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Con el  voto de 94 diputados  el Congreso de la República eligió y juramentó a Manuel Reginaldo Duarte Barrera como Magistrado de la Corte  Suprema de Justicia,  quien sustituirá a la Magistrada Elizabeth García, quien falleció en agosto pasado.

El nombramiento de Duarte Barrera fue hecho por medio del Decreto Legislativo 21-2018, luego de elegirlo de una lista de 10 candidatos que conforman magistrados suplentes.

En la sesión ordinaria de este martes también se juramentó al  Decano del  Colegio Superior, de la Universidad Internaciones, Marco Livio Díaz, quien formara parte de la Comisión de  Postulación para elaborar el listado de los aspirantes al cargo de  Contralor General de Cuentas de la  Nación.

Así mismo, se conocieron cuatro  iniciativas de ley que fueron enviadas a distintas comisiones de trabajo,  la primera fue la 5486, para reformar el Decreto 55-2010,   Ley de Extinción de Dominio, que será analizada por los diputados de la comisión de Legislación, una segunda  iniciativa fue la 5489, Ley General e Integradora del sistema Nacional de Adquisiciones del Estado.

Otra de las propuestas conocidas es la 5492, que reactivaría  la economía familiar, dicho proyecto fue  enviado  a la comisión de Economía: Por último se presentó la iniciativa No.  5493 que pretende aprobar el tratado sobre la prohibición de armas   nucleares.

Con estos temas aprobados se avanza en el trabajo legislativo que realizan los diputados en el pleno del  Congreso de la República.

Por Karla Herrera

Fotos. Roberto Aguja/Héctor Monroy.

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Para esta semana está previsto que los miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso, emita el dictamen al proyecto de Presupuesto General de Gastos e Ingresos de la Nación, que asciende a Q89,775 millones.

Mientras tanto, diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, que lidera la diputada Nineth Montenegro, tras realizar un análisis del proyecto, advirtieron sobre el riesgo de aprobar un proyecto desfinanciado, argumentando una meta de recaudación tributaria que no está acorde a la realidad nacional.

“Las autoridades de la  Superintendencia de Administración Tributaria  aseguran  una  recaudación de  Q6 mil 971 millones más que lo previsto para este año, lo cual se sale del contexto social que estamos viviendo, debido al desempleo  y al   crecimiento económico mínimo que refleja el país”, comentó Montenegro.

Añadió que el  proyecto 2019 prevé un incremento de Q11, 854 millones,  equivalente al 15 por ciento en relación al presupuesto vigente, pero se establece un incremento de Q3,664 millones por endeudamiento interno  por medio de bonos, a lo que agrega un endeudamiento externo por préstamos, incremento que alcanza los  Q.561 millones, de los cuales el 65 por ciento será para el pago de deuda.

“Me parece improcedente asignar más recursos a los ministerios de Comunicaciones y  Desarrollo Social, debido a su baja ejecución”, cuestionó la diputada, quien agregó:   No se debe aumentar  Q.16 millones al Consejo Nacional de Atención al Migrante,  pues ha sido incapaz de atender a nuestros connacionales” ni a la Comisión Presidencial que coordina la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, pues  solo ha  ejecutado el 16 por ciento.

A criterio de los miembros de la bancada Encuentro por Guatemala consideran que debe  evaluarse muy bien el aumento en las asignaciones de los Ministerios y Secretarias de Gobierno, antes de aprobar el  presupuesto o que se les asignen las partidas de acuerdo al desempeño.

Por Rosemary Recinos

Fotos: Miguel Plato.

 

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En la búsqueda de consensos para incluir a los trabajadores del sector económico informal en la cobertura del seguro social, el diputado Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se reunió con el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras y el Sub Gerente de Planificación, Santiago Urbizo y representantes del comercio informal para conocer los avances del proyecto.

Durante la reunión, las autoridades del Seguro Social presentaron un borrador del proyecto de inclusión, el cual busca incluir,  no solo al sector informal,  sino también al pequeño contribuyente, profesionales, patronos y empresas con menos de 3 trabajadores, a quienes se daría cobertura en enfermedad común, maternidad, accidentes y   jubilación.

“Lo que se busca es garantizar el acceso a la salud para los trabajadores informales o que no tengan una relación de dependencia con una empresa, sabemos que es un porcentaje considerable y por ello se está trabajando en este programa”, explicó el diputado Arango.

Por parte del  IGSS, Carlos Contreras  manifestó: “La ley del IGSS dice claramente que se debe ayudar y prestar el servicio a todo guatemalteco que trabaja y produce” y resaltó el compromiso de la entidad en el fortalecimiento de este programa.

Representantes de los sectores de la economía informal expresaron su interés de tener acceso al seguro social y acordaron presentar una propuesta que contenga los puntos que a su criterio deben fortalecerse.

“Vamos a socializar la propuesta con los agremiados para conocer su punto de vista,  agradecemos el esfuerzo del diputado Arango y las autoridades del IGSS de impulsar este programa”, refirió María del Carmen Camacho, representante legal de la Asociación de la Economía Informal.  En enero próximo se tendrá un nuevo acercamiento para evaluar ambas propuestas y llegar a acuerdos para poner en marcha este programa.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Elder Carío

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Una Ley de Servicio Cívico más congruente con la realidad nacional y que  garantice la adecuada realización del Servicio Cívico Social y Militar en nuestro país, es el espíritu de la iniciativa de ley que la diputada independiente Alejandra Carrillo presentará en breve, para sustituir la   Ley de Servicio Cívico (Decreto 20-2003).

Por ello la congresista se reunió con representantes de Instituciones involucradas en el tema, entre ellas los Ministerios de Gobernación, Defensa, Educación, Finanzas Públicas y del  Instituto Guatemalteco de Turismo, Registro Nacional de las Personas, entre otras.

“Agradezco a los presentes sus aportes al proyecto que pretendo impulsar”, dijo la diputad al resaltar la importancia de la iniciativa y de su creación.

La iniciativa contempla, entre otros aspectos,  que la edad para desempeñar el servicio cívico sea  de 18 a 29 años, que se realice una sola vez, remunerada por medio de estipendio y que no crea una relación laboral.

Asimismo establece quienes serán las autoridades responsables de estas actividades y que tanto en las modalidades de Servicio Social y Militar  los horarios y pagos sean equitativos. “Antes de ser presentada en la Dirección Legislativa, la propuesta está sujeta a cambios, si lo ameritan”, indicó.

Por Estuardo Zeceña

Fotos. Miguel Plato

 

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Las agendas legislativas a discutir  en las sesiones ordinarias del martes 30 y  miércoles 31 de octubre a partir de las 14:00 y 10:00 horas fueron aprobadas por  la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva, celebrada  este lunes.

Este martes se elegirá al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución de la exmagistrada Elizabeth García, quien falleció en agosto pasado. Se elegirá entre 10 suplentes al cargo.

La agenda también contempla la juramentación de un integrante de la Comisión de Postulación que presentará  al Congreso la nómina de seis candidatos al cargo de Jefe de la Contraloría General de Cuentas.

En su primer debate los congresistas conocerán la iniciativa de ley con registro 5498, que dispone aprobar la ley para la reactivación del café, propuesta presentada por el Ministerio de Economía, incluye la prórroga del fideicomiso por 25 años, una restructuración de deudas de créditos de los pequeños y medianos caficultores.

Para discutir en  segunda lectura está  la iniciativa de ley con registro 5411, que  reforma  el Decreto 2-70, Código de Comercio, propuesta que  contiene 5 artículos que reforman el 511 y adicionan el 511 Ter y 516 Bis,  tienen como fin dar, a un cheque digitalizado, la misma validez y sustento legal que a un cheque físico.

Otras iniciativas que serán discutidas este martes en tercer debate  son, la  5311, que propone reformas  al Decreto 51-92, Código Procesal Penal  y la  4818, que aprobaría  la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social.

Se contempla la aprobación de  los acuerdos que conceden la condecoración de la Orden Nacional del Soberano Congreso Nacional, al Instituto Normal Mixto Carlos Dubón  en el departamento de Retalhuleu, al Colegio Evangélico Metodista Utatlán,  en Quiché y a la Escuela Oficial Mixta José Joaquín Pardo Gallardo en Chimaltenango.

Para el miércoles, el único punto en agenda será la aprobación por artículos y redacción final de las reformas al Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos (5059, 5158). La discusión se retomará en el artículo 7,  que reforma  la literal N y adiciona el inciso Ñ al artículo 22, que establece que un delegado del Tribunal Supremo Electoral podrá estar presente al inicio de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional de un partido político.

Por Karen Mendoza

Fotos. Roberto Aguja.

 

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Luego de verificar la implementación y ejecución de la  Ley de Alimentación Escolar  en las escuelas  ubicadas en el municipio de Salamá, Baja Verapaz, la diputada Marleni Matias (UNE), integrante de la Comisión de Seguridad Alimentaria   llegó a una conclusión: “No todos los centros educativos han cumplido con lo ordenado en la referida ley,  hace falta  liderazgo y coordinación por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).

La congresista, quien en la visita se hizo acompañar de integrantes de la sala de trabajo de la cual forma parte, detalló los hallazgos, los cuales dijo, han incidido para una inefectividad de la normativa.

La Ley de Alimentación Escolar, además de garantizar por la seguridad alimentaria de los estudiantes,  ordena programas de salud y orientación para una buena alimentación rol del Ministerio de Salud, cuyas autoridades han realizado jornadas de salud por voluntad propia y no por solicitud de las autoridades educativas.

Entre los aspectos positivos que dejó la visita, según la diputada Matías está  el papel que han jugado las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) y el incremento en la matrícula escolar en dicho municipio, pues se sumaron al sistema educativo  1,278 niños.

Al analizar los hallazgos, la legisladora recomendó citar a las autoridades de Educación, Salud y de Agricultura para unificar esfuerzos, elaborar una ruta de trabajo adecuada y coordinar acciones en favor de la población estudiantil.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Roberto Aguja

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Concretar en el 2019  la habilitación de 25 fiscalías municipales y 6 fiscalías móviles es la meta de las autoridades del Ministerio Público (MP) y por ello solicitaron a la sala de Finanzas Públicas y Moneda un presupuesto de Q2, 796.5 millones.

Entre los rubros necesarios también detallaron la compra de equipo tecnológico y contratación de personal y la inversión en infraestructura, según Julio Cordón, secretario de Política Criminal y Fulvia Ruiz, de la Dirección Financiera de la institución.

La actual  cobertura institucional en 60 municipios, 7 fiscalías municipales pendientes de funcionamiento y 25 agencias fiscales fueron otras de las razones para solicitar el monto, cuestionado por los miembros de la comisión, pues solo se reporta a octubre un 55 por ciento, a lo cual agregan falta de acción inmediata en los diferentes casos y la mora judicial.

También la Defensa Pública quiere más recursos

Nydia Arévalo Flores, directora del Instituto para la Defensa Pública Penal (IDPP), explicó que la institución que representa  recibe pocos recursos financieros y hay mucha demanda de personas de escasos recursos y brindan servicios de defensoría pública a la ciudadanía en general“.

El presupuesto vigente de 2018 es de Q238. 7 millardos y contamos con fondos del préstamo con el BID, pero queremos una asignación de Q307,000 millones para el año 2019 y cumplir con el mandato de la asistencia legal gratuita a la victimas y a sus familias, dijo la funcionaria.

Arévalo Flores  presentó un diagnostico financiero general de las instituciones que cuentan con más proyección financiera,  como el Ministerio de Gobernación Q5, 639 millones, Organismo Judicial Q2, 386 millones, Ministerio Público Q2, 172 millones, Inacif Q265, 400 millones y el Instituto de la Defensa Pública Penal 220,000 millones.

“Contamos con el presupuesto más reducido de las instituciones de justicia, en este año hemos atendido a 129 mil audiencias públicas en toda la república y con una mínima de mora judicial” resaltó la funcionaria.

Por José Castellanos

Fotos. Estuardo Zeceña

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Una ampliación presupuestaria de Q7,,000 millones solicitó el Ministro de Salud Pública para el año 2019, pero en dicha ampliación no se incluyen recursos para otorgar un incremento salarial para los médicos, que demandan mejoras.

La no inclusión de ese rubro, llevó a los miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda a solicitar a las autoridades de la cartera salubrista p presentar una nueva propuesta de presupuesto que incluya el beneficio salarial.

“Me preocupa ver  como los médicos  salen a las calles para exigir lo que por ley merecen, pues velan por la salud y el bienestar de miles de guatemaltecos que acuden a los centros hospitalarios”, indicó el diputado Carlos Santiago Nájera, integrante de la sala.

Por su parte el  Ministro Carlos Soto Menegazzo indicó que, “El problema de los médicos no es de ahora, es un tema que se ha venido discutiendo por eso recurrimos a esta instancia”.

La Comisión también solicitó a las autoridades  someter a revisión el listado de ONGS adscritas a esa cartera y determinar quiénes merecen un incremento presupuestario, que entidades deben recibir el apoyo y cuáles deben ser eliminadas, para transparentar el uso de los recursos.

“No estoy de acuerdo que se hayan eliminado algunas ONGS que si trabajan y que por varios años han prestado un servicio a la población que el Estado no ha podido darles”, manifestó la integrante de la comisión, la diputada Alejandra Carrillo.

En la reunión la sala reiteró que antes de emitir un dictamen,  se analizará un informe emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC),  para evaluar la ejecución y la calidad del gasto de cada entidad y así determinar si ameritan una ampliación presupuestaria.

Un presupuesto que no alcanza

Como insuficiente calificó el director del  Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Fanuel García, la propuesta de presupuesto 2019 que a favor de esa institución propuso el Ministerio de Finanzas Públicas, la cual asciende a Q265 para funcionamiento y Q15 millones provenientes de un préstamo aún sin aprobarse.

Queremos cubrir, además de los gastos de funcionamiento, la inauguración de sedes departamentales y avanzar en el cumplimiento de la Ley de Banco de Dastos”, dijo el funcionario, quien por esa razón pidió a los congresistas se le apruebe un presupuesto de  Q390 millones.

Los diputados, Alejandra Carrillo (Independiente) e Inés Castillo (Une), coincidieron en la importancia de apoyar el presupuesto de una institución que es clave para la impartición de justicia en el país.

En la jornada de audiencias los miembros de la comisión también recibieron la propuesta del presupuesto 2019 presentada por autoridades del Organismo Judicial,  quienes solicitaron una asignación de Q2,985 millones.

Por Isabel Mazariegos y Mayra Barillas.

Fotos. Miguel Plato y Elder Carío

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Varias fueron las anomalías descubiertas por la diputada Karina Paz, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrante de la comisión de deportes,  tras la visita que realizó a las instalaciones del Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo, específicamente a las canchas de entrenamiento de squash y raquetbol.

La  construcción de las canchas se licitó en el año 2006 a un costo de Q5 millones, debió finalizarse en el 2007, el costo final fue de de Q10 millones, cantidad cancelada a la constructora, la cual dejó la obra inconclusa, “evidentemente hay personas que son responsables de haber realizado el pago final sin tener la obra terminada, esto parece un caso de corrupción” expresó la diputada.

El gerente general de la Asociación Nacional de Squash, Michael Padilla acompañó a  la diputada en el recorrido por diez canchas no construidas totalmente y sin el equipo  necesario para funcionar. Pagamos un aproximado de Q650 mensuales para que los atletas entrenen en clubes privados, dijo Padilla. “Es lamentable no ver a los atletas utilizando estas instalaciones, se está invirtiendo sin resultados”, dijo la diputada Paz.

En el recorrido de las canchas de raquetbol no encontró a las autoridades administrativas, pero  evidenció el mismo problema, la construcción no se concretó. “Lo que percibo es que la empresa constructora contratada no tenía experiencia en la construcción de obras deportivas ya que son más de 13 años sin haber terminado el proyecto” dijo la legisladora “me gustaría ver la obra concluida para que muchos deportistas puedan hacer uso de las instalaciones”, añadió.

Por tal razón entre las acciones que la legisladora tomará para fiscalizar el incumplimiento del proyecto, están: solicitar información a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y a las Asociaciones de Squash y Raquetball  sobre los procedimientos administrativos y legales que se han interpuesto para solucionar la conclusión de la obra, así como un informe de todo el proceso de licitación de la obra desde su inicio.

“Amo el deporte y seguiré fiscalizando estas anomalías, porque el problema no  existe  solamente a nivel de las  federaciones sino a nivel ministerial,  este  es un tema que no se ha fiscalizado¨, dijo la diputada quien agregó también que durante el  proceso de fiscalización solicitará el acompañamiento de la Comisión de Deportes, del Congreso de la República.

Por Astrid González.

Fotos  Edwin Méndez

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