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Diputados de la Comisión de Economía y Comercio Exterior solicitarán a la Instancia de Jefes de Bloque que se incluya en el orden del día martes 17 la iniciativa 5157, que contiene reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, con la intención de que sea aprobada por artículos y redacción final.

Es una propuesta de la Junta Monetaria y fue presentada por el Organismo Ejecutivo. “El propósito es proteger a los depositantes y sus ahorros, resguardar la formación del capital y la inversión, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional”, manifestó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos, quien fue convocado a la reunión.

Las reformas establecen medidas extraordinarias para preservar la estabilidad financiera y autorizan al Banco de Guatemala a financiar la capitalización de una entidad bancaria ante eventos adversos que propicien problemas severos de solvencia o liquidez.

Agregó: “Hay que aclarar que si hay responsabilidad de los administradores bancarios, ellos deberán afrontarla en lo administrativo y en lo penal en los tribunales, pero en lugar de cerrar la institución, el Banco de Guatemala entraría a administrarlo”.

El diputado Carlos Enrique Chavarría (Compromiso, Renovación y Orden), presidente de la referida sala legislativa, manifestó: “Esta es una ley muy buena; se trata de otorgarle facultad a la Superintendencia para intervenir un banco que tenga problemas y evitar que suceda lo que ocurrió con el Banco del Café o el Banco de Comercio”.

“Actualmente existen más de 16 millones de cuentas en el sistema bancario y es importante que se actualice nuestra legislación, para darle mayor certeza y tranquilidad de los cuentahabientes”, concluyó.

Por Rosemary Recinos.

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El diputado presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, Julio Longo, anunció que esta sala de trabajo acompañará a los querellantes en varias denuncias por supuestas estafas inmobiliarias que han afectado a miles de guatemaltecos que buscaban ser beneficiadas con subsidios del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi).

Entre los casos denunciados está el de la urbanización Forest Hill, en el municipio de San Raymundo, en el departamento de Guatemala, donde los vecinos que compraron su vivienda se quejan de que la empresa desarrolladora no cumplió con los compromisos del contrato con Foguavi, pues no entregó las 330 viviendas terminadas y la urbanización de la colonia no cuenta ni con drenajes.

“Hemos recibido al menos 14 grupos de vecinos que tienen problemas con las desarrolladoras, por proyectos en los que el Gobierno ya invirtió millones de quetzales”, dijo el diputado Longo luego de una reunión con vecinos de San Raymundo y de Escuintla afectados.

Por estos casos los residentes han presentado denuncias ante el Ministerio Público, ya que no sólo los vecinos están afectados, sino que Foguavi hizo desembolsos por estos proyectos habitacionales por alrededor de Q200 millones por cada proyecto.

“Vamos a darle seguimiento a las denuncias y vamos a elevar los casos a la Instancia de Jefes de Bloque para ver qué es lo que ellos consideran conveniente proceder”, concluyó el presidente de la Comisión de Vivienda.

El siguiente paso es la instalación de una mesa técnica junto al alcalde de San Raymundo y los vecinos para darle seguimiento a los casos.

Por Antonio Ordoñez

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La diputada Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza, llevó a cabo una mesa de trabajo y fiscalización con entidades de gobierno, nacionales y departamentales de Baja Verapaz, con el fin de agilizar diferentes proyectos atrasados debido a la burocracia.

La legisladora Matías, que preside la Comisión de la Mujer, se reunió con representantes de las alcaldías, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el objetivo gestionar avances en temas que han quedado estancados y afectan a las mujeres.

“Esperábamos contar con la participación de autoridades del Registro Catastral, pues debido a la falta de voluntad de la institución, a la fecha no se han entregado 325 escrituras, ya que Fontierras espera los planos para legalizar los terrenos a favor de los habitantes de varios municipios, siendo el 85 por ciento de estos propiedad de mujeres, lo cual nos preocupa”, expresó la congresista.

Asimismo, indicó que actualmente gestiona la construcción de un Centro Integral de Atención, en Salamá, Baja Verapaz, donde se atenderá A mujeres, niños y ancianos. Sin embargo, debido al poco interés de las autoridades de Salud, Ambiente y Conred, responsables de emitir los dictámenes necesarios, se podría perder el proyecto. “Es por ello que insisto en la necesidad de agilizar los procesos”, detalló la diputada.

También dijo que le preocupa el riesgo de que se pierda la donación de un terreno a una municipalidad donde se planea construir un polideportivo, debido a la burocracia en los procesos, por lo cual denunció que la regionalización de programas y la información desactualizada de las instituciones hace que no haya avances en proyectos importantes.

Por Freddy López

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La comisión legislativa de Asuntos Sobre Discapacidad, presidida por el diputado Juan Carlos Salanic, de la Unidad Nacional de la Esperanza, se reunió con directivos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), quienes presentaron a los legisladores el trabajo de acercamiento con entidades del Estado que han realizado para mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

El director del Conadi, Sebastián Toledo, explicó que la ronda de socialización es parte del plan de aproximación con las instituciones estatales para buscar nuevas estrategias que van de la mano con la iniciativa de ley 5125, de atención a las personas con discapacidad, que se encuentra en fase de discusión en el pleno del legislativo.

En la exposición se dio a conocer que a la fecha se han sostenido reuniones con 29 entidades, entre las que sobresalen los ministerios de Finanzas, Salud, Educación, Relaciones Exteriores, Cultura y deportes; así como la Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral, entre otras, con el fin de coordinar planes de trabajo para atender a las personas con discapacidad física e intelectual.

Asimismo, se informó que en Guatemala hay más de 1 millón 600 mil personas con alguna discapacidad, ya sea por nacimiento o accidente, y es por ello que se busca aumentar los planes para mejorar su inclusión en la sociedad, en lo laboral, educación, salud y cultura.

El congresista Salanic expresó que a la Comisión le preocupa que a pesar de los años de vida de Conadi, y otras instituciones a favor de las personas con discapacidad, aún falta mucho camino por recorrer. “Las instituciones del Estado juegan un papel importante para apoyarlas, por lo que como legisladores seguiremos buscando las estrategias necesarias para mejorar su calidad de vida”, puntualizó el diputado.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, recibió hoy al titular del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, quien junto a otros funcionarios de la cartera informó sobre la ejecución presupuestaria del presente año y explicó a detalle cómo se pretende invertir el presupuesto que le fue asignado en la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2018.

Según el ministro, el CIV tiene 16 unidades ejecutoras con una proyección de inversión del 71% para este año, y se espera que se le asigne un presupuesto de Q7 mil 289 millones para el año próximo, de los cuales se destinará un 70% para inversión, 15% para mantenimiento y 15% destinado a funcionamiento, con lo cual se pretende impulsar la mejora de carreteras puertos y aeropuertos.

Ante lo expuesto, el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, advirtió que dicho ministerio no ha cumplido con ejecutar su presupuesto durante este año, teniendo únicamente el 35% de ejecución a la fecha y “aún así solicitan una ampliación para el siguiente año”.

Al respecto, el ministro García afirmó que para las próximas semanas se espera avanzar en 58 proyectos de recuperación vial que han sido adjudicados por el CIV, la reconstrucción del tramo carretero que comunica de Cuatro Caminos a Huehuetenango y está por licitarse la reparación del puente Belice, en la ciudad capital.

El parlamentario Ovidio Monzón, de la bancada Todos, hizo ver la necesidad de tener un plan alterno para poder trabajar, de no ser aprobado el presupuesto solicitado, e instó a presentar otra propuesta, tomando en cuenta que los congresistas no quieren aprobar más bonos ni préstamos.

Los integrantes de la Comisión coincidieron con el ministro en que parte de la baja ejecución se debe a lo riguroso de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que analizaron la necesidad de efectuarle cambios y mejoras con un nuevo modelo de ejecución, que permita desembolsar en proyectos de una manera ágil pero manteniendo la transparencia.

Por Fernando Bolaños

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La sala legislativa de Derechos Humanos, presidida por la diputada Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se reunió este día para conocer las modificaciones a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que pretenden presentar ante el pleno.

Al referirse al trabajo previsto, la parlamentaria Sandoval dijo: “Es prioritario para todos los integrantes consensuar las enmiendas a la ley para que podamos presentarlas y que el pleno entre a conocer de inmediato la aprobación de las modificaciones y luego proceder a la elección de los relatores, porque es un tema urgente”.

Entre los cambios que se pretenden efectuar está que sean tres relatores titulares y tres suplente electos por un período de seis años (uno más que lo que se establece actualmente), y que la presidencia tenga una duración de dos años rotativos, en orden de mayor a menor edad.

Asimismo, se impulsará el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para que tenga cobertura nacional, fijando un monto de presupuesto anual para su funcionamiento.

Por Nery Morales

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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que preside la diputada Eva Monte Bac (Alianza Ciudadana), se reunió este miércoles para continuar analizando diferentes iniciativas remitidas por el Pleno.

En primera instancia recibieron a Jorge Luis Borrayo, nuevo titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), con el fin de tener un acercamiento y hablar de temas de interés mutuo, entre ellos la iniciativa 5318, referente al Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias.

Según indicó el diputado independiente Oliverio García Rodas, esta iniciativa merece un análisis exhaustivo, pues representa compromisos que deben ser cumplidos cuando sea suscrito.

“Los países grandes protegen su ambiente, pero ensucian el nuestro; hasta hace algunos años se veían barcazas navegando por el Caribe, viendo dónde podían depositar sus desechos”, dijo García Rodas, por lo que considera indispensable citar a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para conocer su opinión antes de emitir un dictamen.

Ante dicha solicitud, la diputada Monte Bac dijo que para el 25 de este mes citarán a las autoridades del MARN y de las carteras de Comunicaciones y de la Defensa, incluyendo al Viceministerio de Marina y la Dirección General de Navíos.

En otros temas, los congresistas recordaron que desde hace 8 meses trabajan la iniciativa 4485, ley orgánica del servicio diplomático, por lo que propondrán hacer una presentación en la Instancia de Jefes de Bloques para impulsarla y lograr su aprobación.

“Consideramos de suma importancia actualizar nuestra legislación en materia diplomática, pues la actual ley data aproximadamente de los años sesenta”, indicó la parlamentaria Monte Bac.

Por Mayra Recinos

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El diputado Juan Ariel Orozco Mejía (Frente de Convergencia Nacional), este miércoles presentó en la Dirección Legislativa la iniciativa 5365, ley que fomenta y regula el uso de la bicicleta, con la cual se busca que sea considerado como un medio de transporte alternativo y sostenible, que contribuya a la conservación del eco sistema ambiental del país.

Además, se contempla que se limite y erradique la contaminación mediante la emisión de gases para reducir los índices de enfermedades respiratorias y mejorar la salud de los habitantes en general. Al entrar en vigencia se obligará al Organismo Ejecutivo a crear un reglamento que fomente y regule el uso de la bicicleta para que los conductores tengan derechos y obligaciones.

“La bicicleta es un medio que la población utiliza para trasladarse al trabajo y en las grandes ciudades, como las nuestras, donde hay mucho congestionamiento vehicular, es necesario y urgente disminuir la alta contaminación”, aseveró el parlamentario.

El anteproyecto de ley tiene 17 artículos y contempla una serie de disposiciones, como las atribuciones que las municipalidades y las instituciones del Ejecutivo deben implementar sobre el control y regularización del uso y fomento de la bicicleta en todo el territorio.

Por José Castellanos.

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Cuando entre en vigencia la Ley de Alimentación Escolar serán beneficiados 2 millones 400 mil niños y niñas que asisten a 33 mil centros educativos públicos, y el presupuesto para ese rubro subirá a Q1 mil 900 millones (actualmente es de Q700 millones), pues a partir del próximo año se otorgarán Q3 diarios por alumno y en el 2019 serán Q4 diarios (actualmente es de Q1.11 diario).

En la presentación de los desafíos y beneficios de la referida norma el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, manifestó que la niñez que estudia en las escuelas públicas recibirá el 35 por ciento del requerimiento nutricional que necesita por día.

Recordó que la ley fue aprobada por el Congreso el 26 de septiembre y cuenta con el beneplácito del Fondo de las Nacionales Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

“Ha sido de un reconocimiento internacional; hay que resaltar que se incrementa hasta Q4, porque no podíamos concebir que un niño pueda alimentarse con un Q1.11 al día. Además, se promueve la economía local y se mejora la administración de la refacción escolar por medio de las 20 mil organizaciones de padres de familia, con lo cual se beneficia a 2 millones 400 mil niños y niñas que asisten a las escuelas públicas”, afirmó el presidente Chinchilla.

En dicha actividad participaron los diputados que integran el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) Capítulo Guatemala, así como de las comisiones de Salud, Educación y Seguridad Alimentaria.

El delegado de la FAO, Byron González, dijo: “Nos sentimos orgullosos de que esta Ley de Alimentación Escolar sea una realidad. Estamos rompiendo un paradigma de niños desnutridos en este país”.

Jairo Flores (Unidad Nacional de la Esperanza), coordinador del FPH, señaló que es una de las leyes sociales más importantes que ha sido aprobada por el Congreso de la República en los últimos 20 años.

“Significa que pasa de ser un programa de refacción escolar a una ley y asignar más recursos, aunque los Q4 son insuficientes para las demandas de una niñez saludable”, dijo Flores.

Karla Martínez (Alianza Ciudadana), quien preside la Comisión de Salud, expresó: “Todo esfuerzo vale la pena”. Citó las siguientes cifras sobre la situación actual de los menores en Guatemala: el 48.6 por ciento de la niñez guatemalteca padece desnutrición crónica, que equivale a 970 mil niños, 8 mil con desnutrición crónica y 166 muertos por desnutrición aguda en el país durante 2016.

Víctor Estrada (Movimiento Reformador), ponente de la iniciativa, manifestó su satisfacción por la aprobación de la norma y subrayó que los legisladores se pusieron de acuerdo para apoyar una ley que favorece a la niñez “porque un niño desnutrido no es un buen estudiante”.

Por Byron Vásquez.

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