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Legisladores de diferentes bancadas presentaron este viernes un documento con el cual apoyan la decisión adoptada por el Organismo Ejecutivo respecto del traslado de la Embajada de Guatemala de Tel-Aviv a Jerusalén, por considerar que ello fortalecería los lazos de amistad, cooperación y comercio con Israel.

Los diputados Juan Manuel Díaz-Durán y Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores; Fidel Reyes, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Marcos Yax, del Frente de Convergencia Nacional, se pronunciaron en representación de al menos 50 parlamentarios, quienes han mostrado su interés en que el Pleno conozca un punto resolutivo para solicitar el traslado inmediato de la sede diplomática y el fortalecimiento de las relaciones con la nación del medio oriente.

“Reiteramos nuestra decisión contundente para que la Embajada de Guatemala sea trasladada a Jerusalén, mediante un punto resolutivo que propondremos en la primera sesión que tenga el Pleno; el Estado de Israel es amigo e importante socio comercial por lo que se respaldan todas sus acciones”, dijo el parlamentario Díaz-Durán.

Los congresistas Rojas, Yax y Reyes Lee coincidieron en que la decisión del Ejecutivo “es la mejor, en respaldo a las excelentes relaciones bilaterales que se han tenido con Israel”, por lo cual solicitaron al mandatario Jimmy Morales el traslado de la sede diplomática; también dijeron que apoyan las votaciones de nuestro país en la Organización de las Naciones Unidas en favor de Israel, lo cual queda plasmado en el documento que hoy será enviado a la Presidencia de la República.

Fernando Bolaños

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El presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, y el embajador de la República de China Taiwán, John Lai, efectuaron este lunes el lanzamiento del canal 9, operado por el Congreso, el cual transmite en señal abierta digital alta definición (HD, por sus siglas en inglés), con el objetivo de ampliar la cobertura.

“Es el primer canal HD digital en Guatemala, pues el Estado decidió que desde el 2013 es el estándar para la televisión en nuestro país; lo hacemos para fortalecer la institucionalidad del Legislativo, mejorar la transparentar y rendir cuentas a la población”, afirmó el parlamentario.

Explicó que no es un tema nuevo, pues de discute desde el 2007 cuando en diferentes foros mundiales se empezó a abordar el tema de la implementación de la televisión digital. También recordó que en 1996 la frecuencia del canal 9 fue asignada al Legislativo, con su repetidora canal 4, y canal 5 a la Academia de Lenguas Mayas, para promover los 24 idiomas que se hablan en el país.

Informó que el año pasado se suscribió un convenio con la Embajada de China Taiwán, que incluyó una donación de US $200 mil para equipar el canal 9, incluyendo la instalación de una torre, antena y transmisor en el Cerro Alux, para lo cual se firmó un acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para utilizar en espacio físico de la Radio Nacional TGW; además, se cumplió con las licencias y permisos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez.

El diplomático taiwanés, John Lai, dijo: “Nos sentimos muy honrados y satisfechos de celebrar el lanzamiento de este buen proyecto que el Organismo Legislativo tuvo la iniciativa de priorizar desde el año pasado. Este canal será una herramienta de transparencia y facilitará la participación ciudadana”.

José Raúl Solares Chiu, titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones, expresó que cuatro años después de haber impulsado la iniciativa de la televisión digital en el país se da el primer paso.

“El Congreso de la República está dando un ejemplo, debido a que en el corto plazo logró implementar este proyecto con todas las licencias en orden, así como los títulos de usufructo de frecuencia de cobertura y enlaces. Y honestamente ha dado un gran ejemplo, porque ahora tiene al resto de operadores de televisión que deberá seguir estos pasos”, aseveró.

El canal 9 transmite las 24 horas y los 365 días con programación cultural, cívica e in formativa, con énfasis en la transmisión en vivo de las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias, sesiones de la Junta Directiva con la Instancia de Jefes de Bloques, sesiones de comisión, entre otras, que son de interés público.

El canal 9 es retransmitido en canal 57 de la Claro TV Avanzado y por medio de la página web congreso.gob.gt y Facebook Live como Organismo Legislativo; se suma a las redes sociales y a la radio en línea, herramientas útiles para informar e interactuar con la ciudadanía.

Byron Vásquez

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Debido a que se prevé que la agenda parlamentaria del próximo año sea complicada, la Comisión Permanente se reunirá la primera semana de enero para estudiar la posibilidad de convocar a plenarias extraordinarias antes de empezar el primer período de sesiones del 2018.

“Son varios los temas pendientes, incluyendo la convocatoria a la comisión de postulación para elegir a los aspirantes a jefe del Ministerio Público y su elección final en mayo; es un asunto de interés nacional, por lo que debe ser incluido en la agenda”, explicó el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla.

El otro tema es la elección de la Junta Directiva, la cual debe estar debidamente constituida y asumir la dirección del Congreso el 14 de enero. “Se han hecho esfuerzos para integrarla, pero no se alcanzaron consensos; por ello debemos iniciar con una convocatoria a la Instancia de Jefes de Bloques durante la primera semana de enero”, manifestó.

El parlamentario Chinchilla considera que los dos temas son de interés para el Congreso, que acaparará la atención e interés de los bloques parlamentarios; también dijo que la nueva Junta Directiva tratará las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Para el próximo año están la Ley de Competencia y otras importantes de reactivación económica y social, así como fiscalizar mesas de trabajo nombradas; hay muchas iniciativas que deben ser analizadas y sometidas a discusión con los jefes de bancada antes de llevarlas al Pleno”, destacó.

El parlamentario aseveró que si hay una emergencia y consenso se puede convocar a sesión de la Comisión Permanente y a una plenaria extraordinaria.

René Rodríguez

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La legisladora Sandra Morán, de la bancada Convergencia, presentó en la Corte de Constitucionalidad un recurso de apelación con el cual busca apoyar a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por el fallo que prohíbe la difusión de manuales de derechos sexuales y reproductivos.

La Corte Suprema de Justicia prohibió la distribución de los manuales elaborados por la PDH relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, por considerar que promueven el aborto, situación que no es compartida por la legisladora.

“Consideramos que los manuales son útiles y no necesariamente promueven el aborto, como lo resolvió la Corte Suprema de Justicia, pues  se mantienen en el marco de los convenios internacionales suscritos por Guatemala. Lo que sí importa es la educación sexual de niñas, tan necesaria ante embarazos por violación o embarazos no deseados en adolescentes”, expresó la diputada.

“Queremos que el avance en derechos de salud reproductiva sea un hecho real. Por ello promovemos iniciativas como la ley de la juventud, que contiene derechos reproductivos; la ley de salud integral en sexualidad e iniciativa de protección a la niña, que incluye los derechos sexuales y reproductivos, situaciones que se deben considerar en el Pleno para su pronta aprobación”, afirmó la congresista Morán.

Fernando Bolaños.

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Con el objetivo de unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción e impunidad, diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, y la organización civil Acción Ciudadana, firmaron una carta de entendimiento con la cual se comprometen a impulsar una agenda de fortalecimiento a las instituciones del Estado.

Actualmente el Frente está trabajando en un código de ética parlamentaria y el proyecto “muerte política”, que limitaría la participación en nuevos cargos a quienes sean involucrados en casos de corrupción.

“Estamos dando nuestro total apoyo para trabajar en sacar adelante una agenda que está rezagada y fortalecer la fiscalización de este organismo”, comentó Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.

El diputado Jean Paul Briere, de la bancada Todos, expresó: “Esta firma es una muestra de nuestra responsabilidad con la sociedad, por trabajar en estos temas que promuevan un mejor funcionamiento de la administración pública y que incentiven las denuncias contra los malos funcionarios”.

“La lucha contra la corrupción no es una postura de izquierda o de derecha, es un asunto de principios y debe ser una visión de Estado”, señaló el legislador Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza.

“Continuamos vigilantes en esta lucha y lo refrendamos de esta manera” concluyó el parlamentario.

Rosemary Recinos

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El Pleno de diputados al Congreso de la República realizó este miércoles la décimo séptima sesión plenaria extraordinaria del año, en la cual se contemplaba elegir a los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como 34 iniciativas de ley, entre otros temas.

La elección quedó pospuesta debido a la falta de quorum en el hemiciclo, por lo cual el presidente Oscar Chinchilla levantó la sesión y comunicó a los parlamentarios que serán convocados de manera inmediata si ocurre un asunto que deba ser tratado con prioridad.

Durante la plenaria se aprobó el acta de la sesión anterior y el despacho calificado.  El parlamentario Chinchilla afirmó que hay tiempo suficiente para cumplir con los plazos importantes, como la convocatoria para la elección de Fiscal General de la Nación, la cual debe realizarse 90 días antes de que quien ocupa el cargo lo entregue, y se espera que en enero próximo se llame al Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que a su vez convoque a los integrantes de la comisión de postulación.

Fernando Bolaños

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Diputados solicitaron a funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que el 20 de diciembre presenten un informe de las pesquisas sobre las denuncias que los afiliados y personas particulares han hecho por presuntas irregularidades en prestación de atención médica, así como en la contratación de personal y de servicios médicos e incumplimiento en el pago a proveedores.

A la sesión de trabajo asistieron los parlamentarios Rudy Castañeda, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), y German Velásquez, independiente, así como Vidal Herrera, gerente general del IGSS; Octavio Cortés, director departamental del Seguro Social; Fredy Mejía, subgerente de Transparencia; y Alberto Atz, director del hospital regional del IGSS en Quetzaltenango.

El diputado Velásquez indicó que al presidente del Seguro Social, Carlos Contreras, se le hizo ver que hay aspectos administrativos que no estaban funcionando a cabalidad en Quetzaltenango y que hay denuncias verbales de afiliados y particulares.

“Le vamos a solicitar por parte de la bancada UCN documentos certificados de temas importantes en el área administrativa y de atención médica”, dijo el legislador Velásquez.

Citó, como ejemplo, el caso de la compra de equipo que tiene el actual nosocomio regional del IGSS en Quetzaltenango, y que será utilizado por el nuevo centro hospitalario. Al ser consultado sobre el proceso de adjudicación, Vidal Herrera respondió que se adquirió el equipo por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

“Con mucho gusto le hago llegar un informe pormenorizado sobre las empresas que fueron adjudicadas y qué clases de equipos, como rayos x, cómputo y quirúrgico, entre otros, así como qué equipo está entregado y el que falta por entregar; se hizo en general una inversión de Q400 millones, aproximadamente”, dijo Herrera.

El congresista Velásquez hizo la denuncia a los funcionarios del IGSS sobre el presunto cobro de Q5 mil que se está llevando a cabo para la contratación del personal que laborará en el nuevo hospital regional del de Quetzaltenango. En este caso también solicitó un informe certificado para que remita las nóminas del personal contratado tanto en la convocatoria interna como externa.

“Somos los más interesados en que el proceso de reclutamiento para el nuevo hospital sea lo más transparente. No teníamos ninguna información sobre esas denuncias y nosotros somos los más interesados en detectar si hay algunas personas internas que estén en esta situación”, expresó el gerente del IGSS.

El legislador Castañeda cuestionó al subgerente de Transparencia en torno a los resultados de auditorías forenses en dicha institución, y el funcionario respondió que se presentaron dos denuncias este año contra proveedores directos que fueron contratados por el IGSS de Quetzaltenango.

“En mayo del año pasado se presentó una denuncia penal en donde se involucraba a todo el personal administrativo de ese entonces con un proveedor específico. De esa denuncia hay personas ligadas a proceso penal y se encuentra en la etapa intermedia y derivado de estas investigaciones surgieron otras auditorías forenses. De ellas hay dos denuncias este año en donde aparecen involucrados proveedores del hospital regional del IGSS de Quetzaltenango y algunos empleados del Instituto”, afirmó Mejía.

De este caso también se solicitaron informes certificados de las denuncias que se han presentado en el Ministerio Público.

Agregó Mejía que en el caso de un contrato con el Centro de Especialidades Médicas de Occidente, de cuya empresa es propietaria Tráfico Comercial, Sociedad Anónima, se dio seguimiento a denuncias por mal prestación de servicio. Se pudo constatar que en el local donde registraba la dirección el nosocomio privado no había equipo relacionado con el hospital y según testigos dos semanas antes de que se presentaran a hacer el allanamiento habían retirado todo en horas de la noche.

Además, al hacer las diligencias judiciales se encontró que en la dirección registrada por Tráfico Comercial en el contrato estaba funcionando un salón de belleza. Por este caso hay un proceso penal abierto y solo están ligados los que aparecen como representantes legales que son un enfermero del Hospital Nacional de Quetzaltenango y un jornalero.

El diputado Velásquez aprovechó la oportunidad para dar a conocer denuncias de los afiliados sobre que en el nosocomio del Seguro Social se tardan hasta seis horas para ser atendidos, así como que los enfermeros son los que los evalúan y determinan si el paciente requiere atención de un médico y de ordenarle exámenes en laboratorios privados.

Ante tal situación, Alberto Atz, director del hospital regional en Quetzaltenango, explicó que el laboratorio que tiene el nosocomio atiende de 7:00 a 15:00 horas, y fuera de ese horario se remite a los pacientes al laboratorio La Fe, cuyos servicios son contratados por el IGSS.

Byron Vásquez

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El congresista José Rodrigo Valladares, tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso, y representantes de la Asociación la Familia Importa (AFI), en conferencia de prensa dieron a conocer la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la protección y defensa del derecho a la vida y la concepción.

Durante la gestión administrativa del exprocurador de Jorge De León Duque en la Procuraduría de los Derechos Humanos se realizaron actividades en las que promovió el aborto mediante la emisión y distribución del manual denominado Derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y atención a niñas y adolescentes, financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

“A este amparo me uní como parte interesada y en mi calidad de diputado es mi deber promover y hacer cumplir la constitución política, especialmente en la defensa del derecho fundamental, como lo es la vida. La sentencia ordena al Procurador dejar en suspenso inmediato la distribución del manual y ordena a no realizar actividades para promover el aborto”, refirió el diputado Valladares, de la bancada Todos.

En la actividad participó el presidente de la Comisión Permanente, diputado Oscar Chinchilla, quien informó que apoya el fortalecimiento de la familia y niñez, y prueba de ello son los decretos aprobados en su gestión, como las reformas al Código Civil, Ley de Alimentación Escolar y la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos para uso Forense, que benefician a las niñas y niños.

José Córdova, director jurídico de AFI, expresó: “La función primordial del Procurador de Derechos Humanos es la defensa de los derechos humanos que la constitución garantiza, los cuales nacen de la vida misma y por ello merecen la tutela jurídica y política como lo establece nuestra Carta Magna”.

José Castellanos

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Con el objetivo de alcanzar los compromiso adquiridos de transparentar e informar sobre el actuar del Legislativo, autoridades y directivos de este alto Organismo trabajan de la mano con organizaciones de la sociedad civil en la denominada Alianza por el Congreso Abierto Guatemala (ACAG), cuyo resumen ejecutivo y nivel de cumplimiento se dio a conocer hoy, el cual fue satisfactorio.

En la clausura de actividades, además de los directivos del Congreso estuvieron presentes representantes de Red Ciudadana, Acción Ciudadana, Guatemala Visible, Jóvenes contra la Violencia y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, quienes se mostraron satisfechos con los avances de los compromisos adquiridos en 2016, y esperanzados en que la nueva Junta Directiva del Organismo Legislativo, continúe con la ACAG en el 2018.

“Parlamento Abierto es una iniciativa que surge a nivel mundial, similar a la Alianza por un Gobierno Abierto. Guatemala es uno de los países que más ha avanzado y el objetivo principal es abrir las puertas de los parlamentos y los Congresos a los ciudadanos”, expresó Mariana Cordón, asistente de proyectos de Red Ciudadana.

Lo que se busca es cambiar el paradigma, que la gestión pública sea transparente y que los datos administrativos estén a la vista de la sociedad a través de internet, redes sociales y páginas web.

A través del Acuerdo Número 33-2016 de Junta Directiva, el Congreso se comprometió a cumplir con cinco puntos, integrados en tres ejes que son: Innovación Tecnológica, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Los cinco compromisos son: 1. Aprobar e implementar una Política Legislativa de Datos Abiertos; 2. Desarrollar un proceso de formación al personal, funcionarios y asesores en Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno/Datos Abiertos; 3. Desarrollar la actualización y publicación de las hojas de vida de los asesores del Congreso de la República; 4. Diseño y publicación proactiva de material interactivo sobre funciones y procedimientos del Congreso de la República; 5. Crear mecanismos para la participación ciudadana y la rendición de cuentas del Organismo Legislativo y los Diputados ante los ciudadanos.  De los cuales los compromisos 2, 3 y 4 están cumplidos y el 1 y 5 están en proceso de cumplimiento.

“Los países que ya han implementado esta iniciativa son Argentina, Chile y México, donde al igual que en Guatemala se ha generado un cambio en la mentalidad del funcionario y del ciudadano en cuanto a cómo se lleva a cabo la gestión pública”, aseveró la asistente de proyectos de Red Ciudadana.

Byron Vásquez

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