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La bancada Encuentro por Guatemala (EG), que coordina la diputada Nineth Montenegro, se reunió este miércoles con César Elías, subcontralor del Gasto Público, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), a quien solicitó datos de las auditorías hechas a la empresa Norberto Odebrecht S.A. en el período 2012-2017.

El funcionario, pese a dejar en claro que no puede dar mayor información porque el caso fue declarado bajo reserva por las investigaciones del Ministerio Público (MP), ratificó que se desembolsó el 70 por ciento del monto del contrato de construcción de la carretera que de Cocales, Suchitepéquez, conduce al departamento de San Marcos.

“Es realmente irrisorio que hayan pagado un 70 por ciento del contrato cuando la obra apenas llegó a un 30 por ciento de avance físico, y peor aún, que los auditores de la Contraloría no hayan levantado la voz de alerta”, aseveró la parlamentaria Montenegro.

Agregó que se violaron los artículos 65 y 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que solicitó al subcontralor que le envíe un informe con los nombres de los profesionales que trabajaron dicha auditoría desde el año 2012, pues se podrían deducir responsabilidades.

Los congresistas lamentaron no poder despejar la mayor parte de sus dudas, debido a la reserva que el MP mantiene en el caso; sin embargo, instaron a las autoridades a que den información del avance de las investigaciones.

La diputada Montenegro anunció que citará al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García; al jefe de la CGC, Carlos Mencos, y a representantes de la Procuraduría General de la Nación, para continuar con este asunto.

Por Mayra Recinos.

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Con el voto favorable de 106 diputados el Pleno resolvió declarar sin lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas contra de Mario Méndez Montenegro, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por lo que se comunicará inmediatamente lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia.

El caso fue promovido por José Antonio Coronado López en contra del funcionario por incumplimiento de deberes al no reinstalarle mediante orden de juzgado laboral.

La comisión pesquisidora fue integrada por los diputados Marvin Orellana (Alianza Ciudadana) presidente; Felipe Alejos (Todos) secretario, y Jaime Lucero (Unuión del Cambio Nacional) vocal, quienes después de las diligencias recomendaron al Pleno declarar sin lugar la acción promovida contra el ministro Méndez.

Por aparte, en la sesión plenaria llevada de este martes los diputados iniciaron la discusión de las enmiendas presentadas para reformar la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Antes de dicha discusión el diputado Ronald Arango (Todos) informó que la Comisión de Derechos Humanos está consensuando una serie de enmiendas para presentarlas la próxima semana, por lo que solicitó suspender el conocimiento de las enmiendas leídas por secretaría, pero solo contó con 62 votos a favor.

De igual manera se pronunció el diputado independiente Oliverio García Rodas, quien propuso posponer la mencionada discusión de reformas e incluirla en el orden del día de la próxima semana, pero también fue improbado por el Pleno.

Al no existir quorum necesario para continuar con la discusión de las mencionadas reformas, el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, levantó la sesión y convocó para este miércoles a las 14:00 horas.

Por Nery Morales.

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Diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se reunieron con representantes de organizaciones de maestras de párvulos y con el viceministro de Educación Héctor Canto, con el fin de avanzar en el análisis de la iniciativa de ley 4921, para la protección integral de la primera infancia.

En la reunión las educadoras expresaron no estar de acuerdo con la creación de un nuevo sistema para que los niños de seis años de edad puedan pasar a primer grado de primaria sin cursar párvulos, pues a su juicio en esa etapa aún no están preparados psicológicamente, lo cual les podría afectar en los siguientes años escolares.

El viceministro Canto justificó esa propuesta al asegurar que la cartera de Educación estará implementando planes estratégicos para que los niños puedan adaptarse, haciendo la salvedad que se aplicará sólo a infantes que cumplan con las capacidades de lectura y escritura requeridas para avanzar a primero primaria.

Tras escuchar a ambas partes, la diputada Alicia Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador y presidenta de la sala de trabajo, indicó que la iniciativa seguirá siendo analizada con el fin de evitar que sean afectados tanto los niños de nivel preprimario como los docentes.

La propuesta de ley en cuestión fue presentada por el presidente de la Comisión del Menor y la Familia, Walter Félix, con la intención de proteger a la niñez guatemalteca desde su gestación hasta los seis años de edad.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso continuó este día con las audiencias públicas para conocer los informes de ejecución presupuestaria de las entidades del Estado del presente año y sus requerimientos para ser incluidos en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Los diputados de la sala de trabajo recibieron al titular del Ministerio de Cultura Deportes (Micude), Luis Chea, y al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, quienes rindieron cuentas y expresaron sus requerimientos financieros para la gestión del año próximo.

El diputado Aníbal Rojas, de Visión con Valores, cuestionó que este año se otorgó al Micude un presupuesto de Q11 millones para restaurar el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y “hasta el momento no se ha realizado”.

Asimismo, el congresista Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza, comentó que al Consejo Nacional de Protección de Antigua Guatemala se le asignó un presupuesto de Q6.5 millones, pero por un error mecanográfico se otorgó solo Q6 mil 500, para una institución de 125 trabajadores.

Por aparte, el legislador Jaime Regalado hizo ver la falta de apoyo del Micude para el departamento de Petén, especialmente en los sitios arqueológicos que generan más de 220 mil visitas anuales de turistas y pese a ello “algunos parques ni siquiera cuentan con asignación presupuestaria”.

José Luis Chea, titular del Micude, expuso que solicitó al Ministerio de Finanzas Q525millones para las artes, la cultura y el deporte para el año próximo, pero sólo se le asignaron Q342 millones, cifra que a su criterio no se adecua a las necesidades de la cartera. “Necesitamos construir una escuela de arte dramático y cine, un nuevo conservatorio de música, remodelar Radio Faro Cultural y la Escuela de Danza, comentó el Ministro.

También dijo que el recorte presupuestario afectaría el remozamiento de patrimonios como el Teatro Nacional y Palacio Nacional de la Cultura, para lo cual se requieren más de Q15 Millones, sin tomar en cuenta sitios arqueológicos en Antigua Guatemala y en Petén, como Tikal y El Mirador, que no cuentan con recursos para inversión.

Requerimientos del IGSS

La Comisión también conoció la necesidades del IGSS, cuyo presidente, Carlos Contreras, requiere un presupuesto del Estado de Q5 mil 106 millones, pero se le asigna únicamente Q800 millones, creando un déficit de Q4 mil 300 millones.

“El déficit hace difícil que podamos cumplir con los afiliados, pues aunque contamos con los ingresos de los patronos y trabajadores la atención se ve disminuida por falta de ingresos”, afirmó Contreras.

El IGSS se mantiene con un presupuesto anual de Q14 mil 191 millones, aproximadamente, de los cuales un porcentaje otorga el Gobierno para que se atienda a los trabajadores estatales, lo cual se complementa con pagos de trabajadores privados y patronos.

El monto total solicitado por el Gobierno para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 asciende Q87 mil 922.9 millones. La Comisión continuará con las audiencias públicas.

Por Fernando Bolaños

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El diputado Julio Lainfiesta, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), se reunió con Manuel Antonio López, coordinador del Fondo Social de Solidaridad (FSS), del Ministerio de Comunicaciones, con el objetivo de conocer el avance de las obras que realiza en todo el país, especialmente en los departamentos de Jalapa, Petén y San Marcos.

López explicó que actualmente el FSS trabaja con ocho convoyes que van por todos los departamentos, de acuerdo a las necesidades de cada lugar y es así como priorizan los trabajos. Además agregó que el Fondo trabaja únicamente en el mejoramiento de los tramos no registrados en la Dirección General de Caminos.

En cuanto a los datos requeridos por el parlamentario, López indicó que en Petén han avanzado con los tramos de dos aldeas: La Máquina e Ixlú. Sin embargo, comentó que el departamento de Jalapa lo atenderán hasta el año próximo, ya que conlleva un gran esfuerzo trasladar los convoyes completos a las distintas regiones del país.

“En anteriores citaciones la diputada Vivian Preciado (UCN), representante del departamento de San Marcos, me solicitó apoyo para avanzar en algunos caminos, y me es grato informarle que esperamos terminar la carretera de Pajapita y la que va de Quetzaltenango para San Marcos”, comentó López.

El congresista Lainfiesta solicitó que incluyan en la priorización de obras del año próximo al departamento de Jalapa, así como continuar trabajando Petén. “En realidad quisiéramos que todo el país fuera atendido, porque Guatemala es una sola, pero estamos conscientes de nuestras limitaciones”, afirmó.

Durante la citación trascendió que el FSS tiene un total de Q2 mil 700 millones de deuda en obras de arrastre, además estiman que hay un aproximado de siete mil expedientes de obras, los cuales hasta el momento no han logrado ordenar, por lo que el congresista solicitó que inicien un inventario totalmente organizado.

De tal cuenta diputado Lainfiesta concluyó la reunión solicitando que les entreguen de forma trimestral el informe del avance del inventario de obras, pagos y deudas que se comprometieron a terminar en aproximadamente un año.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales iniciaron el análisis de cuatro iniciativas pendientes de dictamen, las cuales establecen reformas a los decretos 17-73, Código Penal; 55-2010, Ley de Extinción de Dominio; 90-2005, Ley del Registro Nacional de Personas (Renap), y 85-2002, Ley en Materia de Antejuicios.

En cuanto a las modificaciones al Código Penal la propuesta pretende crear figuras delictivas para aplicar penas más severas dentro del orden jurídico, agregando el delito de terrorismo de orden público.

Las reformas al decreto 55-2010 contemplan que los bienes inmuebles obtenidos por actividades ilícitas o delictivas se trasladen también a instituciones educativas, como la Universidad de San Carlos, y de Salud Pública.

“Estamos apoyando que se haga más versátil la Ley de Antejuicios; el objetivo es que se agilicen estos procesos y que haya tiempos perentorios para resolverlos”, manifestó el diputado Javier Hernández, jefe de la bancada Frente de Convergencia Nacional.

Por su parte, el diputado Cornelio García, presidente de la comisión, indicó: “Hay un proyecto que busca ampliar el plazo para que se unifiquen las plataformas tecnológicas del Estado con las del Renap, ya que este venció en el 2016 y se pretende prorrogarlo”.

La intención de la sala es entregar los dictámenes antes de que concluya este periodo legislativo, para que las iniciativas no sean archivadas el próximo año.

Por Rosemary Recinos.

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El pasado 9 de octubre fue electo como segundo vicepresidente del Parlamento Indígena de América (PIA) el diputado por Totonicapán, Marcos Fernando Yax Guinea, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), para un período de dos años, tiempo durante el cual promoverá la participación políticos de indígenas, así como el comercio de la artesanía guatemalteca.

La elección se llevó a cabo en Panamá durante la XVII Asamblea Ordinaria con la participación de 16 delegados de los órganos legislativos que integran el PIA. También se realizó un conversatorio sobre los temas siguientes: cambio climático, biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria.

El legislador Yax dijo: “Obtuve la segunda vicepresidencia del Parlamento Indígena de América y esto significa que Guatemala está abriendo las puertas y la vamos a promover a través de esta instancia que tiene representación de 23 países, desde Canadá hasta Chile”.

Entre su plan de trabajo se encuentra promover los derechos de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. “Hoy como diputado del Congreso de la República, es un honor para mí porque voy a poder promover que se respeten los derechos de nuestros hermanos migrantes que en su mayoría son indígenas y que se encuentran en Estados Unidos. Las estadísticas muestran que casi el 70 por ciento de los migrantes indígenas guatemaltecos han migrado a esta nación del norte”.

El legislador Yax también mencionó que promoverá la participación indígena en la política y su capacitación en el extranjero, tal y como él tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos.

“Queremos promover las artesanías guatemaltecas en otros países con el objetivo de que nuestros connacionales indígenas puedan comercializar sus productos para obtener ingresos económicos”, subrayó el diputado Yax.

La junta directiva del PIA es integrada de la siguiente manera: Ausencio Palacios, de Panamá, como presidente de la entidad; Florence Levy Wilson, de Nicaragua, primer vicepresidente; Marcos Yax, de Guatemala, segundo vicepresidente; y como vocales Flora Aguilar y Richard Charamelo, ambos de Uruguay.

Por Byron Vásquez

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El director ejecutivo de Registro Nacional de la Personas (Renap), Enrique Alonzo Aceituno, se presentó ante la Comisión de Finanzas y Moneda de Congreso de la República con la solicitud de un presupuesto de Q657 millones para el año próximo, y detalló los gastos anuales y necesidades de la institución.

Según el funcionario, el monto solicitado serviría para el pago de personal, servicios básicos, material y suministros, compra de equipos de cómputo y sistemas de captura de datos, ya que los equipos actuales son obsoletos. “Necesitamos adquirir 762 estaciones de captura de datos y 1,580 licencias de Office para lo que requerimos Q57 millones”, explicó.

En la reunión se conoció que el próximo año 2 millones 128 mil nuevos ciudadanos harán uso del Renap, anualmente se emiten 385 mil inscripciones y 5 millones de certificaciones de nacimiento. El Documento Personal de Identificación (DPI) es el que tiene el costo más elevado (Q85), aunque el valor real es de Q115 por cada documento.

Los principales cuestionamientos de los legisladores se centraron en la autosostenibilidad del Renap, lo cual en 10 años de funcionamiento no lo han logrado y no se proyecta a un futuro inmediato, dijo el diputado Félix Ovidio Monzón, de bancada Todos.

El congresista Aníbal Rojas, de Visión con Valores, hizo ver que si el Renap funcionase como empresa privada estaría en quiebra, pues vende un producto más barato de lo que produce. “Año con año solicitan aumento presupuestario sin tener el alcance necesario, como atender guatemaltecos en Estados Unidos, donde trabajan por medio de consulados y no hay oficinas de la dependencia”, concluyó.

ESPACIO PARA LA CULTURA

La comisión también escuchó a los representantes de las entidades Festival Ícaro Internacional, Feria Internacional del Libro (Filgua) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quienes fueron excluidos del presupuesto del Estado para el año 2018, lo cual generó inconformidad entre los diputados.

“Es increíble que entidades tan importantes de beneficio académico para el desarrollo del país hayan quedado fuera del presupuesto. Queremos creer que esto solo fue un error que debemos enmendar”, argumentó el legislador Rudy Castañeda, de Unión del Cambio Nacional.

Para este año Filgua e Ícaro tenían asignado Q1 millón y Flacso Q3 millones 600 mil, pero para el presupuesto estatal del próximo año no fueron tomados en cuenta, expusieron sus representantes.

Por Fernando Bolaños

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Las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), comparecieron este lunes ante la Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloques para exponer la iniciativa 5311, que pretende reformar el Código Procesal Penal, con el propósito de adicionar un título denominado Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos.

La iniciativa fue aprobada por el Pleno de la CSJ el 30 de mayo y remitida inmediatamente al Congreso de la República, donde se envió a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y a la de Reformas al Sector Justicia para su discusión y dictamen.

Según las togadas Dávila y Morales con las modificaciones a la norma se pretende la utilización de mecanismos alternos para la administración de justicia y resolver más casos en menos tiempo, lo cual significaría ahorrarle costos al Estado.

“El hecho de que la persona se declare culpable y acepte los cargos que se le imputan le dará el beneficio de una reducción de la pena y provocará un resarcimiento a las víctimas”, explicó la magistrada Morales.

Los parlamentarios expusieron dudas en cuanto a los beneficios y alcances de la propuesta y se comprometieron a estudiarla con detenimiento antes de someterla a votación.

Por aparte, los directivos y jefes de bloques aprobaron el orden del día para las sesiones plenarias programadas para esta semana: martes y miércoles a las 14 horas.

Entre otros temas, para el martes 17 se incluyó en la agenda la elección de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

También se contempla la elección de catorce magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría.

Por Nery Morales.

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