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Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso escucharon este lunes al legislador Melvyn Caná, de la Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, para conocer detalles de su detención el domingo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y enviaron un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para dilucidar su situación legal. “El diputado recayó en un posible delito flagrante, según las autoridades, y por ser un funcionario público y gozar del derecho de antejuicio lo que procedió fue que la Policía Nacional Civil lo pusiera a disposición de Comisión Permanente”, explicó el congresista Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana, y tercer vicepresidente del Organismo Legislativo.

Agregó que se envió un informe circunstanciado a los magistrados de la CSJ para que decidan qué procede en este caso, pues el diputado Caná “cometió un error al no declarar esto al ingresar al país”. Caná aseguró que hubo un “mal entendido”, pues “por desconocimiento no reporté la bisutería que pasaba de US$3 mil, pero ayer se hicieron los pagos correspondientes en la Superintendencia de Administración Tributaria y se explicó todo”.

La Ley en Materia de Antejuicio en su artículo 6 establece el procedimiento en caso de flagrancia: En caso de detención en la comisión flagrante de un delito por parte de los dignatarios y funcionarios que gozan del derecho de antejuicio, la Policía Nacional Civil procederá de la siguiente manera:
a) Si se tratare del presidente o vicepresidente de la República; de magistrado de la corte suprema de justicia; de diputado al Congreso de la República, o de diputado al Parlamento Centroamericano, lo pondrá de inmediato a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso de la República. “Los integrantes de la Comisión Permanente estaremos a la espera de una respuesta”, afirmó Orellana.

Por Byron Ramírez.

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Luego de la falta de quorum durante la sesión parlamentaria del pasado jueves 18 de mayo, cuando se pretendía continuar con la interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, el diputado independiente Álvaro Velásquez expresó que no desistirá de este ejercicio político. Opinó que a su juicio hay una táctica entre algunos bloques legislativos para romper el quorum con el fin de que la fase de preguntas básicas no avance.

“A pesar de las presiones yo no he desistido y seguiré, aunque el bloque oficial y sus aliados se hayan puesto de acuerdo, por lo que ahora será un tema de resistencia”, comentó el parlamentario. Hasta el momento solo se ha avanzado con 15 de las 25 preguntas; luego vendrá la fase de repreguntas y después el debate, para decidir sobre el voto de falta de confianza, cuando el pleno del Congreso podrá disponer que se discuta en forma inmediata o en una de las dos sesiones siguientes.
Como establece el artículo 144 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, si por lo menos la mayoría absoluta del total de diputados aprobase el voto de falta de confianza en contra del ministro de Estado, este deberá presentar inmediatamente su dimisión al presidente de la República y hacérselo saber al Congreso.
“Las respuestas hasta el momento han sido insatisfactorias, lo que demuestra que hay incapacidad en la gestión, en la ejecución y en el modelo administrativo de la reparación de carreteras. Todo está privatizado para que solo algunos grupos se apropien de los tramos para hacer negocios”, concluyó. La próxima sesión para continuar con la interpelación ha sido convocada para este miércoles 23 de mayo a las 10:00 horas.

Por Rosemary Recinos

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Con la intención de resguardar la información y transparentar la entrega a la ciudadanía, la Dirección de Recursos Humanos del Congreso, con el apoyo de la quinta secretaria de la Junta Directiva, diputada Aracely Recinos, realizó el taller Importancia del Archivo en el Ámbito Legislativo.

La actividad fue organizada por el Departamento de Información y Capacitación, dirigido por Dolores Zeledón; asistieron trabajadores de distintas áreas del Congreso que se encargan de archivar documentos legales e históricos, quienes recibieron las charlas impartidas por expertos en resguardo de datos de la Universidad de San Carlos.

“Las capacitaciones tienen el propósito de mejorar la transparencia y el resguardo de cada documento que es de interés para la población, con el apoyo del presidente de este alto organismo, Oscar Chinchilla, y la quinta secretaria, Aracely Recinos, por lo que continuaremos con distintos temas el resto del año”, destacó Álvaro Enrique González, encargado de despacho de Recursos Humanos.

Entre los temas que se trataron también está el proceso técnico para organizar los archivos, con el cual se podrá agilizar la búsqueda de la información que sea requerida por la Unidad de Acceso a la Información, según lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política de la República.

Por Karla Herrera

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“Hemos recibido junto con el diputado Julián Tesucún, presidente de la Comisión del Deporte, a los integrantes de la Comisión Normalizadora del Fútbol Nacional, quienes han solicitado que se aprueben las reformas a la Ley del Deporte y así ellos pueden dar los pasos necesarios para librar el fútbol de esa sanción” que impide al balompié guatemalteco participar en competencias internacionales, informó el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla. La presidenta de dicha comisión normalizadora, Adela Camacho de Torrebiarte, indicó que al aprobarse la reforma que la Comisión del Deporte presentó al pleno, estarían entrando a conocer y avalar los nuevos estatutos de la Federación Internacional del Futbol Asociado (FIFA) para que les quiten la sanción y el balompié guatemalteco pueda participar nuevamente a nivel internacional.

La reforma solicitada al pleno es al artículo 98 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, el cual establece que las federaciones deportivas nacionales son la autoridad máxima de su deporte y se rige por sus propios estatutos, los cuales deben ser homologados de acuerdo con los estatutos de las Asociaciones y Federaciones Internacionales.

El futbol guatemalteco fue suspendido por la FIFA de toda actividad internacional el 28 de octubre de 2016, luego de que los clubes locales rehusaran ampliar el mandato de la Comisión Normalizadora que estableció el organismo internacional para gestionar el fútbol del país tras un caso de corrupción, y se fijó un plazo hasta el 31 de julio próximo para avalar los estatutos de esa asociación internacional.

Por Nery Morales

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En el transcurso de la tercera sesión extraordinaria efectuada este martes, el Pleno del Congreso conoció en primer debate el proyecto de decreto que pretende reformar la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. Las modificaciones que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda remitió son al artículo 23, relacionado con transparencia y eficiencia del gasto público; al artículo 76, que condiciona a los Consejos de Desarrollo Departamentales para la reprogramación de obras, y a los artículos 97 y 100, que estarían liberando a los ministerios para que puedan pagar deuda de arrastre.

Los diputados Amílcar Pop, de Winaq, y Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, coincidieron en decir que apoyan los cambios, pero insistieron en que la Contraloría General de Cuentas debe ejercer su función y verificar que los pagos sean a proyectos que sí se ejecutaron. Los congresistas también aprobaron el Decreto Legislativo 09-2017 mediante el cual se ratifica la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, suscrita en París en 1988, la cual sacaría a Guatemala del listado de países considerados paraísos fiscales.

Al no existir el quorum necesario, los diputados dejaron pendiente la aprobación en tercera lectura, redacción final y por artículos del proyecto de ley para reformar la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, así como la elección de los 3 relatores titulares y 3 suplentes de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura. El presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, al levantar la sesión convocó a los congresistas a sesión extraordinaria este miércoles 24, a las 10:00 horas, para continuar con la interpelación a Aldo García, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Por Nery Morales.

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Convocados por su coordinador, el diputado independiente Oliverio García Rodas, los integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia se reunieron este martes para definir la agenda y cronograma de sesiones para el presente año.

Según el congresista, entre los temas que tratarán durante el período de sesiones del 2017 está la propuesta para reformar el delito de extorsión y las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. “Las reformas a la ley de Extinción de Dominio están relacionadas con la administración de bienes, para que aquellas posesiones recuperadas por el Estado sean aprovechados de manera eficiente, ya que hay algunos problemas en el manejo, mantenimiento y conservación de los bienes incautados”, dijo el diputado García Rodas.

En la próxima reunión esta instancia espera recibir un informe de parte del Ministerio de la Defensa sobre el proceso de destrucción armas incautadas y resguardadas por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

El legislador explicó que el ciclo de reuniones de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia quedó programado para que se lleve a cabo cada dos semanas. La instancia también analizará la iniciativa presentada al Congreso para la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. La Mesa Técnica de Seguridad y Justicia es coordinada por el diputado García Rodas. La integran instancias gubernamentales y de la sociedad civil entre las que se encuentran la Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Defensa, Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Fundación Myrna Mack, Acción Ciudadana, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), así como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otros.

Se tiene previsto que a la próxima reunión programada para el martes 6 de junio asista el diputado Cornelio García, de la bancada Todos, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para hablar sobre las propuestas de reforma al Código Penal.

Por Antonio Ordoñez

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En una reunión sostenida por integrantes de la Comisión de Turismo, que preside la parlamentaria Elza Leonora Cú Isem, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Jorge Mario Chajón, se pronunció en contra de que se apruebe la iniciativa 5244, ley de Apoyo a la Actividad Turística. En el proyecto de ley se establece la exoneración por el plazo de cinco años, de todos los derechos e impuestos de importación sobre materiales de construcción y enseres en general destinados a los nuevos hoteles. También se exonera del pago del ciento por ciento del impuesto sobre la renta, durante el término de 10 años, en cuanto a las utilidades que provenga de nuevas construcciones.

Chajón expresó que el tema debe analizarse con mucho cuidado, ya que se puede tomar como evasión fiscal, “pero sí es necesario llevar incentivos hacia las aéreas prioritarias, que permita sacar de la pobreza a los guatemaltecos” indicó.

Asimismo, dijo que “deben hacerse algunos cambios, probablemente elaborar una nueva iniciativa que tome en cuenta una visión más amplia y que las inversiones se vayan al interior del país”. El parlamentario independiente Germán Velásquez Pérez, comentó: “El espíritu de la ley es promover el turismo, tanto interno como extranjero; sin embargo, ahorita Guatemala no necesita exonerar de impuestos, ya que eso debilitaría prácticamente a los guatemaltecos de este gremio, que sí han pagado sus impuestos por muchos años”. “El turismo, con el apoyo necesario y bien enfocado, puede apoyar grandemente a la economía en nuestro país”, expresó la diputada Cú. Sin embargo, como Comisión, después de haber analizado este proyecto y de haber escuchado a los diferente sectores involucrados, hemos acordado que el dictamen que emitiremos será desfavorable”, concluyó.

Por Rosemary Recinos

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El diputado Edwin Lux, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, en conferencia de prensa solicitó a la Comisión de Salud y Asistencia Social que agilice el proceso para emitir dictamen favorable a la iniciativa 5126, ley de respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana en el marco de los Derechos Humanos, presentada en agosto de 2016.

El proyecto de ley hace referencia a que en los artículos 93, 94 y 95 de la Carta Magna se establece que la salud de los habitantes es un bien público y, por tanto, todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Además, se establece que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es un problema social considerado de urgencia nacional y se regulará un marco jurídico que implemente mecanismos para las acciones educativas a nivel colectivo de la población. “Es un tema que está afectando a hombres, mujeres y niños, quienes en este momento están desprotegidos por el Estado; la iniciativa permite darle un enfoque integral de derechos humanos para atención de las personas y la población que padece la enfermedad fatal del VIH”, explicó el congresista. Lux fue acompañado por representantes de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y la Población en Más Alto Riesgo, así como de las asociaciones Gente Positiva, Vida y de la cooperación internacional que vigila la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana en el país, quienes también se sumaron a la demanda.

Víctor Alfonso, director de la Asociación de Personas con el Virus Inmunodeficiencia Humana Sida, manifestó: “Es un tema que no está en la agenda de país y se ha anunciado como un problema superado que no es cierto; estamos enfrentado grandes retos y desafíos en la atención de niños que han nacido de madres que viven con este mal y ellos también van a vivir con el virus”. Advirtió que los menores no reciben alimentación adecuada ni medicamentos, e informó que al menos 1 mil 37 infantes a nivel nacional están sujetos a que se les administren antirretrovirales.

Hugo Hernández, integrante de la Comisión de Incidencia de la Red Legal recordó que el país es signatario de acuerdos internacionales relacionados con proteger y defender los derechos humanos de las personas y “está obligado a dictar todas las medidas legislativas que permitan el goce de los derechos, por lo que solicitamos que agilicen la revisión y dictamen favorablemente de la iniciativa”.

Por José Castellanos.

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El diputado independiente Álvaro Velásquez presentó en la Dirección Legislativa la iniciativa denominada ley de competencias de la región metropolitana de la ciudad de Guatemala y su área de influencia, la cual tiene como objetivo crear un consejo regional que se encargue de la administración y ejecución de proyectos de impacto. “Los municipios que lo integrarían serían los que colindan con la ciudad capital, como Mixco, Villa Nueva y Fraijanes, entre otros”, explicó Velásquez.

Entre las facultades del consejo estaría velar por el manejo de los desechos sólidos, el agua potable y saneamiento, movilidad y la planificación estratégica de la región. El Consejo Regional Metropolitano también lo conformarían representantes de los Ministerios de Finanzas, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ambiente y Recursos Naturales, así como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Instituto de Fomento Municipal y los alcaldes, por lo que podrán tomar decisiones colegiadas en cuanto a su funcionamiento y ejecución de fondos.

La iniciativa también crea la figura de la gerencia técnica metropolitana, que contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía. A este puesto podrán aspirar las personas que llenen los requisitos establecidos en la ley. “Con este Consejo Regional existiría un mejor control de los proyectos que se desarrollen, pues verían el beneficio de forma integral y no dispersa, como sucede hasta el momento”, concluyó el diputado Velásquez.

Por Mayra Recinos

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