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Representantes de la Comisión de Transparencia y Probidad, la cual preside el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, celebraron un conversatorio donde se analizó la iniciativa 5188, ley de regularización de la tenencia de tierra.

En la actividad participaron representantes del concejo departamental de los 8 municipios de Totonicapán, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, representantes del pueblo Q’anjob’al, pueblo garífuna y abogados indígenas.

El diputado Pop considera que el proyecto de ley de regularización de la tenencia de tierra \\\"no responde a las demandas de la población ni los intereses sociales\\\", y que riñe con los artículos 36 y 46 de la Constitución Política, los cuales hablan sobre el derecho de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la tenencia de tierras.

El representante del Gobierno Plurinacional del Pueblo Q’anjob’al apoyó el argumento de Pop. “Despojaron a los pueblos indígenas de sus tierras para ser utilizados por otros, y la ley pretende desaparecer nuestros derechos sobre las mismas, siendo estas las que dan vida al país con sus cultivos. Ese despojo de nuestras tierras significaría el exterminio total de nuestros pueblos”, denunció. Los representantes del los 48 Cantones de Totonicapán manifestaron la necesidad de que se registren legalmente las escrituras de sus tierras. \\\"El 99% de los indígenas somos pobres y no contamos con las escrituras de nuestras tierras que han sido heredadas ancestralmente, no contamos con inscripciones en el Registro de Inscripción Catastral\\\", aseguran.

Los participantes garífunas explicaron que han luchado para que sus tierras sean reconocidas. “Los 1 mil 900 kilómetros de territorio garífuna están inscritos a nombre de otras personas, la ley generará mayor conflictividad social”, dijeron.

Tras escuchar a todas las partes, los diputados de la Comisión coincidieron en que solicitarán que la iniciativa sea archivada. “Nos preocupa que la ley no tipifica el territorio, y los procedimientos que se pretenden utilizar para regular los mismos por medio del Registro de Inscripción Catastral, pues en 12 años solo se ha logrado catastrar un municipio de los 340, por lo que desconocemos qué lineamientos usarán para los registros”, explicó el legislador Amílcar Pop.

Por Fernando Bolaños Barillas

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Legisladores que integran la Comisión de Vivienda del Congreso de la República se reunieron con representantes de entidades que trabajan en pro de proveer viviendas dignas a guatemaltecos, con quienes analizan la elaboración de una normativa de solución habitacional que facilite la adquisición de casas a bajo costo. El presidente de la sala de trabajo, Julio Longo, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), expuso su interés de proponer una iniciativa similar a la existente en otros países.
La propuesta incluye crear el Instituto de la Vivienda, que sea el encargado de buscar las soluciones al problema habitacional, desde colocar piso a viviendas existentes, hasta la construcción de casas de tipo social a costos accesibles.

Al respecto, el representante de la Asociación Centroamericana para la Vivienda dijo que urge la ley de leasing habitacional (arrendamiento con opción de compra), pues cuando una persona ingresa al sistema bancario encuentra obstáculos grandes para poder adquirir casa.

En la actualidad el déficit habitacional es de 2 millones de viviendas. Cubrir esa demanda tendría un costo aproximado de Q70 mil millones, indicaron. Los parlamentarios Víctor Cruz Clavería y Julio Juárez, de FCN-Nación, coincidieron en que se debe crear una hoja de ruta real, de trabajo específico, para que las personas de cualquier estrato social puedan adquirir vivienda, y que dote de financiamiento al Fondo para la Vivienda. La diputada Laura Franco comentó que actualmente un 60 por ciento de las personas viven en la economía informal y no tienen acceso a créditos.

Los representantes del Movimiento Guatemalteco de Pobladores indicaron que ven aceptables las intenciones de los parlamentarios. Sin embargo, comentaron que no se cubrirá ni un 10 por ciento de la población que vive en pobreza y pobreza extrema, por ello sugieren aumentar el presupuesto asignado para vivienda el próximo año.

Por Fernando Bolaños Barillas

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Congresistas de la bancada Alianza Ciudadana se reunieron con la Directora Ejecutiva del Registro Nacional de las Personas (Renap), Brenda Gramajo; el Subcontralor de Cuentas, Fernando Fernández; delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el representante legal de la empresa Easy Marketing, con la finalidad de dar respuestas a las quejas y demandas debido al atraso de la entrega de 390 mil unidades del Documento de Identificación Personal (DPI).

Los diputados Francisco Tambriz (jefe de bloque), Marvin Orellana López, Armando Escribá, Óscar Quintanilla y Sofía Hernández, cuestionaron a la funcionaria del Renap por la demora de la entrega de los DPI. Asimismo, comentaron a los delegados de la PDH que ven “poco interés” de esa institución en el problema que afecta los derechos de la población.

“La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a todo ciudadano estar identificado y aquí se ha manifestado una violación a la Carta Magna. Hay negligencia en el trabajo que está ejerciendo el Renap. La labor de la Contraloría General de Cuentas es buena; si se encuentra algún ilícito les pido que denuncien penalmente”, concretó Orellana López, Tercer Vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. La directora del Renap explicó que la empresa Entrus Datacard, de Estados Unidos, prestó una maquina impresora con tecnología avanzada, con el fin de aumentar la emisión de los DPI. “Con ese equipo se imprimen hasta 14 mil documentos diarios y se ha logrado dar una solución al problema”, aseguró Gramajo. La funcionaria se comprometió a que a más tardar el 22 de junio del presente año se concluirá la distribución de los 390 mil carnés que están pendientes de entregar a ciudadanos que iniciaron el trámite hace varios meses.

El Subcontralor de la Cuentas, Fernando Fernández, informó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) hará una auditoría para verificar lo actuado. “Lo haremos inmediatamente, aunque ya existe un informe de los últimos acontecimientos en el Registro Nacional de las Personas. Lo enviaré lo antes posible a la bancada para que sea analizado por los diputados”, dijo el funcionario. Al concluir la reunión, los congresistas indagaron sobre el proceso de la selección de nuevo director ejecutivo del Renap. Al respecto, el diputado Tambriz comentó que la elección se debe efectuar a puertas abiertas y permitir el ingreso de los medios de comunicación para garantizar a la población total transparencia. Asimismo, indicó que esperan los informes de la CGC, y de haber hallazgos negativos presentarán las denuncias penales del caso.

Por José Castellanos

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En la cuarta sesión extraordinaria, efectuada este miércoles, el Pleno del Congreso retomó la interpelación a Aldo García, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El diputado independiente Álvaro Velásquez pidió por escrito las respuestas a las últimas 10 de las 25 preguntas básicas, por lo cual empezó el interrogatorio adicional.

El parlamentario cuestionó al funcionario por la instalación de una oficina de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en esa cartera, con el fin de investigar posibles actos de corrupción. El funcionario explicó que la instancia estará en la Dirección General de Caminos y esperan que sea habilitada a finales de este mes o en los primeros días de junio. También se le preguntó por los dragados efectuados en el Puerto de San José, Escuintla, y el diputado Velásquez dijo que existen denuncias de actos anómalos en la adjudicación de los contratos. El ministro García aseguró que solo se realizó el estudio para determinar la zona donde es necesario trabajar.

Asimismo, el legislador Velásquez cuestionó por un contrato adjudicado a una empresa, de la cual aparece como administrador un empleado de Caminos, fue la encargada de hacer el evento de licitación. El funcionario indicó que cuando se descubrió la anomalía se destituyó al trabajador y se suspendió la adjudicación de un contrato para la adquisición de básculas. “Y por considerar que la persona incurrió en un delito se iniciaron las acciones penales correspondientes”, agregó.

Al haberse efectuado siete preguntas adicionales y por no haber el quorum necesario para continuar, la Comisión Permanente levantó la plenaria. Cuando el diputado Velásquez concluya la serie de repreguntas se dará la palabra a los congresistas Amílcar Pop, del bloque Winaq; Orlando Blanco, Carlos Barreda y Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Julio Lainfiesta, de Unión del Cambio Nacional; Leocadio Juracán, de Convergencia, y Oliverio García Rodas, independiente.

Por Karen Mendoza

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La comisión específica establecida para analizar los expedientes de aspirantes a representantes titular y suplente del Congreso en el Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) se reunió este miércoles para abrir los sobres y verificar el cumplimiento de los requisitos.

La instancia está integrada por los legisladores Daniel Bernabé Portillo, del bloque Alianza Ciudadana; Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Ovidio Monzón, de Todos, quienes revisarán los documentos presentados por Rolando Miguel Rodríguez Lima, Mario Rolando Sosa Vásquez, Elvia Yolanda Álvarez Veliz, Luis Humberto Chinchilla López y Enrique Octavio Alonzo Aceituno.

Después de abrir los expedientes, los tres diputados examinarán que los interesados cumplan los requisitos y establecerán un período para que la sociedad civil se pronuncie. El parlamentario Portillo, coordinador de la comisión, explicó que también consultarán a la Procuraduría de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público para constatar si existen reparos o denuncia contra los candidatos. La ley del Renap establece como requisitos ser guatemalteco, ingeniero en Sistemas con tres años de ejercicio profesional y reconocida honorabilidad.

Por Antonio Ordoñez

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La Comisión de Relaciones Exteriores continuó este miércoles el análisis de la iniciativa 4485, ley orgánica del servicio diplomático de Guatemala. Los congresistas observaron un estudio comparativo entre la iniciativa original, que data de 2012, y el proyecto que contiene las propuestas hechas por los profesionales que asisten a la diputada Eva Nicolle Monte, presidenta de la referida sala.

La diputada Monte, de la bancada Acción Ciudadana (AC), explicó que decidieron adherir el término servicio diplomático, pues actualmente solo se consigna el servicio exterior del país. “Esta modificación la hacemos con el fin de institucionalizar la carrera”, explicó. También proponen dividir la misión diplomática de la consular, con el argumento de que son aspectos diferentes. Los congresistas Manuel Conde Orellana, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional, y Sergio Celis, de AC, consideran que deben revisarse nuevamente los artículos que detallan los requisitos para optar a cargos en el servicio exterior, pues afirmaron que no están planteados de la mejor manera.

La diputada Monte dijo esperar que en la próxima reunión concluya este estudio para darle trámite al dictamen favorable. “Aprovechamos que el diputado Marvin Orellana, tercer vicepresidente de la Junta Directiva, es miembro de la comisión para solicitarle que sea agendada al iniciar el segundo período de sesiones ordinarias”, concluyó. Durante la sesión de trabajo los representantes firmaron el dictamen favorable de la iniciativa 4986, ley que dispone aprobar el Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, suscrito en Bonn, Alemania, el 23 de junio de 1979.

Por Mayra Recinos

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior, que preside la diputada María Eugenia Tabush, se reunió con Sergio Francisco Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat) y con José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos, para discutir la iniciativa 5157, que incluye reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Entre las modificaciones se especifican medidas extraordinarias para preservar la estabilidad financiera. El financiamiento para la capitalización de bancos permitiría que el Banguat actúe cuando las circunstancias lo requieran y en la medida necesaria para mantener en operación a las entidades bancarias. “En ningún momento se busca proteger o salvar a los banqueros. Hemos encontrado mucha oposición por parte de algunos diputados miembros de esta Comisión, quizá porque no han comprendido que se busca proteger al cuentahabiente” explicó la legisladora Tabush, de Visión con Valores. Por su parte, el parlamentario Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que “esto cargaría un costo adicional que afectará el presupuesto público”.

Agregó que se debe analizar la legalidad de que el Banguat pueda comprar activos “y si puede de dónde sacará el dinero, pues sería muy desafortunado que se usen recursos públicos para rescatar un banco y que los accionistas se paguen sus utilidades e indemnización”. “El propósito es actualizar la Ley de Bancos, que data del año 2002. Lo que no tenemos es un mecanismo para intervenir un banco y mantenerlo abierto para que pueda seguir funcionando; este mecanismo en la legislación guatemalteca no está previsto”, declaró Arévalo. El diputado independiente Luis Pedro Álvarez afirmó: “Me preocupa que, según son los datos manejados, únicamente 5 bancos manejan más del 80 por ciento de los activos; es una concentración muy fuerte. Sería importante que también se puedan presentar proyectos de ley que favorezcan la entrada de nuevos competidores al mercado”. La discusión continuará en la próxima reunión de la sala, programada para el lunes 29 de mayo.

Por Rosemary Recinos.

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El presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, dijo que Guatemala vive momentos difíciles, pero que el esfuerzo de todos debe enfocarse en mantener la institucionalidad, la prudencia y el diálogo. “Fortalecer la institucionalidad es lo que necesita el país”, destacó.

Acerca de la acción del mandatario Jimmy Morales al declarar non grato a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), explicó que es un tema que debe resolver la Corte de Constitucionalidad y acatar el fallo. Dijo lamentar la crisis política que tendrá repercusiones económicas y sociales, que debe resolverse de inmediato por medio del diálogo y lo que las instancias legales resuelvan.

El presidente del Legislativo también explicó que cuando la Corte Suprema de Justicia envíe el expediente contra el gobernante, el Congreso procederá conforme a lo que indica la Ley en Materia de Antejuicio y en sesión plenaria se conformará la Comisión Pesquisidora correspondiente. “Apoyamos el fortalecimiento de todas las instituciones que velan por una justicia pronta y cumplida; hemos impulsado las reformas a la Constitución Política del país y estamos comprometidos con la transparencia y combate a la corrupción”, aseveró el diputado Chinchilla. Según el artículo 13 del Decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicio, corresponde al Congreso conocer y resolver los antejuicios promovidos contra el presidente y vicepresidente de la República, entre otros funcionarios. Y en el artículo 16 establece: “Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria que se celebrará no más de ocho días, después de su recepción iniciará el trámite del asunto.
El Congreso procederá de la manera siguiente:

a) En la sesión ordinaria convocada, como se indica en el primer párrafo de este artículo, el Pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
b) En esa misma sesión el Pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso. El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
c) Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
d) La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
e) Para el desempeño de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la comisión.
f) Al finalizar su investigación y consideraciones la comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.
g) La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la comisión pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del Pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.
h) El informe circunstanciado de la comisión Pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente.
i) El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la comisión pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados les serán entregadas copias de este informe.
j) Desde luego que los integrantes de la comisión pesquisidora han sido designados mediante mero sorteo, sus criterios se basarán en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad. Nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que sustenten su modo de pensar, o rebatirles cualquier criterio que haya sido expresado.
k) Agotada en el Pleno la discusión del informe de la comisión pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

l) Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda. m) Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso. n) Si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada. Por René Rodríguez.

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Como parte de la constante capacitación dirigida a personal del Congreso de la República, recientemente un grupo de trabajadores inició un curso de primeros auxilios y atención prehospitalaria, a cargo de instructores de Bomberos Municipales Departamentales quienes compartieron sus conocimientos con los trabajadores.

La preparación fue promovida por el Departamento de Bienestar Social y Laboral del Congreso, e impartida por personal altamente capacitado en temas como atención de heridas, resucitación cardiaca y atragantamiento.

“El curso se dividió en cuatro fases y en cada una se espera contar con 50 personas, para que al finalizar 200 trabajadores del Congreso estén capacitados en como actuar al momento de una emergencia”, dijo Sandra Agustín, encargada del Departamento de Bienestar Laboral del Organismo Legislativo.

“Mediante la enseñanza, el personal del Congreso será capaz de reaccionar ante una emergencia médica o accidente, en tanto llega la ayuda especializada. Hemos diseñado el curso de una manera que sea de fácil comprensión con ejercicios teóricos y prácticos”, explicó el oficial de bomberos José Luis Chamorro.

El curso es parte de las actividades de constante formación que son organizadas por el departamento de Capacitación y Bienestar Laboral del Congreso, mediante las cuales en los últimos meses se han impartido otros cursos con especialistas en temas como redacción, trabajo en equipo y autoestima.

Por Fernando Bolaños

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