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La diputada Karla Martínez, de la bancada Alianza Ciudadana, sostuvo una reunión con Víctor Martínez, viceministro de Finanzas Públicas y funcionarios de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar los contratos abiertos en el tema de seguridad alimentaria.

“El próximo 24 de octubre se vence el contrato abierto de la compra de alimentos a granel y queremos garantizar que los productos que se compren tengan la calidad necesaria y que la fecha de vencimiento permita su distribución y utilización con tranquilidad”, expresó la congresista.

También explicó que se acordó que participen en la fiscalización la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de los Derechos Humanos y Ministerio Público, para garantizar que el proceso sea tranparente y que las empresas a las que se les adjudique no tengan denuncias o procesos legales pendientes.

El viceministro Martínez expresó que son 78 productos alimenticios los que se van a adquirir y nueve empresas las oferentes. “Ya se llevó a cabo la recepción de las ofertas y en este momento nos encontramos en la etapa de evaluación”, informó.

Por Rosemary Recinos

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República concluyó la segunda semana de audiencias con instituciones y entidades que solicitan asignaciones en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Este jueves la referida sala conoció la solicitud presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), cuyos representantes explicaron cómo piensan utilizar la asignación requerida.

El titular del MEM, Luis Alfonso Chang, destacó que al momento se ha ejecutado un 58 por ciento del presupuesto asignado para este año, el cual es de Q81 millones, y que esperan concluir el ejercicio fiscal con una ejecución del 94 por ciento, razón por la cual solicita un aumento de Q5 millones para el próximo año.

Dicho monto serviría para financiar proyectos relacionados con la revisión de la actividad minera, estudios para construcción de hidroeléctricas y establecer los abastecimientos de hidrocarburos, como gasolina.

Respecto de los fondos económicos que el Inde necesitaría para mantener las tarifas sociales, el presidente de la institución, Óscar Cáceres, explicó que el año anterior utilizaron Q920 millones y para este se prevén Q758 millones, de los cuales el Gobierno Central debe aportar Q453 millones, pero únicamente se le asignaron Q300.

El titular de la comisión, Adím Maldonado (Frente de Convergencia Nacional), cuestionó las deudas millonarias que mantienen las corporaciones municipales por concepto de energía eléctrica y recordó que Quetzaltenango debe más de Q1 mil millones; además, solicitó detalles del impacto en regalías que ha dejado de percibir el Estado por cierres de operaciones mineras.

El legislador Jairo Flores (Unidad Nacional de la Esperanza) hizo ver que el Estado y el Inde deben buscar mejores soluciones al problema de electrificación rural y mencionó ejemplos claros en departamentos donde es imposible abrir una empresa, como maquilas, pues no se cuenta con electricidad acorde a las necesidades.

Tal situación fue apoyada por Carlos Barreda, de la misma bancada, quien hizo ver que la tarifa social ya alcanzó los precios de la no social, por lo cual sugirió a los funcionarios hacer los comparativos y establecer “adónde se está llevando la energía eléctrica más barata, pues las áreas rurales no notan la baja en costos”.

Antes de finalizar la actividad de la comisión para esta semana los congresistas escucharon la petición de Q30 millones efectuada por la organización no gubernamental Guatefuturo, que se dedica a entregar becas con el objetivo de que cuando los beneficiarios vuelvan al país compartan sus conocimientos con otros guatemaltecos.

Por Fernando Bolaños.

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A raíz del retraso en la construcción del Hospital Infantil de Huehuetenango, que debería estar terminado en junio de este año, la diputada Karla Martínez, de Alianza Ciudadana y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, se reunió con el viceministro técnico de Salud, Roberto Molina, y con el director de Hospitales, Francisco Theissen, para conocer los motivos del incumplimiento.

En la reunión se destacó que entre las causas de que la obra esté inconclusa figuran errores en la construcción del techo, la colocación de lavamanos y del aire acondicionado, por lo que se está trabajando para corregirlos y evitar el riesgo de que lo construido se deteriore.

A pesar de que la legisladora solicitó que la construcción del hospital se concluyera este año, los representantes de la empresa constructora destacaron que será hasta en el primer trimestre de 2018 cuando se pueda terminar la obra, pues “de lo contrario se correría el riesgo de no dejar bien hechas las cosas”.

“La construcción ya lleva varios meses de atraso y esto perjudica a la población de Huehuetenango y sus alrededores, por lo que daremos seguimiento para que se aceleren los trabajos y se concluya la obra”, enfatizó la diputada Martínez.

Por Karla Herrera

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Los diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN) se reunieron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), con el fin de conocer a detalle la situación de las 11 mil obras que dejó el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 296-2015, el Mides es el encargado de liquidar a Fonapaz y su unidad ejecutora de proyectos, por lo que los congresistas pidieron detalles del avance de ese mandato.

Karen Molina, coordinadora de la Unidad de Disolución y Liquidación de Fonapaz, explicó que tienen contabilizados 11 mil expedientes de obras pendientes, pero hasta el momento no se ha podido avanzar, ya que no cuentan con el suficiente personal y capacidad técnica para evaluar cada uno.

La parlamentaria Vivian Preciado, representante por San Marcos, dijo: “Hay que trabajar señores, porque a nosotros la población nos exige soluciones y ya no quiere más excusas”.

Asimismo, pidió información de la situación de la obra del puente de 115 metros que conecta los municipios de Ocós con La Blanca, el cual beneficiaría a más de 100 mil habitantes.

Sin embargo, los funcionarios explicaron que esa obra estaba a cargo de la organización no gubernamental Brazos Solidarios. “Lastimosamente, el Decreto 33-2011 obstaculizó convenios de pago con Ongs”, explicó Iván Díaz, director del Fodes.

René Obregón, viceministro de Desarrollo, coincidió en que es necesario poner en orden todos estos expedientes y contar con una resolución de cada caso; sin embargo, explicó que para liquidar todas esas obras necesitarían Q6 mil millones, pero en la actualidad su presupuesto asciende a Q923 millones.

Al finalizar la reunión, los congresistas exigieron trabajar en esa tarea y explicaron que los citarán mensualmente para que les den información, además de comprometerse a apoyarlos en la búsqueda de las hojas de ruta de cada caso.

Por Mayra Recinos

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En atención a denuncias recibidas, la diputada Alicia Dolores Beltrán, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso, se reunió con María Eugenia Barrios, Viceministra Administrativa de Educación y representantes de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu para conocer los avances en el proceso de contratación de maestros de telesecundaria.

“Nosotros queremos conocer qué sustento legal utilizaron para la regularización de las plazas de telesecundaria, ya que me preocupa las condiciones de los maestros, principalmente del departamento de Retalhuleu,” indicó la congresista, del Movimiento Reformador.

La viceministra Mejía refirió que el proceso está abierto en toda la República y hay avances en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango y Sololá. “El acuerdo ministerial (No. 2165-2017) se está respetando porque es una norma que tiene establecidas las directrices del ministro de Educación hacia los maestros de telesecundaria y son ellos mismos los que decidirán, ya que hay un estudio de la demanda docente y será el ministerio el que someterá a oposición los puestos y cargos necesarios, explicó la funcionaria”

En la reunión participaron líderes comunitarios, quienes también solicitaron maestros de preprimaria y primaria, ya que aseguran que en escuelas de Retalhuleu y Quetzaltenango uno o dos maestras atienden hasta 100 alumnos, lo cual impide el aprendizaje de los menores.

La diputada Beltrán mostro su preocupación porque hay comentarios del posible cierre de institutos de Educación Básica en Retalhuleu, por lo cual solicitó un informe de las autoridades educativas para darle seguimiento.

Por José Castellanos

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La diputada Alicia Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador, se reunió con Omar Polanco, director de Infraestructura Productiva, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para fiscalizar los proyectos de riego en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez.

A la convocatoria también asistieron líderes comunitarios de dichas regiones, quienes reclaman que se agilicen los procesos para el otorgamiento de créditos dentro del programa de riegos y miniriegos, ante la necesidad de los pequeños y medianos agricultores.

“En este momento tenemos 600 proyectos, con estudios y papelería completa, pendientes de desembolso, sin embargo la demora se debe a problemas administrativos con el Banco de Desarrollo Rural, que maneja el fideicomiso, y señalan que debido a cambio de personal de las agencias y falta de agentes de crédito especializado en estos procesos, se ha producido el atraso”, afirmó el funcionario Polanco.

Y agregó: “Ayer le mandamos al ministro Mario Méndez un oficio para considerar y analizar el cambio de entidad bancaria, ya que no es posible que por esta ineficiencia se perjudiquen los intereses de los guatemaltecos más necesitados y se retrase la ejecución del ministerio”.

Al respecto, la legisladora Beltrán expresó: “Lo que queremos es agotar el diálogo, antes de que los comunitarios tomen otras medidas. Invitaremos a los representantes de este fideicomiso la próxima semana para analizar esta problemática y encontrar una solución”.

Por Rosemary Recinos

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El pleno del Congreso eligió hoy con 92 votos a favor a Elvia Yolanda Álvarez Veliz, y con 86 votos a Mario Rolando Sosa, como representantes titular y suplente, respectivamente, ante el Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap).

El Acuerdo 32-2017 establece que los elegidos culminarán su período el 20 de febrero de 2019 y fueron juramentados por el presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla.

El 17 de enero los diputados eligieron a Calixto Raúl Monzón y a Elvia Yolanda Álvarez como representantes titular y suplente ante el Renap, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección ante un amparo interpuesto.

Durante la sesión plenaria, los diputados también aprobaron el Acuerdo 31-2017, mediante el cual se confiere la condecoración del Soberano Congreso Nacional, en el grado de Caballero, a Jorge Alfredo Vega, por haber alcanzado Medalla de Oro en la Copa del Mundo de Gimnasia, realizada en París, Francia; y a Juan Carlos Sagastume, por haber obtenido el primer lugar en la Copa Mundial de Ultratriatlon, que se realizó en Virginia, Estados Unidos de América.

Asimismo, los congresistas aprobaron en tercer debate el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley del registro nacional de agresores sexuales y banco de datos genéticos.

Al no existir quórum para continuar con el orden del día, el presidente Chinchilla levantó la sesión y convocó a reunión de la Instancia de Jefes de Bloque para el próximo lunes 23, a las 12:00 horas.

Por Nery Morales

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Preocupados por el “poco avance” en el tratamiento a las víctimas del conflicto armado interno, integrantes de la Comisión de Educación del Congreso se reunieron este miércoles con funcionarios del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), de la Secretaría de la Paz y representantes del municipio de Ixcán, Quiché, del departamento de Petén y de la Costa Sur, con el fin de agilizar la entrega de dicha reparación.

La reunión fue convocada por la parlamentaria Alicia Dolores Beltrán (Movimiento Reformador), representante por el distrito de Retalhuleu.

Otoniel Fernández, titular del PNR, explicó que hay avances en dotar de capacidad instalada en las sedes regionales, con profesionales que atienden a los afectados, pero es necesario que los beneficiarios completen los expedientes para que puedan ejecutarse los distintos programas de compensación.

“Para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 258-2003, mediante el cual se le da vida al PNR, es imprescindible que en estas sedes se cuente con los instrumentos técnicos o guías para la conformación de los expedientes, pues muchos de ellos datan del 2013 y se encuentran incompletos”, agregó el funcionario.

Fernández detalló que otra de las dificultades es que la mayoría de los afectados carece de los documentos de identificación. “Esta situación la hemos solventado con la firma de un convenio interinstitucional con el Registro Nacional de las Personas, que ha permitido hacer la primera jornada de identificación en el municipio de Nentón, Huehuetenango”, dijo.

Por su parte, el representante de los comunitarios, Sergio Con, afirmó que procederán a completar los requisitos para la restitución en su modalidad material, que comprende los rubros de vivienda y proyectos productivos como la crianza de ganado y la siembra de arroz.

Finalmente, la congresista Beltrán indicó que darán seguimiento al proceso. “Continuaremos dando acompañamiento a los pobladores, porque este es un derecho que los asiste desde la firma de los Acuerdos de Paz, y que beneficiará a no menos de 1 mil 400 familias de estas comunidades”, puntualizó.

Por Karen Mendoza

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En su reunión del mes de octubre, la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, que coordina el diputado independiente Oliverio García Rodas, escuchó la propuesta del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), Rafael Estuardo Martínez, para reformar la Ley de Servicio Civil.

Según la Onsec, se busca que las contrataciones del Estado sean basadas en la meritocracia.

“La propuesta de reformas a la ley del servicio civil busca ordenar el tema de la burocracia en el país, evitar los abusos, los nombramientos por ocasión y el mal uso de algunos renglones como 029, 022 o los renglones 03. Así como se han aprobado las leyes de la Carrera Judicial y de la Carrera de los Fiscales del Ministerio Público, necesitamos la dignificación del empleado público y dejar sentadas las bases de la meritocracia en Guatemala”, dijo el diputado García Rodas.

Durante la reunión, la instancia también escuchó las propuestas para modificar la Ley de Amparo, la cual se discute en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“Con dichas reformas se busca evitar que una garantía constitucional sea utilizada como mecanismo para entorpecer, proyectos porque ese no es el objetivo de un amparo”, dijo el legislador.

Según el diputado, la instancia tiene programado que en no más de un mes tendrán un texto definitivo para que llegue al pleno del Congreso.

La próxima reunión de la mesa será el 8 de noviembre, cuando se abordará una nueva reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil y el denominado Programa de Reos Olvidados.

Por Antonio Ordoñez

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