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La Comisión del Menor y la Familia conoció este día la proyección del presupuesto con enfoque de los derechos de la niñez y adolescencia, en donde al menos 10 entidades presentaron sus compromisos que asumirán para el año 2018, y de ellas cinco no presentaron información presupuestaria.

Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y presidente de la sala de trabajo, indicó que después de conocer los datos presupuestados para la niñez y la adolescencia solicitará a la Comisión de Finanzas y Moneda los requerimientos de las instituciones con la finalidad de que los tomen en cuenta al momento de emitir el dictamen del presupuesto general del Estado para el año próximo.

Mónica Mazariegos, de la mesa técnica del presupuesto con enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, llevó a cabo la presentación de las cifras y los compromisos asumidos por cada entidad y las cifras de los recursos financieros para su cumplimiento.

El Ministerio de Finanzas Públicas ha asumido el compromiso de brindar capacitación en los temas específicos de compras del Estado y presupuesto por resultados a las instituciones públicas cuyo presupuesto cuente con un enfoque de los derechos de la niñez y adolescencia y para ello tiene proyectado destinar Q7.6 millones.

La cartera de Salud Pública y Asistencia Social, tiene el compromiso de que un 80 por ciento de niñas y niños menores de 1 año de edad, que viven en los 166 municipios priorizados, sean vacunados. Se pretende dar cobertura a un 50 por ciento de la niñez, para ello requiere un presupuesto de Q492.2 millones.

El Ministerio de Educación, a través del Plan Estratégico de Educación 2016-2020, contempla el fortalecimiento de los programas y proyectos escolares, y lo dividen en dos áreas, como el subsistema escolar que es de Q61.2 millones; el subsistema extraescolar Q41.6 millones; y al hacer la sumatoria totaliza Q102.8 millones.

Mientras tanto, el Ministerio de Cultura y Deportes, solo señala que pretende atender en actividades deportivas y recreativas a 39 mil niños y adolescentes, y no se cuenta con ninguna cifra presupuestada para ello.

El Ministerio Público tiene como compromiso la creación de cuatro agencias de la Niñez y Adolescencia, para este rubro requiere de un monto de Q18.9 millones. En lo que concierne al Ministerio de Trabajo, dicha entidad no presentó compromisos ni cifras de recursos financieros.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, tiene el compromiso de articular acciones de prevención y atención adecuada a víctimas de la violencia sexual, de explotación y trata de personas, para ello requiere de Q11 millones.

En el caso de la Secretaría de Bienestar Social, por su estructura cuenta con tres subsecretarías y desarrolló un compromiso para cada una de ellas. El primer compromiso es atender durante 11 meses del año a la niñez y adolescencia que se encuentra en pobreza y pobreza extrema que vive en el sector donde se encuentra el centro de atención integral, para ello tiene presupuestado Q491 mil 067 y para la contratación de recursos humanos Q749 mil, lo que hace un total de Q1.2 millones.

Para la siguiente subsecretaría, el compromiso consiste en brindar educación a adolescentes en conflicto con la Ley Penal a través de programas de educación de primera, básicos y diversificado, así como educación acelerada por correspondencia, para esto se requieren Q400 mil y para la contratación de personal Q915 mil, totalizando Q1.3 millones.

La tercera subsecretaría tiene previsto ejecutar el compromiso de desinstitucionalizar los niños y adolescentes que están bajo la cobertura del Estado, y para ello se necesitan Q8 millones.

Mientras tanto, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, se ha comprometido con reducir la desnutrición aguda en el país en los menores de 6 años de edad, y facilitar la atención educativa a los niños y niñas en educación inicial, no presentó cifras de recursos financieros.

La Procuraduría General de la Nación, asumió como compromiso intervenir y proteger a los 19 mil 500 niños y adolescentes que se encuentran en vulneración de sus derechos, así como aumentar la cantidad de casos resueltos que se encuentran en proceso de judicialización, no registra ninguna cifra presupuestada.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, tiene el compromiso de contribuir a supervisar a las instituciones que conforman el sistema integral de protección de la niñez y adolescencia para que garantizar sus derechos, y no menciona cifras de recursos financieros.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República escuchó las pretensiones presupuestarias para el año próximo y ejecución anual de los Ministerios de Desarrollo Social (Mides) y Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en la sesión pública de análisis efectuada este miércoles.

El titular del Mides, Ennio Galicia, presentó el detalle del presupuesto solicitado, aunque ante consulta de diputados dijo no estar conforme con el monto, el cual fue elaborado por el anterior ministro, por lo cual la comisión le solicitó enviar su borrador presupuestario el lunes próximo.

La cartera cuenta con un presupuesto de Q923 millones para el presente año y solicitó un aumento de Q286 millones para 2018. No obstante, la ejecución presupuestaria fue seriamente cuestionada por congresistas al demostrar que únicamente se ha utilizado un 26.8 por ciento de lo asignado. “No es posible que con tan baja ejecución soliciten un aumento”, expresó el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Otros legisladores solicitaron transparentar el programa de entregas económicas condicionadas, pues actualmente no se ha pagado ante la falta de un censo, lo cual da lugar a irregularidades al no haber registros actualizados. Al respecto, los congresistas Aníbal Rojas (Visión con Valores) y José Conrado García (independiente) aceptaron que hay una acometida sistemática de la Contraloría General de Cuentas contra las compras de las instituciones propiciando una parálisis gubernamental, lo cual hace urgente modificar la Ley de Compras del Estado.

El ministro indicó que a la fecha 40 mil familias han recibido el beneficio económico y para fin de año se incluirán 153 mil más que se encuentran evaluando, lo cual hará que en los últimos meses se eleve el gasto del ministerio, proyectando una ejecución final de 77%.

Agricultura pide mayor asignación

En la segunda parte de la reunión se escuchó la solicitud efectuada por el titular del MAGA, Mario Méndez Montenegro, quien pidió una asignación de Q2 mil 89 millones, aunque solamente le fueron otorgados por el Ministerio de Fianzas Q1 mil 388 millones, habiendo un diferencial de Q701 millones.

El funcionario hizo ver que este año se otorgó el presupuesto más bajo de los últimos 12, con Q1 mil 85 millones, por lo que recibió transferencias de Q540 millones para poder cumplir con sus programas, ello a pesar de ser el ministerio que cuenta con la mayor ejecución proyectada para 2017, la que superará el 92%.

Respecto al trabajo ministerial, los legisladores cuestionaron la poca accesibilidad a los sistemas de riego en algunos departamentos, poco interés de intercambiar experiencias en materia de cultivos con Israel, y las complicaciones en la forma de distribuir fertilizantes y suministros para agricultores cuyas cosechas están en riesgo. Finalmente se le instó al Ministro a trabajar en el combate del hambre en los lugares afectados por el cambio climático.

Por Fernando Bolaños

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En reunión conjunta de los diputados que integran la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH) Capítulo Guatemala, este miércoles analizaron las enmiendas a la iniciativa 4947, ley de agricultura familiar para el fortalecimiento a la economía campesina, la cual se encuentra en discusión en su segundo debate.

A la actividad parlamentaria acudió Mario Méndez Montenegro, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Carmen Abril, viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas, y Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Guatemala, así como expertos locales e internacionales en temas de la materia.

Durante la reunión escucharon a Fátima Brandalise, experta internacional en agricultura familiar, quien expuso la importancia que tiene la normativa en las comunidades rurales donde existe pobreza y pobreza extrema, además del avance socioeconómico, desarrollo financiero e implementación en las áreas rurales pobres de Brasil, Argentina, Perú y Bolivia.

En el análisis se discutió la asignación presupuestaria para la normativa cuando entre en vigencia, registro único de usuarios del programa de agricultura familiar, implementación de las compras públicas de alimentos de origen agrícola y pecuario, reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y los efectos del cambio climático en las comunidades en pobreza extrema de Guatemala, entre otras consideraciones.

El diputado Jairo Flores (Unidad Nacional de la Esperanza) coordinador del (FPH) mencionó: “Es una iniciativa de importancia nacional que va de la mano con la Ley de Alimentación Escolar aprobada recientemente; como diputados debemos impulsarla en las bancadas a las que pertenecemos para que tenga los votos necesarios y aprobarla para el beneficio de las personas que viven en las comunidades pobres, donde hay hambre y desempleo”.

“Creemos mucho en Guatemala, creemos en que se puede salir de la pobreza y el hambre, creemos en esta ley como un medio para lograrlo; esto no es dar dádivas, es construcción, desarrollo y salir de la pobreza mediante un empleo digno, producción, mercadeo e integración de las cadenas de valor. A eso se le está apuntado; aquí ganan el país y la gente pobre”, destacó el representante de la FAO.

El congresista Nery Samayoa (Movimiento Reformador) presidente de la sala de Agricultura refirió que con la aprobación de la ley se verán beneficiadas las familias de los agricultores y campesinos de las áreas rurales. “Lo que queremos es que el Ministerio de Agricultura ya no regale cupones sino que entregue los alimentos en donde se requieren, donde hay desnutrición y pobreza; ya es hora que a las comunidades se les atienda como debe de ser”, puntualizó.

Por José Castellanos.

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La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del Congreso de la República, recibió a dirigentes del Sindicato de Ciegos Unidos de Agentes Vendedores de Lotería Santa Lucía, quienes le solicitaron mediar por ellos para que de nuevo sean autorizados para vender números de la lotería, ya que desde hace 16 meses fueron suspendidos.

Asimismo, pidieron a los legisladores revisar el decreto 577, que le da vida a Lotería Santa Lucía, y retomar la iniciativa 4496, presentada por la congresista Nineth Montenegro en el año 2012, con el fin de garantizar la participación activa en la gestión de programas y servicio en beneficio de las personas ciegas y sordas.

El presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Salanic, de la Unidad Nacional de la esperanza, indicó que con base en las denuncias recibidas por personas que gozan de un derecho que está regulado en el decreto 577 y que establece un beneficio para los no videntes, se solicitará a la Contraloría General de Cuentas que envié resultados de su última auditoría e invitarán a los directivos de la Lotería Santa Lucia.

El congresista Salanic dijo que deben legislar para que las personas no videntes y de la tercera edad se beneficien. “Quisiéramos ver si se están distribuyendo los recursos de acuerdo al reglamento y si se mantiene el espíritu del decreto. Vemos que se están prestando algunos servicios y que a la fecha los están cobrando, por eso será importante el trabajo de la Contraloría”, explicó.

En otro tema, el diputado Salanic indicó que la Comisión que preside trabaja sus propias enmiendas a la inactiva numero 5125 (ley de personas con discapacidad), ya que hay dos propuestas: la que trabajó la mesa paralela, creada por la Instancia de Jefes de Bloque, y las propuestas enviadas por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).

Por Fredy López

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El presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla; Oscar Hugo López, titular del Ministerio de Educación (Mineduc), y Byron González, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Guatemala, informaron a las asociaciones de padres de familia y de maestros de párvulos del departamento de Guatemala acerca de los beneficios de la Ley de Alimentación Escolar aprobada en septiembre.

“Es una norma de beneficio para todos los estudiantes, quienes recibirán alimentos sanos y bien preparados”, dijo el diputado Chinchilla, quien agregó que contó con el apoyo de todos los representantes, pues es considerada como prioridad para la salud de los niños en edad escolar y un importante aporte a la economía familiar.

El ministro López dijo que es un avance importante que fortalece la salud de quienes asisten a las escuelas nacionales en todo el país. “Debemos organizarnos adecuadamente, ministerio, maestros y padres de familia para que la alimentación llegue a nuestros niños”, enfatizó.

Estadísticas del Mineduc indican que el programa de Alimentación Escolar beneficiará a 2.4 millones de niños y niñas en más de 33 mil centros educativos escolares del nivel preprimario y primario del sector oficial.

Actualmente los aportes del Estado para la alimentación escolar son de Q1.11 para el área urbana, Q1.58 para el área rural y Q2.08 para los municipios priorizados. La ley prevé que para el 2018 la contribución se incrementará a Q3.00, mientras que en el 2019 se incrementará a Q4.00 por alumno.

El representante de la FAO destacó que con el programa se generan condiciones apropiadas para la educación, evita la deserción y la repetición escolar, aumenta la cobertura y la calidad educativa, así como mejora los aprendizajes a partir de la calidad nutricional, entre otras ventajas.

Representantes de asociaciones de madres de familia y de párvulos agradecieron la información y aprovecharon para dialogar con el ministro López en torno al ciclo escolar, construcción de edificios escolares y contratación de personal para el próximo año.

Por René Rodríguez.

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El diputado Marvin Orellana, tercer vicepresidente del Organismo Legislativo y representante del departamento de Alta Verapaz, se reunió con funcionarios de diversas entidades del Estado para conocer qué acciones se han realizado para atender a las personas damnificadas en los recientes desbordamientos de los ríos Polochic y Cahabón.

A la cita acudieron representantes de los ministerios de la Defensa, Salud y Agricultura; Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), y la gobernadora departamental de Alta Verapaz.

Según datos de las instituciones, se lamenta el fallecimiento de 7 personas y 3 se encuentran desaparecidas como consecuencia de las inundaciones. También se informó que se han atendido 1,500 familias con la entrega de raciones alimentarias para un mes de consumo.

Los representantes del Ministerio de la Defensa indicaron que la institución armada realizó maniobras de rescate y prevención, además de que el Cuerpo de Ingenieros y las Brigadas de Artillería de Alta y Baja Verapaz apoyaron en el retiro de 3,108 metros cúbicos de material rocoso y lodo en diferentes caminos y carreteras.

El vicepresidente Orellana, de la bancada Alianza Ciudadana, programó una nueva reunión para el 22 de noviembre próximo con el fin de conocer el seguimiento que se dará a las acciones para atender a las personas afectadas por los desastres naturales en Las Verapaces.

Por Wendy Sandoval

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El diputado Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, participó en el foro para conmemorar el primer año de la instalación de la comisión de verificación del proceso para resolver la problemática de la Laguna del Tigre, en Petén.

Al foro asistieron representantes de las comunidades que fueron desalojadas de sus viviendas tras haber sido declarada la laguna como área protegida y solicitan a las autoridades del Gobierno dar solución a la precaria situación en que se encuentran y que cesen las violaciones a los derechos humanos.

“Aunque ha transcurrido un año desde que se instaló está comisión con representantes del gobierno y sociedad civil, lo avances son pocos, pues a las familias no se les ha reubicado y se continúan con las persecuciones a los dirigentes que han realizado manifestaciones”, expresó el diputado Juracán, quien hizo un llamado al Gobierno a darle prioridad al asunto.

Diana Rodríguez, integrante de la comisión verificadora, aseguró que se han entregado varios informes a las autoridades correspondientes sobre los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que solicitan que cese la violencia contra quienes aún se encuentran en la región de la Laguna del Tigre.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Asuntos Electorales, del Congreso de la República, aprobó los artículos 29 y 30 de la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) contenidas en el denominado borrador 4, que contienen que los síndicos pueden sustituir a los alcaldes en caso de ausencia temporal o definitiva, así como que los ciudadanos solo pueden postularse como jefes ediles en el municipio donde ejerzan su derecho al voto. También fueron improbados los artículos 26, 27 y 28.

Con estos suman 21 artículos aprobados por la sala de trabajo, los cuales serán incluidos en la propuesta del dictamen que emitirá dicha comisión, que después lo trasladará a la Junta Directiva del Legislativo. Luego la iniciativa de ley será enviada a la Corte de Constitucionalidad para que emita su opinión sobre el proyecto de reformas a dicha legislación, y posteriormente será sometido al pleno del Congreso de la República.

El diputado Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza y presidente de la comisión, explicó que la propuesta del artículo 29, por medio del cual se propone modificar el segundo y cuarto párrafo del artículo 206 de la actual LEPP, tiene que ver con el artículo 19 aprobado en la sesión anterior, donde se establece que los candidatos a alcaldes que no superen más del 40 por ciento de los votos válidos emitidos y que la diferencia no sea mayor al cinco por ciento de los mismos, irán a segunda vuelta, en ella se establece que los síndicos serán electos en la segunda vuelta y los concejales en la primera.

En la normativa conocida este día se determina que los síndicos podrán sustituir al jefe edil en ausencia temporal o definitiva, y que tienen derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo del alcalde. Al confirmarse la sustitución, los síndicos titulares deberán correrse en su orden de adjudicación con la finalidad de que el síndico suplente asuma la última sindicatura.

En lo que respecta a artículo 30, este pretende que se reforme el párrafo séptimo del artículo 206. En la propuesta se establece que los ciudadanos solo podrán postularse para candidatos a alcaldes en los municipios en donde ejerzan su derecho a voto, esto con el propósito de evitar que ciudadanos de otras localidades puedan inscribirse en un municipio en donde no pueden votar.

El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, propuso que se incluyera dentro de las propuestas de reformas la supresión del artículo 205 TER, donde se restringe el transfuguismo de los legisladores, pero dicha propuesta fue improbada.

También fue rechazado el voto nominal, que pretendía que los ciudadanos tuvieran la opción de votar ya sea por el candidato o bien por el partido, y con ello cambiar el actual sistema de votación. Además se dejó fuera la creación de los subdistritos, debido a que a criterio de los legisladores la Corte de Constitucionalidad indicó que el establecimiento de los subdistritos es inconstitucional y además dificulta el conteo de votos.

La Comisión de Asuntos Electorales tiene previsto reunirse mañana con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a las 10:00 horas.

Por Byron Vásquez

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La bancada Encuentro por Guatemala (EG), que coordina la diputada Nineth Montenegro, se reunió este miércoles con César Elías, subcontralor del Gasto Público, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), a quien solicitó datos de las auditorías hechas a la empresa Norberto Odebrecht S.A. en el período 2012-2017.

El funcionario, pese a dejar en claro que no puede dar mayor información porque el caso fue declarado bajo reserva por las investigaciones del Ministerio Público (MP), ratificó que se desembolsó el 70 por ciento del monto del contrato de construcción de la carretera que de Cocales, Suchitepéquez, conduce al departamento de San Marcos.

“Es realmente irrisorio que hayan pagado un 70 por ciento del contrato cuando la obra apenas llegó a un 30 por ciento de avance físico, y peor aún, que los auditores de la Contraloría no hayan levantado la voz de alerta”, aseveró la parlamentaria Montenegro.

Agregó que se violaron los artículos 65 y 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que solicitó al subcontralor que le envíe un informe con los nombres de los profesionales que trabajaron dicha auditoría desde el año 2012, pues se podrían deducir responsabilidades.

Los congresistas lamentaron no poder despejar la mayor parte de sus dudas, debido a la reserva que el MP mantiene en el caso; sin embargo, instaron a las autoridades a que den información del avance de las investigaciones.

La diputada Montenegro anunció que citará al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García; al jefe de la CGC, Carlos Mencos, y a representantes de la Procuraduría General de la Nación, para continuar con este asunto.

Por Mayra Recinos.

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