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El diputado Walter Félix se reunió hoy con la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para que diera a conocer más detalles de la reciente reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con quien trató específicamente el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La canciller explicó que el 1 de febrero de este año sostuvo una reunión con Gutérres con el propósito de dar seguimiento al diálogo y buscar respuestas a las preocupaciones que el Estado de Guatemala tiene en relación con la correcta interpretación y aplicación del acuerdo con la Cicig.

“Entre las preocupaciones que se le manifestó al Secretario General está la violación a derechos humanos de sindicados, vulneración de su derecho constitucional de presunción de inocencia, las amenazas a la independencia judicial, la nociva mediatización de la persecución penal, y la injerencia por parte del comisionado en asuntos internos que están fuera del mandato de la Cicig”, destacó la ministra Jovel, quien aseguró que no podía brindar mayor información debido a que la solicitud del gobierno está en manos de ONU.

Al concluir la reunión los diputados Walter Felix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y Amílcar Pop, de la bancada Winak, manifestaron su preocupación porque la Ministra no aportó nueva información en torno a que si el presidente Jimmy Morales solicitó la remoción del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez.

Los diputados Félix y Pop indicaron que solicitarán el voto de desconfianza para la ministra durante la interpelación programada para el próximo jueves 8 de marzo.

Por René Rodríguez

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Diputados que integran la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, presidida por el diputado Mike Ottoniel Rivera, del Movimiento Reformador, recibieron la solicitud de la Unidad de Protección Animal (UPA), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), de reformar la Ley de Protección Animal, antes de que entre en vigencia, en abril de este año.

Rony Espino, director de la UPA, destacó que en la propuesta se solicita cambiar el estatus de la unidad de protección animal, por dirección, especificar las sanciones para los circos que efectúen espectáculos con animales, y aprobar un financiamiento determinado para la dirección de protección animal, entre otros cambios que ayudarían a cumplir con la ley.

Luego de escuchar la solicitud los diputados que integran la sala de trabajo indicaron que analizarán la propuesta para presentar las reformas en el pleno de Congreso.

Durante la reunión también se entraron a conocer varias iniciativas de ley que han quedado pendientes de años anteriores, tales como:

Ley general de pesca y acuicultura, que está pendiente de ser conocida en el pleno (5399)

Ley de Rastros, pendiente de dictamen conjunto con la Comisión de Salud (5391)

Ley de salud animal, pendiente de dictamen (5365)

Ley de sanidad vegetal, pendiente de dictamen (5172

Ley marco para la biodiversidad de organismos mejorados por ingeniería genética, pendiente de dictamen (4467)

Ley del seguro agropecuario para pequeños y medianos agricultores, , pendiente de dictamen (5288)

Ley de agricultura familiar, se encuentra en tercer debate (4947)

Ley de institucionalización de las cadenas agropecuarias, pendiente de ser conocida por el pleno (4961)

Reformas al Decreto número 5186 Ley Orgánica de la Escuela Nacional de Agricultura, pendiente de ser conocida por el pleno (5110

Ley de Fomento al Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y Porcina (5182)

Por Karla Herrera

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador se reunieron hoy con representantes del Comité Nacional de Protección a la Vejez (Conaprov), integrado por los ministerios de Salud y Trabajo, Defensoría de las Personas Mayores, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

En la reunión se informó que la entidad tiene como fin ser un espacio que facilite y ejecute las políticas de protección, alimentación, salud y abrigo para personas de la tercera edad en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Asimismo, se dio a conocer que la Sosep atiende 77 Centros de Atención Permanente para Personas Mayores, denominados Mis Años Dorados.

El objetivo es que el Conaprov trabaje de manera articulada para prestar atención inmediata a los adultos mayores en todos los departamentos del país.

El diputado Luis Hernández Azmitia, jefe de bancada, indicó que se continuará con el seguimiento al trabajo del Conaprov para que cumpla con los fines para los cuales fue creado, ya que en el interior del país cada vez son más los adultos mayores en condición de desamparo, pobreza o enfermedad.

Por Wendy Sandoval

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Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, Edwin Lux y Lesly Valenzuela, quienes integran la mesa técnica de trabajo para resolver el conflicto por la suspensión del servicio de energía eléctrica en la aldea Caballo Blanco, Retalhuleu, y en el municipio de Malacatán, San Marcos, se reunieron con autoridades para encontrar una solución al problema.

A la reunión asistieron autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), de los ministerios de Salud, Educación, Energía y Minas, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN), Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), y empresa distribuidora de energía Energuate.

“Una de las medidas que hemos tomado es la sanción administrativa a la empresa distribuidora Energuate, según las dos denuncias que interpusieron los afectados y tendrán que cancelar aproximadamente más de dos millones de quetzales”, comentó Mynor López, presidente de la CNEE.

El diputado Lux, coordinador de la mesa técnica y representante del distrito de Retalhuleu, y la congresista, Lesly Valenzuela, por San Marcos, solicitaron a Miriam Roquel Chávez, sub procuradora adjunta I de la PDH, que busque los mecanismos que faculta la ley para que la institución a la que pertenece emita la resolución del caso.

Asimismo, los viceministros María Eugenia Barrios, de Educación, y Mario Alberto Figueroa, de Salud Pública, dieron a conocer que son los niños y niñas los afectados porque no están recibieron clases como debe de ser y también la población en general por qué no están funcionando varios puestos y centros de salud.

Por José Castellanos

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Congresistas integrantes de la Sala Legislativa de Asuntos Electorales, que preside el diputado Luis Alonzo Pernilla, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en reunión de trabajo decidieron instalar una mesa técnica para dar inicio al análisis y discusión de las modificaciones a la iniciativa 5389 (reformas a la ley electoral y de partidos políticos) planteadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado Alonzo Pernilla informó que debido a que la mencionada iniciativa fue presentada el año pasado, y no cuenta con el dictamen respectivo, solicitarán ampliación del plazo de entrega al pleno para analizar las modificaciones remitidas por el TSE.

Asimismo, por solicitud del diputado del Movimiento Reformador (MR), Ronald Sierra, invitarán a las autoridades del TSE para que informen como van los preparativos y campaña de divulgación de la Consulta popular del diferendo territorial, insular y marítimo que Guatemala tiene con Belice, programada para el 15 de abril próximo.

Dicha sala legislativa también analizará la iniciativa propuesta por el diputado Fidel Reyes Lee, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y miembro de la comisión, la cual pretende modificar en la ley electoral en lo relacionado con el financiamiento proselitista privado.

El presidente de la comisión indicó que cuentan con el ofrecimiento de instituciones como el Instituto Nacional para la Democracia (NDI, por sus siglas en inglés) y el Instituto Femenino de Estudios Superiores (IFES) para dar acompañamiento a las iniciativas.

Finalmente los congresistas eligieron al diputado Víctor Estrada (MR), como vicepresidente, y la diputada Vivian Preciado Navarijo, de la Unión del Cambio Nacional, como secretaria de la sala legislativa de trabajo.

Por Nery Morales

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El pleno del Congreso de la República aprobó hoy el Acuerdo Legislativo 12-2018 en el cual patentiza el dolor que embarga a los representantes de este Organismo, derivado del sensible deceso del Arzobispo de la Arquidiócesis de Guatemala, Oscar Julio Vian Morales, quien falleció el pasado 24 de febrero, por complicaciones de salud.

Los congresistas patentizaron el dolor que embarga a los representantes del Legislativo por el fallecimiento del Arzobispo, manifestando su pesar y solidaridad con familiares, amigos y comunidad católica guatemalteca.

El acuerdo fue acompañado de un minuto de silencio en memoria de Su Excelencia Reverendísimo por los legisladores presentes en el Hemiciclo.

Monseñor Oscar Julio Vian Morales nació en ciudad de Guatemala el 18 de octubre de 1947. Estudio en el colegio Don Bosco y se hizo seminarista en El Salvador, donde llevó a cabo su experiencia docente. Estudio Pedagogía y Teología en Costa Rica y Panamá, y Filosofía en la Universidad de Roma, Italia.

A su retorno a Guatemala fue obispo Apostólico de Petén, y laboró en la Conferencia Episcopal. En 2007 fue nombrado Arzobispo Metropolitano de Los Altos, Quetzaltenango, y el 4 de diciembre de 2010 tomó posesión como Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Guatemala, cargo que ostentaba hasta el momento de su deceso.

Por Fernando Bolaños

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Integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, que preside el diputado Ferdy Elías Velásquez (FCN-Nación), se reunieron hoy con Víctor Martínez, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), a quien cuestionaron sobre la ampliación y readecuación presupuestaria del ejercicio fiscal 2018.

El funcionario aseguró que a la fecha solo se ha ejecutado una readecuación de Q115 millones a aquellas entidades del Gobierno Central que registraron crecimiento operativo en el año 2017 y que mostraban dificultad para poder funcionar este año. Entre estas figura la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría General de la Nación y Ministerio de la Defensa.

Martínez afirmó que al momento ninguna cartera ha presentado solicitud alguna para ampliación de su techo presupuestario para el presente año.

Otro de los temas por los que fue cuestionado Martínez, fue el relacionado al recorte del situado constitucional que afecto a no menos de 60 municipalidades, y por lo cual varios jefes ediles temen que podrían dejarse de ejecutar distintos proyectos en sus comunidades.

El viceministro dijo que ese es un tema que debe de solucionar el Instituto Nacional de Estadística con la comisión encargada del cálculo del referido aporte financiero. Agregó que el Minfin ha pedido a las comunas que trabajen en sus reprogramaciones de proyectos 2017 y hacer los acomodos necesarios para contar con los recursos financieros.

Por aparte, la sala de trabajo recibió la visita de Homa-Zahra Fotouhi, representante del Banco Mundial para Guatemala, quien solicitó se agilice el dictamen de un préstamo de 100 millones de dólares por parte de ese organismo internacional, destinado a la lucha contra la desnutrición crónica en el país. Dicho crédito cuenta con una donación de 9 millones de dólares.

El préstamo está orientado a combatir la desnutrición crónica infantil en una primera fase en los departamentos que cuentan con los índices más altos de este flagelo, como Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché, Huehuetenango y San Marcos, y en una segunda fase serían beneficiados los departamentos de Sololá y Totonicapán. “Vemos con buenos ojos esta iniciativa del Banco Mundial, en virtud de contrarrestar este mal que ataca a la población más vulnerable y desprotegida del país”, expresó el diputado Elías Velásquez.

Por Karen Mendoza

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Con el acompañamiento del diputado Amílcar Pop, jefe de la bancada Winaq y presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia, dirigentes sindicales que representan a los trabajadores de la empresa de Transporte Urbano de Guatemala (Transurbano), denunciaron incumplimiento de sus derechos laborales y ser víctimas de persecución sindical de parte de los empresarios de dicha ruta.

Acudieron a la reunión representantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Rutas Metropolitanas de Transporte Sociedad Anónima (Sitraerumsa) y del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Expansión Corporativa Milenium, Sociedad Anónima (Sintraexcormisa).

Victoriano Zacarías, dirigente sindical, dijo que debido a la falta de pago de las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que asciende a aproximadamente Q14 millones, no reciben el servicio de salud. Además no se han mejorado las condiciones laborales, a pesar de haberlas constituido en el primer pacto colectivo de labores, por lo que se vieron en la necesidad de emplazar a dicha empresa.

“Lo negociado en dicho pacto solo ha servido para que los malos representantes de Transurbano confundan al resto de trabajadores, indicando que por culpa del sindicato la empresa está en quiebra, lo cual no es cierto”, agregó Zacarías.

Además aprovecharon la oportunidad para solicitar a los congresistas que interpelen a la ministra de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario, ya que, según comentaron, ha hecho caso omiso de sus denuncias.

Con respecto a las investigaciones por corrupción que lleva a cabo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso Transurbano, los trabajadores explicaron que no tienen ningún interés, más que en el cumplimiento de sus propios derechos laborales.

Sin embargo, al concluir la conferencia, otro grupo de pilotos del Transurbano se presentó a tratar de desmentir las denuncias, entre ellos Erick Maas y Nora Lemus, quienes indicaron que a su criterio les han cumplido con todos los beneficios, además consideran que una intervención de la empresa solo les afectaría.

El diputado Amílcar Pop expresó su respaldo a los trabajadores que se han acercado a pedir su apoyo en el proceso de sus denuncias por irrespeto de sus derechos e indicó que estará vigilante de lo que acontezca alrededor de este caso.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Construccionales, presidida por el congresista Fernando Linares-Beltranena (PAN), analizan la iniciativa 5377, que contiene reformas a la Ley de Reconciliación Nacional (LRN). El proyecto pretende generar certeza jurídica en relación a que la amnistía o extinción total de las responsabilidades penales se aplique a delitos que se hayan cometido durante el conflicto armado interno, hasta antes de la entrada en vigencia la LRN, aprobada en el año 1996.

“De lo que se trata es que todas las persecuciones penales o sentencias dictadas en ambas partes son nulas de pleno derecho y que todas las personas que están siendo perseguidas o que están cumpliendo condenas deben ser puestas en libertad”, expresó el diputado Beltranena.

El legislador Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores, comentó que la inactiva de ley debe analizarse y discutirse también con los sectores que estuvieron involucrados, como asociaciones militares y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

“Mi apreciación es que se ha hecho una interpretación indebida de la ley, lo cual debe dilucidarse dentro de los procedimientos jurisdiccionales competentes, porque se ha tratado de tipificar delitos de genocidio o de lesa humanidad que no lo son”, comentó el diputado independiente Luis Pedro Álvarez.

Agregó: “Este es un tema muy delicado porque podría malinterpretarse y parecer que se busca algún tipo de disparidad con algunas de las partes, y la neutralidad de la ley no la podemos violar”.

La comisión acordó reunirse el próximo martes e invitar a expertos en la materia para continuar con la discusión, antes de emitir el dictamen correspondiente.

Por Rosemary Recinos

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