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Los diputados Nineth Montenegro, Dorian Delfino Taracena y Héctor Leonel Lira, integrantes de la bancada Encuentro por Guatemala, presentaron hoy a la Dirección Legislativa 11 reformas al Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación, encaminadas a ordenar los procesos de elección de postulantes a altos cargos del Estado.

Entre los cambios se establece que dichas instancias responsables de proponer a los candidatos para diferentes cargos se integren en un plazo de 5 meses, previo a que el funcionario entregue el cargo. En el caso de las elecciones a magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia el plazo se amplía a 10 meses de antelación. Actualmente no todas las comisiones tienen un plazo legal o constitucional establecido.

“Vemos necesario plantear dichas reformas en virtud a que se aproximan elecciones fundamentales como la de Contralor General de Cuentas, que es el brazo y auxilio del Ministerio Público en casos de fiscalización, elección de magistrados de corte de apelaciones y del Instituto de la Defensa Pública Penal, razón por lo cual creemos que dichas reformas ayudarán a que estos procesos de elección sean transparentes y agiles”, dijo la diputada Montenegro.

Asimismo, la congresista aseguró que la normativa por primera vez prohíbe la publicidad y propaganda en las elecciones de los colegios de profesionales para integrar postuladoras. “Hacer propaganda y publicidad no tiene sentido, ya que estimula la impunidad y la corrupción en muchos casos, por lo que el tribunal electoral de cada colegio deberá de velar porque no haya propaganda y de que nada más se publiquen las planillas en los medios electrónicos de cada dependencia, en el diario oficial, y dos diarios de mayor circulación en el país”, afirmó.

Otro de los cambios a la normativa está encaminado ordenar las etapas de elección, las que quedan establecidas en seis, de la siguiente manera: elección del vicepresidente y secretario, establecimiento del cronograma de trabajo, elaboración de los instrumentos técnicos, etapa de convocatoria, selección, auditoría social y puntuación.

Por Karen Mendoza

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Los diputados de la bancada Movimiento Reformador citaron al director del Registro Nacional de la Personas (Renap), Enrique Alonzo; a la viceministra de Finanzas Públicas, Carmen Abril; al viceministro de Gobernación, Axel Romero, y a la canciller Sandra Jovel, para indagar sobre los avances en la entrega del Documento Personal de Identificación (DPI) a los guatemaltecos que residen en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

Según Alonzo, para cumplir con la meta, el Renap necesitaría una ampliación presupuestaria de Q337 millones 841 mil 597 para la adquisición de equipo nuevo e insumos, por lo que ya enviaron la documentación completa de la solicitud al Ministerio de Finanzas. “Solo contando con los recursos económicos podemos afrontar el reto”, aseveró.

La viceministra Abril indicó que recientemente recibieron la documentación de solicitud de ampliación del Renap, la cual, dijo, se debe analizar profundamente, para conocer la capacidad de ejecución que tienen, así como la priorización de gastos, ya que tenemos otras solicitudes como la del programa de Alimentación Escolar. “Consideremos que en un mes podemos dar una respuesta”, indicó la funcionaria.

El diputado Luis Hernández Azmitia, jefe de bancada, explicó que es un trabajo de coordinación interinstitucional, ya que Gobernación también debe estar listo con cartillas de pasaporte. “El pasaporte es uno de los requisitos que pueden a ayudar a los migrantes para obtener el DPI”, expresó.

Romero aseveró que actualmente cuentan con 52 mil cartillas de pasaporte, pero ya fue aprobada la adjudicación, lo que garantiza que para mayo se haga la primera entrega de 380 mil pasaportes.

Al ser indagada la canciller, indicó que según los datos que manejan, 2 millones 679 mil guatemaltecos radican en Estados Unidos. “Contamos únicamente con 19 consulados para atenderlos, por lo que necesitamos abrir otros, incluso en México y Canadá”, aseveró.

Actualmente solo 133 mil 393 conciudadanos tienen ya su DPI en Estados Unidos, explicaron las autoridades.

Para los congresistas es preocupante que no haya más avances dentro de las instituciones para cumplir con lo establecido en las reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016, donde se estableció el derecho al voto en el extranjero.

Según el diputado Alejandro de León, “debe haber una verdadera voluntad política para lograr que las próximas elecciones cuenten con la participación activa de los guatemaltecos que por primera vez podrán votar desde el extranjero”.

Los parlamentarios aprobaron la solicitud del diputado Nery Samayoa para que dentro de un mes se vuelva a citar a los funcionarios e informen si se aprobaron las transferencias presupuestarias. “De esta manera nos constituiremos con fiscalizadores del tema”, indicó el congresista Hernández Azmitia.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), coordinada por el diputado Carlos Fión, se reunieron con María Eugenia Barrios, viceministra de Educación, y directores de escuelas del área norte del municipio de Guatemala para encontrar soluciones a sus necesidades y demandas.

Los congresistas escucharon los requerimientos, los cuales giraron en torno a solucionar el déficit en infraestructura, falta de docentes y recursos didácticos, así como el traslado de personal del renglón 021 a 011 para lograr mayor estabilidad laboral.

“Esta situación viene de muchos años atrás, ya que estos centros educativos fueron creados sin una nómina, se creó la escuela o instituto, pero no se crearon los puestos”, explicó la viceministra.

“Faltan muchas plazas de docentes. Sin embargo, hay quienes tienen menos de diez alumnos pero por la legislación no los puedo mover. Además me enfrento a un déficit de Q680 millones debido a la Ley de Alimentación, cuyos fondos salen de este ministerio”, resaltó la funcionaria.

El diputado Fión comentó: “Esta es una problemática mucho más compleja, se tiene que incrementar el presupuesto, pero vamos a darle el seguimiento para encontrar alguna salida”. Agregó que el próximo jueves se recibirá a los directores de Guatemala Occidente para continuar con la intermediación.

Por Rosemary Recinos

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La Comisión de Salud y Asistencia Social fijó un plazo de 10 días a las autoridades del Ministerio de Salud para que presenten un informe circunstanciado de los proyectos de remozamiento de hospitales, abastecimiento de medicamentos y vacunas, así como los planes operativos para mejorar la atención de los menores que sufren desnutrición.

La presidenta de la sala de trabajo, diputada Sofía Hernández, del bloque Alianza Ciudadana, expresó: “Esto se solicitó por las dudas que surgieron en la citación, donde se expusieron los resultados del año pasado y las cifras del Plan Operativo Anual para el presente año. También se ha requerido que se traslade a la comisión un informe detallado de todo lo actuado en la administración de la exministra Lucrecia Hernández Mack, esto a solicitud del diputado Estuardo Galdámez (FCN-Nación)”.

El diputado julio Lainfiesta, del bloque Unión del Cambio Nacional, dijo que los integrantes de la comisión están anuentes a apoyar las acciones de las autoridades de Salud, pero también están requiriendo mejores resultados. “Vemos poco avance en varios de los temas, como la muerte materno infantil y el aumento de la desnutrición en los niños en varios departamentos del país”, expresó.

El viceministro de Atención Primaria de la cartera de Salud, Rubén González, indicó que están trabajando con 10,468 niños en los diferentes rangos de edad, de los que están amparados por la Corte de Constitucionalidad, pero hace falta llegar a la cifra de 18, 366 niños. “Esperamos completar la cobertura este año”, afirmó.

Por Fredy López

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El Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos, se reunió hoy con la Junta Directiva del Congreso de la República con el fin de dar seguimiento a la carta de entendimiento que se suscribió entre el Legislativo y la entidad que él preside.

Los congresistas le solicitaron al funcionario su acompañamiento para fortalecer la transparencia en la ejecución presupuestaria del presente año. “Me están pidiendo el acompañamiento de la Contraloría para llevar a cabo todos los procesos de ejecución presupuestaria de forma transparente” dijo Mencos al final de la reunión.

Agregó que los directivos también expresaron su interés porque se lleve a cabo una revisión de Ley de Contrataciones del Estado con el propósito de establecer cómo se pueden hacer algunas reformas que oxigenen la ejecución presupuestaria.

En tal sentido, se acordó que tanto la Contraloría como el Congreso elaborarán una lista de propuestas para alcanzar consensos y después proceder a hacer las modificaciones que son vitales, como por ejemplo al artículo 29 de la actual legislación, que contiene lo relacionado a la integración del precio oficial, así como lo referente a la subasta inversa “para ver cómo se puede hacer más dinámica, transparente y ágil”.

En otra parte de sus declaraciones a los medios de comunicación, Mencos se refirió a la solicitud de los alcaldes de modificar el artículo 97 de la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2018, con el fin de poder pagar las obras ejecutadas entre noviembre y diciembre del año pasado, y que se denomina como “deuda de arrastre”. El funcionario dijo que desde su punto de vista es inconstitucional, si se trata de excluir a la Contraloría, según el artículo 235 que rige dicha institución. “En consecuencia hay que determinar cómo está planteado”, expresó Mencos.

Por Byron Vásquez

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Durante una reunión de trabajo los diputados que integran la Comisión del Menor y de la Familia eligieron a la congresista Sandra Morán, del bloque Convergencia, como vicepresidenta, y al parlamentario Eduardo Ramiro de Matta, del Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación) como secretario de la sala de trabajo.

Además, los congresistas ratificaron y aprobaron el plan anual de labores, así como el cronograma de reuniones de trabajo, que serán dos sesiones por mes, los miércoles, y en el año se tiene como  meta que sean 24 sesiones de trabajo para fiscalizar a las instituciones encargadas del tema de la niñez y adolescencia.

El congresista Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz, presidente de la comisión, indicó: “Lo que estamos buscando es que se continúe con el trabajo del año pasado y estaremos fiscalizando el presupuesto asignado a la niñez y adolescencia, para que se vean los resultados.

Asimismo, se contempla que hoy se reúna con las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la delegada departamental de Huehuetenango de esa institución para darle seguimiento al trabajo en la región.

Por José Castellanos

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La  diputada Delia Back, jefa de la bancada Alianza Ciudadana, se reunió con la viceministra de Administración Interna de Finanzas, Carmen Abril, para pedir un informe sobre la entrega del aporte  constitucional del 10 por ciento establecido en la Constitución Política de la  República, denominado también situado constitucional.

El artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que “el Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez por ciento para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine, y destinado por lo menos en un 90 por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes. El 10 por ciento restante se puede utilizar para financiar gastos de funcionamiento.

Alcaldes de varias municipalidades se quejaron ante la diputada de irregularidades en la forma en que se entrega el aporte constitucional. Los artículos 119 y 120 del Código Municipal establecen que “la distribución se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 1) El 25% distribuido proporcionalmente al número de población de cada municipio. 2) El 25% distribuido en partes iguales a todas las municipalidades. 3) El 25% distribuido proporcionalmente al ingreso per cápita ordinario de cada jurisdicción municipal. 4) El 15% distribuido directamente proporcional al número de aldeas y caseríos. 5) El 10% distribuido directamente proporcional al inverso del ingreso per cápita ordinario de cada jurisdicción municipal”.

La congresista aseguró que la norma no se cumple en todos los casos, y que tiene  datos que demuestran que algunas municipalidades con mayor número de habitantes reciben menos recursos. Para verificar los datos y cruzar la información de acuerdo a la distribución del aporte la diputada solicitó un informe detallado a las autoridades a cargo del pago.

Durante la reunión se trató específicamente el caso  de la municipalidad de Sanarate, departamento de El Progreso. Esta municipalidad tiene registrados 52 mil habitantes y recibe Q789 mil al mes, mientras que a Granados, en  Baja Verapaz, con 25 mil habitantes, recibió 736 mil al mes.

La viceministra de  Finanzas, Carmen Abril, explicó que su cartera entrega los aportes a las comunas dependiendo de los datos que envían anualmente los alcaldes a quienes les hizo un llamado para que revisen y envíen los informes completos tal como establece la ley, para que no haya errores en las entregas. De todas formas se comprometió a verificar los datos, y las denuncias recibidas.

Por Karla Herrera

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María Sandoval y Elsa Hernández, de la Dirección de Previsión Social del Ministerio de Trabajo, comparecieron ante la diputada Dolores Beltrán, de la bancada Movimiento Reformador (MR), quien les cuestionó sobre las razones del atraso en el pago que el Ejecutivo efectúa a los adultos mayores, a nivel nacional, y específicamente en Retalhuleu.

A criterio de la congresista no hay razón para que a los “abuelitos y abuelitas” se les atrase el pago de Q400 que reciben mensualmente, como sucedió este año. “El pago debe ser puntual para todos los beneficiados en todo el país”, dijo Beltrán para quien la falta de trabajadoras sociales en el Ministerio de Trabajo afecta el programa, y que los pagos se hagan a tiempo.

María Sandoval, directora de Previsión Social del Ministerio de Trabajo, explicó están coordinando con el Ministerio de Finanzas para que se trasladen los recursos a los bancos lo antes posible; sin embargo, en algunas ocasiones el pago se atrasa unos días. Informó que el ministerio tiene contratadas siete trabajadoras sociales para todo el país y que necesitan una más.

Elsa Hernández, responsable del programa para el Adulto Mayor, informó que a nivel nacional 103 mil adultos mayores son beneficiados. En el caso de Retalhuleu, son 3 mil 107 las personas favorecidas. Este mes se incorporarán 10 más.

Hernández solicitó el apoyo de las municipalidades para que ayuden a los adultos en sus trámites. “En algunos casos no han podido tramitar su DPI, lo cual afecta a los adultos mayores que reciben este beneficio social y económico por parte del Estado”, expresó.

Por René Rodríguez

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En su primera reunión del período legislativo 2018-2019, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales eligió como vicepresidente al diputado Ervin Adim Maldonado Molina, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y como secretario al diputado Fidel Reyes Lee, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Durante la sesión, dirigida por su presidente, Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, los integrantes definieron como prioridad en su agenda el análisis de tres iniciativas de ley: la 5300, reformas al Decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicio; la 5374, que dispone aprobar reformas al Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; y la 5364, reformas al Decreto 17-73, Código Penal.

“Con la iniciativa 5300 se busca que las solicitudes de retirar el derecho de antejuicio sea expedito hacia la instancia que le corresponde, sin pasar por la Corte Suprema de Justicia”, explicó el diputado Linares Beltranena.

El congresista explicó además que la iniciativa 5374 pretende que el mecanismo de nombramiento de gobernadores departamentales sea por elección popular.

En cuanto a la iniciativa 5364, reformas al Código Penal, indicó que el propósito es tipificar el delito de pornografía infantil distribuida por internet.

“Nuestra premisa en la comisión es analizar las iniciativas de ley, basados en la Constitución Política de la República y cuidando que no sean redundantes”, apuntó el presidente de dicha sala legislativa.

Los integrantes de la comisión acordaron que las sesiones se llevarán a cabo los martes a las 11 de la mañana.

Por Antonio Ordoñez

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