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Con el apoyo  de varios profesionales del Derecho  que representan a grupos como  Guatemala Inmortal y Liga Pro Patria, el diputado Fernando Linares Beltranena mostró su preocupación por las posibles irregularidades en funciones del personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Tras referirse al accionar de dicha comisión,  el congresista  comentó que las irregularidades que denuncia han vulnerado los derechos humanos de varios guatemaltecos y de privados de libertad y consideró que es necesaria la aprobación de la iniciativa 5557, que derogaría el Decreto 35-2007 que dio vida al ente internacional.

Por su parte, los profesionales del Derecho manifestaron que es importante que los funcionarios de CICIG  sean investigados, pues en muchos casos penales se manipula la información y  las declaraciones de testigos o colaboradores eficaces, alterando  el debido proceso.

“Al aprobar la iniciativa que pone fin a CICIG también se anularía el convenio entre esta y el Tribunal Supremo Electoral, algo que evitaría que las Elecciones Generales de este año también puedan ser manipuladas” finalizó el legislador.

Por Estuardo Zeceña Santiago

Fotos Elder Carío

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Hasta lo que va del año las autoridades del Ministerio de Agricultura no han contratado bajo el renglón 029 a más de 100 maestros que laboran en las 4 escuelas de formación agrícola que funcionan en el territorio nacional.

Esa fue la razón por la que los diputados Leocadio Juracán y José de la Cruz Cutzal citaron a las autoridades de dicho ministerio para cuestionarlas y demandarles una solución al problema.

Sin embargo, el viceministro Felipe Orellana fue claro al indicar   que hay algunos problemas presupuestarios que impiden la contratación, pero esperan a finales de marzo solventar el problema.

Se acordó la integración de una mesa técnica con representantes de las Escuelas de Formación Agrícola y de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), quienes analizarán la posibilidad que los docentes puedan optar a plazas en el renglón 011.

Los diputados Juracán y De la Cruz reiteraron que  darán seguimiento a ambos temas y se reunirán para supervisar los avances necesarios y así  dignificar la labor de los docentes.

Por Estuardo Zeceña Santiago

Fotos Miguel Plato

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Al clausurar la primera promoción del diplomado denominado “La Transformación está en Mí”, el presidente del Congreso de la República,  diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar reiteró la importancia de la dignificación de los trabajadores del Estado y en este caso, del Organismo Legislativo.

“Contribuimos para la formación de líderes positivos en el país porque  es necesario”, recalcó el presidente del legislativo, al entregar diploma de participación a los 245 empleados que durante siete meses asistieron a las 30 lecciones donde se introdujeron valores y principios como el respeto, puntualidad, responsabilidad, tolerancia, entre otros.

El diplomado fue avalado por la Universidad de San Pablo de Guatemala, coordinada por la organización “Guatemala Prospera” y acreditada por la fundación internacional –Leadership Foundation, por medio  de su fundador, John C. Maxwell, escritor, coach y conferencista mundial.

.”Llegar a este momento es un orgullo para cada uno porque el buscar superación personal, no solo tiene un impacto en sus vidas, sino que influirá en sus familias, en su entorno laboral y en nuestra sociedad y el adquirir nuevos conocimientos y valores que hoy en día son necesarios”, confirmó el presidente Arzú Escobar.  A

Eduardo Magermans, director ejecutivo de Guatemala Prospera indicó “ahora depende de ustedes que nuestra Guatemala sea transformada y sea próspera y esto es solo posible en los esfuerzos que cada uno de los trabajadores yhagamos con los principios y valores adquiridos, agradezco a los diputados de la junta directiva que impulsan estos capacitaciones y talleres a empleados del Congreso de la República.

Por José Castellanos

Fotos Rodrigo Arias

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La diputada Alejandra Carrillo, citó al Contralor General en funciones, Fernando Fernández, y al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala  (USAC), Murphy Paiz, para conocer el informe sobre la auditoria forense realizado a dicha  casa de estudios.

Sin embargo ninguno de los titulares de ambas instituciones se hizo presente, por lo que la legisladora indicó que planteará una moción privilegiada solicitando que el Contralor comparezca ante el pleno del Congreso a presentar el informe.

“Hace más de tres meses se solicitó que la Contraloría realizara este trabajo, sin embargo, pareciera que no quieren  dar a conocer los resultados”, lamentó la congresista, quien agregó que si la Contraloría no tenía la capacidad de realizar el trabajo asignado, debió haberlo dicho en su momento.

Carillo planteó la solicitud de auditoria forense del ejercicio fiscal 2018, cuando  se sumó a la mesa técnica que evaluó el Presupuesto 2019 de la USAC.

Por Mayra Barillas Recinos

Fotos Edwin Méndez

 

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Vecinos de varias comunidades del municipio de Villa Nueva solicitaron la mediación del diputado Felipe Alejos y de la bancada Todos, pues quieren que se les garantice el derecho al acceso a los servicios de salud.

Atendiendo la petición, el diputado Alejos, Primer Vicepresidente de la Junta Directiva  y compañeros de bancada reunieron el viceministro de hospitales, Dr. Mario Figueroa para demandar soluciones a problemas planteados por los vecinos, entre otros, las deficiencias que se registran en hospitales y centros de salud.

Según  el diputado Alejos,   una visita de campo para fiscalizar el funcionamiento de estos centros evidenció la falta de personal, pocos insumos, daños en la infraestructura y malas prácticas médicas. deficiencias confirmadas por los vecinos,  quienes también resaltaron la necesidad de seguridad en lugares aledaños a los centros de salud.

\\\"No es posible que se esté vulnerando el acceso a la salud de los guatemaltecos, recibimos varias denuncias que ahora estamos atendiendo, esto quiere decir que las autoridades del Ministerio de Salud deben tomar cartas en el asunto\\\", refirió el diputado Alejos.

El legislador solicitó a las autoridades informes circunstanciados y los oficios   para dar seguridad a los hospitales y centros de salud,  así como dotarlos de insumos y personal. “Son temas que se pueden solucionar y estaremos atendiendo a las solicitudes que fueron manifestadas”, informó el viceministro Figueroa.

En la reunión, el diputado Boris España solicitó a las autoridades de la Cartera de Salud información en torno al proceso de apertura del centro de salud en San Jorge, Zacapa, el cual ha sido una de las principales peticiones de la población que habita en esa localidad.

“Han pasado cuatro años desde la creación de este municipio,  sin embargo este tema no ha sido tomado en cuenta, por ello exigimos que se habilite el centro de salud lo más pronto posible en beneficio de los usuarios”, resaltó el legislador España.

Los parlamentarios indicaron que darán seguimiento al tema y se cercioraran de las acciones que emprenda la cartera para darle solución a las demandas.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Elder Carío

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Una reforma al Decreto 90-2005,  Ley del Registro Nacional de las Personas es lo que propone la  iniciativa presentada por el tercer secretario de Junta Directiva, diputado Juan Ramón Lau, quien busca que tanto   el Documento Personal de Identificación (DPI) y las Certificaciones de Nacimiento no tengan fecha de vencimiento y que sean renovables por deterioro, cambio de datos o extravío.

De acuerdo con el legislador, la renovación del DPI cada 10 años es un gasto innecesario tomando en cuenta que los datos personales de los ciudadanos no tienen un cambio que amerite el cambio de documento, caso similar al de las certificaciones.

“Es un gasto en el que deben incurrir los guatemaltecos y por ello considero que no debe perder vigencia este documento\", indicó el legislador.

La propuesta fue remitida a Dirección Legislativa para que sea conocida por Junta Directiva que debe agendar su lectura en el pleno para iniciar su proceso de aprobación.

Por Isabel Mazariegos

Fotografías Elder Carío

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Los habitantes de las comunidades de la Reina y Don Pancho del departamento de  Escuintla,  afectados por la erupción del Volcán de Fuego, buscan que se les integre a los programas de ayuda y pueda construir una vivienda y para ello solicitaron la mediación del diputado Leocadio Juracán.

En respuesta el legislador programó una reunión a la que asistieron, Walter Monroy, de la  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); Erick Sánchez,  Viceministro de la Defensa; Rodolfo Lemus,  representante del Fondo Nacional de Tierras(FONTIERRA), y Marvin Lemen. director del  Fondo para la Vivienda (FOPAVI),

Sin embargo, autoridades de CONRED, FOPAVI Y DEFENSA, coincidieron que estas personas no pueden ser incluidas en el listado de beneficiarios, pues no fueron afectados en forma directa por la erupción del volcán, ocurrida el 1 de junio del año anterior.

Walter Monroy,  de la CONRED, aseguró que para estar dentro del programa de viviendas se tendrían que movilizar de los actuales terrenos donde viven y declara que el lugar no es apto para  ser habitado, algo que perjudicaría a muchas familias que tienen sus viviendas en buen estado.

“Luego de escuchar las declaraciones de las autoridades correspondientes, es necesario que se realice una nueva reunión con los habitantes de las comunidades y realizar una visita de campo”,  destacó el diputado Leocadio Juracan.

Por Karla  Herrera

 

 

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Las autoridades correspondientes no han nombrado al personal especializado que brinde atención institucional a las niñas y adolescentes sobrevivientes del incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, aseguró la  diputada Alejandra Carrillo, quien da seguimiento al cumplimiento del convenio tripartito para atender a estas menores.

Como parte de ese seguimiento, la congresista se reunió con  Axel Romero, Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, José Luis Donado, Procurador General de la Nación, y Ana Patricia Contreras, Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia.

“Este convenio se estableció entre las entidades antes mencionadas, con el propósito de  brindarles una atención integral, con oportunidades de estudio, trabajo y atención psicológica” explicó la diputada Carrillo.

El  viceministro Romero reconoció que  debido a un error administrativo  no se realizó la contratación del personal para este 2019, por lo que no se cuenta actualmente  con los psicólogos necesarios, aunque aseguró que ya se tomaron  las medidas correctivas y  pertinentes para solucionarlo.

El funcionario agregó que la falta de contratación no es el único problema,  pues también hay problemas presupuestarios, por lo que el convenio solo abarcaría el  cinco por ciento del total de la población.

“A dos años de la tragedia vemos falta de capacidad por parte de varias instituciones del Estado para atender y darle seguimiento a estas niñas, ya que de las 15 sobrevivientes del incendio, una adolescente se encuentra embarazada y otra se reporta como desparecida” dijo la diputada.

Comentó que al momento de la tragedia, se encontraban más de 500 niños y adolescentes resguardados en ese hogar, de los cuales solo se está atendiendo a 26, “nos reuniremos nuevamente para conocer específicamente a donde fueron trasladados y  en qué condiciones se encuentran”, afirmó la parlamentaria.

Por Rosemary Recinos.

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La Instancia de Jefes de Bloque citó al Director del Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leopoldo Guerra,  quien   fue cuestionado en torno al proceso de la inscripción de los candidatos a cargos de elección popular, los requisitos y los impedimentos para optar a los mismos.

También  fue consultado respecto a la responsabilidad y los criterios de revisión de los expedientes y las constancias transitorias de inexistencia de reclamación, conocidos como finiquitos provisionales.

Guerra señaló que la extensión o revocatoria de los documentos en mención, es una responsabilidad  que compete únicamente  a  la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), por ser la institución que los emite.

En el caso de la revocación de inscripciones a candidatos a diputaciones, explicó que el criterio utilizado es lo que establece el artículo 205 Ter, de las reformas aprobadas en el 2016, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

De acuerdo con datos proporcionados por el funcionario, a la fecha el tribunal ha inscrito formalmente a un aproximado de 5,600 ciudadanos que aspiran a un cargo en la administración pública. El plazo para entregar los documentos requeridos vence a las 24:00 horas del domingo 17 de marzo, un día antes de que arranque la campaña electoral.

El proceso de elecciones generales se llevará a cabo el próximo domingo 16 de junio,  y en caso de ser necesario se celebrará una segunda vuelta el domingo 11 de agosto y en ellas se renovarán los titulares de los cargos de elección popular de la República de Guatemala.

Por Karen Mendoza

Fotos Rodrigo Arias

 

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