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Diputados de la Comisión de Cultura plantean la instalación de mesas técnicas para elaborar un nuevo proyecto de ley de la cinematografía y para analizar reformas a la Ley de Espectáculos Públicos, con el fin de actualizarla.

La congresista Flor de María Chajón, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y secretaria de la referida sala, explicó que la intención es efectuar dos instancias para elaborar una nueva ley de la creación y funcionamiento del Consejo Nacional de Cine, con el fin de actualizarla y que cumpla con los requerimientos del país, así como llegar a consenso con los sectores involucrados en las reformas a la Ley de Espectáculos Públicos. La diputada Laura Franco, también del bloque FCN-Nación, dijo que es necesario tratar con detenimiento ambas propuestas para que las normas cumplan su cometido.

Por José Castellanos.

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El diputado Edwin Lux, vicepresidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, se reunió con Oscar Hugo López, ministro de Educación, y con catedráticos de institutos técnicos industriales de Suchitepéquez y Retalhuleu, quienes denuncian irregularidades y “criterios subjetivos” para obtener ascensos escalafonarios. Según comentaron los educadores, han gestionado los beneficios por más de 10 años y a pesar de obtener un título universitario el esfuerzo no ha sido recompensado, por lo que presentaron una denuncia en el Ministerio Público.

“Muchos entramos con título de bachiller o de perito, pero fuimos contratados como catedráticos, y con mucha voluntad seguimos estudiando hasta graduarnos de la Licenciatura en Educación”, indicó el docente Abel Estrada.

“Hay compañeros que estaban en nuestra misma situación y fueron beneficiados con el decreto 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, por lo que solicitamos a la junta calificadora igualdad de condiciones”, agregó. Por su parte, el ministro López, explicó: “Este decreto indica a quienes se les puede otorgar el escalafón y nosotros hemos sido respetuosos de la ley. La Fiscalía de Derechos Administrativos investigará si se han cometido irregularidades en el reconocimiento de estos derechos y resolverá de tal manera que nos permita a nosotros solventar el tema”.

El diputado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que acompañarán el proceso, con respeto a la independencia de la cartera, y los requirentes decidirán qué acciones legales tomarán.  

Por Rosemary Recinos.

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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, coordinada por la diputada Eva Nicolle Monte, se reunió este miércoles para analizar los temas pendientes de su agenda de trabajo.

La iniciativa 4986, convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, definido en Bonn, Alemania, el 23 de junio de 1979, fue el primer punto tratado y los congresistas anunciaron que presentaran en los próximos días el dictamen favorable. Dicho acuerdo busca la conservación de las especies marinas, terrestres y aves de manera global; es un tratado intergubernamental coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde que entró en vigencia lo han suscrito al menos 120 países.

En segunda instancia los diputados escucharon una presentación sobre el anteproyecto de ley del servicio diplomático de Guatemala. “Este merece más de tiempo de estudio”, dijo el diputado independiente Oliverio García Rodas, quien considera que no se han tomado en cuenta aspectos como aumentar el límite de edad para los diplomáticos guatemaltecos.

Agregó que el documento incluye incluso aspectos administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando en realidad debería centrarse en los asuntos internacionales. Por tal motivo, la diputada Monte, de Alianza Ciudadana, explicó que durante la próxima sesión trabajo entregarán un cuadro comparativo y recogerán todas las sugerencias y propuestas del resto de los integrantes.

Al finalizar los diputados recibieron al embajador de Francia, Jean-Hugues Simon-Michel, quien solicitó al Congreso aprobar la iniciativa 5200, que contiene la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, la cual contempla que los países puedan intercambiar información fiscal de los contribuyentes. “Volveremos a hablar con el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, y le pediremos que ponga en agenda esta iniciativa, porque si no es ratificada Guatemala seguirá en la lista gris de países no cooperantes en materia de transparencia fiscal”, aseveró la diputada Monte.

Por Mayra Recinos

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Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores realizaron este miércoles una visita para inspeccionar las instalaciones donde la Dirección General de Migración (DGM) recibe a los guatemaltecos que llegan al país por avión, luego de ser deportados desde Estados Unidos. “Vimos muchas caras tristes, otros con esperanza y varios con incertidumbre sobre qué va a pasar con ellos ahora que regresan al país”, dijo la presidenta de esta sala de trabajo, la diputada Eva Nicolle Monte, de la bancada Alianza Ciudadana.

Aunque elogió el trabajo de la DGM, la congresista Monte manifestó que hace falta mucho por hacer con el objetivo de hacer más agradable el retorno forzado de los connacionales. “Vamos a llamar a los diferentes entes del Ejecutivo que deberían estar involucrados en el tema.

El Renap (Registro Nacional de las Personas) debería estar aquí. Debería haber más agencias bancarias porque los cambistas que están afuera prácticamente los extorsionan al salir.

Mejorar los controles de la Secretaría de Bienestar Social. Ellos necesitan empezar a trabajar, pero no vimos a nadie del Ministerio de Trabajo por acá”, añadió la diputada Monte. El diputado Marvin Orellana, tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, dijo que buscarán crear las condiciones necesarias para que “el migrante pueda ser tratado como un ser humano. Hay que modificar algunas leyes, para que el Estado garantice los derechos de los migrantes retornados”, dijo el parlamentario. Este miércoles, los diputados miembros de la Comisión de Relaciones exteriores, Juan Manuel Giordano, del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación; Salvador Baldizón (independiente), y Oscar Armando Escribá, de Alianza Ciudadana, junto a la diputada Monte y el congresista Orellana, presenciaron el arribo de un vuelo procedente de Estados Unidos con 150 guatemaltecos que fueron deportados.  

Por Antonio Ordoñez

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  La bancada Movimiento Reformador (MR) hizo un llamado a todos los bloques legislativos para atender los requerimientos de alcaldes que demandan, entre otras reformas, actualizar la Ley General de Ingresos y Egresos del Presupuesto del Estado 2017. “Como bancada vemos la necesidad de apoyar a los jefes ediles de todo el país para actualizar la legislación pertinente para atender y resolver de manera inmediata los problemas que demanda la población en general”, expresó en conferencia de prensa Jaime Regalado, jefe del bloque MR. Una de las reformas se refiere al Artículo 100, con el fin de determinar el listado de proyectos pendientes de ejercicios fiscales anteriores para su inclusión en el presupuesto vigente y permitir su ejecución y liquidación.

También se impulsa la modificación del Artículo 23, sobre la transparencia y la eficiencia del gasto público, donde se indica que las entidades del sector público deben publicar mensualmente información sobre la gestión de las inversiones relevantes y la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal vigente. “Como bloque pediremos a la Comisión Permanente y a los jefes de bloque que se pueda atender en una sesión extraordinaria estos temas que son de interés de los señores alcaldes, para fortalecer el poder local”, expresó el diputado Regalado.

Por Fredy López

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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó investigar las acciones de Marvin Mérida, exembajador ad honorem de Guatemala para el tema de migrantes en Estados Unidos, con el objetivo de determinar qué responsabilidad tuvo y de quién recibió las instrucciones para contratar a la firma estadounidense Barnes & Thornburg, por US $80 mil mensuales, para hacer cabildeo a favor de Guatemala en Washington D. C. y si los fondos provienen del presupuesto nacional.

Para tratar el tema se invitó a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público (MP) y Contraloría General de Cuentas, así como de las secretarías General y Privada de la Presidencia.

El jefe del bloque uneísta, Orlando Blanco, cuestionó el proceder de las autoridades porque a la fecha no han presentado las denuncias contra Mérida, “quien se supone ha cometido delitos con sus procedimientos”. “Es un tema delicado, pues se atenta contra la política exterior del Estado de Guatemala y del Gobierno; hoy quedó evidenciado que los funcionarios desconocían cómo esta persona estaba operando en el exterior, contratando a una empresa y que él tenia el aval del presidente Jimmy Morales, aseveró el parlamentario Carlos Barreda.

La viceministra de Relaciones Exteriores Ana Diéguez explicó a los congresistas que solicitaron al MP iniciar las investigaciones contra Mérida, y en abril se presentó otra solicitud, cuando se conoció que esta persona envió una carta al senador Michael Lee en la que se quejaba del embajador en Guatemala, Todd Robinson.  

Por Fredy López.

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En la primera sesión extraordinaria efectuada este miércoles, los diputados al Congreso de la República continuaron discutiendo las enmiendas sugeridas al artículo 209 de la Constitución Política de la República, relacionado con la creación del Consejo de Administración Judicial.

La modificación propone separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales del Organismo Judicial (OJ), mediante la creación de un Consejo que se constituiría como un órgano de formulación, gestión y ejecución de las políticas de modernización y fortalecimiento del sistema de justicia, así como de la correcta administración y dirección financiera. En la sesión se presentaron tres enmiendas que no contaron con los votos suficientes para su aprobación. La primera de ellas fue del diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, referente a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realice el nombramiento de jueces y personal auxiliar, así como que las promociones y ascensos sean mediante un concurso de oposición, en vez del Consejo de Administración Judicial.

La segunda planteaba modificaciones a la integración de la Dirección de la Carrera Judicial, específicamente en el nombramiento de los profesionales de distintas disciplinas, en el sentido de que sean electos por los otros miembros, mientras que la propuesta avalada por diferentes jefes de bloque dice que fueran nombrados por la CSJ. La tercera enmienda, que contaba con el apoyo de los bloques Todos, Fuerza, PAN y Unidad Nacional de la Esperanza, perseguía limitar a tres las funciones de la referida Dirección, entre ellas el desarrollo del concurso público de oposición de candidatos a magistrados de la Corte, que es aprobado por el Legislativo.

Cuando se pretendía hacer llamado a votación del referido artículo se rompió el quorum, lo cual imposibilitó que prosiguiera la plenaria. El presidente del Parlamento, Oscar Chinchilla, destacó que todavía hay una o dos enmiendas para conocer, “por lo que se decidirá en reunión de jefes de bloque y Comisión Permanente la forma en que continuarán las sesiones para tratar ese tema”, aseguró. La Comisión Permanente convocó a plenaria este jueves a las 10:00 horas, con el objetivo de proseguir la interpelación al titular de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García.

Por Karen Mendoza y Karla Herrera

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Durante la citación al Superintendente de Telecomunicaciones, Raúl Solares Chíu, la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario, abogó por los derechos de los usuarios de la telefonía móvil ante las recurrentes quejas por mal servicio y atención. Mauro Guzmán Mérida, de la Unidad Nacional de la Esperanza, presidente de la Comisión, solicitó a Solares Chíu que le informara sobre las gestiones que llevan a cabo al momento de recibir las quejas de los usuarios.

El titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), le respondió que no tienen facultad para velar por la defensa de los usuarios porque la ley se los impide. A la cita también asistió el diputado Víctor Cruz Clavería, del Frente de Convergencia Nacional, como integrante de la Comisión. Guzmán Mérida, dio lectura al artículo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones, el cual dice: “El objeto de esta ley es establecer un marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones en el sector, fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones; proteger los derechos de los usuarios y de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, y apoyar el uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico”.

En tal sentido, Solares Chíu añadió: “Ante ello dispusimos implementar dentro de nuestra página web un acceso para que puedan presentar denuncias y que puedan ser trasladadas en su oportunidad a donde correspondan, porque desafortunadamente la SIT no ve los aspectos relacionados a los usuarios”. El funcionario pidió al legislador que se promueva una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones para que ésta sea más coercitiva con las compañías telefónicas y que se pueda generar una iniciativa para la portabilidad numérica, como mecanismo para beneficiar al usuario de cambiarse a cualquier empresa de telefonía sin cambiar su número de teléfono celular debido a que Guatemala es uno de los dos países que no han aplicado este mecanismo en América Latina.

Ante tal situación, Guzmán Mérida se comprometió con fortalecer el acuerdo interinstitucional que existe con la Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor y la SIT, para proteger a los usuarios de los abusos de las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil. Además de promover la iniciativa de la portabilidad numérica.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Reformas al Sector Justicia, que preside el diputado Héctor Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, se reunió este miércoles para iniciar el estudio de la iniciativa 5299, la cual dispone aprobar cambios a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad presentada por el diputado independiente Oliverio García Rodas.

El congresista García Rodas, también miembro de dicha sala legislativa, expuso ante la Comisión que las mencionadas reformas son el resultado del trabajo de la Mesa de Seguridad y Justicia, y que contiene aspectos como el abuso en la utilización del amparo. “Hicimos un estudio comparativo en Latinoamérica. Mientras en Perú, Chile y Argentina conocen 400 amparos anuales, nosotros tenemos este año cerca de 14 mil, entonces se proponen algunas nuevas reglas, sin limitar el uso del amparo porque es derecho constitucional”.

El diputado Lira informó que para el miércoles 28 del presente mes, a las 9:30 a. m., la Comisión estará recibiendo a representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes expondrán su punto de vista sobre la iniciativa en cuestión.  

Por Nery Morales

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