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La instancia de Jefes de Bloque recibió esta mañana al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, a quien cuestionó sobre diferentes aspectos técnicos de la ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2018, la cual analizan previo a entrar a conocerla para su aprobación en el Pleno.

El 30 de noviembre vence el plazo para que el presupuesto sea aprobado, según la ley, y al momento no se han alcanzado lo acuerdos necesarios entre bancadas para que sea conocida la primera lectura. “La iniciativa consta de medidas de contención y control del gasto público”, respondió el ministro a parlamentarios que le requirieron detalles en rubros de salud, educación, censo de personas y seguridad, entre otros temas.

El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuestionó que seis ministerios de Estado mantengan ejecución por debajo del 50% de su presupuesto, y aún así busquen aumento; mientras que el congresista Raúl Romero, de la bancada Fuerza, argumentó que el ejercicio fiscal del próximo año está desfinanciado y desbalanceado.

“El tiempo es corto para entrar a conocer el proyecto presupuestario en el pleno y la presencia del Ministro es vital para entender algunos detalles técnicos”, dijo el diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional, y el legislador Marvin Orellana, tercer vicepresidente del Congreso, expresó ante los jefes de bloque que se debe levantar la sesión permanente en el Legislativo para conocer el proyecto de presupuesto.

Previo a entrar a conocer el tema presupuestario, el representante de la Organización Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Diego Recalde, hizo ver a los parlamentarios la importancia de la Ley de Agricultura Familiar, que se encuentra lista para su tercera lectura, instando a los diputados se apruebe antes de finalizar el año en beneficio de los agricultores, la cual se complementa con la Ley de Alimentación Escolar recientemente aprobada.

Por Fernando Bolaños

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Como resultado de la reunión que sostuvieron diputados de las comisiones de Asuntos sobre Discapacidad y la de Pueblo Indígenas, con representantes de 13 entidades del Ejecutivo, se asumió el compromiso de impulsar programas integrales a favor de personas con discapacidad.

Se acordó que los esfuerzos serán coordinados con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), la cual estará velando para que se abran los espacios necesarios y dicha población sea tomada en cuenta en las políticas de Estado.

El diputado Juan Carlos Salanic (UNE), explicó que se han hecho una serie de recomendaciones a instituciones del Estado a efecto que tomen en cuenta algunas políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. “Vemos muy poco avance en ese tema, hay que recordar que Naciones Unidas, en agosto del año pasado, le hizo algunas recomendaciones al Estado de Guatemala, hoy creemos que el Conadi debe aglutinar a las instituciones y se tenga una línea definida a favor de las personas con discapacidad”, expresó.

El congresista Leocadio Juracán (Convergencia) solicitó que se tome en cuenta a la población indígena con discapacidad, porque a su juicio las instituciones no le han dado la importancia que debe tener. “Es necesario que se les incluya en los programas y la toma de decisiones”, indicó.

Las entidades participantes entregaron a las comisiones los informes de lo que se realizó este año y lo que planea para el siguiente. Las salas de trabajo continuarán fiscalizando y monitoreando los acuerdos logrados para que se cumpla con la atención de la población discapacitada, se informó.

Por Fredy López

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La diputada Sofía Hernández, de Alianza Ciudadana y representante del distrito de Huehuetenango, se reunió con la viceministra de Educación, María Eugenia Barrios, con quien conversó sobre el avance del proyecto de construcción del instituto tecnológico de aquel departamento.
Según la funcionaria, después de conseguir el terreno para la construcción del edificio y los trámites correspondientes, se espera que para el segundo semestre del próximo año ya puedan contar con el establecimiento educativo.
Luego, la parlamentaria cuestionó a la funcionaria sobre el remozamiento de las escuelas en el departamento occidental, pues casi termina el ciclo escolar y hay algunos establecimientos en mal estado.
Para el próximo miércoles 29, a las 10:00 horas, la diputada
Hernández citará al titular de la cartera de Educación, Oscar Hugo
López, para que informe sobre otros temas relevantes a su cartera, informó la legisladora. Por Nery Morales

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La diputada Sofía Hernández, de Alianza Ciudadana y representante del distrito de Huehuetenango, se reunió con la viceministra de Educación, María Eugenia Barrios, con quien conversó sobre el avance del proyecto de construcción del instituto tecnológico de aquel departamento.

Según la funcionaria, después de conseguir el terreno para la construcción del edificio y los trámites correspondientes, se espera que para el segundo semestre del próximo año ya puedan contar con el establecimiento educativo.

Luego, la parlamentaria cuestionó a la funcionaria sobre el remozamiento de las escuelas en el departamento occidental, pues casi termina el ciclo escolar y hay algunos establecimientos en mal estado.

Para el próximo miércoles 29, a las 10:00 horas, la diputada

Hernández citará al titular de la cartera de Educación, Oscar Hugo

López, para que informe sobre otros temas relevantes a su cartera, informó la legisladora.

Por Nery Morales

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La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por el legislador Leocadio Juracán, de Convergencia, realizó un conversatorio con representantes de entidades indígenas que velan por los derechos de este sector de la población, en donde se trató el tema de las consultas comunitarias.

“El tema es de carácter profundo y estructural para los pueblos indígenas”, dijo el presidente de la sala de trabajo, quien mostró preocupación por la falta de atención de parte del Ejecutivo a los resultados que emanan de dichas consultas en temas que afectan a la población más necesitada del país.

El representante del Consejo Maya resaltó que “ser escuchados es un derecho olvidado por el gobierno desde hace 20 años, los derechos a consulta en los pueblos han resultado estériles, no se acata ni resuelve lo que la población elige sino se manipula la información a en beneficio de empresarios que explotan los recursos naturales y el patrimonio del país”.

El Comité Campesino del Altiplano expresó que lo ideal es buscar equilibrio entre la naturaleza y actividades humanas, pero al contrario, a pesar de la oposición en consultas a normas relacionadas con temas como hidrocarburos, telecomunicaciones, minería y modificación genética de semillas, el gobierno no toma en cuenta la opinión de las comunidades y criminaliza a líderes indígenas.

Para el diputado independiente Eduardo Gómez, hay compromiso por parte de la comisión con los pueblos indígenas. “Su voz vale, la debemos escuchar y respetar, pero por el contrario el Estado construye o autoriza megaproyectos aunque exista oposición de los pueblos originarios”, expresó.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Cultura del Congreso, presidida por la diputada María Quinto, se reunió con tres representantes de la sexagésima sexta legislatura del Estado de Chiapas para estrechar lazos entre ambos parlamentos, así como para intercambiar experiencias.

Los diputados chiapanecos Límbano Dominguez, Sandra Cruz Espinosa y Fany Elizabeth de la Cruz, hicieron saber a sus homólogos guatemaltecos su intención de reinstaurar el llamado Camino Real, la ruta de la Rivera Maya, que abarca gran parte de la península de Yucatán.

La diputada Quinto se manifestó complacida de la visita de sus colegas mexicanos quienes eran acompañados por autoridades culturales y de turismo de su estado.

Uno de los principales objetivos de la visita era el fortalecimiento de la relación entre ambos parlamentos.

Al concluir la reunión, los congresistas chiapanecos fueron recibidos por el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, y consolidaron el acercamiento.

Por Antonio Ordoñez

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La Comisión de la Mujer llevó a cabo la fiscalización de los avances en el cumplimiento de la sentencia emitida el 30 de noviembre de 2016, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado guatemalteco por violaciones a los derechos humanos entre 1981 y 1986, en la aldea Chichupac y comunidades circunvecinas de Rabinal, Baja Verapaz.

A la cita de trabajo acudieron representantes de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh), Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), Ministerio Público (MP), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra).

La diputada Marleni Matías Santiago, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidenta de la Sala de Trabajo, cuestionó a cada uno de los delegados de las instituciones sobre las acciones que han emprendido a raíz del fallo del órgano hemisférico y estableció una mesa de trabajo para seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

María Dolores Itzep Manuel, en representación de las presuntas víctimas, explicó que con la sentencia del caso de la aldea Chichupac suman tres fallos por graves violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo Achí, estas son en el caso masacre Plan de Sánchez, y la de Río Negro.

“Nosotros estamos aquí esta mañana para solicitar al Estado de Guatemala que se implementen todas las medidas de reparación que la sentencia, siendo estas: Guatemala debe de mover todos los obstáculos de facto que mantienen la impunidad en este caso, con el objetivo de sancionar a los responsables; también debe investigar las denuncias de que se cometieron crímenes de lesa humanidad y genocidio a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades; además de investigar las violaciones sexuales respetando las características de las víctimas; establecer el paradero de los desaparecidos forzados; así como localizar y exhumar a las personas fallecidas”, expresó Itzep Manuel.

Añadió que otras de las medidas ordenadas por la CIDH es que el Estado guatemalteco debe brindar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas del presente caso. También debe hacer un acto público de reconocimiento y de responsabilidad por los hechos cometidos contra la población civil de estas comunidades y debe publicar la sentencia en los idiomas español y Achí.

Por Byron Vásquez

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Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza se reunieron con autoridades del Ministerio de Educación para conocer los motivos del atraso en la integración del Consejo Nacional de Educación Física, y al final pidieron la pronta instalación de esa instancia para beneficio de la niñez y juventud.

Los congresistas cuestionaron la poca ejecución presupuestaria de la Dirección General de Educación Física (Digef), que a la fecha se ubica en 1.22 por ciento en inversión.

En la reunión participaron los congresistas Edwin Lux, Marleni Matías y Lesly Valenzuela, así como el viceministro de Educación, Héctor Canto, el encargado de la Digef, Gonzalo Romero, y el subcontralor de Probidad, Fernando Fernández, además de representantes de la sociedad civil.

El viceministro Canto, expuso que desde ayer se cuenta con un acta de constitución del Consejo y el listado de los integrantes, por lo que enviará la documentación de cómo se está actuando y el informe jurídico de cómo quedaría integrada la instancia.

El diputado Lux explicó que su bancada tiene más de un año y seis meses de estar trabajando en el tema. “Vemos con mucha preocupación que en 20 años no se ha logrado la conformación del consejo. Nos explican que ya se tiene la convocatoria para la integración, Esperamos que este año esté conformada. Hemos solicitado información, la cual nos la harán llegar el próximo jueves y nos estaremos reuniendo para ver cómo estará integrado el nuevo consejo”, concluyó.

Por Fredy López

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, que preside el parlamentario Juan Carlos Salanic, de la Unidad Nacional de la Esperanza, se reunieron con autoridades de los ministerios de Desarrollo Social, Agricultura y Economía conocer con exactitud los avances y acciones que estas carteras implementan en favor y apoyo a las personas con discapacidad.

Lo anterior en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de Organización de Naciones Unidas (ONU) para Guatemala en temas de discapacidad, pues en evaluaciones anteriores se ha establecido que el Estado no trata el tema con la importancia que se requiere.

Las personas con discapacidad enfrentan una serie de situaciones que los coloca en condiciones de exclusión frente al resto de la sociedad. Se trata de más de 7 mil hombres y 6,800 mujeres que enfrentan alguna discapacidad severa, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística.

“Es necesario promover el progreso de estas personas para una mejor inclusión, potenciar sus habilidades y ayudarlos a establecer sus prioridades. Ello implica invertir en empleos, salud, nutrición, educación y protección social, lo cual redundará en que estén mejor preparadas para aprovechar oportunidades”, manifestaron los integrantes de la sala de trabajo

Por Wendy Sandoval

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