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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso continuó discutiendo el cuarto borrador del proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y en la sesión de este martes se conocieron 15 artículos más, se votó a favor de 9 artículos y no alcanzaron votos suficientes otros 6.

Óscar Argueta (Unidad Nacional de la Esperanza), presidente de la dicha sala de trabajo, subrayó lo más importante conocido en la sesión. “Que el Tribunal Supremo Electoral en su conformación el 60 por ciento será de abogados y notarios, y el 40 por ciento será con profesionales universitarios de otras carreras. Además, entre sus atribuciones están la capacitación y formación cívico-política de la ciudadanía, así como el acompañamiento a los partidos políticos en la adaptación a las nuevas legislaciones relativas al control y fiscalización de fondos públicos y privados”, detalló.

Según dijo, otro de los aspectos importantes es que se votó a favor de la segunda vuelta para la elección de alcaldes cuando la diferencia entre el primero y el segundo no supere el 5 por ciento de los votos válidos emitidos y el primer lugar no obtenga más del 40 por ciento de los votos válidos emitidos.

“Es un proceso que permite legitimar de mejor manera a quien alcance la alcaldía; los concejales entrarían en la primera vuelta con representación proporcional de las minorías y, los síndicos y el alcalde en la segunda vuelta. Además, ya no sería el concejal primero quien sustituya al alcalde, sino el síndico primero”, manifestó el diputado Argueta.

La jornada de hoy empezó por conocer el artículo 11, que propone reformar el artículo 35 de la citada ley, que adiciona un último párrafo a dicho articulado, en el cual se establece que “los alcaldes y diputados en el ejercicio de cargo, electos por el partido político y que sean afiliados al mismo, así como los secretarios municipales, podrán participar en la asamblea departamental de su respectivo distrito con voz y voto, y no cuentan para el quorum”; esta propuesta no obtuvo los votos suficientes y se mantiene la actual legislación.

Cabe mencionar que la semana pasada el último artículo conocido fue el 11, que es diferente al de esta jornada debido a que hubo un corrimiento en los números del articulado, pues se eliminó el artículo 5, que pretendía reformar la literal e) del artículo 21 Ter, el cual continuará vigente.

El artículo 12, que pretende modificar el artículo 43, fue aprobado por los 8 diputados asistentes en ese momento, y se refiere a que el secretario general departamental tiene la representación del partido en su suscripción y desempeñará el cargo por 2 años; además, podrá ser reelecto por un período más.

Lo contenido en el artículo 13, que busca reformar el artículo 50, se refiere a que el Comité Ejecutivo Municipal durará en sus funciones dos años y sus integrantes podrán ser reelectos por un período más.

A propuesta del diputado Argueta se votó en forma conjunta por los artículos 14 al 17, por referirse al mismo ámbito de la conformación de los comités cívicos para postular corporaciones municipales y diputados distritales, pero solo hubo 5 votos de los 10 legisladores presentes en ese momento.

En el artículo 18 se pretende modificar el artículo 121 para otorgarle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) mayor independencia para desarrollar sus funciones, y se agrega el marco constitucional para fortalecerlo.

La propuesta del artículo 19, que pretende reformar el artículo 122, contiene lo relacionado con el aumento del presupuesto del TSE; fue votado solo por 6 diputados.

El artículo 20, que busca reformar el artículo 123, fue votado por mayoría (10 de 11 legisladores presentes); se busca retirar la exclusividad a los abogados y notarios para integrar la magistratura del TSE, debido a que se propone que un 60 por ciento sean profesionales del Derecho y el 40 por ciento de otras profesiones universitarias en el grado académico de licenciatura.

El artículo 21, que busca modificar el artículo 124, también fue votado por mayoría (10 de 11 legisladores presentes), y contiene las calidades que deben poseer los magistrados integrantes del TSE. Deben ser profesionales universitarios, colegiados activos con más de 10 años de ejercicio profesional; además, gozarán en el cargo de las mismas inmunidades y prerrogativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El siguiente artículo (22) tiene relación con el anterior y pretende reformar la literal u); y se adicionan las literales y) y z) al artículo 125; en este se introduce que el TSE debe diseñar y ejecutar programas y procesos para la formación y capacitación cívica electoral de la ciudadanía, así como programas de formación y capacitación sobre normativa electoral a partidos políticos. Este fue votado a favor por los presentes (10).

Por medio del artículo 23, se busca modificar la literal c) y que se adicione un último párrafo al artículo 154, en donde se le exige al TSE que debe crear subdelegaciones en las cabeceras municipales en donde exista oficinas del Registro Nacional de las Personas; este fue votado por mayoría (8 de 10 legisladores presentes).

El penúltimo artículo conocido en la sesión fue el 24, a través del cual se busca adicionar el artículo 195 Bis, que contiene lo relacionado con las compras y contrataciones, y se establece que el TSE podrá adquirir bienes y servicios a partir de la convocatoria y hasta el final de las elecciones generales, sin regirse por los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado; fue votado por los 10 diputados.

Y el último fue el artículo 25, que pretende reformar el artículo 202, y se propone que habrá una segunda vuelta cuando entre los candidatos a alcaldes más votados no haya una diferencia mayor al 5 por ciento de los votos válidos emitidos, y que el primero no obtenga más del 40 por ciento de los votos válidos emitidos; esta propuesta obtuvo la mayoría de votos (9 de 10 legisladores presentes).

Se convocó a una próxima sesión para este miércoles a partir de las 9:00 horas, cuando se continuará conociendo el resto de artículos del cuarto borrador, que contiene 42 artículos propuestos.

Por Byron Vásquez.

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En una reunión con diputados de la bancada Alianza Ciudadana, Jorge Mario Chacón, director del Instituto Nacional de Turismo (Inguat), expresó que la experiencia del visitante nacional y extranjero se ve afectada por el mal estado de la red vial que conduce a los destinos turísticos, pues hace que los recorridos sean riesgosos y afecta la imagen del país.

El funcionario comentó que en 2016 hubo al menos 6 millones de visitantes internos, cifra que se espera no baje este año por los daños que ocasionan las lluvias en las carreteras.

Agregó que diciembre es el mes con más afluencia turística y se confía en que en esas fechas el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda haya avanzado con la reparación de los tramos.

El diputado Francisco Tambríz y Tambríz, jefe de la bancada, dijo que hay mucho trabajo por hacer en lo interno del Inguat y en los ministerios involucrados.

“Es lamentable que la carretera de Santiago Atitlán a San Pedro la Laguna, en el departamento de Sololá, se encuentre en pésimas condiciones, además de los asaltos que ocurren a diario”, expresó.

Por su parte, el diputado Sergio Celis comentó: “Nosotros seguiremos fiscalizando, pues tienen presupuesto; hace falta promover el turismo comunitario para beneficiar también al área rural”.

Por Rosemary Recinos.

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El diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala, se reunió este martes con funcionarios de los ministerios de Educación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), así como delegados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el fin de resaltar los beneficios del Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar.

“Lamento que este tipo de noticias no se difundan con algarabía en los medios de comunicación. Este es el primer proyecto verdaderamente social que ha aprobado esta legislatura y estamos orgullosos de haberlo impulsado. Millones de niños son beneficiados con el decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar”, manifestó.

El congresista Flores (Unidad Nacional de la Esperanza -UNE) explicó que la norma en mención, además de cambiar el nombre de refacción a alimentación escolar, incrementa de Q1.11 a Q4 diarios por beneficiario, incorpora menús de nutricionistas e impulsará el consumo de productos prevenientes de la agricultura familiar, para beneficio de al menos 2.5 millones de estudiantes.

Los diputados Víctor Estrada (Movimiento Reformador); Leonardo Camey (independiente) y Julio Lainfiesta (Unión del Cambo Nacional), así como Marleni Matías y Gabriel Heredia (UNE), manifestaron su beneplácito por la nueva ley e indicaron que darán seguimiento a su firme cumplimiento.

Por su parte, los viceministros José Felipe Orellana, del MAGA, y José Moreno, de Educación, se comprometieron a realizar los planes correspondientes para su implementación y garantizar que sea un éxito.

Diego Recalde, representante de la FAO, felicitó esta acción del Congreso de la República por considerar que determina “un verdadero desarrollo para el país”.

Al finalizar, el parlamentario Flores hizo una mención especial al exdiputado Hugo Morán, quien desde el año 2012 redactó el proyecto e inició la lucha para lograr su aprobación.

Por Mayra Recinos.

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Con la finalidad de conocer los protocolos implementados por las fuerzas de seguridad pública en centros hospitalarios, la Comisión de Gobernación del Congreso se reunió con viceministros de Gobernación y Salud, Director del Sistema Penitenciario y Director de la Policía Nacional Civil (PNC), con quienes se discutieron aspectos de seguridad en el traslado de reos.

Según se conoció, en pocos días se firmará el protocolo de seguridad que incluye a ambas carteras y a la de Defensa Nacional, acerca del traslado de privados de libertad y la atención médica que se brinda dentro de los penales, después de los incidentes violentos ocurridos en hospitales en los cuales estuvieron involucrados reos.

Los diputados Napoleón Rojas (Frente de Convergencia Nacional) y Dorian Taracena (Encuentro por Guatemala) cuestionaron que al Hospital General San Juan de Dios aún se sigan llevando de 5 a 8 detenidos por semana, lo cual pone en riesgo al personal y a pacientes, aunque reconocieron que esa práctica ya no ocurre en los hospitales Roosevelt, Nacional de Escuintla y de Santa Rosa.

El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, argumentó que existe mejor coordinación con el Sistema Penitenciario y la PNC, con quienes se revisaron protocolos de seguridad en hospitales y se coordinó que los internos sean atendidos en las clínicas móviles del Ministerio de Salud en los complejos carcelarios de Fraijanes y Preventivo de la zona 18.

Mario Figueroa, viceministro de Salud, afirmó que en las clínicas móviles se pueden hacer incluso exámenes de laboratorio y el abastecimiento está garantizado durante los tres meses próximos.

Por Fernando Bolaños.

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloques acordaron este lunes conocer la tercera generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos antes de que la Comisión de Asuntos Electorales emita su dictamen. Dicho consenso entre los parlamentarios se dio después que el presidente de la sala legislativa expusiera los avances del estudio de la referida normativa.

El diputado Oscar Argueta (Unidad Nacional de la Esperanza) aseguró que a la fecha se ha aprobado el 25 por ciento (12 artículos) de la propuesta de reformas, que contiene 41 artículos. Entre los puntos que resaltan se encuentran la creación de subdistritos, segunda vuelta para la elección de alcaldes e incremento en un 40 por ciento del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para formación cívico-política, con lo cual se garantizaría la participación ciudadana.

“Estamos proponiendo corregir algunos problemas que se derivaron de la aprobación de las reformas anteriores y que tienen que ver con el tema del uso del financiamiento público en los partidos políticos; en tal virtud, dichas enmiendas han sido ampliamente discutidas no solo en el seno de la comisión y para ello se han escuchado las opiniones de 19 organizaciones de la sociedad civil, para que tenga el mayor consenso posible”, dijo el diputado Argueta.

Por otra parte, los congresistas aprobaron las agendas de las sesiones plenarias de esta semana. Este martes, a partir de las 10:00 horas, continuarán la discusión en su primer debate de las iniciativas 5311, reformas al Código Procesal Penal, y la 5178, Ley de Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos.

Otras normativas en la agenda de mañana serán la 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; 5231, reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil, y la 5157, reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, las cuales serán discutidas en su segundo debate.

Finalmente, los parlamentarios recibieron la visita de representantes del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada en Guatemala, quienes solicitaron sea incluida en la agenda la iniciativa 3590, Ley de la Comisión de Búsqueda de Personal, Víctimas de la Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición, que a la fecha se encuentra en su segunda lectura, con dictámenes favorables de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de Finanzas Públicas y Moneda.

Por Karen Mendoza

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El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, informó este lunes que la Junta Directiva recibió la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), relacionada con el proceso penal de la magistrada Blanca Stalling, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Estamos analizando la resolución enviada por la CC para conocer a fondo si lo que indica tiene que ver con el Consejo de la Carrera Judicial”, explicó.

El parlamentario considera que el tema es complicado y que en la Junta Directiva se agotan todos los análisis para tomar decisiones e informarle al Pleno acerca de las acciones a seguir. “Entendemos que no declaran la vacante, por lo que el análisis debe ser profundo”, precisó. El Congreso debe elegir al sustituto de Stalling para completar el Pleno de magistrados titulares de la CSJ.

En mayo pasado el Consejo de la Carrera Judicial resolvió separar a la magistrada Blanca Stalling de su cargo en la CSJ. La jurista enfrenta un proceso penal por el delito de tráfico de influencias, por presuntamente haber presionado al juez Carlos Ruano para que favoreciera a su hijo, Otto Molina, señalado en el caso IGSS Pisa.

El presidente Chinchilla dijo que lo más importante es respetar y cumplir la ley y los procesos, así como que los guatemaltecos conozcan que hay compromiso del Legislativo para que el sector justicia se fortalezca.

“Sabemos que el Congreso de la República tiene la facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero el tema es que hay una Ley de la Carrera Judicial en la cual el Consejo tiene que declarar la vacante de la magistrada Stalling, y eso es lo que debemos analizar”, concluyó.

Por René Rodríguez

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Diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República cuestionaron a los 22 delegados departamentales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) sobre denuncias de posible utilización de la entrega de alimentos con fines políticos para beneficiar a algunos alcaldes.

 

En la reunión los delegados aseguraron que a la fecha han entregado bolsas de ayuda con Maseca, aceite, leche, frijol y azúcar a familias que están en los listados de población con mayor problema de desnutrición, y es el viceministerio de Seguridad Alimentaria el que entrega las raciones con la ayuda de las municipalidades

 

Al respecto los congresistas los cuestionaron sobre denuncias de posible utilización de estas entregas con fines políticos para beneficiar a algunos alcaldes, por lo que solicitaron se les entregue el programa de actividades con fechas de las entregas para fiscalizar las mismas por los diputados.

 

“Hoy pudimos ver que a la fecha no se ha entregado la ayuda que se necesita a las familias con desnutrición, por lo que esperamos estar monitoreando el proceso”, expresó el diputado Mario Velásquez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, presidente de la sala de trabajo.

 

Para concluir se solicitó a cada uno de los delegados departamentales un informe circunstanciado sobre las actividades que realizan, quiénes los han acompañado en las entregas de alimentos y el presupuesto asignado para cada delegación, el cual deberá ser entregado a la comisión en los próximos 15 días.

 

Por Karla Herrera

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La Comisión de Gobernación del Congreso de la República busca agilizar el proceso para llevar a cabo el estudio que permita la construcción de la bocabarra en la aldea El Jiote, Chiquimulilla, Santa Rosa, para beneficiar a 150 mil personas que residen en la región, por lo cual sostuvo una reunión con representantes de entidades gubernamentales a cargo del proyecto.

 

A la cita asistieron Luis Ovando, subsecretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y Juan Carlos Galindo, coordinador de la Asesoría Técnica de Ingeniería de Ríos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). No comparecieron Aldo García, ministro de Comunicaciones, y el director de Caminos, Juan José Hanser Pérez, ambos serán nuevamente citados para el próximo martes.

 

El diputado Napoleón Rojas, de la Unidad del Cambio Nacional y presidente de la sala de trabajo, indicó que el CIV cuenta con Q10 millones, aproximadamente, para llevar a cabo los estudios previos a la construcción de la bocabarra. Agregó que hay un compromiso del ministro de Comunicaciones de que para agosto recién pasado se tendría resuelta la ejecución del proyecto para poder hacer el estudio el año próximo y ejecutar la obra en 2019.

 

Galindo detalló a los integrantes de la Comisión que la construcción de obras de protección costera o de estabilización no está dentro de las competencias del CIV y eso ha dificultado que se pueda ejecutar la obra.

 

“Ya tenemos las bases, pero hace falta crear el proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública, y se está resolviendo con Segeplan los aspectos técnicos para eliminar el obstáculo que no permite asignar recursos financieros para la ejecución del proyecto”, dijo Galindo.

 

La diputada independiente María Stella Alonzo exigió a Galindo resultados del proyecto para poder solucionar la problemática que afecta a 150 mil personas.

 

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Finanzas del Congreso aprobó este jueves el cronograma de audiencias públicas que realizará para analizar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018.

 

De acuerdo con el calendario que avalaron los congresistas, se espera que entre el 5 y el 31 de octubre puedan escuchar las opiniones de aproximadamente 31 instituciones, entre ellas ministerios, secretarías y organizaciones no gubernamentales.

 

“Nuestro compromiso es entregar al Pleno del Congreso un dictamen que haya sido ampliamente analizado y consensuado con las diferentes instituciones del país, pero que responda a las necesidades de los guatemaltecos”, indicó el parlamentario Adim Maldonado (Frente de Convergencia Nacional), presidente de la referida sala.

 

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 asciende a Q87 mil 672 millones y prioriza las carteras de Educación, con Q14 mil 835 millones; Salud, Q8 mil 313 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con Q7 mil 289 millones, y Gobernación, con Q5 mil 476 millones.

 

El diputado Maldonado ratificó que trabajan con la política de puertas abiertas, por lo que exhortó a las instituciones que prestan apoyo técnico en temas económicos y sociales a que soliciten ser incluidas en el cronograma para exponer sus posturas.

 

“Todas las opiniones son importantes para nosotros como legisladores y representantes de la sociedad guatemalteca; este es el momento de conocer sus aportes y observaciones”, concluyó.

 

Por Karen Mendoza

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