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La Comisión de Asuntos Electorales, que trabaja en la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), logró consenso en cuatro artículos, dos de los cuales buscan fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE), dotándolo con más recursos financieros, y aumentar la fiscalización por medio de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Se aprobó reformar el primer párrafo del artículo 122 de la LEPP, referente al presupuesto del TSE, donde se establece que corresponde a este ente rector una asignación no menor de 0.7% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para cubrir sus gastos de funcionamiento y de los procesos electorales. “En este sentido se plantea elevar a un 40% el presupuesto ya que le han dado nuevas atribuciones al TSE en las reformas anteriores, esto por la creación de dos nuevas unidades especializadas para que puedan fiscalizar a los partidos políticos a nivel nacional, por lo que necesita una estructura y una logística más grande, y con los mismos recursos esto no sería posible”, indicó el diputado Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, presidente de esta Comisión. “Es elemental el fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, ese es uno de los retos de esta comisión”, agregó.

La sala de trabajo también aprobó adicionar el artículo 195 bis, referente a las compras y contrataciones del TSE.

Establece que a partir de la convocatoria a proceso electoral y hasta la media noche del día de las elecciones, y en su caso la segunda vuelta electoral, el TSE puede adquirir bienes y servicios sin observar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

No obstante, agrega: “La Contraloría General de Cuentas realizará auditorías concurrentes al TSE en todas las gestiones de compras y contrataciones durante el proceso electoral”. También se aprobó reformar el artículo 202, relativo a la segunda vuelta de alcaldes.

El cual queda así: “El sistema de mayoría relativa se aplicará a las consultas populares y a las elecciones de alcaldes y síndicos. En el caso de las consultas populares, resultará ganadora la o las opciones con mayor número de votos válidos en la o las preguntas formuladas”. “En el caso de la elección de alcaldes y síndicos, siempre que la planilla más votada supere el 25% de los votos válidos emitidos y la diferencia entre ésta y la segunda plantilla más votada supere el 5% de los votos válidos emitidos, se declara ganador al candidato a alcalde más votado y los candidatos a síndicos de esa misma planilla; si la planilla más votada obtuviere más de la mitad de los votos válidos emitidos, se declara ganadora”, indica la reforma.

Asimismo, señala: “De no darse las condiciones antes descritas, se efectuará una segunda vuelta electoral, en la que participarán las dos planillas que hayan obtenido la mayor cantidad de sufragios, el mismo día que se hubiera programado la segunda elección para presidente y vicepresidente de la República”. También se propone modificar el párrafo segundo del artículo 206, el cual establece que los síndicos sustituirán, en su orden, al alcalde en caso de ausencia temporal o definitiva, teniendo el derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo del alcalde.

La comisión acordó proponer la reforma del primer párrafo del artículo 203, de la representación proporcional de minorías, el cual queda así: “Las elecciones de diputados por lista nacional, diputados al Parlamento Centroamericano y elección de concejales para las corporaciones municipales, se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías”. El diputado Argueta puntualizó: “Hemos logrado avanzar fuertemente en la elaboración del dictamen de las reformas a la LEPP.

Esperamos que en una sesión más finalicemos con esta parte del proceso para luego trabajar las mesas de diálogo con la sociedad civil. Para el efecto, la Comisión se declaró en sesión permanente para continuar su trabajo durante el receso parlamentario ante la importancia que estas reformas tienen para la vida política nacional.

Por Fredy López

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La Comisión de Vivienda se reunió por tercera ocasión con representantes de vecinos y entidades públicas y privadas para dar seguimiento al tema de la inestabilidad del terreno donde se ubica la colonia Jardines del Norte, zona 18, cuyas casas presentan daños en su estructura y son afectadas alrededor de 600 familias.

Acudieron representantes de los bancos Rural y de Trabajadores, de la municipalidad capitalina, el Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA) Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) El diputado Julio César Longo Maldonado, presidente de la Comisión, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), hizo un llamado a las instituciones asistentes para que presenten sus alternativas de solución en una próxima cita de trabajo, aunque no precisó la fecha.

Al mismo tiempo señaló que solicitará la comparecencia del viceministro de Vivienda, Carlos Barillas Estrada, con el propósito de conocer si existe una posibilidad de subsidiar viviendas para las familias afectadas. Cristina García, directora de la Unidad de Mediación de la PDH, indicó que desde 2015 le dan seguimiento al caso que se ya se encuentra denunciado en el Ministerio Público, y que se ha determinado que son 600 familias las afectadas, además de que no se cumplieron con todas las normativas de construcción por parte de la empresa constructora.

García citó como ejemplo que las casas tienen hundimiento de piso, paredes rajadas, losas corridas y paredes separadas totalmente. “Ya viene el invierno y no queremos un desastre como sucedió en El Cambray II, en Santa Catarina Pinula”, afirmó. “Va a pasar un problema como el de El Cambray y todo el mundo se va a lavar las manos.

Al que vamos a ver metido en la cárcel va a ser al alcalde, así de sencillo”, dijo Longo Maldonado. Maribel Bonilla, vecina afectada, señaló que ella está dispuesta a aceptar lo que dictamine la Conred, pero consideró necesario que esa entidad diga si allí es habitable o no. “Ya no queremos vivir con la angustia todas las noches de qué pasará con nuestras casas.

Yo he pagado por 10 años mi casa”, indicó. La legisladora Laura Alicia Franco Aguirre, de FCN, subrayó: “Yo creo que debe existir una corresponsabilidad, porque ustedes (vecinos) no se pueden salir (de sus casas) cuando no tienen un lugar a donde ir y van a perder toda la inversión de su vida. Por eso se debe empezar a pedir por parte de la PDH al Ministerio Público para establecer qué se ha investigado, además que Conred informe sobre qué realmente pasa allí, cuáles son los daños y las casas más afectadas”.

Por Byron Vásquez

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El Congreso de la República continuó este miércoles la discusión de las reformas constitucionales al Sector Justicia, pero el trámite se detuvo cuando se retomaron las enmiendas al artículo 209, referente al Consejo de Administración Judicial. Esta modificación propone separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales del Organismo Judicial (OJ), mediante la creación de un Consejo que se constituiría como un órgano de formulación, gestión y ejecución de las políticas de modernización y fortalecimiento del sistema de justicia, así como de la correcta administración y dirección financiera.

En la sesión de este miércoles se presentaron cuatro enmiendas por parte de los diputados Mario Taracena (Unidad Nacional de la Esperanza), Fernando Linares Beltranena (Partido de Avanzada Nacional), Cristina Quinto (Frente de Convergencia Nacional) y Marvin Orellana (Alianza Ciudadana); sin embargo, no fueron aprobadas. Durante la sesión se permitió el ingreso de grupos en favor y en contra de las reformas (40 personas de cada bando), según el protocolo de seguridad establecido por la Junta Directiva para garantizar el orden y el respeto, y en atención a recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El ingreso fue acompañado por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Asimismo, se colocaron pantallas en Pasos Perdidos y Casa Larrazábal para que más asistentes siguieran la sesión.

Por aparte, previo al inicio de la sesión de este miércoles, la Asociación de Constituyentes entregó al presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, una propuesta que contiene reformas a 11 leyes relacionadas con el Sector Justicia. Cuando los congresistas discutían las enmienda se rompió el quorum, por lo que Junta Directiva levantó la sesión y convocó a plenaria este jueves a las 10:00 horas, con el objetivo de continuar la interpelación al titular de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García.

Por Karen Mendoza

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República empezó este jueves las audiencias públicas para analizar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, presentado por el Organismo Ejecutivo, el cual asciende a Q87 mil 672 millones.

Según el cronograma aprobado por los parlamentarios, hoy acudieron autoridades de las siguientes instituciones: Ministerio de Finanzas, Banco de Guatemala, Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Economía y el Programa para la Competitividad, así como representantes de entidades de fiscalización del gasto público.

El titular de la cartera del tesoro, Julio Héctor Estrada, mencionó que la base del presupuesto son los planes operativos anuales de las entidades, y se elaboró con un enfoque de desarrollo humano, especialmente en áreas de educación, comunicaciones, infraestructura y vivienda, salud, seguridad y cambio climático.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, detalló su punto de vista técnico de los estimados en Producto Interno Bruto, importaciones y exportaciones. Indicó que la tasa de crecimiento nacional se ubicará en el año próximo entre un 3 por ciento y un 6 por ciento.

Durante su intervención, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano, dijo que la recaudación para el año próximo se proyecta en Q63 mil millones.

El titular de la Superintendencia de Bancos, Alejandro Arévalo, expuso que el crecimiento bancario es fundamental para financiar el presupuesto, por lo que parte del financiamiento de los Q87 millardos se obtendría por medio de préstamos y colocación de bonos.

El ministro de Economía, Víctor Asturias, hizo referencia a la necesidad de aprobar en el Congreso la Ley de Competencia, la de Zonas Francas y la de Leasing. Además, elogió las últimas aprobaciones legislativas, tales como la modificación al Código de Comercio, lo que apoya la Política Nacional de Competitividad.

Tras escuchar a los funcionarios, el diputado Rudy Castañeda, de Unión de Cambio Nacional, cuestionó los bajos niveles de ejecución presupuestaria de este año, las devoluciones fiscales y las fuentes de financiamiento. Al respecto, el congresista Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que la ejecución del gasto en 10 meses se mantiene en un 62 por ciento. “Es mejor seguir con el presupuesto vigente y presentar una ampliación presupuestaria que modifique algunos rubros, como Educación y Salud en los dos primeros meses del año próximo”, puntualizó.

El legislador Ovidio Monzón, del bloque Todos, detalló sobre la importancia de mantener un debate sobre el tema. Aunque no está de acuerdo con el techo presupuestario, aseguró que sus bancada está abierta al dialogo.

El diputado Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, cuestionó el crecimiento de la economía, el cual considera nulo. “Al no haber confianza y certeza jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento”, expresó.

La Comisión de Fianzas Públicas y Moneda programó 16 audiencias durante este mes con entidades que reciben fondos del Estado, con la intención que expongan sus necesidades, y se prevé entregar el dictamen a más tardar el 2 de noviembre para que sea conocido por el pleno.

El presidente de la sala de trabajo, Ervin Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, ratificó el compromiso de políticas de puertas abiertas, por lo que exhortó a las instituciones que prestan apoyo técnico en temas económicos y sociales a que soliciten ser incluidas en el cronograma para exponer sus posturas.

La siguiente reunión está programada para el martes 10, a las 10:00 horas, con autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y delegados de la Asociación Nacional de Municipalidades.

Para cumplir los compromisos del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, el Organismo Legislativo transmite en vivo las audiencias públicas por este sitio web, canal 57 de Claro TV Avanzado, Radio Congreso, Facebook Live y redes sociales.

Por Fernando Bolaños

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El diputado Leocadio Juracán, subjefe de la bancada Convergencia, organizó el foro De lo Coyuntural a lo Estructural, cuyo objetivo fue abrir un espacio de discusión integral con la sociedad, con el fin de analizar los últimos acontecimientos políticos y las peticiones de la población.

La actividad contó con la participación de distintas organizaciones sociales y analistas políticos, en donde se abordaron temas tales como El papel de los Medios de Comunicación en la Construcción de la Democracia, Reforma o Refundación del Estado y Construcción de una Nuevo Modelo Económico, entre otros.

“La población está indignada por algunas acciones del Ejecutivo y el Legislativo, por eso buscamos analizar la coyuntura de los últimos hechos, para que dentro de este foro se puedan vislumbrar soluciones que permitan sacar al país de la crisis que está viviendo”, indicó el diputado Juracán.

Acerca del papel de los medios de comunicación en la construcción de la democracia, la periodista Gladys Olmstead dijo que juegan un protagonismo importante para informar y formar a la población en los ejercicios ciudadanos en la lucha contra la corrupción.

El economista Eduardo Velásquez expresó que es necesario crear un nuevo modelo económico que contribuya al fortalecimiento del Estado y por ende el cumplimiento de los derechos humanos.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, se refirió a cómo afectan al país los hechos de corrupción, lo cual redunda en malos servicios, desempleo y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sandra Xinico, representante del Movimiento Nacional de Tejedoras, habló de los problemas estructurales del país, refiriéndose a la necesidad de eliminar la desigualdad, el racismo y la discriminación, para comenzar a construir un Gobierno incluyente. “Quien va a pensar en política en nuestras comunidades, cuando la primera preocupación es no tener para comer”, expresó.

Mario Sosa, antropólogo del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado, de la Universidad Rafael Landívar, disertó sobre un proyecto de Estado plurinacional, popular y multisectorial. “Aquí se pretende gestar una nueva organización política, en donde todos los pueblos estemos plenamente representados. Este nuevo régimen implicaría una nueva Constitución y la concreción de un nuevo pacto social basado en verdaderos intereses comunales”, expresó.

Por Rosemary Recinos

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Con 82 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este jueves el Decreto 19-2017 por medio del cual el Estado de Guatemala ratifica su adhesión a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del cual es parte desde el 30 de agosto de 1998.

La OIM fue creada en 1951, y constituye la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración que trabaja en colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. Está adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el año 2016.

La labor de este órgano internacional consiste en cerciorarse de que haya una gestión ordenada y humana de la migración, así como promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias y ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios.

Asimismo, en la sesión plenaria efectuada y en cumplimiento del artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los congresistas aprobaron el Acuerdo 28-2017, con el cual se designaron las comisiones de Asuntos Electorales y del Migrante a los bloques legislativos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos, respectivamente.

Dichas comisiones de trabajo fueron otorgadas a los referidos bloques de acuerdo a la proporcionalidad de diputados que tienen representación en el pleno, y será en una próxima plenaria en la que los jefes de dichas bancadas informarán quienes las presidirán.

Finalmente los diputados aprobaron el Acuerdo 29-2017 con el cual aceptan el veto al Decreto 3-2017, con el que se declaraba el 19 de mayo de cada año el Día de la Dignificación Nacional de la Iyom y/o Rati’t Ak’Al Comadrona de Guatemala. El veto fue emitido por el presidente de la República, Jimmy Morales, por no existir la fuente de financiamiento para implementación del cuerpo legal.

Por Karen Mendoza

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Los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, del Congreso de la República, que preside la diputada Karla Martínez, de Alianza Ciudadana, se reunieron este día con funcionarios del Ministerio de Salud, dirigido por Carlos Soto, con el fin de conocer detalles sobre la ejecución presupuestaria en la cartera y los planes de trabajo.

Durante la reunión el ministro Soto indicó que al tomar posesión del puesto encontró una ejecución general de 49 por ciento. Sin embargo, quitando el pago de salarios, apenas llegaba a un 29 por ciento. “Hasta el momento hemos logrado elevarla a un 54 por ciento”, aseguró.

También explicó que en los últimos días han subido 20 eventos de cotización, ya que el ministerio a su cargo no se puede dar el lujo de quedar desabastecido de medicinas y material quirúrgico, pues su deber es preservar la vida de los guatemaltecos.

Los congresistas solicitaron al funcionario que envíe un informe circunstanciado sobre la situación de la Unidad de Transparencia que funciona en el ministerio, pues trascendió que tenían la intención de desaparecerla, lo cual fue desmentido por el funcionario.

La diputada Martínez hizo hincapié en la importancia de dar seguimiento al Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica.

“Me preocupa de sobremanera que este programa apenas se haya ejecutado en un 19.23 por ciento, cuando en Guatemala un gran número de niños mueren cada año por esta razón. Le pido señor ministro que dé especial atención a este programa”, expresó la parlamentaria.

En otros temas, los diputados Mike Mérida, por Huehuetenango (Movimiento Reformador), Estuardo Galdámez, de Quiché (Frente de Convergencia Nacional-Nación), y Vivian Preciado, por San Marcos (Unión del Cambio Nacional), entre otros, solicitaron a los funcionarios que brinden atención a cada uno de sus departamentos, ya que con la llegada de las lluvias pueden surgir mayores necesidades.

La presidenta de la Sala anunció que la próxima semana volverá a citar al cuarto Viceministro de Salud, Rubén González y al Viceministro Técnico, José Roberto Molina, para que expliquen sus planes de trabajo, específicamente en el tema de saneamiento del agua.

Por Mayra Recinos

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Legisladores de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, del Congreso de la República, que preside la diputada Dolores Beltrán, de Movimiento Reformador, se reunieron con representantes de la Cámara Guatemalteca de Educación y Empresarios por la Educación quienes efectuaron propuestas en búsqueda de mejoras educativas.

Una de las propuestas se basa en el uso de tecnología que modernice la educación, según lo expuesto por Verónica Spross, de Empresarios por la Educación, quienes indican que enseñar con tecnología, es educar para el futuro, por lo cual impulsan la adquisición de equipos de computo para los centros educativos.

La Cámara Guatemalteca por la Educación, por medio de Elmer Palencia, solicitó la mediación de la Comisión ante el Ministerio de Educación, con el objetivo de cumplir lo dictaminado por la Corte de Constitucionalidad, respecto al amparo interpuesto por la Escuela Federal de Cunén, Quiché, que ordenó abrir los códigos para la carrera de Magisterio, a nivel nacional, y que vuelva a tres años de estudios como estaba anteriormente.

La diputada Beltrán expresó que la sala de trabajo mantiene la postura de conversaciones con la cartera educativa, con la finalidad que se abra no solo el código que reglamenta al magisterio en tres años, sino que se creen los códigos para las Escuelas de Artes Plásticas, Formación para el Hogar y Educación Física, con el fin de que los estudiantes puedan tramitar sus títulos.

Por Fredy López y Fernando Bolaños

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Con el propósito de conocer los criterios utilizados para otorgar las distintas becas de trabajo y educación otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), integrantes de la Comisión de Educación del Congreso se reunieron este miércoles con funcionarios de la referida cartera.

Carlos Ruano, director de Prevención Social del Mides, indicó que la adjudicación se hace mediante un estudio socioeconómico, en el cual se determina si el beneficiario pertenece al grupo de personas en pobreza y pobreza extrema, y destacó que la asignación para cada departamento es de acuerdo con una priorización.

“Estamos convencidos que los estudios socioeconómicos son el éxito de los programas; sin embargo, hemos recibido denuncias que han sido politizados debido a que las convocatorias no llegan a la población necesitada”, aseguró la presidenta de la comisión, Dolores Beltrán (Movimiento Reformador).

Por otra parte, el congresista Luis Hernández Azmitia, del mismo bloque, pidió a los funcionarios informes de los criterios de focalización y el diseño y normatividad del programa. “Tenemos datos de que están utilizando una metodología que no está determinada en los manuales de la institución, por lo que podrían estar incurriendo faltas administrativas y penales”, manifestó.

Finalmente, al concluir el encuentro la diputada Beltrán no descartó citar nuevamente al titular de esa cartera. “No quitaremos el dedo del renglón, debido a que este es un tema sumamente importante que debe ser dilucidado y que constituye un aporte para muchos guatemaltecos de escasos recursos”, expresó.

Por Karen Mendoza

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