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La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República escuchó la solicitud presupuestaria para el año próximo de los Ministerios de Gobernación y Defensa Nacional, en la continuación de las audiencias públicas de discusión del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018.

El ministro Francisco Rivas Lara informó cómo planea utilizar los Q5 mil 517 millones que fueron asignados por la cartera de Finanzas para el ministerio del interior e indicó que al momento ha ejecutado el 61% de su presupuesto y proyecta finalizar el año con una ejecución del 95%.

El funcionario indicó que el presupuesto de su cartera para el año próximo tiene un aumento de Q25 millones únicamente. Asimismo, mencionó algunos de los objetivos del Ministerio, tales como reducción de la violencia y homicidios, protección del patrimonio y lucha contra la delincuencia organizada, con énfasis en combate de pandillas.

Para lograr tales propósitos dijo que necesita equipar a las fuerzas de seguridad con los implementos necesarios para defenderse y proteger al ciudadano, incluyendo vehículos, armas, instalaciones dignas y tecnología que permita combatir la violencia.

En cuanto al Sistema Penitenciario refirió que se busca construir un hospital para atención de reclusos a un costo de Q50 millones, además de la compra de equipo y patrullas para guardias. Entre los logros de este año afirmó que se han incautado unos Q13 mil 820 millones en ilícitos, como vehículos, drogas, dinero, aeronaves, además de la captura de 2,618 personas relacionadas al narcotráfico.

Los cuestionamientos de diputados fueron en torno al financiamiento del presupuesto, el cual se espera obtener de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por US$250 millones. “De no aprobarse no hay un plan alterno”, dijo el diputado Aníbal Rojas, de Visión con Valores.

El presidente de la sala de trabajo, Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), solicitó información sobre la compra de cartillas para pasaporte (que fue impugnada) lo causó que solo hay existencias hasta el mes de febrero.

En la reunión también se cuestionó la falta de utilización de la Ley para el Combate del Crimen Organizado, que sería una herramienta para dotar a los agentes de tecnología, armas y autorización para usarla en caso de ataques como los ocurridos recientemente.

Defensa Nacional

En la segunda parte de la reunión, el ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, solicitó para el próximo año Q 2 mil 667 millones, pero le fueron asignados por el Ministerio de Finanzas Q2 mil 248, con lo cual no alcanzaría para fortalecer el trabajo que realiza el ejército en defensa de la soberanía y la seguridad nacional, aseguró.

Ralda explicó que hay nueve batallones con 9,500 elementos asignados para la seguridad ciudadana y se movilizaron 7, 500 elementos para mitigar desastres, para lo cual se cuenta con Q27 millones, cantidad que considera insuficiente para dichas actividades.

El legislador Rudy Castañeda (UCN) pidió que se controle la soberanía en los pasos ciegos y fronterizos con el objetivo de detener contrabando, trata de personas y narcotráfico. El congresista Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, elogió el apoyo que brinda el ejército a la población en materia de seguridad, pero puso en duda que se pueda aumentar el presupuesto de la institución armada, pues no hay inversión que genere impuestos para elevar presupuestos.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Relaciones Exteriores, junto con autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente y Recursos Naturales, y de la Defensa Nacional, acordaron elaborar un nuevo dictamen sobre la conveniencia de que Guatemala ratifique la versión actualizada del Convenio Sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias.

Los congresistas indagaron a los funcionarios con el fin de conocer sus opiniones sobre la capacidad del país para cumplir con las responsabilidades de protección marítima que se estipulan en dicho protocolo internacional de 1996.

El viceministro de Marina, del Ministerio de la Defensa Nacional, Erick Sánchez, indicó que el protocolo vendría a actualizar el Convenio de Londres, suscrito en 1972. “Es uno de los primeros convenios mundiales dedicados a proteger el medio marino de las actividades de los seres humanos y está en vigor desde 1975. Consideramos importante que pueda actualizarse”, indicó.

El diputado independiente Oliverio García Rodas insistió en reflexionar sobre la capacidad que el Estado de Guatemala puede tener para hacer cumplir los aspectos técnicos ambientales que contiene el protocolo, “de lo contrario estaríamos cayendo en un pago sistemático de multas”.

Los diputados Salvador Baldizón (independiente), Manuel Conde (Partido de Avanzada Nacional) y Sergio Celis (Alianza Ciudadana), coincidieron en que los dictámenes enviados a la Comisión en el año 2015 (iniciativa 5318), sobre este protocolo, están desactualizados y es necesario que los funcionarios que hoy encabezan los ministerios estén en pleno conocimiento de dicho documento.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels, propuso la creación de una mesa técnica que esté conformada por los Ministerios involucrados en el tema, con el fin de que puedan emitir un nuevo dictamen, pero de forma conjunta.

La presidente de la sala de trabajo, Eva Nicolle Monte Bac (Alianza Ciudadana), solicitó a los funcionarios que el miércoles 8 de noviembre les entreguen el nuevo dictamen, con el fin de puedan avanzar en su labor legislativa.

En la reunión también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel Polanco, quien asimismo presentará sus recomendaciones acerca de la ratificación del protocolo actualizado.

Por Mayra Recinos

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Los diputados que integran la Comisión del Menor y de la Familia, presidida por el diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz), continúan con el análisis de las reformas a la iniciativa de ley 5285, del sistema nacional de protección integral del menor y la familia, que se encuentra en segunda lectura en el pleno del Congreso.

Durante una reunión conjunta con legisladores de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Cornelio García, de la bancada Todos, se conocieron algunas de las reformas a la iniciativa de ley que se propondrán cuando se discuta por artículos.

Entre las modificaciones presentadas por World Vision está la reducción de quienes integran el consejo de la comisión, encabezada por Presidente de la República, Ministro de Desarrollo Social y los viceministerios de Salud, Educación y Cultura. Además la creación de secretarías en cada uno de los ministerios de gobierno para atender a los menores de edad.

“Se acordó que la próxima semana se realizará una nueva reunión para determinar si se apoyarán las reformas, para que al conocerlas el pleno se obtengan los más de 105 votos que se necesitan para modificar la propuesta de ley”, informó el congresista Félix.

A la reunión asistieron representantes de World Vision, Fundación Sobrevivientes y Refugio de la Niñez, quienes dijeron apoyar las reformas, pues “lo importante es tener mejores herramientas para la protección de la niñez guatemalteca”.

Karla Herrera

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En la septuagésima cuarta sesión ordinaria, efectuada este martes, los diputados al Congreso retomaron la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Leasing, que tiene como objetivo establecer la normativa general para regular las operaciones de esa modalidad, así como los derechos y obligaciones de los sujetos involucrados.

Las operaciones por medio de leasing se refieren a los contratos mediante los cuales el arrendador adquiere, para uso del arrendatario, bienes a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado.

Sin embargo, por falta de quorum no fue posible continuar conociendo las enmiendas consensuadas para su aprobación.

Antes, el Pleno conoció en primera lectura el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley del día nacional de la amistad entre la República de Guatemala y el Estado de Israel

También conoció en primer debate el proyecto de decreto que reforma la Ley de Sindicalización y Regulación de la huelga de Trabajadores del Estado.

Debido a que en ese momento había menos de 105 parlamentarios en el hemiciclo no fue posible conocer el dictamen y tratar en primera lectura el proyecto de decreto que dispone aprobar la ley del idioma maya Kohataneko. Por la misma circunstancia no se pudo conocer en tercer debate el proyecto de decreto que dispone aprobar ley de armonización, para prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala.

El segundo vicepresidente, Ramiro de Matta, levantó la sesión y convocó a los diputados a la sesión programada para el jueves 26, a las 10:00 horas, y al finalizar se llevará a cabo sesión de la Junta Directiva con la Instancia de Jefes de Bloques.

Por Nery Morales.

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Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Cornelio García, de la bancada Todos, continúan con el análisis de la iniciativa 55-2010, que establece reformas a la Ley de Extinción de Dominio, entre las que figura que se incorpore tanto a la Universidad de San Carlos de Guatemala, como los ministerios de Educación y Salud, dentro de los beneficiarios de los bienes extinguidos.

En la reunión participó Óscar Humberto Conde, titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, quien manifestó que las reformas son necesarias, pero deben abordarse de manera integral, estableciendo plazos en estos procesos, para que los bienes se puedan utilizar.

“También se debe establecer que la Secretaría sea el órgano rector de la administración de los bienes, ya que como está la ley actual se debe pedir una autorización previa al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y esto retrasa los procesos”, señaló Conde.

El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, dijo que sería conveniente que todos los bienes extinguidos se subasten y que el dinero obtenido vaya a la Tesorería General de la Nación, para que sea el Ejecutivo el que disponga cómo se debe utilizar y el Legislativo apruebe ese presupuesto.

La Comisión informó que continuará con el análisis de otras iniciativas pendientes de dictaminar, entre las que se encuentran la 5292, reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas, y la 5302, que dispone aprobar la ley de tierras.

Por Rosemary Recinos

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Con la participación de representantes de 44 Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), que trabajan con presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso continúo con las audiencias de discusión del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018.

En la reunión se conoció que dichas entidades, en conjunto, reciben un presupuesto de Q511 millones, situación con la que no se encuentra de acuerdo el titular de la cartera salubrista, Carlos Soto, quien argumentó que algunas instituciones que sí trabajan a favor de la salud fueron excluidas, en tanto se incorporaron otras de las cuales se desconoce su trabajo.

A esta afirmación se sumó el representante de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quien dijo que hay entidades que tienen reparos por hasta Q5 millones y que aún así solicitan aumento. Puso como ejemplo la Asociación de Desarrollo Integral, \"que tiene asignado varios millones, pero no ha podido ser localizada ni fiscalizada desde el año 2009\".

“Tenemos un serio problema con analizar las entidades prestadoras de servicios de salud. Consideramos que hay instituciones que no cumplen con los objetivos y otras que sí los cumplen han quedado fuera del presupuesto”, dijo el ministro. Añadió que han identificado10 entidades que sí cumplen, pero no fueron incluidas y aclaró que fue la anterior ministra quien plasmó la distribución del presupuesto.

Luego de escuchar detenidamente a los asistentes, los legisladores acordaron continuar conociendo el tema por medio de la creación de una mesa de diálogo entre el MSPAS y las ONG’s, para elaborar una nueva asignación, en la cual se tomen en cuenta entidades ya integradas y analizar de nuevo las que quedaron fuera, exceptuando las que no han sido localizadas por la CGC.

El diputado Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional, presidente de la sala de trabajo, acordó con la presidenta de la Comisión de Salud, Karla Martínez, de Alianza Ciudadana, comparar y unificar informes de trabajo, para así otorgar y distribuir los montos adecuados para el año próximo.

Por Fernando Bolaños

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloques aprobaron este lunes el orden del día para las sesiones de martes y jueves de esta semana, en la que destaca la discusión por artículos y redacción final de la Ley de Leasing y las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Para el martes 24, a las 14:00 horas, se programó la septuagésima cuarta sesión ordinaria, en la cual se tiene contemplado, en el punto 9, continuar la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que pretende aprobar reformas a la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; posteriormente los diputados tienen contemplada la elección de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura.

En la sesión de este lunes directivos y jefes de bancadas recibieron al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, quien explicó el destino de un préstamo gestionado por el Gobierno de Guatemala con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un monto de US$ 250 millones; el diputado Adim Maldonado (Frente de Convergencia Nacional), presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, expuso la intención de que sea conocido por el Pleno esta semana.

Los diputados también recibieron a vecinos de San Sebastián Coatán, Huehuetenango, quienes pidieron que sea conocida la iniciativa 5337 que pretende el reconocimiento de la existencia del idioma Kohataneko por parte de la Comunidad Lingüística Chuj.

El alcalde Domingo Diego Francisco indicó que en la región hay 65 comunidades, 50 escuelas, 7 institutos de educación básica y 2 institutos de diversificado, en los cuales se espera promover la conservación del mencionado idioma maya.

El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, informó que la referida iniciativa fue incluida en la agenda del martes 24, propuesta por el parlamentario Cornelio García (Todos), representante por Huehuetenango.

Por Nery Morales.

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Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), presentaron ante la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso su asignación en el proyecto de ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, aunque el titular de la cartera indicó estar inconforme y espera que este sea redistribuido por los legisladores.

El monto asignado al MSPAS es de Q8 mil 312 millones para el siguiente año, según lo explicado por Carlos Soto, titular de la cartera, quien aseguró que la distribución no se adapta a las necesidades de la población en atención prenatal, vacunación, abastecimiento de medicamentos, lucha contra la desnutrición crónica y muerte materno infantil, en cambio aumenta Q1mil 900 millones en personal, aunque no se justifiquen al no haber infraestructura o suministros para trabajar.

El ministro recordó que el presupuesto fue elaborado por la anterior administración del ministerio, por lo cual solicitó a la comisión hacerle serios cambios.

Varios de los congresistas coincidieron en que tal pareciera que el presupuesto del MSPAS estaba elaborado con visión política y no social, con incongruencias al aumentar desmedidamente la cantidad de trabajadores, sacrificando programas de vital importancia, como compra de material quirúrgico, construcciones de centros de salud, desnutrición crónica, micronutrientes, vacunación y planificación familiar.

Ante esta situación y la petición hecha por el ministro, el presidente de la comisión, Ervin Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), solicitó trabajar en una nueva distribución presupuestaria acorde a las necesidades de la población, con montos reales a utilizar y priorizando la salud del guatemalteco y presentarlo el próximo martes, cuando las organizaciones que trabajan en salud hagan su propuesta y avanzar en una nueva distribución.

SOLICITAN FONDOS PARA CENSOS

La comisión también se reunió con directivos de las instituciones encargadas de efectuar los censos poblacionales, habitacionales y de trabajadores del Estado, quienes detallaron el uso presupuestario y su solicitud para el próximo año, con el objetivo de poder realizar los levantados de datos en todo el país.

Según Mauricio Guerra, director del Instituto Nacional de Estadística, se cuenta con una asignación de Q269 millones para realizar el censo poblacional para el próximo año, pero este año se realizó un censo habitacional que está en proceso, además para noviembre entregará los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, resaltando lo complicado que es realizar estas actividades al no contar con personal y vehículos suficientes.

Por su parte, Rafael Ramírez, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, indicó que no han finalizado el Censo de Trabajadores del Estado por falta de ingresos, pues tenía previsto utilizar una donación de Q5 millones proveniente del Banco Mundial, pero por cuestiones burocráticas no han recibido el desembolso.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó este lunes 11 enmiendas a la Ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un artículo fue suprimido y deja vigente al artículo 27 para la creación de sedes.

Entre las modificaciones aprobadas por siete asistentes de los 13 integrantes de la sala de trabajo, se encuentran las reformas al artículo 17, que se refiere a la conformación de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en donde se propone que sean tres los relatores titulares y tres suplentes, en lugar de cinco como está actualmente.

La propuesta incluye modificar el artículo 21, referente a la elección y nombramiento de los relatores por parte del Congreso de una nómina de 10 candidatos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos, y no como se hace actualmente por medio de tres ternas.

El artículo 6 enmienda el artículo 24 actual, que contiene la duración del mandato. Se propone que de cinco años suba a seis, y que los relatores puedan reelegirse por un período más. Además se sugiere modificar el artículo 24, lo cual se encuentra contenido en el artículo 8, que modifica el artículo 22 de la normativa vigente y se propone que la presidencia sea alterna durante dos años, empezando por el relator de mayor edad al de menor.

También se modifica por medio del artículo 7, el artículo 23, en donde se propone el procedimiento de las causales para cesar el mandato de los relatores.

La propuesta del artículo 11, que modificaba el artículo 27, fue improbada y como resultado de ello se mantiene vigente, sobre la creación de sedes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Con seis votos a favor y uno disidente, fue aprobado el artículo 13, el cual establece que por esta única vez se establezca un período de 30 días para que los relatores que están ejerciendo sus funciones puedan entregar los cargos. En este caso la diputada Patricia Sandoval, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y presidenta de la referida comisión, votó disidente por considerar que es inconstitucional lo propuesto.

El artículo 14, contiene lo referente a un aporte único de Q6 millones, el cual se efectuará si los relatores solicitan y justifican cómo y dónde establecerán las sedes.

Por último se estableció un artículo transitorio para que se valide la elección de la Comisión de Derechos Humanos de las tres ternas que inicialmente era para un período de tres años, para que sea por seis años, como se ha propuesto en estas enmiendas.

Las propuestas de reformas serán entregadas a la Junta Directiva del Legislativo para que las someta al pleno del Congreso.

Por Byron Vásquez

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