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El diputado Víctor Estrada, de la bancada Movimiento Reformador, a solicitud de comunitarios de la aldea La Estancia de la Virgen, en San Cristóbal Acasaguastlán, municipio de El Progreso, citó a representantes de distintas entidades de Gobierno para atender denuncias de tala ilegal de árboles en dicha región. Los pobladores señalan que el propietario de la finca denominada La Cajeta no ha cumplido con la responsabilidad de reforestar las áreas taladas, por lo que desde hace tres meses decidieron impedir la salida de camiones con madera, lo que podría desencadenar acciones violentas a corto plazo.

“Esta finca se encuentra dentro de un espacio que administra el Instituto Nacional de Bosques, pero fuera del área protegida, y (la finca) cuenta con una licencia autorizada”, señaló Ernesto Bran, director de la Región Nororiente de esa institución. Agregó que la Comisión de Resolución de Conflictos Socio Ambientales realizó una visita técnica y determinó que las actividades se están realizando dentro de lo que determina la ley.

“La población manifiesta que el corte de arboles no se está ejecutando con método selectivo sino a tala rasa y que la visita de verificación no se realizó de la manera correcta, ya que los consejos comunitarios no fueron convocados”, comentó el diputado Estrada.

Por tal motivo, el congresista dijo que van a solicitar que se realice una nueva visita con la participación de todos los involucrados, “para encontrar soluciones que atiendan el problema que es de interés nacional, ya que se trata de la Sierra de las Minas, la cual es el segundo pulmón de Guatemala”. Por Rosemary Recinos

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La Instancia de Jefes de Bloques recibió este miércoles a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes entregaron dos iniciativas de ley relacionadas con reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y al Código Procesal Penal (CPP), referente a la aceptación de cargos. El magistrado presidente Nery Medina informó que acudieron al Organismo Legislativo con la necesidad de modificar o implementar mecanismos de acuerdo con los requerimientos de la administración de justicia.

Acerca de la iniciativa de aceptación de cargos la magistrada Delia Dávila, de la Cámara Penal, explicó que el objetivo es agregar un título del libro cuarto del CPP que establezca procedimientos específicos y evite el desgaste del sistema de justicia por la saturación que existe en los tribunales. En cuanto a la Ley de Contrataciones del Estado, la magistrada María Eugenia Morales de Sierra dijo que la norma dificulta los procedimientos para adquirir bienes o servicios en el Organismo Judicial, por lo que es necesario hacer cambios específicos.

Los representantes de los bloques legislativos también recibieron a Víctor Martínez, viceministro de Finanzas Públicas; Miguel Ángel Moir, titular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, y a Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas, quienes expusieron la necesidad de modificar los artículos 97 y 100 de la Ley del Presupuesto General de la Nación de este año, que impiden pagar la deuda de arrastre de años anteriores. El presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, explicó que se dará el trámite correspondiente a ambos planteamientos, y solicitó a Mencos revisar de nuevo el informe de la auditoría a la ejecución presupuestaria del Congreso de la República del año 2016, el cual marcó reparos por supuestas anomalías administrativas, a lo cual accedió el funcionario.  

Por Nery Morales.

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Legisladores de la comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso, que preside la diputada Karla Martínez Hernández, del bloque Alianza Ciudadana, se reunieron con autoridades del ministerio de Salud, Fondo de Desarrollo Social (Fodes) y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo, con el fin de conocer el avance de la construcción del hospital de San Pedro Necta, Huehuetenango. A los congresistas se les informó que la obra está paralizada desde hace 12 años.

En 2009 se adjudicó a una empresa constructora y por diferentes motivos se ha entrampado el expediente en la Unidad de Planificación Estratégica del Fodes.

Las autoridades del ministerio de Salud Pública están a la espera de que se les traslade el expediente para que se continúe con la construcción del nosocomio. La diputada Martínez pidió que se agilice el trámite, para que el Fodes “liquide el proyecto lo antes posible, ya que la población de San Pedro Necta, que son aproximadamente 40 mil personas, se ha visto afectada al no contar con un hospital adecuado a sus necesidades”.

Epifanio Mejía, director del hospital, comentó que actualmente utilizan las instalaciones de una iglesia católica del municipio. “Es una infraestructura de hace 50 años y tiene muchas partes dañadas. Esto nos preocupa porque estamos prestando el servicio en condiciones inadecuadas”, expresó. Al concluir la reunión los congresistas solicitaron información más detallada e indicaron que la sala de trabajo dará seguimiento al caso.  

Por José Castellanos

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Los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo por la solicitud de antejuicio que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó contra el presidente Jimmy Morales, en el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Los parlamentarios argumentan que el gobernante nombró a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, “quienes no eran idóneos para ocupar dichos cargos”. “La acción legal se realizó para que la Corte de Constitucionalidad determine si procede o no la solitud de antejuicio”, explicó el congresista Juracán.

La parlamentaria Morán destacó que la intención es que la muerte de las 41 menores no quede en la impunidad y se haga justicia. “También se quiere que el Ministerio Público haga una investigación sin obstáculos y determine si hubo o no responsabilidad del Presidente”, aseveró.

Los legisladores aseguran que una de las piezas clave para pedir el retiro de la inmunidad al mandatario es la declaración de Luis Pérez, subcomisario de la Policía Nacional Civil, quien explicó durante la audiencia de primera declaración y en una citación en el Congreso que recibieron una llamada de él, con lo cual consta que tenía conocimiento de lo que sucedía en el recinto de San José Pinula. El 22 de junio, los magistrados de la CSJ rechazaron de forma unánime la solicitud de antejuicio contra el gobernante, por considerar que existían “motivos espurios y políticos”.  

Por Byron Ramírez.

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El diputado Orlando Blanco, jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió hoy con autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), y del Instituto Nacional de Estadística (INE), para conocer el avance en la ejecución de Q25 millones destinados a la elaboración de dos censos del estado de la infraestructura en salud y educación. Néstor Guerra, gerente del INE, explicó que hay avances en la elaboración y diseño de las propuestas técnicas para llevar a cabo los censos; sin embargo, afirmó que los recursos económicos asignados para cada ministerio (Q12.5 millones) no pueden ser utilizados, pues dichos fondos provienen de una fuente de financiamiento no ejecutable.

Según el funcionario, los fondos están sujetos a un préstamo de apoyo al comercio exterior, aprobado por el Congreso de la República para ser ejecutado a través del Ministerio de Economía. “Esta información fue traslada por Finanzas, razón por la cual es difícil que el censo de infraestructura se haga este año”, agregó. El titular del Mineduc, Óscar Hugo López, afirmó que de no contar con el censo, se vería afectada la elaboración del Plan Nacional de Inversión de Infraestructura Escolar, a cargo de esa cartera.

“Se depende de este registro para canalizar los recursos del ministerio a la inversión en el remozamiento de los 20 mil edificios que albergan los 34 mil centros educativos en todo el país”, aseguró. “Nos desmotiva enormemente saber que no estarán disponibles los recursos para el censo, en virtud de que esa información con la que pensamos contar a la brevedad ya no lograremos tenerla.

La última recolección de datos de este tipo fue realizada en 2005, por lo que a la fecha no contamos con la información actualizada y confiable que nos permita intervenir para mejorar la infraestructura”, explicó el ministro López. Al finalizar el encuentro, el congresista Blanco indicó que en 15 días se reunirán de nuevo para atender este tema. “Citaremos a las autoridades de los ministerios de Finanzas y Economía para que nos expliquen por qué asignaron una fuente de financiamiento que con anterioridad sabían que no iba ser posible que se ejecutara”, concluyó.  

Por Karen Mendoza

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El presidente del Congreso de la República, diputado Oscar Chinchilla, atendió a pobladores de Tajumulco, San Marcos, quienes solicitan el apoyo de los legisladores para que se suspenda el Estado de Sitio decretado por el Organismo Ejecutivo debido a disputas limítrofes con Ixchiguán.

La medida fue implementada desde el 11 de mayo y prorrogada en una ocasión, por lo que los pobladores piden que no se ratifique de nuevo y que el Gobierno cumpla las promesas de inversión para el desarrollo. Ismael Ramos, alcalde de Tajumulco, expresó: “Las comunidades se sienten amedrentadas y acosadas por la presencia policial y del ejército. Los requerimientos que traemos son concretos y consisten en que se garantice el acceso al agua potable, que se respeten títulos de propiedad, que se trabaje en un caminamiento de 17 kilómetros y la construcción de una escuela y un hospital”.

Por su parte, el congresista Chinchilla explicó que trasladará las peticiones a la Presidencia de la República y propiciará reuniones con los ministros para intermediar y promover que esos beneficios lleguen a las comunidades. “Si entre ustedes llegan a un acuerdo sobre los límites territoriales y esto se traduce en una iniciativa de ley, el Congreso podrá actuar con base en el clamor de la población”, aseveró. Afirmó que a la fecha no ha ingresado otra solicitud de prórroga del Estado de Sitio y que si llega será trasladada al Pleno para que decida si lo aprueba, imprueba o modifica.  

Por Rosemary Recinos.

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Las autoridades de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla tienen hasta el 1 de agosto para solicitar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que autorice el depósito aduanero, que funciona ilegalmente y no permite al ente recaudador revisar las bodegas.

Por ello, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza se reunieron con el jefe de la SAT, Francisco Solórzano Foppa; el comisionado Presidencial de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy, y representantes de los puertos de Santo Tomás y Quetzal.

“Creemos que esas anomalías no pueden ocurrir, por lo que en la reunión solicitamos que estos depósitos aduaneros sean autorizados para evitar que exista corrupción dentro de las aduanas”, expresó el parlamentario Carlos Barreda. El titular de la SAT explicó que dieron plazo hasta el 1 de agosto para que las autoridades presenten los documentos y después tendrán 6 meses para concluir los requisitos que permitan abrir los depósitos aduaneros, pues de no hacerlo se tendrá que cerrar el servicio, en detrimento de la población.

Los legisladores concluyeron en que esperarán hasta agosto para observar el desarrollo de las gestiones y de observar anomalías volverán a citar a los funcionarios involucrados.  

Por Karla Herrera

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Los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso, que preside el diputado Carlos Napoleón Rojas, de la bancada Unión del Cambio Nacional, sostuvieron una reunión interinstitucional con el fin de abordar la problemática que afrontan los pobladores de las cercanías de la bocabarra situada en las Lisas, Santa Rosa.

Según indicó la gobernadora de ese departamento, Reina Isabel Villatoro, 150 mil personas habitan en los alrededores, las cuales están en riesgo debido al azolvamiento e inestabilidad del área, donde ya se registran algunas inundaciones, además se reduce la capacidad de pesca. El diputado Luis Hernández Azmitia, de la bancada Movimiento Reformador, urgió a las autoridades para que puedan atender lo antes posible este problema.

“No podemos quedarnos esperando a que ocurra una tragedia para reaccionar”, expresó. Ante el interrogatorio, Juan Carlos Galindo, de la Asesoría Técnica de Ingeniería de Ríos, del Ministerio de Comunicaciones, indicó que lo recomendable por el momento es dragar el área; sin embargo, debido a los procesos de licitación, les llevaría demasiado tiempo y podría terminar el año sin ejecutar algún proyecto.

Galindo explicó que una de las acciones emergentes sería el arrendamiento de maquinaria para dragar una pequeña área. “No contamos con equipo propio, por lo que tendríamos que arrendar, además debemos tomar en cuenta que por la premura de la situación tendríamos que hacerlo por medio de un contrato abierto que no puede exceder los Q900 mil. Los diputados acordaron que se reunirán nuevamente el 18 de julio para dar seguimiento a las acciones que los funcionarios ofrecieron y esperan dar respuestas concretas a los pobladores del lugar. A la cita también acudieron el director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Mynor García Divas; viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa, Alejandro Raxón; y el director de Caminos, Juan José Hanser.  

Por Mayra Recinos

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A raíz del desalojo de 150 familias de la Sierra Lacandón y la Laguna del Tigre, Petén, el diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, instaló este día la Comisión de Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos de las comunidades citadas, y que actualmente se encuentran asentadas en la frontera entre Guatemala y México. La Comisión en mención será integrada por la senadora española Sara Vila Galán, Roberto Mercante, del Proyecto de Defensores de los Derechos Humanos, y Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), así como por la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), entre otras organizaciones que han sido invitadas.

La verificación se llevará a cabo en un plazo de tres meses y después presentará un informe al diputado Juracán. “Esta es una comisión de verificación de violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido contra 150 familias campesinas de la comunidad Laguna Larga, en Laguna del Tigre, Petén, hace un mes. Hará una visita al lugar para que tenga una visión de la petición de los pobladores”, dijo el congresista. Agregó que la comisión deberá constatar cuál es la responsabilidad del Estado y las violaciones que se han cometido, con el objetivo de garantizar que no se vuelvan a repetir estos hechos.

Ramón Cadena, de la CIJ, quien presidirá la Comisión, indicó que se procederá a analizar cuál es la situación de las violaciones a Derechos Humanos, y hacer una investigación sobre cómo se llevó a cabo el desalojo, para poder determinar si se utilizaron todos los protocolos establecidos a nivel internacional. Detalló que una de las primeras actividades serán reuniones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, y con la Embajadora de México en el país.  

Por Byron Vásquez

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