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La Comisión de Finanzas del Congreso aprobó este jueves el cronograma de audiencias públicas que realizará para analizar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018.

 

De acuerdo con el calendario que avalaron los congresistas, se espera que entre el 5 y el 31 de octubre puedan escuchar las opiniones de aproximadamente 31 instituciones, entre ellas ministerios, secretarías y organizaciones no gubernamentales.

 

“Nuestro compromiso es entregar al Pleno del Congreso un dictamen que haya sido ampliamente analizado y consensuado con las diferentes instituciones del país, pero que responda a las necesidades de los guatemaltecos”, indicó el parlamentario Adim Maldonado (Frente de Convergencia Nacional), presidente de la referida sala.

 

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 asciende a Q87 mil 672 millones y prioriza las carteras de Educación, con Q14 mil 835 millones; Salud, Q8 mil 313 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con Q7 mil 289 millones, y Gobernación, con Q5 mil 476 millones.

 

El diputado Maldonado ratificó que trabajan con la política de puertas abiertas, por lo que exhortó a las instituciones que prestan apoyo técnico en temas económicos y sociales a que soliciten ser incluidas en el cronograma para exponer sus posturas.

 

“Todas las opiniones son importantes para nosotros como legisladores y representantes de la sociedad guatemalteca; este es el momento de conocer sus aportes y observaciones”, concluyó.

 

Por Karen Mendoza

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El Pleno del Congreso de la República conoció este jueves, en tercera lectura, el proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Código de Comercio.

 

Dichas modificaciones están relacionadas con la actualización de la normativa para facilitar la apertura de negocios y la protección adecuada de los inversionistas, con la intención de beneficiar a emprendedores guatemaltecos y extranjeros.

 

Los parlamentarios empezaron la aprobación por artículos y redacción final, pero la falta de quorum impidió que prosiguiera la plenaria.

 

Antes de ello los diputados conocieron el dictamen y primera lectura del proyecto de decreto que pretende modificar la Ley de la Policía Nacional Civil, relacionado con el nombramiento del Director General de la institución por méritos y trayectoria, para evitar designaciones de carácter político.

 

El diputado Oliverio García Rodas (independiente) resaltó: “Es urgente conocer las reformas a las reformas, porque la carrera policial tiene falencias y actualmente solo hay cinco comisarios generales, lo cual causa dificultades a los funcionarios para los nombramientos en la cúpula de la Policía”.

 

Por su parte, el diputado Carlos Chavarría (Compromiso, Renovación y Orden) dijo que la instancia de la Reforma Policial ya cuenta con un proyecto que contiene las modificaciones necesarias para mejorar el trabajo.

 

En la plenaria también se conoció la respuesta enviada por la Corte de Constitucionalidad a la consulta efectuada por el Congreso por el veto del Organismo Ejecutivo a la Ley que declara el 19 de mayo de cada año como Día de la Dignificación Nacional Iyom y/o Rati´t Ak’al Comadrona de Guatemala.

 

Además, se leyeron 15 iniciativas que fueron remitidas a diferentes comisiones para estudio y dictamen.

 

El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó a la Instancia de Jefes de Bloque para reunirse el lunes 2 de octubre, a las 12:00 horas, para programar las sesiones plenarias de la próxima semana.

 

Por Nery Morales.

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Durante una reunión ordinaria de trabajo, los integrantes de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso conocieron la renuncia de la diputada Ana Victoria Hernández (Todos), quien ocupaba el puesto de secretaria, y designaron al parlamentario Juan Adriel Orozco Mejía (Frente de Convergencia Nacional).

 

La congresista expuso que debido a múltiples compromisos legislativos se le dificultaba cumplir a cabalidad con tales asignaciones, por lo que prefirió renunciar. La solicitud fue aceptada por la mayoría de sus colegas.

 

El presidente de la comisión, Raúl Romero (Fuerza), explicó para suplir la vacante se designó al parlamentario Orozco Mejía.

 

La reunión de trabajo también sirvió para nombrar al diputado Enrique Álvarez (Convergencia) como coordinador de la mesa técnica que dará seguimiento a las reformas a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

 

“Considero que debemos analizar todas las iniciativas relacionadas con este tema, con el fin de hacer un análisis integral y no trabajar de forma dispersa”, argumentó el diputado Álvarez.

 

En otros temas, el diputado Romero felicitó a sus compañeros, pues dijo que gracias al seguimiento que dieron al tiroteo en el hospital Roosevelt, donde perdieron la vida siete personas, se logró la organización para dar seguridad constante y se habilitará un área en el Hospital Federico Mora para atender a los privados de libertad.

 

Al finalizar el presidente de la referida sala explicó que debido a que se prevén cambios en los ministerios de la Defensa y Gobernación buscarán acercarse a las nuevas autoridades para continuar la agenda que se trabaja desde principios de este año.

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La Comisión del Menor y la Familia, del Congreso de la República, se reunió este día con el fin de analizar la posible suspensión o recalendarización del evento final del proceso de clausura del Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia.

 

El presidente de dicha sala de trabajo, Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)-Maiz, indicó que en parte la recalendarización se debe a que algunos de los cooperantes que apoyan este trabajo a favor de la niñez y adolescencia han recibido nuevos lineamientos en cuanto el apoyo y cooperación, derivado de las últimas acciones políticas que se han realizado en el Congreso y que han generado algún tipo de polarización en la población guatemalteca.

 

En la reunión también se analizaron las enmiendas a la iniciativa de ley 5285, que dispone aprobar la ley del sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia.

 

Al respecto, el diputado Félix indicó que se acordaron fechas de trabajo para las próximas semanas para poder presentar lo antes posible las enmiendas pertinentes, previo a tener un dictamen de la Comisión.

 

Por Wendy Sandoval

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El parlamentario Víctor Manuel Estrada Orellana (Movimiento Reformador), representante por El Progreso y expresidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, agradeció a sus colegas de diferentes bancadas el apoyo para aprobar la Ley de Alimentación Escolar, Decreto 16-2017, de la cual fue uno de los ponentes.

 

La referida sala dictaminó favorablemente la iniciativa 4944. Según dijo, la normativa “beneficiará a partir del año 2018 a más de 2 millones 500 mil niñas y niños a nivel nacional, coadyuvando en el combate a la desnutrición crónica infantil”.

 

Con 93 votos a favor, el Pleno de diputados aprobó el martes la referida ley, con el objetivo de que el Estado asigne más recursos para combatir la inseguridad alimentaria y nutricional de la población escolar guatemalteca.

 

Actualmente el Estado destina Q1.11 y Q1.58 diario a cada menor inscrito en los establecimientos públicos de las áreas urbanas, rurales y mixtas, y con la normativa aprobada se incrementará a Q3 a partir de 2018, y a Q4 a partir de 2019, de manera universal, para mejorar la calidad alimentaria de los alumnos.

 

Se establece que el Ministerio de Educación creará la Comisión Nacional de Escuelas Saludables, para coordinar el Programa de Alimentación Escolar; también se promoverá el uso de huertos familiares para contribuir a la nutrición.

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Con una revisión a los 45 artículos que pretenden modificar el Código de Comercio a través de la iniciativa 5241, ley del fortalecimiento al emprendimiento, legisladores de la Comisión de Economía manifestaron sus puntos de vista al viceministro de Desarrollo de la Mediana y Pequeña Empresa, del Ministerio de Economía, Ezrra Orozco.

 

En la reunión se contempló la creación de un fondo de Q16 millones, el cual será utilizado para apoyar a pequeños empresarios que buscan iniciar sus negocios y no cuentan con un capital, además de fomentar el ingreso a la formalidad empresarial del sector informal.

 

El legislador independiente Oliverio García Rodas sugirió efectuar cambios en la redacción de la iniciativa de tal forma que la norma no transgreda otras existentes o la misma Constitución, en temas como propietarios, accionistas, registros, separaciones o sociedades, haciendo ver que la iniciativa viene a promover la pequeña empresa.

 

El congresista Haroldo Quej, de la Unidad Nacional de la Esperanza, expresó su inconformidad, pues indica que proyectos de este tipo solo se otorgan en la capital y no se llevan a los municipios alejados, donde hay capacidad para levantar microempresas, pero no recursos para hacerlo.

 

Finalmente, el presidente de la sala de trabajo, Oscar Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden, solicitó los cambios necesarios en la iniciativa, los cuales se estarán conociendo en la próxima reunión donde se harán las propuestas luego del análisis de cada uno de los artículos por los parlamentarios.

 

Por Fernando Bolaños

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La diputada Marleni Matías, representante por Baja Verapaz, citó este martes a Juan Carlos Méndez, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), para indagar acerca de supuestas anomalías en la adjudicación de un contrato otorgado a una empresa para realizar trabajos de bacheo en el municipio de Salamá.

 

“El contrato fue firmado el 24 de abril, por Q2 millones 543 mil, y apenas el avance es del 4 por ciento. Estamos investigando por qué se adjudicó el proyecto la empresa que ofertó el costo más alto, sin la experiencia necesaria, y el trabajo está detenido, pues no cuenta con la capacidad financiera necesaria”, manifestó la parlamentaria de la Unidad Nacional de la Esperanza.

 

Dijo que aparentemente la primera compañía subcontrató a otra sin estar calificada.

 

Por su parte, Méndez dijo explicó que la referida adjudicación se realizó en la administración anterior y que él asumió el cargo en mayo.

 

“Se realizó la venta de una sociedad anónima a otra distinta a la que había ofertado, lo cual está dentro de lo legal, pero retrasó el proyecto”, aseguró.

 

Añadió que se emitió una sanción a la empresa por la demora, y de no avanzar significativamente con la ejecución se cancelará el contrato.

 

Por Rosemary Recinos.

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Integrantes de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso conocieron este miércoles el borrador de las audiencias públicas que efectuarán antes de dictaminar la iniciativa 5340, que contiene el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, enviado por el Organismo Ejecutivo.

 

Adim Maldonado, presidente de la referida sala de trabajo, afirmó que dichas reuniones empezarán el jueves 5 de octubre con funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y Banco de Guatemala, con el objetivo de que expliquen los criterios utilizados para la fijación del techo presupuestario, que asciende a Q87 mil 922.9 millones, así como sus fuentes de financiamiento.

 

“En cumplimiento del artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, este día se presentó a la comisión una propuesta de cronograma de audiencias públicas, con lo cual se dará inicio al análisis del presupuesto para su posterior dictamen; se espera tener listo un borrador preliminar el 2 de noviembre”, aseguró Maldonado (Frente de Convergencia Nacional).

 

Según el legislador, se pondrá mayor énfasis en temas como educación, salud, infraestructura y seguridad. “Estos son los cuatro ejes en los cuales nos enfocaremos, pues estamos convencidos de que reflejan la necesidades de los guatemaltecos; este jueves nos reuniremos nuevamente para la aprobación del cronograma”, agregó.

 

De acuerdo con lo que estipula el artículo 237 de la Constitución Política de la República, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal debe incluir la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar.

 

La Carta Magna, en el artículo 171, literal b, determina que el Congreso de la República deberá “aprobar, modificar o improbar a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado”.

 

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Asuntos Electorales avanzó este miércoles con la aprobación de 11 artículos de 42 que contiene el cuarto borrador de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), previo a elaborar el proyecto de dictamen que será aprobado por dicha comisión para ser sometido al pleno del Congreso con la intención de que estén vigentes para el próximo proceso de elecciones generales.

 

“Hemos logrado avanzar en temas importantes, entre ellos los derechos de los afiliados de los partidos políticos, la secretividad del voto en las asambleas para conformar órganos permanentes, las listas de postulación, la representación proporcional por mayorías en la integración de estos cuando hay más de una planilla. Esto lo que fortalece es la institucionalidad y la democracia interna de los partidos políticos”, dijo el diputado Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidente de la comisión.

 

Durante la sesión de trabajo se aprobó el artículo 1, el cual reforma la literal a) del artículo 19 de la actual legislación, y que a propuesta de la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, se fija la cantidad de 20 mil afiliados para la conformación de un partido político para las próximas elecciones. Esto tiene como objetivo que haya más opciones de partidos políticos para los electores.

 

El artículo 2, que reforma las literales c), e), y h), del artículo 20 fue aprobado. Este se refiere a que ocho días después de la convocatoria a elecciones se designarán fiscales nacionales y fiscales nacionales informáticos y proceder a acreditarlos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además las organizaciones políticas deberán recibir dentro de los cinco días posteriores a las elecciones una copia digital de las actas de las Juntas Receptoras de Votos; y desarrollar actividades permanentes de proselitismo por parte de los partidos políticos.

 

El artículo 3, adiciona al artículo 20 Bis, las literales de la a) a la f) que contienen los derechos de los afiliados a las organizaciones políticas.

 

El artículo 4, que reforma el artículo 21 Bis, que establece el financiamiento público a las organizaciones políticas, se propone elevar de dos a tres dólares el financiamiento público con el propósito de reducir los recursos financieros privados.

 

También se hace una nueva distribución del financiamiento en tres rubros: a) un 35 por ciento será destinado para la formación y capacitación de los afiliados; b) 35 por ciento para actividades nacionales; y c) un 35 por ciento para funcionamiento y otras actividades, pero a propuesta del diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, de la legisladora Cristina Quinto, del Frente de Convergencia Nacional- Nación, y del diputado Orlando Blanco, de la UNE, se hizo una adición a la literal d) para que el comité ejecutivo de cada partido, según sus necesidades, puedan solicitar al TSE variar las proporciones hasta en un 20 por ciento del financiamiento público de las literales b) y c).

 

El artículo 5, propuesto en el cuarto borrador, fue eliminado a petición de la diputada Quinto, quien indicó que debería mantenerse el actual de la LEPP.

 

La propuesta del artículo 6, que adiciona la literal ñ) del artículo 22, establece que los partidos políticos tienen la obligación de presentar sus certificaciones de las actas de las asambleas hasta 30 días después de haber llevado a cabo dicha actividad, tomando en cuenta que a partir de la convocatoria de elecciones es el mismo plazo, pero los días son calendario y después son solo días hábiles.

 

En el artículo 7 propuesto, se adiciona un segundo párrafo al artículo 25, “los secretarios departamentales, podrán participar en las asambleas nacionales con voz y voto”.

 

La reforma planteada en el artículo 8, el cual modifica la literal c) que a propuesta del diputado Orlando Blanco, de la UNE, establece que los secretarios departamentales podrán participar en la asamblea con voz y voto, pero no cuenta para el quórum, no así los alcaldes y diputados en el ejercicio del cargo. Además, en el caso de la literal d), a propuesta de los diputados Linares y Mario Taracena, de la UNE, fue aprobado que el voto sea secreto para la designación del comité ejecutivo, o las nóminas de postulación de candidatos, incluso cuando haya una sola planilla.

 

En el artículo 9, adiciona el artículo 27 bis, en donde se establece la inscripción de las actas de las asambleas nacionales deberán ser inscritas por el Registro de Ciudadanos en un plazo que no exceda los 21 días.

 

El artículo 10 propuesto, reforma el primer párrafo y adiciona un último al artículo 32, en donde establece que el Secretario General de los partidos políticos no podrá ser candidato presidencial y si quiere hacerlo deberá renunciar a la Secretaría seis meses antes de la convocatoria a las elecciones. El artículo 11, también tiene relación y señala que los familiares del Secretario General no podrán formar parte de ningún órgano contenido en las literal a) del artículo 24 de la LEPP.

 

La comisión acordó que la próxima semana llevará a cabo dos sesiones para continuar con la aprobación de los artículos del cuarto borrador previo a elaborar el proyecto de dictamen que deberá ser aprobado por dicha Sala de Trabajo.

 

Por Byron Vásquez

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