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Congresistas de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad se reunieron con representantes del Comité Pro Ciegos y Sordos, directivos del Programa de Discapacidad del Ministerio de Salud y con personas que afrontan deficiencia visual y utilizan perros guías.

 

El objetivo fue consensuar y mejorar el contenido de la iniciativa 5286, ley de perros de servicio o asistencia para personas con discapacidad, que fue presentada en la Dirección Legislativa el 15 de mayo.

 

La propuesta tiene como propósito asegurar y garantizar el pleno derecho al acceso, circulación y permanencia en los lugares públicos y privados a las personas nacionales o extranjeras que residen temporal o permanentemente en el país, y que por su discapacidad se hagan acompañar por un perro de servicio o asistencia.

 

La diputada Lucrecia Samayoa Reyes, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ponente del anteproyecto, comentó: “Se debe promover el derecho de acceso y libre locomoción; a los usuarios de perros de servicio no se les tiene que separar o prohibir el ingreso o permanencia en espacios públicos o privados”.

 

María del Rosario Rivera, usuaria de perros guías, comentó que han tenido dificultades en centros comerciales y unidades del transporte público. “Desconocen que los canes solo son guías y no perros agresivos, por lo que es necesario concienciar a la ciudadanía para que comprenda que son animales mansos”.

 

El diputado Juan Carlos Salanic García (UNE), presidente de la referida sala, explicó que esperan reunirse con autoridades de Migración y aeroportuarias, pues las personas con discapacidad tienen problemas al ingresar y salir del país”.

 

Por José Castellanos.

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Pilotos del servicio de transporte público, conocido como Transurbano, se reunieron con miembros de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso para denunciar múltiples violaciones a sus derechos humanos y laborales por parte de los administradores de la empresa, por lo cual diputados de la sala de trabajo pedirán la intervención de la entidad.

 

Carlos Camey Hernández, representante de los pilotos, explicó que desde hace meses les cobran la cuota del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero no es transferida, por lo que ellos y sus familias no reciben los servicios de salud.

 

También denunció que trabajan hasta 16 horas diarias y no son remunerados correctamente. “Lamentamos que desde hace años la Fiscal General nos dijo que estaban investigando el caso Transurbano, pero hasta momento no hay avances, lo cual nos llama tremendamente la atención”, indicó Camey.

 

El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq y presidente de la Comisión, anunció que solicitará informes detallados a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al IGSS, para que sirvan de apoyo en las acciones legales que emprenderán para solicitar la intervención del Transurbano, previa autorización de todos los integrantes de la sala de trabajo.

 

Otros temas

 

Durante la reunión los diputados abordaron otros asuntos, entre ellos el avance de la mesa técnica que trabaja en la presentación de una iniciativa de ley de protección a la biodiversidad y patrimonio biocultural.

 

“Guatemala necesita un instrumento legal que regule la biodiversidad, el desarrollo de la producción genética y la propiedad intelectual, para que no sean simplemente mercantilizadas. Buscaremos que sea el Estado el encargado de manejar las bases de datos”, indicó el congresista Pop.

 

A solicitud de la diputada Karina Paz (UNE), también se conocieron los avances de la mesa técnica que trabaja en la creación de una nueva ley del sistema nacional de adquisiciones del Estado, con la que se busca reemplazar la actual Ley de Contrataciones del Estado.

 

“Estamos esperando un análisis comparativo que realiza el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Nuestra meta es dictaminar la iniciativa de ley este año, ya que fue una solicitud de la Contraloría General de Cuentas y el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla”, concluyó el diputado Pop.

 

Por Mayra Recinos

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Legisladores de la Comisión de Gobernación, que preside el diputado Napoleón Rojas, de la bancada Unión del Cambio Nacional, citaron al Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, y al director de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), Bayron Monterroso, para que informaran acerca del estado real de la empresa.

El parlamentario Christian Gabriel, del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, mencionó que es necesaria la certeza portuaria, porque muchas de las embarcaciones están atracando en Honduras debido a la lentitud e ineficiencia del trabajo aduanero y de desembarque en nuestro país, principalmente con los productos perecederos. Monterroso, quien tiene cinco días en el cargo de director, indicó que en un primer análisis observó ineficiencia en seguridad y operaciones. “Ordenamos una auditoría interna. Al momento encontramos maquinaria sin servicio desde hace siete años y otras inservibles. Las condiciones del puerto no son competitivas, además debemos mejorar procesos con navieras y contratos de prestadores de servicios.

Si existen anomalías denunciaremos”, afirmó Los diputados Luis Hernández Azmitía, de Movimiento Reformador, y Doriam Tarácena, de Encuentro por Guatemala, coincidieron en que es necesario formular denuncias, si encuentran anomalías, al mismo tiempo que se debe fortalecer un plan de control eficiente de contenedores. Solórzano Foppa manifestó que se busca convertir la Empornac en un depósito aduanero temporal, haciendo mejoras a infraestructura y procesos. “Mediante lo permita la ley se utilizarán controles tecnológicos en los tránsitos de contenedores y se realizarán cambios en las básculas. Queremos que la aduana siga funcionando, por eso la fortaleceremos”, indicó.

El representante de las navieras, Juan Carlos Albizú, dijo que lo primordial es efectuar un dragado, que no se hace desde hace dos años, “pues en nuestro país solo pueden ingresar embarcaciones de 40 mil toneladas, mientras que en Honduras ingresan hasta de 60 mil, por lo cual algunas empresas han optado por viajar a ese país”.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso se reunió este martes para analizar el contenido de las iniciativas 5299, reformas a la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y 5278, Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio, pendientes de dictamen.

 

En el caso de la primera se citó a funcionarios de diferentes instituciones, con el fin de conocer sus observaciones.

 

El presidente de la comisión legislativa, Cornelio García (Todos) agradeció la participación activa de los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y el Centro para la Defensa de la Constitución, quienes dieron a conocer los puntos de convergencia y divergencia.

 

El diputado García lamentó la ausencia de delegados de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

 

“Debido al carácter constitucional de esta iniciativa considero necesario contar con la opinión de todos los organismos del Estado involucrados en el tema, por lo que hago un llamado para que participen”, expresó el parlamentario.

 

Por otra parte, los congresistas discutieron el contenido de la Iniciativa 5278, Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio. El diputado Fernando Linares (Partido de Avanzada Nacional), a través de sus asesores dio a conocer que dichos delitos están tipificados en otras leyes.

 

A solicitud de la diputada Alejandra Carrillo (Movimiento Reformador), se dará un tiempo para analizar el asunto y dar sus observaciones en la próxima reunión.

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) se reunieron este martes con autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) a quienes entre otras cosas cuestionaron sobre los criterios y la base de cálculo que tomaron en cuenta para otorgar un bono de responsabilidad de Q50 mil mensuales al presidente de la República, Jimmy Morales, así como la adjudicación de contratos para la adquisición de un helicóptero y varias estructuras metálicas.

 

Williams Mansilla, titular del Mindef, explicó que la decisión de incluir al presidente fue en cumplimiento de la Ley Constitutiva del Ejército, que en su artículo 13 indica que “el Presidente de la República constituye el alto mando de esa institución”.

 

“En el caso de la base de cálculo, esta no ha sido modificada y la misma obedece al acuerdo ministerial que data del 2005 y que fue aprobado por las autoridades de ese entonces. No tenemos conocimiento de los criterios que se utilizaron para dichos cálculos, lo que si podemos afirmar es que desde esa fecha se ha venido recibiendo”, afirmó el jefe castrense.

 

Según la jefa del bloque EG, Nineth Montenegro, dicho beneficio no tiene asidero legal, ya que si bien el mandatario es el Comandante General del Ejército, “este título es inherente al cargo de Presidente, por lo que vemos que se cometió una ilegalidad debido a que no tiene la figura de trabajador permanente para recibir este bono”.

 

En otro tema, al ser cuestionado por las adjudicaciones del ministerio, el funcionario indicó: “Desde que entró en vigencia mi gestión se implementaron 12 unidades ejecutoras que se encargan de las adquisiciones de cada unidad del Ejército, esto con el fin de agilizar y transparentar los procesos”.

 

Y agregó: “El contrato para la adquisición del helicóptero fue adjudicado a la empresa que ofrecía la certificación que nos exige Aeronáutica Civil para el uso del mismo. Por otra parte, las estructuras fueron licitadas por el Cuerpo de Ingenieros para la construcción de puentes Bailey. Ambos contratos corren el riesgo de ser dados de baja ya que los recursos financieros no han sido trasladados por parte del Ministerio de Finanzas”.

 

Finalmente la congresista Montenegro dijo que se analizará toda la información vertida en la reunión por las autoridades del Mindef, y que será citado de nuevo Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas, para que explique la razón por la cual la unidad de auditoría de la entidad no detectó el pago del bono al presidente Morales.

 

Por Karen Mendoza

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Los diputados miembros de la Comisión de Cultura del Congreso de la República conocieron el informe enviado por el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), respecto al presupuesto y fondos privativos del Parque Nacional Tikal, en el departamento de Petén.

 

Según lo explicado por la presidenta de la sala de trabajo, María Cristina Quinto García, de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, el informe deja algunas dudas, pues únicamente muestra el presupuesto ejecutado de lo otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), pero no los fondos privativos, los cuales no se determinan con exactitud.

 

El documento incluye gastos mensuales que los diputados catalogaron como desmedidos, entre los que se encuentran Q1.7 millones, como pago de personal temporal; Q1.2 millones, en otros servicios profesionales; Q1.6 millones, para transporte de personal, y Q400 mil por concepto de alimentación para empleados.

 

Debido a lo anterior, se solicitará al Micude que detalle dichos gastos. Además, los legisladores Luis Alonzo y Flor de María Chajón, de FCN-Nación, coincidieron en consultar a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y al Minfin sobre la planificación y asignación anual efectuadas.

 

Por Fernando Bolaños

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Con la intención de atender el clamor popular, la Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloques acordaron este lunes que a partir de la próxima semana se retomará la discusión de la tercera generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

 

La solicitud fue planteada por los diputados Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Amílcar Pop, de Winaq, quienes coincidieron en que el Organismo Legislativo debe atender las peticiones de la ciudadanía.

 

De esa cuenta definieron que el lunes 2 de octubre, a las 12:00 horas, el titular de la Comisión Asuntos Electorales, Oscar Argueta, informará de los avances de dicha sala en la discusión de las modificaciones a la referida norma.

 

Por su parte, el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, manifestó que ese mismo día presentará un cronograma del mecanismo de diálogo para tratar las diferentes propuestas para mejorar la LEPP, y se espera que puedan participar diferentes sectores de la sociedad con la intención de elaborar un documento consensuado.

 

“Es una iniciativa que está solicitando la población. Me comprometí a proponer la metodología, un cronograma de trabajo para avanzar y que se plasme el sentir de todos los sectores”, agregó.

 

Interpelación

 

Por otra parte, los representantes de los bloques legislativos aprobaron el orden del día para las sesiones de los días martes y jueves de esta semana.

 

Este martes 26, a las 14:00 horas, continuará la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, y de finalizar se tratará de aprobar por artículos y redacción final la iniciativa de ley de alimentación escolar.

 

En la plenaria del jueves 28, programada para las 10:00 horas, se prevé juramentar a la ciudadana Lesly Jeniffer de Paz Valenzuela, quien asumirá la curul dejada por el diputado Ovidio Joel Domingo Bámaca, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien falleció el viernes debido a un accidente vial. Para honrar su memoria en la sesión de este lunes se guardó un minuto de silencio.

 

Posteriormente los parlamentarios dispusieron empezar a conocer la elección de los representantes del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

 

Por Nery Morales y René Rodríguez

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Los diputados al Congreso de la República lamentan el trágico deceso del parlamentario Ovidio Joel Domingo Bámaca, acaecido este viernes tras sufrir un accidente de tránsito el jueves en el kilómetro 132 de la ruta Interamericana.

 

“Estamos consternados por el trágico suceso; nos solidarizamos con su apreciable familia y le pedimos a Dios que le conceda cristiana resignación”, expresó el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla.

 

Sus restos serán trasladados de inmediato a San Marcos, por lo que no habrá honras fúnebres en el Palacio Legislativo.

 

El diputado Domingo Bámaca llegó al Congreso en 2015 por el distrito de San Marcos, postulado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza.

 

En su trayectoria parlamentaria figura que presentó la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, aprobada el 6 de octubre de 2016.

 

Este año formaba parte de las comisiones de la Mujer, y de Educación, Ciencia y Tecnología; en 2016 integró la Comisión de Asuntos Electorales.

 

La Junta Directiva del Congreso pedirá al Tribunal Supremo Electoral que informe a quién le corresponde asumir la curul dejada por el parlamentario Domingo Bámaca; extraoficialmente se sabe que le corresponde a Lesly Valenzuela De Paz, electa por el mismo distrito.

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Por segunda ocasión, el Pleno del Congreso, con base en el artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio, en su inciso m, discutió y archivó el expediente 246-2017, que contiene el antejuicio promovido por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala contra del presidente de la República, Jimmy Morales, por supuesto financiamiento ilícito en las elecciones del 2015.

 

El asunto fue conocido por los parlamentarios mediante una moción privilegiada presentada por el diputado Amílcar Pop, del bloque Winaq, argumentando el consenso alcanzado el miércoles en la Instancia de Jefes de Bloque.

 

En la sesión plenaria de este jueves hubo 2 votaciones, pero ninguna de ellas fue con mayoría calificada (105). En la primera se sometió a consideración declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio contra el mandatario; hubo 70 votos a favor, 42 en contra y 46 ausentes. En la segunda se preguntó si era procedente declarar sin lugar a formación de causa y archivar en definitiva el expediente; hubo 25 a favor, 86 en contra y 47 ausentes. Como consecuencia, dicho documento se mantiene en reserva a disposición de los congresistas.

 

La referida norma establece: “Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del pleno del Congreso”.

 

El Pleno conoció el expediente el lunes 11 de este mes y debido a que en ambas ocasiones no hubo mayoría calificada fue enviado a la Dirección Legislativa.

 

Finalmente, por no contar con el quorum necesario para continuar con la agenda prevista para este jueves, que incluía continuar con la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, levantó la plenaria.

 

Por Karen Mendoza

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