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La mesa técnica que analiza las reformas al Decreto 51-92, Código Procesal Penal,  discutió el borrador de la propuesta de ley que contiene dichas modificaciones que pretenden reducir el hacinamiento en las cárceles.

En el análisis se conocieron los artículos principales de la propuesta, entre los cuales se destaca la creación de una unidad de control de medidas de coerción, que administraría el Organismo Judicial. Se evaluaron las propuestas presentadas por cada una de las entidades del sector justicia que integran la mesa, con el propósito de elaborar una normativa que garantice la celeridad de los procesos y evite abusos en los plazos  de la prisión preventiva debido a que un amplio porcentaje de la población reclusa se encuentra en esa condición.

“Debo dejar en claro, no se trata de aplicar leyes para sacar gente de la cárcel estamos hablando de que realmente exista justicia y en aquellos casos en que un ciudadano tenga el derecho a no estar detenido pues que suceda eso”, explicó el diputado Oliverio García, integrante de la mesa.

La próxima semana se continuara con el análisis del borrador y se integraran las propuestas presentadas por los miembros de la mesa técnica.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Jeaneth Cifuentes

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Ahondar en las investigaciones en torno a las acciones emprendidas como parte de los monitoreos sanitarios y de alerta temprana en los márgenes del Río Chinautla fue el propósito de la reunión que el diputado Leocadio Juracán sostuvo con  representantes de los ministerios de Ambiente y  salud, así como de la  procuraduría de Derechos Humanos.

Como primer paso, el congresista confirmó la instalación de una mesa de trabajo, en la que también participan vecinos de algunas comunidades del mencionado municipio, en donde  durante los últimos años se incrementó  la contaminación en los afluentes de agua  que abastecen estas comunidades.

El problema de la contaminación no es el único, pues hasta ahora, según se concluyó en la mesa de trabajo, las autoridades pertinentes no han tomado  cartas en el asunto,  lo que ha devenido en un aumento en los  casos de enfermedades.

Continuaremos  con la mesa de trabajo para dar seguimiento a la problemática  ambiental y de salud en el área, aseguró el diputado.

Por Wendy Sandoval

Fotos. Rodrigo Arias

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La última reunión de trabajo del presente año realizaron los miembros de la Comisión de Educación del Congreso, presidida por el  diputado  Ovidio Monzón (TODOS). La  entrega del informe de las actividades de la sala de trabajo durante el presente año y la participación de  estudiantes de la carrera de medicina, del departamento de Escuintla,  fueron los puntos principales.

El diputado Monzón entregó a los integrantes de la sala de trabajo un disco compacto que contiene el resumen de cada una de las actividades, dictámenes y actas de las diferentes reuniones que sostuvieron durante el año, los congresistas deberán revisar y entregar sus observaciones para que puedan ser incluidas en el informe que se presentará a Dirección Legislativa.

A solicitud del diputado Víctor Manuel Cruz Clavería (FCN Nación), vicepresidente de la Comisión, los diputados escucharon las demandas de estudiantes del Centro Universitario del Sur (CONSUR), Alexis Hernández, estudiante de 6to año de medicina, dijo que están preocupados ya que no se ve con claridad la entrega del bono de estudio que brindan a los estudiantes cuando se mueven a comunidades lejanas a realizar su EPS.

Los diputados gestionaron que este mismo día fueran recibidos por el viceministro Financiero de Salud y Previsión Social, José Iván Arévalo, para que puedan plantear la problemática y de forma conjunta puedan solucionarla.

El diputado Monzón mencionó que uno de los temas que han atendido son los relacionados a los institutos por cooperativa. “Incluso en los próximos días tendremos reuniones con los directores de los 100 institutos que existen en el país”. Otro aspecto que resalta son los trámites que han hecho para buscar certeza jurídica a los 24 mil inmuebles donde funcionan establecimientos públicos.

El diputado Monzón reiteró su compromiso con la Comisión y continuarán reuniéndose para atender los diversos temas que se presentan en sala legislativa.

Por Mayra Barillas Recinos

Fotos Edwin Méndez

 

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 Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala,  coordinada  por la congresista Nineth Montenegro, presentaron ante el Juzgado de Primera Instancia Civil  un amparo en contra de la Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. y La distribuidora Eléctrica de Occidente S.A. debido al cobro de la tasa de alumbrado público sin contar con la autorización de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

La diputada  Montenegro señaló  que este cobro se ha realizado desde 1996 y que lo considera ilegal, pues  en la mayoría de municipios no existe un convenio ni resolución que establezca que debe ser incluido en la factura.

“A excepción de las municipalidades de  Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, ninguna de las 337 restantes  cuenta con el convenio aprobado, por lo que esto ha sido un abuso hacia millones de guatemaltecos, víctimas de esta arbitrariedad” expresó la diputada.

Los legisladores  solicitan, que ambas distribuidoras se abstengan inmediatamente de incluir en las facturas por servicios de luz eléctrica, la tasa de alumbrado público sin la debida autorización, como se estipula en el reglamento de la ley General de Electricidad,

Por Rosemary Recinos

Fotos Jeaneth Cifuentes

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Con la ratificación del compromiso de elaborar una ley marco que permita el combate a la ciberdelincuencia concluyó la Xl Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia (CISCAJ), que preside el diputado Juan Ramón Lau (TODOS) con lo cual se cumplió el lema del evento,  “Desafíos Legislativos frente a la Ciberdelincuencia en Centroamérica y la Cuenca del Caribe”.

En este intercambio de experiencias, el diputado Lau resaltó los esfuerzos que realiza Guatemala en el combate al ciberdelito. “Los acuerdos son importantes a nivel regional, en el caso de Guatemala estamos impulsando la iniciativa que castiga severamente este flagelo que afecta a múltiples países,   por ello estamos unificando esfuerzos”, dijo.

Por su parte,  el Secretario Ejecutivo del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y Cuenca del Caribe (FOPREL), Dr. Santiago Rivas Leclair,   mostró su beneplácito por  la labor que hace nuestro país ante esta problemática. “Es importante resaltar la labor que hace Guatemala y sobretodo felicitar al diputado Lau que ha sido consecuente en el tema,  que ha rendido frutos”, puntualizó.

En la reunión, también participó el diputado Rodrigo Valladares quien se refirió a la iniciativa 5254 que dispone aprobar la Ley contra la Ciberdelincuencia, siendo uno de los aportes a nivel legislativo para combatir el ilícito penal en cuestión.   “Si Guatemala aprueba esta normativa sería parte del Convenio de Budapest, lo que representa un avance significativo en el combate a este tipo de delitos», indicó Valladares.

Al concluir, los miembros del CISCAJ indicaron que en 90 días plazo  presentarán  la ley marco para que los países miembros adapten  una legislación adecuada para combatir el ciberdelito y así erradicarlo, pues pone en riesgo la integridad y seguridad de los usuarios a nivel mundial.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Roberto Aguja/Rodrigo Arias

 

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En coordinación con autoridades de los ministerios de salud, gobernación y autoridades locales de Quiché, el diputado independiente Eduardo Cruz Gómez Raymundo, representante de ese departamento instaló  una Mesa Técnica Interinstitucional para diseñar e impulsar el Plan de Seguridad Ciudadana en el mencionado departamento.

El objetivo es implementar operativos en los municipios para establecer la legalidad de los expendios de licores, prostíbulos, cantinas y bares, ya que existen denuncias que estos comercios han proliferado. También se busca  contrarrestar la trata de menores y adolescentes, venta de drogas y distribución de diferentes estupefacientes.

El congresista  mostró su preocupación porque hay un brote de violencia en varios municipios “queremos que las estadísticas de violencia intrafamiliar, asesinato de mujeres líderes y otros delitos disminuyan, también existe una demanda social de la población, “debemos buscar los mecanismo de solución a la problemática en los municipios”, enfatizó.

En la reunión participó Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, quien comentó “estamos impulsando varias acciones en varios departamentos, entre otros, la Política Municipal de Prevención y debemos fortalecer las acciones en el departamento de Quiché, en donde de 21 municipios 10 se están atendiendo, dijo.

Representantes del área de salud del distrito, Gobernación Departamental y jefes de la comisaria del lugar expusieron sus necesidades.

Por José Castellanos.

Fotos Edwin Méndez

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La Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso de la República,  que preside la diputado Lesly Valenzuela de Paz (UNE), presentó el informe de las diferentes actividades realizadas durante el presente año.

“Llevamos a cabo múltiples reuniones de trabajo con los integrantes de la Comisión, pero no nos limitamos al trabajo de oficina, porque también hicimos trabajo de campo para inspeccionar personalmente las denuncias  que nos llegaron”, dijo la congresista Valenzuela.

El informe destaca  reuniones de fiscalización en torno a diferentes temas y la recepción de  demandas por parte de  pobladores, en su mayoría  referentes al mal servicio eléctrico prestado en comunidades lejanas del país por la empresa de Energuate.  “Por esta razón creo conveniente que la Comisión  dé seguimiento a este tema y presente demandas penales”, indicó Sandra Morán (Convergencia), integrante de la Comisión.

El abandono y mal estado de las carreteras fueron otras razones por las que la comisión  citó a funcionarios, como al Ministro de Comunicaciones. “Así mismo citamos  a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de que los programas llegarán a las personas que verdaderamente los necesitaban”, explico la diputada Valenzuela.

El informe menciona que  durante el presente año los diputados también hicieron revisiones  en la implementación de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), necesarias para la aplicación de la Ley de Alimentación Escolar. Además  efectuaron reuniones para dar seguimiento al precio de la canasta básica y se realizaron escrutinios por el aumento al precio de los combustibles.

El diputado Claude Harmelin (FCN Nación), resaltó  la gestión de la diputada Valenzuela al frente de la Comisión. “Gracias a su orden y disciplina  llevamos a cabo un labor  proactiva, la  cual se debe reflejar en la página web del Congreso, ya que este medio es una verdadera ventana de nuestro trabajo para con la población”, dijo.

Luego de un  año al frente de la instancia legislativa, la diputada Valenzuela hace  las siguientes recomendaciones.


  1. a) Que se retome la garantía estatal de defender y proteger al consumidor y el usuario.

  2. b) Que la Junta Directiva del Congreso de prioridad a la iniciativa que da vida a la Procuraduría de Defensa al Consumidor y el Usuario (PRODECO), en cumplimiento Decreto 6-2003.

  3. c) Que se prosiga la revisión de normas jurídicas para la aplicación de la política de energía eléctrica, especialmente en la construcción de infraestructura para el buen transporte de la energía a las comunidades.

  4. d) Que durante la siguiente legislatura se institucionalice una campaña masiva y permanente de información sobre los derechos de los consumidores y el usuario y sus medios de defensa, que den como resultado la solución de sus gestiones y el control periódico del estado de las carreteras de país y otros servicios públicos esenciales.

La legisladora agradeció  el apoyo que recibió de los diferentes diputados que integran la Comisión, “Ellos son quienes impulsaron el trabajo que hoy vemos reflejado en nuestro informe”, indicó.

Por Mayra Barillas Recinos

Fotos. Edwin Méndez

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Luego del análisis y discusión respectiva, los miembros de la Comisión de Educación, que preside el diputado Ovidio Monzón, emitieron tres dictámenes favorables a igual número de iniciativas de ley, con las cuales buscan legislar en favor del sector educativo del país.

Una de estas iniciativas es la No. 5402,  que propone  aprobar la Ley Del Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos (FONACREDU),  que  otorgaría estos beneficios a personas que se encuentren en vulnerabilidad social o que carezcan de recursos económicos.

“Con este dictamen será el  pleno el que decida darle el trámite correspondiente a esta iniciativa que permitiría brindar oportunidades de estudio”, opinó el diputado Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Educación.

Otra de las propuestas con dictamen favorable es la  5525, que aprobaría la ley  que Declara el Día Nacional del Profesional Humanista Educador, la misma propone que el 17 de septiembre se otorgue asueto con goce de salario a los profesionales que laboran en el ámbito estatal.

La inclusión en el pensum de estudios de la Educación en Derechos Humanos es la propuesta de la iniciativa 5476, que también recibió dictamen favorable. Dicha modificación sería en el pensum de estudios de los niveles primaria y secundaria.  Los tres dictámenes serán remitidos a Dirección Legislativa para que posteriormente sean incluidos  para su discusión y proceso de aprobación en el Pleno del Congreso.

Por Isabel Mazariegos

Fotos  Jeaneth Cifuentes

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No se detiene el trabajo que realizan los miembros de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, que preside la diputada Laura Franco Aguirre, de la bancada FCN- Nación, tampoco el análisis de la iniciativa de ley que propone reformas al Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas.

Dicha iniciativa de ley, que  contiene mayores controles de fiscalización y regula al Sistema Nacional de Cooperativas, entre otros cambios continúa socializándose y este miércoles fueron los miembros del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP), quienes se unieron al diálogo.

Humberto Maldonado Cáceres, presidente del Inacop agradeció el trabajo de la mesa técnica,  que elaboró  un documento borrador que  presentó  a los integrantes para que brinden sus opiniones técnicas y legales.

“Estamos discutiendo una Ley que por casi cuarenta años no se ha modificado, creemos que es positivo el hecho de que se lleven los consensos con todos los actores, dijo Maldonado Cáceres, quien dijo que entre los cambios están las nuevas atribuciones y funciones del Instituto y la  incorporación de  temas relacionados con  la mujer, educación de jóvenes y la escuela de formación de cooperativas.

Claudia Say, consultora del área de Participación Política y Ciudadanía de ONU-Mujeres, expuso “Vemos que en esta iniciativa de ley se debe de incluir a las mujeres indígenas y de las mancomunidades con el fin de empoderarlas en el ámbito económico.

La congresista Laura Franco, que dirige la sala legislativa comentó:  “nosotros como diputados estamos buscando con todos los sectores involucrados que brinden sus aportes y opiniones para que el contenido de la iniciativa de ley tenga el resultado positivo y se entregue un anteproyecto de ley positivo que beneficie a todos”.

Según la Ley General de Cooperativas, debe  designarse  al Ministerio de Economía un mayor desarrollo e impulsar la competencia cooperativista en el país, además de perfeccionar la fiscalización de estos entes.

Por José Castellanos

Fotos. Jeaneth Cifuentes

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