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Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas, que preside el parlamentario Leocadio Juracán, de Convergencia, acordaron instalar una mesa de técnica de alto nivel, con la participación de los Ministerios de Educación, Salud, Finanzas y Cultura, entre otros, para discutir temas presupuestarios y de acceso a los servicios para los pueblos afrodescendienes, creoles y garífunas.

Los acuerdos se tomaron después de atender la visita de representantes de estos grupos de población, quienes solicitan se retomen las iniciativas de ley que promueven y defienden su cultura y derechos.

Las iniciativas requeridas son la 5133, que dispone aprobar la ley de reconocimiento del pueblo afrodescendiente creole en Guatemala, y la 4345, ley que crea el Instituto Garífuna, las cuales se encuentran pendientes en primera y tercera lectura respectivamente. Lis Drumond, vicepresidenta de la Asociación de Afrodescendientes y sus Amigos, expresó: “Somos una población de más de 200 mil personas, las cuales estamos excluidas e invisibilizadas.

Lo que pedimos son proyectos de desarrollo y oportunidades laborales”. “Unas de las limitaciones para que estas leyes avancen ha sido la práctica del racismo; porque, por ejemplo, este instituto solo plantea un presupuesto mínimo de Q3 millones, por lo cual no vemos justificada la oposición a este proyecto”, indicó el parlamentario Juracán. “Como Comisión nos hemos comprometido a constituir esta mesa técnica en la primera semana de junio y a buscar los consensos para que se pueda abordar el tema en las Instancia de Jefes de Bloque y posteriormente en el pleno”, concluyó el legislador.

Por Rosemary Recinos

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La diputada Marleni Matías, de Unidad Nacional de la Esperanza, quien preside la Comisión de la Mujer, informó este día acerca de los avances que se han obtenido en torno a la iniciativa 5243, ley para prevenir y sancionar la violencia obstétrica en Guatemala.

El propósito de la propuesta es prevenir, sancionar y erradicar la violencia ginecológica y obstétrica en mujeres embarazadas, indicó la parlamentaria. “Hemos encontrado bastante oposición en el gremio de médicos, que ven la iniciativa como un peligro a su profesión, cuando lo que se busca es proteger a las mujeres penalizando las malas prácticas médicas y el mal trato hacia la mujer y bebé”, agregó.

La presidenta de la sala de trabajo dijo que se solicitó una ampliación de 60 días para entregar el dictamen favorable, aunque informó que se avanzó en la redacción del articulado definiendo de mejor manera los conceptos de violencia gineco-obstétrica y la parte de las sanciones, esto con la participación de entidades que se dedican a la protección de la mujer y en pro de la salud reproductiva. Otros temas que analiza la Comisión son la tipificación del delito de violencia obstétrica, contemplando excepciones en situaciones que no sean imputables al personal de salud, obligaciones del Estado de mantener médicos especializados promoviendo la especialización de los mismos, y contextualizar los tres niveles de atención en salud materna existentes, diferenciando la patología obstetricia y los niveles de atención primarios a terciarios.

Lo anterior fue expuesto en reunión de trabajo sostenida con representantes del Observatorio de Salud Reproductiva, Procuraduría de Derechos Humanos, Secretaría Presidencial de la Mujer, Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Defensoría de la Mujer Indígena y Organismo Judicial. Los asistentes han aportado comentarios y sugerencias de los artículos de la iniciativa de ley, haciendo notar que debe de existir no solo la protección, sino incluir las sanciones necesarias dentro del código penal, combinándola con la Ley de Maternidad Saludable, ya existente.

Por Fernando Bolaños Barillas

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Los integrantes de la Comisión de Transparencia y Probidad, presidida por el congresista Amílcar Pop, participaron en el foro sobre la Ley de Agua, en el cual se hizo un análisis comparativo de las iniciativas 5070 y 5253 que regulan el uso y aprovechamiento del vital líquido. La primera es la denominada ley marco del agua, presentada en el 2016 por el parlamentario Leocadio Juracán (Convergencia), y la segunda, ley del sistema nacional de agua en Guatemala, presentada este año por Víctor Manuel Cruz Clavería (Frente de Convergencia Nacional). Julio González, del Colectivo Madre Selva, explicó que uno de los problemas que afronta el país es que la institucionalidad encargada del tema no cuenta con un instrumento de evaluación ambiental estratégica, que permita un ordenamiento territorial y, a su vez, un análisis profundo de los afluentes para su mejor conservación y aprovechamiento.

Por su parte, José Luis Ramírez, representante del Consejo Maya K`iche`, de Quetzaltenango, expuso: “Es necesario que se revise el Decreto 236-2006, por medio del cual el Estado de Guatemala autoriza que las empresas mineras contaminen los espacios pluviales, debido a que les permite hasta un 3 por ciento de contaminación de metales pesados, pese a que, según normativas internacionales, se admite solo el 1 por ciento”.

Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina, aseguró que “el acceso al agua potable es un derecho humano, que no se puede ver como una mercancía sino como un bien público sostenible”, para lo cual debe reconocerse la cosmovisión maya e incluirse la consulta popular para el manejo del agua como parte esencial de la normativa. “Ha habido poca participación de la sociedad civil y de las organizaciones interesadas, por lo que para esta sala legislativa es muy importante socializar el debate.

Hay temas importantes, como el uso del agua en la agroindustria y en las industrias extractiva y alimenticia, así como la distribución del agua potable y no menos importante el tema de pueblos indígenas, los cuales creemos que son los puntos que debe de contener una ley que responda a los intereses de todos los guatemaltecos”, afirmó el diputado Pop, del bloque Winaq. “La idea es abrir una pequeña ventana de discusión para luego construir una opinión técnica que sea considerada para la aprobación de dicha ley; en ese sentido continuaremos escuchando a los distintos sectores y recibiendo sus aportes en este tema”, agregó.

Hasta el momento las únicas normas jurídicas vigentes que tratan el tema son los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de la República, y el 346 del Código Penal, literal 2, referente a la gestión ambiental y delitos contra el ambiente, en las cuales se establecen de 2 a 6 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días de multa a quienes las infrinjan. Según registros del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala, las consecuencias de la inexistencia de una normativa se ven reflejadas en que el mayor consumo de agua lo hace el sector agrícola, con 2 mil 200 millones de metros cúbicos anuales para riego.

La producción de energía emplea 2 mil 283 millones de metros cúbicos y la industria 425 millones, lo cual representa el 90 por ciento de recurso hídrico, mientras que el 10 por ciento restante es utilizado por las poblaciones cercanas a dichos afluentes.

Datos de una inspección aérea en el sur del país, realizada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 2016, registró no menos de 50 desvíos de ríos en diferentes fincas dedicadas a cultivos como la palma africana y caña de azúcar, los cuales, según esa cartera, afectan directamente los ecosistemas en detrimento de las poblaciones vulnerables y la vida marina.

Por Karen Mendoza

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Los integrantes de la Comisión de Finanzas y Moneda, en cumplimiento del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó al Congreso repetir la elección de sus representantes titular y suplente ante la Junta Monetaria, este día dieron a conocer el nombre de los 12 profesionales que enviaron sus expedientes.

Los aspirantes son: 1) José Gregorio Nájera López (no presentó expediente en formato digital), 2) Guillermo Pellecer Robles, 3) Carlos Israel Velásquez Domínguez, 4) Alejandro González Portocarrero, 5) Arturo Martínez Gálvez, 6) Mario Rodolfo Riveiro Franco, 7) Nora Liset Torres Ramírez, 8) Mario Alberto García Lara, 9) Erick Armando Vargas Sierra, 10) Marco Tulio Francisco Bautista, 11) Guido Orlando Rodas Rodas, y 12) Álvaro González Ricci. El presidente de la Comisión, Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional, dijo que enviarán el listado a la Junta Directiva del Legislativo para que se realicen publicaciones en medios masivos de comunicación privados y oficiales, “A partir de la publicación, la sociedad civil tendrá un plazo de cinco días para presentar sus objeciones hacia los profesionales”, indicó.

A petición del diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, la Comisión solicitará información sobre los 12 aspirantes al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas, con el fin de que en la próxima reunión cuenten ya con esos datos.

Maldonado indicó que al finalizar el plazo de los cinco días, después de la publicación de la nómina, se volverán a reunir para continuar el análisis exhaustivo de los expedientes y verificar que cumplan con todos los requisitos, así como con la experiencia y honorabilidad que deben tener las personas que ostentarán dichos cargos.

En otro punto de la agenda, el diputado Maldonado explicó que dieron dictamen desfavorable a la iniciativa de ley 5212, que dispone exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los derechos arancelarios a las adquisiciones e importaciones de equipo, donaciones, bienes, insumos y suministros que en concepto de ayudas y donaciones se reciban a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala, Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala, (Asonbomd), y el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. “Al ser consultados los diferentes cuerpos de bomberos explicaron que realmente no realizan muchas importaciones por lo que consideraron conveniente solicitar las exoneraciones sólo cuando exista una necesidad específica”, concluyó el diputado Maldonado.

Por Mayra Recinos

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Durante la citación al ministro de Finanzas Públicas, Julio Estrada Dominguez, la bancada del Movimiento Reformador (MR) solicitó informes circunstanciados sobre la ejecución del presupuesto de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, así como del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), en donde se han detectado supuestas irregularidades por más de Q60 millones.

El diputado Luis Hernández Azmitia, dijo al titular de la cartera del Tesoro: “Quisiera hacerle ver dos carteras que nos han preocupado en sobremanera, las cuales hemos fiscalizado durante el año pasado y el actual, en donde hemos encontrado irregularidades, una de ellas es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el otro es el Ministerio de Salud Pública”. En el caso de Salud, Hernández Azmitia cuestionó a Estrada Domínguez sobre los contratos abiertos, específicamente el de oxígeno.

El ministro de Finanzas respondió al legislador que hay 17 contratos abiertos que están vigentes y dentro de estos está el de oxígeno, el cual no ha sido posible concluirlo en dos ocasiones porque la oferta de los productos ha estado por encima de los términos de referencia, al mismo tiempo aseguró que no hay riesgo de desabastecimiento. También mencionó el legislador que entre las irregularidades encontradas en la cartera salubrista está la erogación de Q2.5 millones de compras directas por día.

Asimismo, mostró su preocupación por trabajadores de Salud que tienen un sueldo menor al salario mínimo, citó por ejemplo, que ganan Q1,300.00 al mes, en contraposición con los Q11 millones 850 mil 718.06 al mes que se erogan en 1,220 empleados distribuidos en diferentes renglones y el más oneroso es el 029, asignados a la Unidad Administrativa del Ministerio de Salud, conocida como la 201.

La diputada Alejandra Carrillo, también se sumó a las denuncias públicas por supuesta corrupción, en este caso en el Mides y Fodes. “Supongo que ustedes tienen conocimiento de los malos manejos que ha tenido esta cartera y como el Fodes se ha convertido en botín para funcionarios incapaces”, expresó la legisladora. Detalló que el Mides, por medio de Fodes, hizo una transferencia presupuestaria por Q39.7 millones el 18 de diciembre de 2016, la cual indicó: “Me llama la atención esta transferencia porque en diciembre normalmente no se ejecutan fondos”.

Además, en ese mismo mes, el Ministerio de Finanzas le autorizó otro desembolsó al Mides por Q19.4 millones. Agregó la legisladora que supuestamente los recursos financieros fueron utilizados para la compra de molinos manuales para granos, pilas plásticas, tinacos plásticos, colchonetas, estufas de una hornilla y ollas de peltre. Estrada Domínguez admitió que en ese momento no tenía la información sobre la transferencias, pero le explicó a Carrillo que a inicio de 2016, el Mides cedió un espacio presupuestario para la ejecución de un préstamo para el programa Mi Familia Progresa y después ya no se concluyó con este crédito y a fin de año el Mides retomó su programación original y por ello se le permitió ejecutar parte de un plan de compras.

Al concluir la cita, el jefe de la bancada MR, Jaime Regalado, solicitó a Estrada Domínguez, informes circunstanciados sobre las compras directas en Salud, también de plazas en la Unidad 201, de deuda 2016 de la cartera salubrista, sobre la cuota asignada al Mides y Fodes en diciembre de 2016, y fue citado para el martes 16 de mayo, así como para el 23 del mismo mes en dicha bancada para continuar los temas mencionados.

Por Byron Vásquez

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La congresista Eva Nicolle Monte Bac, de Alianza Ciudadana, entregó en Dirección Legislativa una iniciativa de ley para modificar el Decreto 1441 (Código de Trabajo) a los artículos 152 y 153.

El fin es apoyar a las trabajadoras que tienen derecho a un periodo de licencia por maternidad, el cual podría extenderse en caso de enfermedad por embarazo o parto. La reforma del Artículo 152 establece que la madre trabajadora gozará de un descanso con goce de salario del ciento por ciento durante los primeros 30 días que precedan al parto y los 70 días siguientes.

Asimismo, que los días que no pueda disfrutar antes del parto, se le acumularán para que los descanse en la etapa postparto.

Entre otros puntos, también indica que en el caso la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido, debido a enfermedad derivada del embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar, ella conserva el derecho a las prestaciones de ley.

El tiempo no podrá exceder de tres meses, contados a partir del momento de dejó sus labores. La propuesta de reforma también destaca que si durante el parto la madre falleciera, el padre podrá hacer uso de una licencia especial, con goce de salario hasta por 30 días para poder resolver los asuntos relativos con el cuidado del menor. La modificación del Artículo 153, con el fin de incentivar la lactancia materna, indica que la madre trabajadora puede disponer de un lugar donde trabaja de una hora, dos veces al día, para alimentar a su hijo durante los primeros tres meses después de regresar del periodo postparto.

Sin embargo, puede optar a entrar dos horas más tarde o ingresar una hora después del inicio de la jornada y salir una hora antes. “Es necesario realizar las reformas al Código de Trabajo para fortalecer y proteger las necesidades que afrontan las madres guatemaltecas en el tema de maternidad, incentivando la lactancia materna, derivado de su importancia para la alimentación, la creación de defensas y el fortalecimiento del sistema inmunológico de los recién nacidos”, expresó la diputada.

Por Fredy López

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Antes de dictaminar la iniciativa 5244, que dispone aprobar la ley para el apoyo a la actividad turística, los diputados de la Comisión de Turismo, dirigida por la diputada Elza Leonora Cú Isem, se reunieron con representantes de la Cámara de Turismo (Camtur).

Durante la cita se dio a conocer que la propuesta pretende favorecer a los nuevos empresarios hoteleros para que sean exonerados de impuestos de construcción y entrada de materiales para edificar nuevas instalaciones. “Estamos analizando detenidamente la propuesta con representes de la Cámara de Turismo, Instituto Guatemalteco de Turismo y otras entidades involucradas en el tema, y escucharemos los puntos de vista de cada una antes de dar un dictamen”, aseguró la diputada Cú Isem, del Movimiento Reformador.

Otro de los temas que se trató fue buscar las estrategias con el Ministerio de Gobernación, para garantizar la seguridad de los turistas guatemaltecos y extranjeros y evitar que sean objeto de asaltos. Para abordar este y otros temas se reunirán con autoridades de Gobernación, Policía Nacional Civil y Camtur, para determinar estrategias que impidan los asaltos y robos.

Por Karla Herrera

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“A la sesión de mañana miércoles se permitirá el ingreso de hasta 80 personas (40 de cada grupo) al palco del hemiciclo, pero no se consentirán las agresiones ni insultos. Hemos pedido apoyo para redoblar la seguridad y evitar incidentes; los visitantes deben respetar las normas de seguridad, pues de lo contrario serán expulsados”, aseguró el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, al referirse a la plenaria convocada para continuar discutiendo las reformas constitucionales al sector justicia.

El parlamentario informó que este martes se efectuó una reunión con autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Bomberos Voluntarios, así como personal de diferentes direcciones del Congreso, para afinar los procedimientos y determinar las acciones a seguir antes y durante la sesión para evitar enfrentamientos.

Carlos Lemus, director adjunto de la PNC, y Priscila García, de la PDH, afirmaron que respaldan las medidas de seguridad que implementa el Organismo Legislativo para evitar incidentes.

Ambos dijeron que es importante resguardar la integridad física de las personas que asistirán a presenciar la sesión, así como de los legisladores y personal del Congreso.

El director adjunto de la PNC informó que habrá tres anillos de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo y se colaborará con la Guardia Parlamentaria para mantener el orden durante el ingreso de los visitantes y evitar incidentes. “Tenemos documentadas las acciones violentas de la semana pasada y nos preocupa que las expresiones en favor y en contra suban de tono y ocurran más altercados, por lo que acudiremos desde temprano para acompañar el proceso y verificar que no se comentan abusos de ninguna de las partes”, aseguró García. Daniel Herrera, asesor del segundo vicepresidente, Ramiro De Matta, manifestó que la Junta Directiva del Congreso mantiene la postura de puertas abiertas y de libertad de expresión, y solo pide que primen el respeto y el orden.

Recordó que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda que solo se permita a 70 personas subir al palco del hemiciclo (por seguridad de ellas y de los parlamentarios).

Tal como se hizo el miércoles pasado, el Congreso instalará pantallas en Casa Larrazábal, con el objetivo de que los visitantes puedan seguir el desarrollo de la sesión plenaria en un ambiente más seguro que en el palco.

Los Bomberos Voluntarios también se comprometieron a mantener dos unidades y personal paramédico dentro y fuera del Palacio Legislativo para atender eventuales emergencias.

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Los diputados por el distrito de Chimaltenango, Eva Monte Bac y Alejandro de León Maldonado, citaron este lunes a funcionarios de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Salud Pública y Asistencia Social (MSPS), Ministerio Público (MP), Procuraduría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, a quienes cuestionaron sobre las acciones de cada institución por la posible contaminación de parte de una generadora de energía eléctrica que opera en la localidad.

El problema se originó luego de que vecinos del referido departamento denunciaron a los congresistas haber sido afectados por malos olores emanados de las instalaciones de la empresa Térmica, S.A., el pasado 31 de marzo, aduciendo que los gases han puesto en riesgo su salud y el medio ambiente. Alfonso Alonzo, viceministro del MARN, aseguró que la cartera de Ambiente ha dado acompañamiento desde que se puso la denuncia hasta el momento.

Según el funcionario, los vapores disipados por la maquinaria de dicha generadora se debieron a un error de carácter técnico, ya que el proveedor suministró petróleo crudo en lugar de bunker. “La empresa cuenta con la licencia de funcionamiento y el estudio de impacto ambiental vigente. En este caso en particular, el ministerio presentó una denuncia ante el MP, por la posible comisión del delito de contaminación industrial; y luego de determinarse si la compañía incurrió en esta infracción se procederá a sancionarla por la vía administrativa”, agregó Alonzo.

Por aparte, representantes del MSPAS afirmaron desde el día del incidente hasta la fecha han realizado monitoreos en las distintas unidades de la red hospitalaria estatal, con lo cual no se evidenció registro de afectados por dichos gases.

Ana Elena Guzmán, del MP, dijo que el ente investigador cuenta con dos expedientes abiertos que están siendo estudiados por la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, a fin de encontrar los elementos de prueba suficiente que sirvan para esclarecer el hecho.

Finalmente, los parlamentarios Monte Bac, de Alianza Ciudadana, y De León Maldonado, del Movimiento Reformador, acordaron citar nuevamente a los funcionarios el lunes 22 de mayo, con el objetivo de conocer el avance en el tema. “Estamos sumamente preocupados debido a que han sido varios vecinos de la cabecera municipal que se han avocado a nosotros para buscar una pronta solución. En ese sentido en la próxima reunión solicitaremos la presencia de representantes del Ministerio de Energía y Minas, la unidad de hidrocarburos, así como de la empresa en cuestión”, indicó el diputado De León.

Por Karen Mendoza

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