículos, pues ningún proveedor quiere trabajar con el Ministerio de Gobernación”, expresó. Antes de concluir la reunión, los integrantes de la sala de trabajo manifestaron que esperan las respuestas para todas sus preguntas en una nueva sesión de trabajo, programada para la próxima semana.

Por Fernando Bolaños Barillas

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Diputados de la Comisión de Energía y Minas, que preside Luis Contreras, citaron a Luis Alfonso Chang y a Julio Estrada, ministros de Energía y Minas y Finanzas Públicas, respectivamente, y a Oscar Eduardo Caceros, gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y a Jorge Guillermo Arauz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, para analizar la iniciativa 5252, respecto de la tarifa social.

Lo que se pretende es establecer un subsidio focalizado por la cantidad de consumo y la situación económica del usuario, para que realmente se beneficie a la población más necesitada del país. “El objetivo es dejar un compromiso de Estado, establecer una cantidad fija en el presupuesto para que la gente de escasos recursos pueda gozar de este beneficio”, indicó el diputado Contreras, del Movimiento Reformador. “También queremos que algunos recursos que se destinaban al Fondo Nacional para la Paz, y que ahora están en otros fideicomisos, se puedan usar en esta tarifa”, agregó.

Caceros indicó que ven bien la propuesta, pues el Inde ha absorbido el aporte, el cual debería darse de manera conjunta con el Gobierno. Por su parte, el ministro Estrada comentó que los aportes del Inde han sido valiosos para los usuarios, pues “han permitido el acceso a la electricidad a los precios más bajos de Centroamérica, de 50 y 75 centavos el kilovatio-hora”.

Explicó que es necesario hacer una planificación patrimonial de la institución a largo plazo, que incluya medidas de eficiencia, para que pueda continuar con la capacidad de generar esas rentas al Estado. “Esta es una manera de mantener el compromiso de hacer ingresos no tributarios, haciendo rentable el patrimonio público”, manifestó.

El diputado Contreras concluyó diciendo que se continuará discutiendo la iniciativa y se harán las modificaciones necesarias, “para no caer en temas que no se pueden financiar porque fueron realizados sin el consenso necesario”.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados que integran la Comisión de Salud del Congreso, durante una reunión de trabajo interinstitucional para tratar el tema de la desnutrición, cuestionaron a los diferentes funcionarios relacionados con el asunto por el poco avance de los cuatro ejes para atacar ese flagelo.

Al respecto, Karla Martínez, presidenta de la sala de trabajo, e integrante de la bancada Alianza Ciudadana, solicitó informes al viceministro de Salud Pública, Juan Carlos Verdugo, sobre el avance del programa Ventana de los Mil Días, el cual fue creado con el fin de prevenir y erradicar la desnutrición. “Para este año contamos con un presupuesto de Q408 millones, provenientes de reasignaciones presupuestarias y un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, dijo Verdugo. Explicó que tienen planificado contratar auxiliares de enfermería, trabajadoras sociales y asistentes, además de comprar vehículos, motocicletas, muebles y equipo para aproximadamente 600 puestos y centros de convergencia.

La diputada Martínez dijo que es preocupante que al mes de mayo no haya mayores avances. “Me preocupa aún más que el Ministerio de Desarrollo Social lleve un cero por ciento de ejecución en los programas destinados a erradicar la desnutrición aguda”, aseveró. En el mismo sentido se pronunciaron los diputados Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional; Estuardo Galdámez , del Frente de Convergencia Nacional, y Mike Mérida, del Movimiento Reformador, quienes consideran que no hay coordinación entre las instituciones encargadas de trabajar el tema, como el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Social y Salud, entre otros. “Ni siquiera tienen un dato exacto de cuantos niños con desnutrición aguda hay actualmente en el país. Unos dicen que 13 mil, mientras otros nos dijeron que 14 mil”, explicó la diputada Martínez.

Los congresistas abordaron otros temas relacionados a la pérdida de alimentos por retrasos en la entrega, por lo cual solicitaron a los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Ministerio Público que continúen investigando, para que se deduzcan responsabilidades. “No quitaremos el dedo del renglón, por lo que en un mes exactamente nos volveremos a reunir para dar seguimiento al tema. No es posible que el año pasado hayan muerto más de 160 niños por desnutrición y las autoridades no tomen cartas en el asunto”, concluyó Martínez.

De acuerdo con el Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de Educación Primaria del Sector Público de la República de Guatemala 2015, la prevalencia de desnutrición crónica es de 37.6% en niños de 6 a 9 años con 11 meses.

Por Mayra Recinos

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