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En conferencia de prensa, el diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, informó que da acompañamiento a pobladores desalojados y desplazados de la comunidad Laguna Larga, Petén.

El congresista Juracán explicó que el desalojo se llevó a cabo por parte de autoridades de Gobierno, el pasado 2 de junio del presente año, por lo que el 25 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió la resolución 36/2017.

“Dicha resolución contiene medidas cautelares, las cuales buscan prevenir daños irreparables y garantizar el libre ejercicio de sus derechos humanos, especialmente su derecho a la vida e integridad física”, indicó el diputado Juracán.

Pedro Ventura, poblador del área, manifestó que están satisfechos con la resolución de la CIDH; sin embargo, la situación que están viviendo sigue siendo precaria y el Gobierno de Guatemala no ha emprendido ninguna medida a su favor.

“Pedimos que no nos sigan criminalizando solo para favorecer a personas particulares, necesitamos que nos garanticen nuestro retorno de forma pacífica y que se detengan los desalojos que tienen planificado hacer en Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón”, dijo Ventura.

El diputado Juracán pidió que de la forma más inmediata se reactive la mesa de diálogo y negociación, donde es necesaria la participación de las comunidades afectadas, instituciones de Gobierno y grupos de la sociedad civil, con el fin encontrar propuestas de desarrollo integral y sostenible.

Los 450 habitantes de la comunidad Laguna Larga, después de ser desalojados del lugar están viviendo en casas de campaña, que con las inclemencias del tiempo se han ido deteriorando, lo que hace crítica la situación, concluyó el diputado Leocadio Juracán.

Por Mayra Recinos

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Ante la tardanza para realizar el levantamiento catastral en la finca El Trapiche de Agua, en Salamá, Baja Verapaz, los representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo y el alcalde de la localidad solicitaron a los diputados de la Comisión de la Mujer su intermediación para agilizar el censo, que se encuentra estancado desde el año pasado.

“Hoy nos han solicitado intermediar para que el catastro se agilice, pues con esto se podrá ayudar a las mujeres de esta finca a identificar su espacio territorial y ser beneficiadas con los programas de desarrollo, por lo que solicitamos a las autoridades del Registro de Información Catastral (RIC) y del Fondo de Tierras (Fontierras), realizar lo antes posible la limitación de los terrenos para dar certeza jurídica”, indicó la diputada Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza y presidenta de la Comisión.

En este caso el alcalde de Salamá, Byron Tejeda, destacó que desde el año pasado se ha solicitado el levantamiento catastral que tendrá un costo de Q1 millón, aproximadamente, por lo que al concluir la reunión los legisladores de la sala de trabajo solicitaron a los representantes del RIC y de Fontierras que la próxima semana entreguen un informe del proyecto para determinar si es posible realizarlo este año.

Por aparte, la diputada Matías sostuvo una reunión con representantes de la Escuela de Educación Física y el alcalde de Salamá para hablar sobre la construcción de una villa deportiva en ese municipio y determinar si el terreno donado por la municipalidad es apto para edificar el espacio deportivo y solicitar a las autoridades del Ministerio de Educación la construcción lo antes posible.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República escuchó las propuestas de diversas organizaciones sociales para las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La representación estuvo a cargo de José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), quien planteo la posibilidad de bajar a 500 la cantidad de afiliados para la creación de un partido político, así como establecer los distritos y subdistritos departamentales y municipales para facilitar el acercamiento de los electores a los candidatos, además de la paridad de género con el objetivo de que las mujeres tengan igual participación que los hombres en las organizaciones políticas.

Sanabria indicó que las organizaciones que participaron en la elaboración de la propuesta que él presentó son: Guatemala Visible, Acción Ciudadan y Conared, que incluye a organizaciones de mujeres y el sector indígena, entre otros.

“La preocupación principal que ha motivado la elaboración de este documento es el problema de legitimidad y de representatividad por el que está atravesando el sistema político en el país, el cual es afectado principalmente por la forma en que se postulan los candidatos y cómo estos son electos”, afirmó Sanabria.

Detalló que la propuesta busca modificar la inscripción y la organización de los partidos políticos.

En el primer tema se pretende bajar el requisito para la conformación de las organizaciones políticas y para ello se propone la cantidad de 500 afiliados, con el objetivo de fomentar la competencia electoral y permitir la construcción de partidos desde la base, donde los afiliados y las asambleas puedan involucrarse de forma real en las estructuras partidarias. “En la actualidad es centralista y excluyente”, señaló el politólogo Sanabria.

“Nosotros proponemos hacer una diferenciación entre los requisitos que se necesitan para inscribir a los partidos políticos y los requisitos que se requieren para tener una organización política para participar en el proceso electoral”, expresó el experto de Asies.

También se propone que los partidos políticos solo puedan postular en los municipios y departamentos en donde posean organización partidaria.

Para el caso de las postulaciones municipales se propone que el partido, una vez inscrito, pueda postular en el municipio con el requisito de que tenga 40 afiliados como mínimo, que lleve a cabo una asamblea municipal, que elija un comité ejecutivo municipal y que haga una asamblea de postulación.

Para los departamentos que cumpla con tener al menos cuatro municipios inscritos, que lleve a cabo la asamblea departamental, que elija un comité ejecutivo departamental, y que haga la asamblea departamental de postulación.

Sanabria subrayó que en el caso de la elección a nivel nacional se propone que los partidos cumplan con el requisito de tener organización en 50 municipios y que estén distribuidos en 12 departamentos, lo cual ya está estipulado en la Ley.

En este caso se agregan dos requisitos, el primero de ellos que el partido pueda seleccionar municipios en donde hayan inscritos al menos el 50 por ciento más uno de los empadronados del padrón electoral del último proceso electoral. Para postular candidatos a nivel nacional el partido tendrá que tener inscritos como afiliados el 0.3 por ciento del padrón electoral.

Además se propone modificar el formato de listas de candidatos a diputados y el sistema de distritos. En el primero de los temas se sugieren dos alternativas: el voto único transferible en donde habría un sistema de listas semiabiertas, en donde el elector tiene un voto y la asignación de este voto se otorga al separar cuantos votos obtuvo el partido y asignar los escaños en función de los votos directos que obtuvo el candidato.

La segunda opción es un voto único no transferible, es voto directo al candidato a diputado, y los escaños se determinan por la sumatoria de votos obtenidos por los postulantes.

La exdiputada Otilia Lux de Cotí solicitó a la comisión que se pueda introducir en las reformas la paridad de género y de los indígenas en la participación de las organizaciones políticas.

“Vamos a analizar la propuesta, yo no puedo aventurarme a emitir juicios acerca de la propuesta que se recibieron hoy, y así vamos a analizar otras propuestas que vengan. La meta de esta Comisión es entregar el dictamen en la primera semana de noviembre a Dirección Legislativa”, dijo el presidente de la sala de trabajo, Óscar Argueta, al momento de agradecer la participación de Sanabria y de la exdiputada Otilia Lux de Cotí.

El congresista Argueta añadió que en los próximos días la comisión se reunirá con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y se recibirá la visita del rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado Cerezo, para escuchar sus propuestas.

Los diputados integrantes de la Comisión emitieron sus opiniones en torno a que la creación de distritos y subdistritos genera más costos para los partidos, y que ya fue declarado inconstitucional. En cuanto a la paridad de género, señalaron que la Constitución Política de la República contempla la participación de la mujer en un 30 por ciento.

Con relación a bajar el requisito de la cantidad de afiliados manifestaron que podría contribuir a que se duplicara la cantidad de partidos existentes y ello conllevaría dificultades al TSE al momento de elaborar la papeleta electoral.

Por Byron Vásquez

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El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, recibió esta tarde en su despacho al nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga. “Fue una visita de cortesía, abierta, en la cual se abordaron temas de interés nacional”, destacó el parlamentario.

Según dijo, el embajador Arreaga se interesó en la agenda del Legislativo, bloques políticos, Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y fortalecimiento de las leyes. “Es importante destacar el ofrecimiento del embajador por colaborar en el desarrollo del país”, subrayó Chinchilla.

El diplomático presentó esta mañana sus cartas credenciales al mandatario Jimmy Morales, y después solicitó una reunión al presidente del Congreso. “Estamos complacidos por la visita del embajador, especialmente porque es una de las primeras reuniones oficiales que tiene en el país”, concluyó Chinchilla.

Por René Rodríguez

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Norman Muñoz, conservador de Antigua Guatemala, solicitó la mediación de la Comisión de Cultura, que preside la diputada María Cristina Quinto, respecto de dos acuerdos emitidos recientemente por el Concejo Municipal de esa ciudad.

Dichas normas establecen el cobro del 100 por ciento del valor de las licencias de construcción emitidas fuera del perímetro urbano colonial. “Esto es ilegal, pues están estableciendo un perímetro de área de influencia de 100 metros para que ellos puedan otorgar exclusivamente las licencias de construcción, y la ley vigente señala que es el Consejo Nacional de Protección de Antigua a quien le corresponde hacerlo”, explicó.

“Aquí podrían autorizarse construcciones de dos o más niveles y esto puede ser perjudicial para la categoría que se ostenta de Patrimonio Cultural de la Humanidad”, comentó.

Por su parte, la diputada Quinto (Frente de Convergencia Nacional) dijo que analizarán presentar las denuncias correspondientes, “ya que este acuerdo violenta una ley ordinaria, lo que representa una inconstitucionalidad”.

Durante la reunión se acordó instalar una mesa de estudio sobre enmiendas a la iniciativa 4252, que reforma la Ley Protectora de la Ciudad de Antigua Guatemala, la cual se encuentra en segunda lectura.

En este proyecto de ley se determina la integración y las atribuciones del Consejo Protector, así como del Conservador de la Ciudad, se delimita el perímetro urbano de conservación y el área de amortiguamiento.

“El objetivo es determinar si es necesario presentar enmiendas de curul, para que esta ley se ajuste a las necesidades de este importante sector turístico”, concluyó la presidenta de la comisión.

Por Rosemary Recinos

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Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que preside la congresista Eva Nicolle Monte Bac, de Alianza Ciudadana, cuestionaron este día los montos que el Registro Nacional de las Personas (Renap) paga por arrendamiento de edificios.

Para el efecto se reunieron con funcionarios del Renap, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), y de la Dirección de Catastro y Avaluó de Bienes y Inmuebles (Dicabi).

El propósito es que las entidades participantes puedan apoyar con el avalúo del edificio central del Renap y ver la posibilidad que la Senabed pueda conseguir un edificio a un menor costo entre los inmuebles que han pasado al dominio del Estado.

Los congresistas indicaron que les preocupa que por la sede central se pagan más de Q500 mil mensuales y en algunos municipios también las sumas son altas, lo cual les hace pensar que no hay una planificación a nivel general para ahorrar.

La diputada Monte Bac indicó que se buscan mecanismos para generar ahorros y que la cancillería guatemalteca tenga recursos necesarios para apoyar a los connacionales que viven en el exterior, porque a la fecha no cuentan con documentos como el Documento Personal de Identificación (DPI) y agilizar la entrega de pasaportes.

Asimismo, informó “que se ha fijado un plazo de 15 días para que el Renap presente un proyecto para hacer un cambio de edificio. La próxima semana estaremos invitando a Migración y Aeronáutica Civil a efecto que para fin de mes las tres instituciones podamos reunirnos con la cancillería guatemalteca”, concluyó.

Por Freddy López

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Los diputados que integran la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se reunieron este miércoles con Axel Manuel Romero García, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación, con el fin de conocer el plan estratégico del programa Escuelas Seguras, que se trabaja conjuntamente con la cartera de Educación y la Policía Nacional Civil (PNC), así como la asignación presupuestaria para el próximo año.

Durante la cita las autoridades de Gobernación informaron que actualmente se cubren 198 centros educativos en 5 departamentos: Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, San Marcos y Guatemala, con un presupuesto de Q4 millones.

La congresista Alicia Dolores Beltrán (Movimiento Reformador), presidenta de la referida sala, cuestionó al funcionario de Gobernación por la falta de atención a otros planteles educativos del país “donde hay violencia, altos índices de criminalidad y no existe vigilancia de las fuerzas policiales”.

“Estamos preocupados porque sabemos que existen aproximadamente 37 mil escuelas que funcionan en la mañana y en la tarde, y hay al menos 34 mil agentes de la PNC, quienes no pueden cubrirlas; tenemos que buscar los mecanismos financieros y más elementos para vigilar y llegar a más departamentos”, refirió la diputada.

El viceministro Romero comentó que el programa ha tenido resultados positivos en los centros educativos de la zona 1, donde se registraban problemas entre estudiantes. “Queremos continuar con la implementación en 2018; pedimos Q1 millón más, con lo que aumentaremos a 215 centros educativos, y solicitamos un incremento de 100 agentes para lograr las metas del año entrante”, explicó.

Por José Castellanos.

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Habitantes de la aldea Las Lisas, Chiquimulilla, Santa Rosa, solicitaron la intervención del diputado Carlos Napoleón Rojas (Unión del Cambio Nacional), en búsqueda de una solución al problema del corrimiento de la bocabarra El Jiote, el cual amenaza con desaparecer la población en pocos meses si no se actúa pronto.

Según lo expuesto por Fidel Hernández, presidente de la Mesa del Mangle, instalada por pobladores de la aldea, el corrimiento que ha sufrido la bocabarra en un año es de aproximadamente 800 metros, lo que ha dejado viviendas, ranchos y pozos inundados, sin que se tome cartas en el asunto por las autoridades.

Juan Carlos Galindo, representante del Ministerio de Comunicaciones, detalló que hay avances en el trabajo realizado al ya contar con un código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el cual contiene las bases y perfil de proyecto, pero no con una partida presupuestaria para su ejecución, situación que está en manos del Ministerio de Fianzas por medio de la Dirección Técnica de Presupuesto.

Una de las salidas propuestas como plan alterno sería crear una partida de funcionamiento del ministerio, para realizar los estudios necesarios dentro del presupuesto del próximo año, expuso el funcionario.

El legislador Rojas, quien preside la Comisión de Gobernación, comentó que otra solución podría ser modificar el presupuesto que ya fue entregado al Congreso para su análisis y solicitar que se cree la partida para el próximo año, aunque deberá de iniciarse el proceso por un nuevo SNIP, pues considera que para el presente año no se podrá concluir el estudio.

Por Fernando Bolaños

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Con el voto favorable de 80 diputados al Congreso de la República, en la sesión plenaria se aprobó el Decreto 18-2017 que reforma el 2-70, Código de Comercio, las cuales tienen como objetivo facilitar la apertura de negocios y la protección adecuada de los inversionistas, con la intención de beneficiar a emprendedores guatemaltecos y extranjeros.

La normativa, que cobrará vigencia 90 días después de su publicación en el Diario de Centro América, sustituye la vigente, que data del 9 de abril de 1970, y dota a los pequeños empresarios que pertenecen al comercio informal de las herramientas electrónicas para que formalicen sus actividades.

Además, dichas modificaciones, contenidas en las iniciativas 4904 y 5194, están encaminadas a mejorar el acceso de los emprendedores guatemaltecos a la economía formal, reduciendo el tiempo, costo y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil General de Guatemala.

“Esta es la reforma más importante que se le ha hecho al Código, lo cual ubicará a Guatemala 10 escaños arriba en el Índice de Competitividad Global del que actualmente ocupamos (84); nos posicionará por encima de países como Brasil y permitirá abrirle las puertas al pequeño emprendedor para formalizar su negocio”, aseguró Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso.

Por otro lado, con el objetivo de avanzar con temas pendientes de agenda, los parlamentarios pasaron en primer debate la iniciativa 5178, que dispone aprobar la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos. La referida normativa tiene como propósito la creación de una base de datos genéticos de uso forense, con lo cual se garantizaría la investigación de casos en los cuales se determine que hubo agresión sexual.

Asimismo, los congresistas conocieron las iniciativas 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; 5231, reformas al Decreto 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil, y 5157, reformas al Decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros, las cuales pasaron en segundo debate.

Finalmente, después de la votación de la referida enmienda se rompió el quorum, por lo que el presidente de la Junta Directiva, Oscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó para el jueves a las 10:00 horas.

Por Karen Mendoza

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