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La diputada Marleni Matías Santiago, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, e integrante de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, citó a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y del Fondo Social de Solidaridad (FSS), para conocer los motivos del mal estado de carreteras y caminos en diversos municipios de Baja Verapaz.

Al iniciar el interrogatorio, la parlamentaria mostró su preocupación por denuncias recibidas sobre partos que se han atendido en plena carretera debido al mal estado de la red vial. “Las ambulancias ya no alcanzan a llegar a los hospitales, y las mujeres tienen a sus bebes en condiciones no adecuadas, debido al pésimo estado de las carreteras en nuestro departamento”, argumentó la legisladora Matías. Asimismo, increpó al representante del FSS, Manuel López, por el atraso en el pago a la empresa encargada de la construcción del puente La Canoa, que comunica a diversas comunidades de Baja Verapaz. “Esta obra inició hace 17 años y no es posible que los vecinos no vean el avances”, expresó. Al respecto, López explicó que actualmente no cuentan con el número del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que debe habilitar la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el cual es necesario para que se puedan desembolsar los fondos.

“Actualmente se adeudan Q3 millones al constructor; pero este año se tienen asignados Q22 millones para la obra en mención”, indicó López. Agregó que como FSS han entregado toda la papelería a Segeplan, por lo cual considera necesario que se realice una reunión donde ambas entidades aclaren las dudas. La congresista Matías, acompañada de representantes de las alcaldías de San Miguel Chicaj, San Jerónimo y Santa Cruz El Chol, entre otras, solicitó a la viceministra del CIV, Alejandra Má, y al director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Juan Carlos Méndez, quienes también asistieron a la citación, que mejoren la reparación de los trayectos de sus municipios, los cuales han empeorado con las lluvias.

“Queremos constatar en los próximos días que los funcionarios cumplieron con los compromisos hoy adquiridos”, concluyó la diputada, quien anunció que realizará una nueva convocatoria para escuchar conjuntamente a los representantes del FSS y de Segeplan.  

Por Mayra Recinos

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Los congresistas Jaime Regalado, jefe de la bancada del Movimiento Reformador; Oscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana, y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, solicitaron al embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, una disculpa por haberlos llamado “idiotas”. “No solo nos ofende a nosotros, sino a los guatemaltecos en general, por lo que es necesario que el embajador Todd Robinson dé una disculpa, pues es un diplomático que debe respeto al país y a sus funcionarios”, aseguró el representante Regalado.

El diplomático cuestionó a los congresistas por gestionar la contratación de una empresa estadounidense para cabildear con funcionarios y organizaciones de ese país.

En la conferencia de prensa ofrecida este jueves los legisladores aseguraron que obtuvieron financiamiento privado y se tomó la decisión de contratar la firma con los objetivos de fortalecer las relaciones entre ambas naciones y articular proyectos de desarrollo e inversión en favor de los guatemaltecos que radican en Estados Unidos, quienes contribuyen a sostener la economía nacional con el envío de remesas por más de US $7 mil millones anuales. “Este tipo de insultos hacia los dignatarios es una intromisión por parte de Estados Unidos, por lo que esperamos una disculpa”, aseveró el legislador Linares Beltranena.  

Por Karla Herrera

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Con el propósito de conocer el avance del proyecto de ley de simplificación de trámites administrativos en el sector público, la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, presidida por el diputado Álvaro Arzú, del bloque Unionista, se reunió este jueves.

Los parlamentarios intercambiaron opiniones sobre los diferentes temas que debe tener la iniciativa, como los procedimientos que las instituciones deberán aplicar, los requisitos y los controles administrativos a aplicar cuando la normativa entre en vigencia. También se trataron los tiempos de inicio y entrega que cada trámite, así como las sanciones y multas a imponer a los funcionarios que retrasen los procesos.

El diputado Juan Manuel Díaz-Durán, de la bancada Visión con Valores (Viva), manifestó: “En este momento hay una crisis, pues el Estado se encuentra paralizado por los diferentes trámites y varias instituciones aplican en sus reglamentos otras disposiciones; creemos que esto se debe normar para que las gestiones sean rápidas y expeditas”.

Se informó que la ley obligará a que exista mejor coordinación entre las entidades públicas y a formular bases de datos para evitar que sean lentas las gestiones y las consultas ciudadanas mediante las unidades de acceso a la información pública; también se prevé instalación de ventanillas únicas, uso de la tecnología y sanciones administrativas.  

Por José Castellanos.

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La Comisión de Gobernación, que coordina el parlamentario Napoleón Rojas (Unión del Cambio Nacional), acordó instalar la próxima semana una mesa de diálogo con representantes de la Minera San Rafael y comunitarios del municipio de Casillas, Santa Rosa, con la intención de encontrar una pronta solución a la conflictividad generada en el lugar.

Los pobladores dijeron padecer “una fuerte contaminación”, que afecta su salud, y de sismos, que podrían ser provocados por las explosiones de la empresa. Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, aclaró que según los estudios realizados los temblores recientes en dicha región no son atribuibles a la actividad minera, sino a que “es una zona sísmica que presenta bastante actividad”. Otro asunto que genera malestar es que no ven reflejadas las regalías de la minería en desarrollo y proyectos de salud o educación para su municipio, por lo que exigen transparencia.

Por su parte, Juan José Cabrera, director de Asuntos Gubernamentales de Minera San Rafael, indicó: “Llevamos 21 días paralizados, lo cual representa más o menos una pérdida de Q120 millones. Estamos abiertos al diálogo y si ellos están dispuestos a dejar entrar nuestros camiones, creo que podemos avanzar y encontrar una solución muy rápido”. “Como comisión respaldamos a la población de Casillas; sin embargo, es importante reconocer que la mina representa más de 6,600 empleos y es importante que las regalías se inviertan directamente en las comunidades y se trabaje en una ley que estipule cómo se va a invertir el dinero, porque si no se ven resultados la población continuará disgustada”, concluyó el diputado Christian Gabriel González (Frente de Convergencia Nacional), vicepresidente de la sala legislativa.  

Por Rosemary Recinos.

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La diputada Sandra Nineth Morán Reyes, de la bancada Convergencia, presidió la segunda reunión de la mesa técnica para garantizar el abastecimiento de retrovirales para los pacientes del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como buscar el mecanismo para reducir el costo por medio de la producción de estos medicamentos en farmacéuticas nacionales.

“Este es el seguimiento a una mesa que instalamos hace dos meses para garantizar el abastecimiento de la medicina que requieren los pacientes con VIH, debido a que hay preocupación por la escasez de retrovirales. Además hay propuestas para adquirir medicamentos a menor precio y con ello comprar una mayor cantidad”, indicó la parlamentaria.

Agregó que en la actualidad se adquieren los retrovirales en farmacéuticas multinacionales, pero en el país hay una empresa con capacidad para producirlos.

También indicó a los representantes de las organizaciones sociales relacionadas con el tema que dará seguimiento al caso del nombramiento de la doctora Johana Samayoa, para que se haga cargo de las clínicas que atienden a los pacientes con VIH, plaza que quedó vacante en el Hospital Roosevelt, a raíz de la muerte violenta del doctor Carlos Mejía. Durante la cita de trabajo las organizaciones sociales que velan por los derechos de las personas con VIH dieron a conocer a la diputada que el martes último la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo definitivo en donde se ordena al Ministerio de Salud que garantice el abastecimiento de los retrovirales en todas sus clínicas en donde se atiende a los pacientes con VIH.

En la reunión de este jueves la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, se excusó de no asistir por estar fuera del país. Se programó la siguiente reunión para el 14 de julio próximo a las 9:00 horas.  

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Trabajo del Congreso de la República, presidida por el diputado Édgar Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, se reunió este día con miembros de la Mesa Tripartita que revisa las propuestas de reformas a la legislación laboral y el cumplimiento de las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El congresista Sandoval indicó que los integrantes de la mesa de diálogo han logrado ponerse de acuerdo en los temas penales específicos de la legislación laboral. La propuesta integral sugiere que se deben hacer cambios no solo en el Código de trabajo, también en el Código Penal y la Ley de Sindicalización. No obstante, pese a que la discusión de la reforma tiene varios meses, las partes laboral y empleadora presentan escasos avances en sus propuestas, por lo cual la Comisión evalúa otorgar más tiempo a la mesa tripartita y solicitar el apoyo mediador del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para avanzar en los temas pendientes.

Lo anterior se da como seguimiento al decreto 7-2017, aprobado con 81 votos del pleno el pasado mes de marzo, en el cual se plantea el “endurecimiento” de la labor del Ministerio de Trabajo, pues se le otorga poder sancionatorio a las inspectorías de trabajo. Ello como parte de los requerimientos y compromisos adquiridos por Guatemala mediante la ratificación del Convenio 187 de la OIT.  

Por Wendy Sandoval

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La congresista Karla Andrea Martínez, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, participó en la II reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la cual fue aprobado el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria. La actividad fue dirigida por el vicepresidente Jafeth Cabrera y el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, German González, quien detalló que se trata de un ejercicio de planificación técnica que permite a las instituciones identificar las acciones para reducir la desnutrición crónica. Informó que el documento aprobado será trasladado al Ministerio de Finanzas y a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia para que sea incluido en el proyecto de presupuesto 2018.

La parlamentaria Martínez, de Alianza Ciudadana, informó que en la actividad también se presentó el avance físico y financiero de este año. “En dicha reunión se finalizó exponiendo el avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020 y las acciones de la Ventana de los Mil Días, en el cual se implementa el primer nivel de atención por parte del Ministerio de Salud”, manifestó.

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Legisladores del Frente Parlamentario Contra el Hambre se reunieron con los viceministros de Finanzas Públicas y Desarrollo Social, así como con representares del Ministerio de Educación e instituciones no gubernamentales, para analizar la implementación de la iniciativa 4944, ley de alimentación escolar, que incluye las asignaciones presupuestarias para refacciones escolares. Los parlamentarios, encabezados por el diputado Jairo Flores, de la Unidad Nacional del Esperanza, solicitaron al viceministro de Finanzas, Víctor Martínez, un análisis exhaustivo de la norma, para que a su vez realice una propuesta que incluya asignaciones presupuestarias a la ley, la cual pretende elevar de Q1.66 a Q4.00 diarios, el monto destinado por cada niño para alimentación escolar.

Martínez indicó que esperan contar con asignaciones financieras provenientes del IVApaz y del Fondo Social, otorgando Q2.13 por niño, lo restante deberá ser requerido por el Ministerio de Educación en su plan presupuestario anual, pues para otorgar Q4 por niño se necesitan alrededor de Q1,145 millones y únicamente cuentan con un máximo de Q955 millones.

El congresista Flores comentó que en nuestro país se debería contar con Q10.00 por niño diario, para su alimentación, petición a la que se unió la congresista Eva Monte Bac, de Alianza Ciudadana. “No solo falta alimento, también infraestructura, la que puede ser construida con el dinero que no ha sido utilizado por otros ministerios o secretarías, que se destina al fondo común”, dijo la diputada, quien propuso crear una normativa que permita utilizar los recursos de caja al inicio del año.

Entre los rubros destinados para alimentación escolar en otros países se conoció que Belice otorga el equivalente a Q9.25 Costa Rica Q15.50 y El Salvador Q11.55. “Seguimos en el último lugar en América Latina en alimentación, educación y salud\\\", dijo el parlamentario Víctor Estrada, de Movimiento Reformador, quien apoyó la propuesta de los Q4.00 por niño para su sustento, pues a su criterio se está priorizando en otras cosas menos importantes que la niñez los fondos presupuestarios.  

Por Fernando Bolaños

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La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, se reunió con el Subcontralor del Gasto Público César Armando Elías, a quien presentó denuncia de anomalías en la Secretaría de Bienestar Social (SBS) por la compra de alimentos para el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, desde 2012. “Queremos presentar las denuncias ante el Ministerio Público porque desde 2012 han existido anomalías, fraccionamientos, y omisos de empresas que resultaron beneficiadas en la contratación de alimentos para el hogar seguro”, indicó la parlamentaria.

Según la congresista, la SBS incurrió en ilegalidades al contratar empresas con una razón social que no tenían nada que ver con la preparación de alimentos. El subcontralor Elías se comprometió a pedir una contrarevisión de todos los contratos contraídos por la SBS de 5 años atrás y llevar a cabo una fiscalización de desempeño de cada uno de los hogares a cargo de la entidad.  

Por Nery Morales

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