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La denuncia de pilotos del transporte urbano  en relación a que no se les quiere brindar atención médica en las unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) propició la intermediación del diputado Amílcar Pop, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Transparencia y probidad se reunió con autoridades del Seguro Social.

Fue el  presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Contreras, quien explicó que, en el caso del sistema de transporte conocido como Transurbano,  existen retrasos en el pago de varias  cuotas patronales por parte de las autoridades administrativas de la empresa, lo que evita que se pueda atender o dar medicamentos a los pilotos, pese a que a estos se les descuentan las cuotas respectivas.

Por su parte Edgar Guerra, de la Procuraduría de los Derechos Humanos  aseguró que a ellos les han trasladado varias denuncias, por lo se dará acompañamiento a las denuncias presentadas ante el ministerio de trabajo y Ministerio Público.

También intermedia por pobladores de finca

En otro momento de su agenda diaria, el diputado Pop se reunió con  habitantes de la finca San Luis,  ubicada en Coban Alta Verapaz, quienes  le solicitaron la intermediación para que les legalicen las tierras que actualmente ocupan alrededor de 113 familias.

Estas  familias están ubicadas en 7 caballerías dentro de terrenos adjudicados al Ministro de la Defensa, los habitantes denuncian que  integrantes de la Comisión Presidencial del Dialogo han retrasado los avances para la legalización, lo que fue refutado por Sergio Flores, Comisionado Presidencial del Dialogo, quien dijo que el poco avance se debe a que no poseen un  informe   del Registro de  Información Catastral, (RIC), por lo que para la próxima semana se espere una nueva reunión para dar una propuesta para solucionar el tema.

Por Karla  Herrera

Fotos Roberto Aguja

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Entre la recepción de solicitudes diversas y documentos que son remitidos al Congreso de la República se desarrolla la actividad de la Dirección Legislativa, unidad fundamental por el apoyo técnico que brinda al trabajo legislativo que realizan los diputados, ya sea de manera individual o mediante los diferentes bloques legislativos o comisiones de trabajo.

Algunas autoridades la llaman “El Corazón del Congreso”, y no es para menos,   memoriales, expedientes, peticiones, propuestas, mociones y proposiciones son algunos de los documentos que pueden encontrarse en dicha Dirección, y lo más importante, es información que está a disposición del público, como una muestra de la transparencia en el trabajo legislativo.

La Dirección Legislativa cuenta con 7 departamentos siendo estos, Gestión Legislativa, Asistencia Técnica, Diario de Sesiones, Archivo, Información Legislativa y Sonido, cada una contribuye al desarrollo del trabajo que realizan los legisladores, pues en ella se resguarda el patrimonio documental y se tiene un amplio registro del trabajo que día con día se realiza en este alto Organismo de Estado.

Varias son las funciones de la Dirección Legislativa, apoyo técnico en el desarrollo de las sesiones plenarias, la atención al público en general, la asesoría que otorgan tanto a diputados como a instituciones que deseen adentrarse en los procesos legislativos, por lo que es considerada parte fundamental en la coordinación y funcionamiento de este Poder del Estado.

Datos de la Dirección Legislativa

Un promedio diario de 25 solicitudes de información solicitan en la Dirección Legislativa los  ciudadanos interesados en alguna certificación o documentos que allí se encuentran.

Las solicitudes son atendidas de manera personal, pero también puede ser por la vía telefónica, dependiendo del requerimiento, la documentación puede ser entregada de inmediato o es remitida vía electrónica al usuario o entidad.

La dirección atiende dudas o consultas referentes al trabajo legislativo con el objetivo de fomentar la comprensión adecuada de la labor que realizan los diputados al Congreso y de los distintos órganos que integran este Poder del Estado

Por Isabel Mazariegos.

Fotos Jeaneth Cifuentes

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Luego de cuestionar a las autoridades del Ministerio de Agricultura en torno a los criterios técnicos utilizados para erogar Q123 millones, para el pago de alrededor de 28 mil reforestadores y la entrega de 355 cupones de alimentos, diputados de la bancada . Encuentro por Guatemala (EG), anunciaron la interposición de acciones legales en contra de autoridades de dicha cartera.

A criterio de los congresistas, hubo anomalías en la entregas realizadas en los meses de mayo y junio, según las denuncias de los vecinos, por lo que, luego de reunirse con el viceministro de Agricultura, Felipe Orellana, se anunciaron las acciones legales.

En la reunión se abordó el tema relacionado con el Programa Bosques y Agua para la Concordia, el cual fue creado en el año 2002, pero a criterio de los legisladores, venció en el año 2011, por lo que se creó una comisión liquidadora.

Sin embargo, el viceministro Orellana mostró los Acuerdos Ministeriales 48-2012 y 124-2019, el primero que renueva la vigencia para el pago a los beneficiarios y el segundo que justifica  la impresión de cupones por Q200 y cuyos beneficiarios son las familias identificadas en pobreza y pobreza extrema. “Hemos sido enfáticos con los delegados departamentales de no politizar estos programas”, precisó el funcionario.

Ante esta situación, los miembros de la bancada solicitaron  una auditoria a Cesar Elías, subcontralor de la Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas y una investigación al titular en funciones de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público,  José Rafael Curruchiche, pues no descartan la comisión de delitos como de abuso de autoridad con propósito electoral, y propaganda oficial ilegal, ambos  tipificados en el Código Penal guatemalteco.

“Nos llama la atención que a pocos días del proceso electoral, se registren movimientos importantes que según las autoridades del Ministerio de Agricultura estaban contemplados en el POA 2019, pero que a plena vista crea suspicacia que sea en momentos eminentemente políticos”, concluyo la congresista Montenegro.

Por Karen Mendoza González

Fotos Miguel Plato

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El diputado por el distrito de El Progreso,  Víctor Manuel Estrada  se reunió con representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y del Banco de Desarrollo Rural (Banrural)  para intermediar por agricultores de varios departamentos, quienes pretenden ser beneficiados con los beneficios del Programa Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje.

Los campesinos demandan la agilización de procedimientos para que les otorguen apoyo económico para proyectos de riego y mini riego, luego que quedara vigente el Acuerdo Ministerial del Maga 315-2017 del 9 de noviembre del año 2017, que aprueba los Criterios y Requisitos para clasificar y determinar cómo Irrecuperables, los créditos otorgados a otros beneficiarios.

A la reunión  asistieron delegados regionales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Jutiapa, Chimaltenango, Santa Rosa y El Progreso, así como el sub director Territorial de la Conred, quien detalló cómo se ejecutan los procedimientos para que se les entreguen los certificados y las evaluaciones para determinar créditos y sean autorizados por el Maga y Banrural.

Varios líderes comunitarios y directivos de las asociaciones de agricultores solicitaron que se les vuelva a evaluar con los estudios técnicos en las comunidades donde se vieron afectados por los desastres naturales que ha habido,  como la tormenta tropical Stan.

El diputado Estrada Orellana  indicó que habrá una reunión con funcionarios del Maga y otras instituciones para verificar el cumplimiento de los acuerdos ministeriales que estipulan los términos del programa de riego y drenaje, además realizaran visitas de campo a varias comunidades para conocer la situación de los agricultores.

Por José Castellanos

Fotos Elder Carío

 

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Con la presencia de los rectores de las Universidades legalmente establecidas en el país, el presidente del Congreso de la República, diputado Álvaro Arzú Escobar oficializó la instalación de las  Comisiones de Postulación  para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

Los rectores eligieron al Padre Félix Serrano Ursúa, Rector de la Universidad Mesoamericana  para  presidirá la Comisión de Postulación de candidatos  a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el Ingeniero Murphy Paiz, Rector de la Universidad de San Carlos presidirá la Comisión Postuladora que seleccionará a los aspirante a Magistrados de Corte de Apelaciones.

“En esta mesa se encuentran grandes profesionales que están al frente de distintas universidades acreditadas en el país, por ello la responsabilidad de presidir estas instancias quedará en buenas manos garantizando un proceso apegado a ley”, manifestó la Dra. Alba Aracely Rodríguez, quien presidie el foro de Rectores y representa a la Universidad Panamericana.  Al concluir la reunión se suscribió el acta dejando en firma la decisión de esta instancia.

DEL PROCESO

La elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia está establecido en el artículo 215 de la  Constitución Política de la República de Guatemala, que regula la integración de la comisión y su proceder. El proceso de elección de Magistrados de Corte de Apelaciones está normado en el  artículo 217 de la Carta Magna.

“Los días de trabajo se definirán cuando se integren las Comisiones de Postulación, lo que podría ser en la primera quincena de julio,  cuando todos sus miembros hayan definido a sus representantes, esto en el caso del Colegio de Abogados y Notarios”, explicó Serrano Ursúa.

Mientras que el Ingeniero Murphy Paiz indicó que, “se trabajará de forma coordinada, tomemos en cuenta que en ambas instancias se debe contar con la presencia de los rectores como miembros, por otra parte tenemos clara la importancia de velar por un proceso transparente”.

Tras elegirse a los presidentes de las comisiones, se procederá a integrar las instancias para luego definir la sede y fechas de reunión. Además se elaborará un cronograma que definirá el tiempo de evaluación, entrevista y entrega de la nómina para que el Congreso lleve a cabo la elección respectiva. En el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  deberán asumir el cargo el próximo 13 de octubre y se desempeñarán en el cargo durante 5 años.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Roberto Aguja/Rodrigo Arias

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Promover la calidad de la información que se genera en el Organismo Legislativo es uno de los logros de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso, cuyas autoridades le apuestan a la modernización y a la transparencia en el manejo de los datos.

El Decreto Legislativo 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública es la base legal para que la información sea proporcionada a los usuarios que la solicitan basándose en los artículos 10 y 13.

“A la fecha hemos recibido 318 solicitudes, el año anterior recibimos  410, pero esto se debe a que se ha promovido más el uso del sitio web y las personas ya no se presentan físicamente a la unidad sino que descargan la información, disponible las 24 horas,  los siete días de la semana, afirma Patricia Letona, directora de la unidad.

Agregó que entre los temas que solicitan estudiantes, investigadores, abogados, sindicatos y periodistas, son  Iniciativas de Ley, Decretos aprobados, Acuerdos Legislativos, entre otros.

Letona instó a los usuarios para  que hagan uso de correo electrónico, discos compactos o memorias para requerir su información y evitar la impresión de documentos, esto con el objetivo de ser responsables con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo sustentable.

El sentido legal de la ley

La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, garantiza a todas las personas interesadas, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados, lo que garantiza la transparencia de la administración pública.

Es una ley de orden público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado,municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración.

Por Elizabeth Linares

Fotos Miguel Plato

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Evitar que se cobren más impuestos y eliminar gradualmente el Impuesto sobre la Renta (ISR) es el propósito principal de la iniciativa de ley presentada ante Dirección Legislativa por los diputados Estuardo  Galdámez y Fernando Linares Beltranena.

La eliminación gradual del ISR comenzaría en  el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas con un 15 por ciento a partir del año 2021,   un 10 por ciento en el año 2022 y un cinco por ciento en el año 2023.  En el régimen opcional sobre ingresos de actividades lucrativas sería un cinco por ciento en el 2021, un cuatro por ciento en el 2022 y un dos por ciento en el año 2023, mientras que en el régimen sobre renta de trabajo en relación de dependencia, sería un cinco por ciento en el 2021, un tres por ciento en el  2022 y un dos por ciento en el 2023,  hasta llegar  a derogar  por completo el decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Esta eliminación gradual obligaría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a  buscar estrategias para ampliar la base tributaria, reducir el contrabando y la corrupción en las aduanas,  así como facilitar y mejorar la recaudación de todos los impuestos restantes.

“La  propuesta que hoy presentamos con el diputado Linares es importante pues proponemos una reducción de impuesto que incida en reducir  la pobreza extrema, hoy tomamos el ejemplo la política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, enfatizó el diputado Estuardo  Galdámez, Primer Secretario de  Junta Directiva del  Congreso de la República. donde el

En el artículo 4 de esta propuesta  se aborda la  optimización del gasto público, lo que significa que el Organismo  Ejecutivo deberá   evaluar a  todas las dependencias con el objetivo de racionar los  gastos, cerrando dependencias innecesarias, analizar  compromisos financieros sin que perjudique las obligaciones del Estado, dando prioridad a los servicios de Salud, Justicia, Seguridad y Educación.

Por  Karla Herrera

Fotos Edwin Méndez

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Una iniciativa de ley con la cual se pretende cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional la Aurora presentó el diputado por el distrito de Totonicapán, Marcos Yax Guinea, quien pretende que la terminal aérea se denomine Aeropuerto Internacional Atanasio Tzul.

“Sería un reconocimiento al legado cultural e histórico de Atanasio Tzul, un héroe del pueblo maya”, dijo el congresista. \"El pueblo de Totonicapán se sentiría orgulloso de aprobarse esta ley y como representante de este distrito la presento este día\", agregó.

De acuerdo con el legislador, la terminal aérea es una carta de presentación ante el mundo por ello su nombre debe hacer remembranza en la riqueza histórica de nuestro país.

Además el congresista explicó que, con base en la Constitución Política de la República de Guatemala, en esta iniciativa se promueve el reconocimiento de los diversos grupos étnicos. El diputado informó que al momento en que la propuesta sea leída ante el Pleno del Congreso, solicitará que sea aprobada de urgencia nacional.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Héctor Monroy

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En un plazo no mayor de 20 días, autoridades de la Contraloría General de Cuentas tendrán que entregar a los diputados de la bancada UNE, Orlando Blanco y Jairo Flores, el informe sobre la auditoría practicada a los  programas, Bosques y Agua para la Concordia  y   Subvención para la adquisición de alimentos por el hambre estacional, ejecutados por el   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, (MAGA).

Este informe se solicitó tras las dos audiencias en las que los congresistas cuestionaron a las autoridades en torno a la erogación de  Q123 millones para el pago a28 mil reforestadores y la entrega de 355 mil cupones de alimentos.

Para responder a los señalamientos de los legisladores el titular del MAGA, Mario Méndez Montenegro negó anomalías en la ejecución de los programas. “Hemos sido enfáticos con los delegados departamentales, en que las entregas a los beneficiarios se lleven con transparencia”, agregó.

Sin embargo, los diputados mostraron material audiovisual en el que se observan algunas anomalías.“Tenemos denuncias que en los departamentos de Jalapa, Huehuetenango, Baja Verapaz y Santa Rosa se están haciendo las entregas para favorecer a determinados grupos”, dijo el diputado Blanco.

Al  informe se agregó  una investigación solicitada por los representantes, al titular en funciones de Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, Rafael  Churruchiche, por la posible comisión de un hecho contrario a la ley, en la entrega de estos beneficios. “No permitiremos que los recursos del erario nacional sean utilizados de forma anómala”, concluyó el jefe de bloque UNE.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

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