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Directivos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), presentaron hoy en el Congreso de la República un informe de los resultados de la décima conferencia de los estados parte de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La exposición se hizo a los diputados que integran la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, presidida por el congresista Juan Carlos Salanic García, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Durante la reunión, Marta de Acajabón, William Patzán y Gerson López, del Conadi, expusieron detalles de la actividad que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en New York, Estados Unidos, del 13 al 15 de junio del presente año.

Se informó que Guatemala, por medio del presidente de la Junta Directiva del Conadi, Jorge Yat Max, expuso ante el Comité de Expertos de la ONU los logros y avances en el tema de derechos de las personas con discapacidad, contenido en el Primer Informe Nacional. Asimismo, se informó en el alto organismo que se realizó la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (Endis 2016), lo que permitió establecer que hay una prevalencia del 10.2 por ciento de personas con discapacidad en Guatemala, lo cual permitirá la inclusión del tema de discapacidad en el próximo censo nacional.

También se dio a conocer que se trabaja en la iniciativa de ley 5152, donde se armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según explicó Marta de Acajabón, secretaria de la junta directiva del Conadi. En el informe se hace énfasis en la Segunda Década de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la inclusión y participación plena de las personas con capacidades especiales y sus organizaciones representativas en la aplicación de la Convención. El diputado Salanic, tras escuchar el informe de Conadi, dijo: “Vemos que hay una lluvia de ideas. Lo que nosotros solicitamos hoy es que esas experiencias nuevas se reflejen en una mayor ayuda a las personas con discapacidad y se refuercen las acciones institucionales”.

Por José Castellanos

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El parlamentario Ovidio Monzón, vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso, participó este miércoles en el lanzamiento de Converciencia, una actividad académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) que consiste en la afluencia a Guatemala de científicos guatemaltecos que trabajan en investigación y docencia fuera del país. Para este año se tienen programados 3 días de actividades académicas, del 26 al 28 de julio, que incluirán conferencias, visitas a universidades, centros de investigación e intercambio entre científicos y mesas de trabajo, entre otras. El diputado Monzón (Todos) dijo que es importante que Guatemala mejore la inversión en educación y tecnología, por lo cual se ha establecido que el Congreso ocupe un espacio en el Consejo de Ciencia, con el fin de que conozca los avances y el trabajo que se realiza.

Las actividades de este año están dirigidas principalmente a estudiantes y académicos, pero también al público en general, como una mecánica de conocimiento social, científico y educacional para las generaciones jóvenes. Converciencia tiene el objetivo primordial de promover un contacto profesional permanente entre los visitantes y los científicos e investigadores que trabajan en Guatemala. En el año 2005 el Concyt reunió en Guatemala a científicos nacionales que trabajan en docencia y desarrollo tecnológico en universidades y centros de investigación fuera de Guatemala, con el fin de iniciar un proceso de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en el país con aportes nuevos de otras partes del mundo, dirigido a la búsqueda de soluciones a los problemas latentes en la sociedad guatemalteca. A este encuentro se denominó Converciencia. Los participantes en la primera edición consideraron importante fundar la Red Internacional de Científicos Guatemaltecos mediante la suscripción de un acta constitutiva.

Por Wendy Sandoval.

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Mediante el Acuerdo Legislativo 19-2017, con 92 votos a favor, el Congreso de la República conoció y ratificó el Decreto Gubernativo 04-17, con lo cual se prorroga por 30 días el Estado de Sitio en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, de San Marcos. La Presidencia de la República justificó la medida indicando que aún persisten las circunstancias que originaron la emisión del Decreto Gubernativo 2-2017, emitido el 10 de mayo del presente año. El recién pasado martes 11 los congresistas escucharon a los titulares de las carteras de la Defensa Nacional, Gobernación, Desarrollo Social y Agricultura, Ganadería y Alimentación; quienes expusieron las acciones emprendidas en los municipios en cuestión, En otros temas de orden del día de la décima primera sesión extraordinaria efectuada hoy, el pleno aprobó con 84 votos, en tercera lectura, el proyecto de decreto que dispone aprobar reformas a la Ley de la Carrera Judicial.

Asimismo, se conoció en primer debate los proyectos de decreto que disponen reformas al Código Civil, (prohibición a las menores de edad a casarse), a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y la Ley de prevención de Delincuencia Motorizada. Cuando se procedía continuar con la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar reformas a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se rompió el quórum. Ante la insuficiente presencia de diputados, el presidente de Legislativo, Oscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó a la instancia de Jefes de Bloques a reunirse el próximo lunes 17, a las 10:30 horas, para aprobar las agendas a desarrollar en las sesiones extraordinarias de los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20, respectivamente.

Por Nery Morales

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Debido a la falta de un edificio propio para el funcionamiento del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Chiquimula y a que no se ha prorrogado un convenio suscrito en 1996 con el Ministerio de Salud para el uso de las instalaciones del Hospital Nacional en ese lugar, los pacientes del primero corren el riesgo de no ser atendidos.

Por tal razón, la Comisión de Salud del Congreso se reunió este miércoles con autoridades de ambas instituciones y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), para buscar nuevas instalaciones y evitar que los afiliados sean afectados. Carina Espino, directora ejecutiva del Hospital Modular Arana Osorio, explicó que el problema radica en que se saturan áreas como Pediatría, donde se atiende hasta 70 pacientes en espacios con capacidad para 35 niños. “La demanda de atención médica de pacientes locales es alta y a esta se suma la de los afiliados del IGSS. Estamos conscientes de que la prioridad son las personas que buscan la atención en salud, motivo por el cual hemos dado un tiempo prudencial a las autoridades del Seguro Social para que solucionen su situación”, agregó.

El director del IGSS en esa localidad, Marco José Aguilar, mencionó que en 2015 se instaló una comisión para buscar un inmueble que albergue las instalaciones en esa localidad. Por su parte, Oscar Humberto Conde, secretario ejecutivo de la Senabed, dijo que existe un edificio de 4 niveles del cual el IGSS ocupa 3; sin embargo, afirmó que no han pagado el arrendamiento por no contar con la persona acreditada para firmar el contrato. Finalmente, la presidenta de esa sala legislativa, Karla Martínez (Alianza Ciudadana), solicitó a los funcionarios darle prioridad al tema.

“Solicitamos que el IGSS y Senabed coordinen los mecanismos necesarios para el arrendamiento de los cuatro niveles de ese edificio, para que el módulo sea trasladado; asimismo, pedimos el acompañamiento de la Contraloría para que el proceso se haga con total transparencia”, dijo. El Hospital Nacional de Chiquimula atiende a pobladores de los 11 municipios del departamento, San Luis Jilotepeque y San Manuel Chaparrón, Jalapa, y Agua Blanca, Jutiapa, así como de Copán y Ocotepeque, Honduras. Ese centro asistencial ofrece también al Seguro Social servicios como rayos X, laboratorio clínico, quirófano, banco de sangre y el uso de la lavandería, entre otros.

Por Karen Mendoza

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En sesión ordinaria de trabajo, diputados que integran la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, debatieron sobre los avances en la elección del representante del Legislativo ante la Junta Monetaria (JM), y conocieron el proyecto de dictamen sobre un préstamo para funcionamiento y compra de vehículos del Ministerio de Gobernación. El presidente de la sala de trabajo, Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), informó que se publicó en medios de comunicación impresos el listado con los nombres de los 12 aspirantes a ocupar el cargo de representante del Legislativo en la JM, así como el informe de la Contraloría General de Cuentas de los postulantes, indicando que ninguno cuenta con finiquito actualizado.

El 22 de marzo se cierra la fecha para que cualquier ciudadano presente sus observaciones contra los postulantes, por lo que esperan en próxima reunión continuar avanzando en el tema. En la reunión también se conoció la ruta para llegar al dictamen del préstamo por US$300 millones que requiere el Ministerio de Gobernación, por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica, para la compra de unidades y construcción de edificios de la Policía Nacional Civil (PNC).

Respecto al dictamen, el parlamentario Ovidio Monzón, de la Bancada Todos, dijo que su agrupación no dará un solo voto más para préstamos sin que se conozca su destino fijo, su ejecución o ejecuciones de otros préstamos que al momento están en cero. Puso como ejemplo el préstamo para saneamiento de aguas por US$50 millones que debía ejecutar el Instituto de Fomento Municipal y “al momento no se ha utilizado un solo centavo”. “No hay capacidad del Estado para ejecutar y el Gobierno pretende que le aprobemos más”, argumentó el legislador Fernando Montenegro de Encuentro por Guatemala, quien sugirió que se debe analizar el crecimiento económico en conjunto con el Banco de Guatemala, Ministerio de Economía, y Ministerio de Finanzas, antes de llegar a un dictamen de un préstamo que no conoce bien su destino. Rudy Castañeda, de Unión del Cambio Nacional, manifestó: “La Comisión debe dar seguimiento a los préstamos que se han aprobado; pues, las propias normativas de transparencia que se han creado para cada uno de ellos hacen que no se puedan ejecutar por parte del Gobierno y existe una presa de más de Q1,600 millones que no se usan debido a los candados que se les han impuesto.

Lo anterior fue apoyado por el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza, José Domingo Trejo, quien dijo que con el afán de transparentar el gasto de los recursos de préstamos se han colocado normativas que impiden su ejecución. “El Ministerio de Desarrollo al momento tiene cero ejecución de presupuesto en cinco meses del año, porque los candados le impiden usarlo, aunado a que los proveedores ya no confían en el Gobierno por los atrasos en pagos. Nadie quiere participar en eventos abiertos de licitación porque ya no creen en el Estado”, enfatizó. Previo a finalizar la reunión de trabajo, el presidente de la sala entregó el proyecto de dictamen del préstamo a todos los representantes, el cual será analizado con sus bancadas y asesores, quedando abierta la posibilidad de citar a los ministros de Finanzas y Gobernación, para que expliquen el destino de los fondos y en base a ello tomar una decisión que cambie el dictamen antes de aprobarlo.

Por Fernando Bolaños Barillas

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La Comisión de Salud abogó porque el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), levante la restricción para el ingreso de maíz procedente de México a través de la frontera La Mesilla, la cual fue impuesta el 28 de abril pasado a 16 mil quintales del grano.

Representantes de las asociaciones de importadores, productores y transportistas de maíz, se quejaron en la sala de trabajo contra el viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulación del MAGA, Byron Omar Acevedo, quien les envió un oficio en donde rechazaba la solicitud para aprobar el ingreso del grano por dicho paso fronterizo, argumentando que no hay infraestructura adecuada para llevar a cabo los análisis fitosanitarios. Karla Andrea Martínez Hernández, de Alianza Ciudadana (AC) y presidenta de la Comisión de Salud, manifestó su preocupación por la restricción impuesta por el MAGA. “En lugar de fortalecer la economía y la productividad, preocupa que las instituciones pongan limitantes sin tener conocimiento de las condiciones económicas de las comunidades”, expresó la parlamentaria.

La diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera, de AC por Huehuetenango, cuestionó la labor de Omar Acevedo, y expresó: “Yo no entiendo cómo el MAGA se toma una atribución de esa naturaleza para decir que suspende las importaciones cuando a la Superintendencia de Administración Tributaria y al Ministerio de Economía, les conviene que aumenten las importaciones”. Fraxel Matías, en representación de la Asociación Civil No Lucrativa de Transporte y Distribución de Maíz de Huehuetenango y de la Asociación Civil No Lucrativa de Transportistas de la Frontera de Huehuetenango, relató que el 27 de abril último enviaron al MAGA, la documentación para solicitar que se autorizara el ingreso de 16 mil quintales de maíz; pero, Herbert Pezzarossi, jefe de la oficina de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, manifestó el 28 del mismo mes que en las últimas dos importaciones los análisis que se hicieron al grano no llenaron los requisitos y ordenó llevar a cabo un nuevo muestro del maíz. Matías agregó que al hacer de nuevo los análisis, los resultados fueron satisfactorios, así como en las 27 importaciones anteriores. En tal sentido Omar Acevedo señaló que la aduana de La Mesilla no cuenta con la infraestructura para la aplicación de las medidas técnicas (para llevar a cabo el análisis fitosanitario del grano en el puesto fronterizo) por parte del personal del MAGA.

bel Cruz, intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, subrayó que no hay ninguna restricción por parte de la entidad recaudadora de impuestos y que además la importación de maíz ha permitido que la aduana de La Mesilla supere la meta de recaudación.

Por Byron Vásquez

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Diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología median con autoridades de diferentes instituciones para dotar de un establecimiento educativo a la población de la colonia Regalito de Dios, Ciudad Peronia, Villa Nueva.

Este jueves organizaron una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación, Municipalidad de Villa Nueva, Fondo de Desarrollo Social, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entre otras instituciones, y la comunidad educativa del lugar. Al concluir la reunión lograron acuerdos preliminares para la construcción de 35 módulos temporales para 2 mil 500 niños y jóvenes de la Escuela Oficial Urbana Mixta 824 (matutina) y 825 (vespertina), cuyo edificio fue declarado inhabitable por la Conred, debido al riesgo de un hundimiento. Los diputados lamentaron que transcurrido más de un año y medio las autoridades municipales y gubernamentales no han demostrado agilidad para trasladar y ubicar a los estudiantes a un edificio seguro.

Elvira Coy, representante del comité de padres de familia de la escuela 824, manifestó: “Cuando vieron que se empezó a derrumbar nos llevaron a una casa de 2 niveles, pero no cabíamos; tuvimos que retornar a la escuela, pero nos cortaron el agua potable y solo hay un baño para los 750 alumnos. Agradecemos la intervención de los diputados, porque hoy sí nos van a poner atención”.

La legisladora Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador, presidenta de la sala de trabajo, expresó: “Hace más de un año la Municipalidad de Villa Nueva y el Ministerio de Educación empezaron a gestionar la asignación de un terreno municipal para que se construyera la escuela pública, pero no ha sido posible; hoy llegamos a acuerdos para que el Fondo de Desarrollo Social pueda construir 35 módulos escolares y esperamos que el alcalde de Villa Nueva llegue a acuerdos para solucionar este caso”.

Por José Castellanos.

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Los integrantes de la comisión legislativa de Derechos Humanos aprobaron hoy el perfil ideal de los candidatos que aspiran ser nombrados como Procurador de los Derechos Humanos (PDH), bajo los principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad. Además de los requisitos indispensables, como ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en goce de sus derechos ciudadanos, ser abogado colegiado activo, mayor de 40 años, haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años y haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunales Colegiados, los candidatos deberán cumplir con las competencias académicas, profesionales y cualidades en el aspecto ético.

La presidenta de la sala legislativa, Sandra Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional, resaltó que por primera vez se aprueba un perfil ideal en que se incluye el respeto a la equidad de género. El diputado Ronald Arango, del bloque Todos, indicó que independientemente de la calificación que cada uno de los aspirantes obtenga, según la tabla de gradación, la Comisión destacará la experiencia y el compromiso que los candidatos tengan para la defensa de los Derechos Humanos.

Luego de haberse publicado el listado de los 27 aspirantes a PDH, la Comisión recibirá a partir de este viernes 19 las objeciones o tachas que la sociedad civil o persona individual presente en contra de alguno de los candidatos y luego ellos tendrán el tiempo oportuno para presentar sus pruebas de descargo. La congresista Sandoval informó que, según el cronograma, esperan entregar la terna el 6 de junio próximo para que el pleno de diputados elija al nuevo PDH.

Por Nery Morales

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La Comisión de Salud del Congreso solicitó un informe al Ministerio de Salud sobre cuál es la situación del hospital de Zacapa, donde se ha reportado el fallecimiento de varios menores de edad como consecuencia de dos bacterias que se presume se encuentran en el nosocomio. Según la versión de trabajadores del centro asistencial y la cartera salubrista solo reportan tres decesos de forma oficial. En la citación participó la diputada María Cristina Quinto García, representante por Zacapa, del Frente de Convergencia Nacional, quien manifestó su preocupación por las muertes ocurridas en el nosocomio en cuestión y porque hasta la fecha no se tiene información oficial y científica sobre las causas de los decesos.

La diputada Karla Andrea Martínez Hernández, de Alianza Ciudadana y presidenta de la Comisión de Salud, indicó que se procederá a hacer una investigación por parte de la sala de trabajo para establecer las causas de muerte de los menores, porque en la cartera salubrista no tienen registrada una causa específica de los decesos, y que se presume fue por el resultado de dos bacterias. Añadió que hay una incongruencia entre los datos que ha proporcionado el personal del hospital y el Ministerio de Salud. Otro de los temas abordados fue lo relacionado a los recortes de personal en la cartera salubrista.

“También nos preocupa en el área de epidemiología hayan recortado el personal, y que de 56 que conformaban la plantilla para todo el país ahora solo hay 25”, dijo Martínez Hernández. Francisco Theissen, coordinador de hospitales se comprometió con las diputadas en hacer una visita al hospital de Zacapa en los próximos días, junto a la ministra Lucrecia Hernández, para establecer cuál es la situación del nosocomio e informar a las legisladoras sobre la causa de muerte de los menores de edad.

Por Byron Vásquez

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