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Tras los derrumbes registrados en septiembre de este año, en el kilómetro 310 entre Sibinal y la cabecera departamental de San Marcos, la diputada Lesly Valenzuela, de la Unidad Nacional de la Esperanza, sostuvo una reunión con representantes de varias entidades estatales en la cual se acordó conformar una mesa técnica para encontrar la manera de restablecer las comunicaciones terrestres en la región.

A la cita acudieron el ministro de Comunicaciones, Aldo García; el secretario general de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio Cabañas; el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, y representantes del Ministerio de la Defensa y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La mesa técnica se reunirá la semana próxima para buscar las vías adecuadas y encontrar una nueva ruta para que los habitantes de Sibinal pueda llegar a la cabecera departamental de San Marcos.

“Es urgente que se inicien los trabajos para buscar está nueva ruta, pues son 27 mil habitantes que han salido afectados con los derrumbes causados por los sismos y lluvias en la región, por lo que autoridades municipales, legisladores e instituciones de Gobierno debemos trabajar de la mano”, dijo la diputada Valenzuela.

Sergio Cabañas, de la Conred, indicó que no se descarta declarar estado de calamidad en el área de las rutas dañadas para poder trabajar y reparar lo dañado por los sismos y lluvias.

Por Karla Herrera

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Oscar Chinchilla, presidente del Congreso de la República, dijo que se respeta la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en torno a la derogatoria de la pena de muerte. “Respetamos la decisión, pero las reformas, aprobación o derogatoria de leyes es competencia del Congreso de la República, según lo establece la Constitución Política de la República”, dijo el parlamentario, al ser consultado por los periodistas que cubren la fuente.

Explicó que recientemente el Pleno conoció una iniciativa para reformar el tema, pero no prosperó y ahora la CC aceptó el recurso de dos abogados y derogó la pena de muerte para cinco delitos establecidos en el Código Penal: parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y magnicidio.

Chinchilla dijo que la Junta Directiva espera una notificación oficial de la CC, la cual será analizada para tomar las acciones que correspondan. “Respetamos a la CC, pero considero que para el caso de la pena de muerte son decisiones que no le corresponden”, puntualizó.

El diputado Raúl Romero, jefe del bloque Fuerza, coincidió con lo expuesto por el presidente Chinchilla. “Respeto el fallo de la CC, pero no la comparto; considero que los magistrados se extralimitaron en sus funciones y no tomaron en cuenta que el artículo 18 de la Constitución Política de la República establece el mecanismo por medio del cual se debe abolir la pena de muerte”, manifestó.

Romero también explicó que la CC cita al Pacto de San José y este dice que los países miembros que ya tenían aprobada la aplicación de la pena de muerte para determinados delitos pueden seguirla aplicando, y lo que no pueden es ampliarla a nuevos delitos. “La resolución de la CC contraviene el procedimiento en la Constitución Política de la República, así como lo establecido en el Pacto de San José”, citó el parlamentario.

Según Romero, en el momento de recibir la resolución de la CC debe realizarse un análisis jurídico, “pues hay dudas”, y en caso de no ajustarse a lo que se establece en materia, el Congreso de la República debe fijar una postura institucional.

Por René Rodríguez.

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso concluyó una semana más de audiencias y análisis presupuestario para el ejercicio fiscal 2018, al escuchar este viernes las solicitudes de recursos financieros del Ministerio Público (MP), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) e Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La Secretaria General del MP, Mayra Véliz, manifestó que la entidad recibió este año una asignación de Q1,842 millones, y para el siguiente solicitó un aumento de Q775 millones, pretendiendo Q2,617 millones, lo cual serviría para atención de las víctimas de delitos e investigación científica en 174 fiscalías de todo el país, las cuales finalizarán el año con un promedio de 430 mil denuncias recibidas.

Luego de escuchar la solicitud del MP, legisladores cuestionaron la alta mora fiscal en materia de atención y resolución de casos, la poca ejecución en inversión, de 19 por ciento de lo asignado cuando han transcurrido 10 meses del año, y la forma en que se ejecutará un préstamo que se solicita con un valor de 60 millones de dólares para los próximos cuatro años.

El diputado Rudy Castañeda, de Unión de Cambio Nacional, cuestionó si hay un plan alternativo presupuestario de no aprobarse lo solicitado, pues a su criterio es necesario identificar que cada año crece la cantidad de denuncias pero no se refleja en el crecimiento de instalaciones, fiscalías o presencia de la institución para los próximos cinco años en los planes de trabajo del ente investigador.

En la segunda parte de la reunión se escuchó al representante del Inacif, Famuel García y a la directora del IDPP, Nidia Arévalo, quienes hicieron sus respectivas solicitudes presupuestarias.

En el proyecto de presupuesto 2018, el Ministerio de Finanzas adjudicó al Inacif Q270 millones, o sea Q48 millones más que el actual, que equivale a Q212 millones, los cuales, según su director, servirán para realizar trabajos en área balística, necropsias y peritajes, contribuyendo a esclarecer casos de impacto nacional, los cuales han sufrido retrasos significativos por la falta de personal, principalmente en el interior del país donde solo se trabaja en horas hábiles.

Por aparte, Nidia Arévalo, del IDPP, informó que cuenta con una asignación de Q205 millones, los cuales se destinan para apoyar a personas que no cuentan con abogado para su defensa penal, brindando asistencia legal gratuita. Explicó que debido a los altos índices de capturas ameritan mayor cantidad de abogados, pues de 22 mil personas capturadas anualmente un 67 por ciento son defendidos por el IDPP, lo que hace necesario contratar cien abogados, comprar equipos de cómputo y construcción de instalaciones en todo el país.

Los cuestionamientos para estas instituciones se centraron en la baja ejecución en sus presupuestos de inversión, los cuales no superan el 25 por ciento de lo asignado a la fecha.

Por Fernando Bolaños

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Con el objetivo de actualizar y modernizar el derecho penal guatemalteco, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presentó ayer la propuesta del nuevo Código Penal, el cual unifica 140 tipos penales que estaban contenidos en 27 leyes especiales. Además de elevar las sanciones para los delitos de corrupción y de crimen organizado, también se reivindica la figura de la víctima, priorizándose la reparación digna por sobre la pena de prisión.

“Hace exactamente siete meses estábamos en el Congreso Nacional de Derecho Penal, en donde una de las principales demandas era una reforma integral al Código Penal, y que fuera un cuerpo legal que respondiera a la necesidad actual y que pusiera fin a la dispersión de 27 leyes especiales. A finales de mayo presentamos la propuesta general de este nuevo Código Penal y contamos con aportes de diferentes sectores. Hoy presentamos una propuesta integral, actualizado y moderno, y legítima demanda de la ciudadanía por tener mayor seguridad y paz social”, dijo el diputado Cornelio García, de la bancada Todos y presidente de la dicha sala de trabajo.

El Código Penal actual regula 276 delitos en los cuales hay la posibilidad de una respuesta punitiva alterna a la cárcel; mientras que en las 27 leyes penales especiales existen 74 delitos que así también lo permiten. La propuesta regula 427 delitos con posibilidades de sustituir la prisión por una medida desjudicializadora. En total el Código Penal actual regula 359 delitos y las 27 leyes penales especiales, 140. La actual propuesta contempla, en total, 639 delitos.

La propuesta se estructura en tres libros: el libro primero desarrolla los aspectos fundamentales de la dogmática penal; el segundo libro incorpora el catálogo de delitos por cada uno de los bienes jurídicos tutelados, que fueron ordenados atendiendo a la importancia intrínseca que tienen para el desarrollo integral y de conformidad a los valores y derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de la República. El libro tercero regula lo relativo a las faltas.

Un aspecto relevante es que se reprimen, drásticamente, los delitos graves, elevándose las sanciones para los delitos de corrupción y de crimen organizado; y se reivindica la figura de la víctima, priorizándose la reparación digna por sobre la pena de prisión, esto se encuentra contenido en el artículo 53, así como del 56 al 58, y en el 188.

También se elimina la pena de muerte para los delitos de desaparición forzada, parricidio, magnicidio y ejecución extrajudicial. Aunado a ello, en el Título I del Libro II, de la propuesta del nuevo Código Penal se homologaron con los estándares internacionales las siguientes figuras delictivas: Genocidio con una pena de 40 a 50 años de prisión, delitos contra los derechos humanos con penas entre 25 y 50 años, delitos de lesa humanidad con penas entre 15 y 50 años, y crímenes de guerra con penas entre 4 y 35 años.

Para el caso de los delitos contra el medio ambiente y contra el patrimonio cultural de la Nación, para el primero de los casos se proponen las siguientes figuras delictivas: delitos contra la diversidad biológica con penas de 1 a 9 años, delitos contra los bienes naturales con penas de entre 1 y 10 años, delitos contra la gestión ambiental con penas de entre 1 y 9 años. Y para el segundo: los delitos de daño, delitos de sustracción y delitos de comercio y tráfico ilícito. Para estos casos se propone imponer penas que van de 6 a 15 años.

Para los delitos del crimen organizado, en el caso de la asociación ilícita la pena se incrementa de 10 a 12 años, actualmente es de 6 a 8 años. Para asociación ilegal de gente armada también se incrementa de 10 a 12 años, ahora es de 6 a 10 años. Para obstrucción de justicia se propone una pena de 6 a 10 años, actualmente es de 6 a 8 años.

En lo que se refiere al delito de extorsión se pretende imponer una sanción de cárcel de 12 a 14 años, ahora es de 6 a 8 años. El sicariato se sancionará con cárcel de 40 a 50 años.

En el Capítulo III, de los delitos contra el crimen organizado, se establece que para el ilícito de lavado de dinero u otros activos la pena para personas individuales se estipula la que está vigente de 6 a 20 años de prisión inconmutable, pero se elimina que al condenado se le imponga una multa igual al valor de los bienes o de los instrumentos utilizados para la comisión del ilícito. Para las personas jurídicas se mantiene la que actualmente está vigente.

En el Título XX, en el Capítulo se establecen los delitos contra la corrupción, para cohecho pasivo se propone el aumento de la pena de 5 a 13 años y una multa de Q50 mil a Q500 mil; ahora es de 5 a 10 años, y la misma multa.

Para el cohecho activo se modifica la pena actual de 5 a 10 años y se fija entre 5 y 13 años, y se mantiene la multa de Q50 mil a Q500 mil; además para el cohecho activo transnacional se propone una sanción de cárcel de 6 a 14 años, con una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora tiene de 5 a 10 años; cohecho pasivo internacional, la pena a imponer es de 5 a 13 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, actualmente es de 5 a 10 años.

Para el delito de aceptación ilícita de regalos, se tiene previsto una pena de 2 a 6 años, y una multa de Q5 mil a Q30 mil, actualmente solo se sancionaba con una multa de Q100 a Q3 mil.

En el caso de peculado por sustracción, se aumenta la pena de 5 a 13 años, y una multa de Q10 mil a Q50 mil, ahora es de 3 a 10 años y una multa de Q500 a Q5 mil. Peculado por uso tendrá una pena de 4 a 8 años, y una multa de Q10 mil a Q50 mil; peculado imprudente será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

Para la malversación se propone una pena de 4 a 8 años, y una multa de Q20 mil a Q50 mil; actualmente es de 2 a 6 años, y una multa de Q20 mil a Q50 mil. Enriquecimiento ilícito con una pena de 6 a 14 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora es de 5 a 10 años, y es la misma multa.

El enriquecimiento ilícito de particulares se propone una pena de 5 a 13 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora es de 4 a 8 años y la misma multa. Para el testaferrato se propone una pena de 5 a 9 años, y una multa de Q50 mil a Q500 mil, ahora tiene de 5 a 10 años, y la misma multa.

Para el tráfico de influencias, se propone una pena de 4 a 8 años, ahora es de 2 a 6 años. Mientras que para el fraude es de 5 a 13 años, actualmente es de 5 a 10 años.

Estas son algunas de las modificaciones que se proponen en el nuevo Código Penal, cuya iniciativa será entregada a la Junta Directiva del Legislativo para que sea sometida al pleno del Congreso.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que preside el diputado Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza, presentó el primer informe de la mesa técnica de reformas a la Ley Marco de Seguridad Nacional.

Los puntos principales se enfocan en la posibilidad de incorporar otras instituciones que no fueron tomadas en cuenta para integrar el Consejo Nacional de Seguridad, y definir específicamente el ámbito de las responsabilidades de cada entidad integrante, para evitar duplicación de funciones.

El parlamentario Segura, dijo que “es el momento de reformar esta ley, para que efectivamente responda a la coyuntura y realidad nacional”.

“En las próximas reuniones continuaremos analizando procesos de fortalecimiento a las instituciones, como el ministerio de la Defensa y trabajaremos para identificar los artículos que puedan ser sujetos de reforma”, explicó el diputado Enrique Álvarez, de la bancada Convergencia.

Agregó que se contará con la participación de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Por Rosemary Recinos

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, escuchó la solicitud presupuestaria de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y del Ministerio de Economía (Mineco), en la continuación de las audiencias públicas de análisis del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año próximo.

El jefe de la CGC, Carlos Mencos, manifestó que para poder cumplir con los programas instaurados por el ente contralor efectuó una solicitud de Q636 millones, los cuales se obtienen de tres fuentes de ingreso; recursos ordinarios, fondos privativos y saldos de caja.

Explicó que un 71 por ciento de dichos fondos, equivalente a Q453 millones, son utilizados para el pago de 2,508 empleados. Para el presente año la CGC cuenta con una asignación presupuestaria de Q573 millones para ejecutar, por lo que solicitó un aumento superior a los Q60 millones, con el objeto de trasladar a unos 500 trabajadores del renglón 011 al 022. Ello con el objeto de dar mayor certeza y fuerza al ente contralor.

Los legisladores cuestionaron la falta de control por parte de la CGC en el tema de normas financieras, denominados candados, pues si la contraloría tuviera la eficiencia y certeza en su labor no sería siquiera necesario utilizar normas en los presupuestos y las instituciones podrían ejecutar de una buena manera.

El parlamentario Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, consultó sobre el registro de empleados de la CGC debido a que no hay censo de empleados públicos, instando al contralor a colaborar con su experiencia para analizar los cargos de las personas que laboran en el Gobierno.

Ministerio de Economía

En la segunda parte de la reunión se conoció la solicitud de presupuesto efectuada por el Ministro de Economía, Víctor Manuel Asturias, el cual asciende a Q417 millones.

El funcionario explicó entre sus planes de ejecución presupuestaria del año próximo figura expandir la cobertura y mejorar tecnología de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), abrir nuevas sedes del Mineco en el interior de la República y del Registro Mercantil.

Asturias dijo que al momento tiene ejecutado 68 por ciento de su presupuesto y proyecta finalizar el año con una ejecución del 85 por ciento.

Por Fernando Bolaños

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Diputados de Bancada de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el propósito de conocer los avances que se tienen en relación al Censo Poblacional que debe realizarse en abril de 2018.

El congresista Orlando Blanco, jefe de bloque, dijo a los funcionarios que a su bancada le preocupa el desarrollo del cronograma presentado por el INE, desde que se autorizó la realización del censo, y expresó su interés por conocer los avances de actividades programadas para este año, así como la contratación de personal y ejecución del presupuesto.

Néstor Guerra, director del INE, informó que el Censo Población está previsto para realizarse del 6 al 30 de abril de 2018, y para ello se trabaja con base en un cronograma previamente establecido. “Esperamos que para las dos primeras semanas de noviembre contemos con la boleta a utilizar durante el censo”, aseguró.

El responsable de coordinar la realización del Censo Poblacional es Eduardo Ríos, seleccionado por el Fondo de Población de Naciones Unidas.

Otro de los puntos destacadas por Guerra es que ya se recopiló información cartográfica en siete departamentos de oriente y nororiente. Para realizar la actualización cartográfica el INE cuenta con Q49 millones.

Guerra también dijo que hay equipo humano adecuado y que profesionales se integrarán según lo demande el cronograma de trabajo. El censo requerirá de 14 mil censistas, 3,500 supervisores; 44 coordinadores departamentales y 340 coordinadores municipales.

Del 17 de noviembre al 11 de diciembre próximo, se tiene previsto realizar un plan piloto del Censo Poblacional, en los municipios de San Pablo, Tamahú, Alta Verapaz; San Mateo, Quetzaltenango; y San Juan Atitán, Huehuetenango. “El plan piloto se hará con todo el profesionalismo del caso y utilizando los recursos necesarios”, concluyó el director del INE.

Pese a los datos proporcionados por Guerra, el diputado Blanco solicitó información por escrito principalmente sobre la metodología para recolección de información, así como el manejo del presupuesto de los recursos a utilizar durante la realización del censo.

Por René Rodríguez

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Los diputados que integran la Comisión de Seguridad Alimentaria, que preside el congresista Mario Velásquez (Creo), sostuvieron una reunión con el viceministro de Comunicaciones, Omar Rodas, y representantes de las comunidades de Zunil y Cantel del departamento de Quetzaltenango, para solicitar la reparación de la red vial en el país.

La presidenta de la Red de Organizaciones por la Interculturalidad de Quetzaltenango, Victoria Salanic, indicó que si las carreteras que comunican a las cabeceras departamentales con las comunidades están en mal estado, los precios de los productos de la canasta básica se incrementan y afectan la economía, por lo que es necesario que sean reparadas.

Al respecto, el viceministro Rodas aseguró que entre los planes de trabajo de la cartera se estima que para mediados del año próximo se estará iniciando con la reparación de mil kilómetros del tramo carretero hacia el Occidente.

“Esperamos que inicien lo antes posible las reparaciones de las carreteras y evitar el incremento en los precios de los alimentos, que afectan a las familias de escasos recursos”, destacó el diputado Velásquez.

Al finalizar la reunión los representantes de las comunidades aprovecharon para otorgar un reconocimiento al presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla, y al diputado Velásquez, por el apoyo que les han brindado a las comunidades del departamento de Quetzaltenango.

Por Karla Herrera

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La Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque acordaron sesionar los días lunes y martes de la próxima semana, tomando en cuenta el asueto del 1 de noviembre.

Para la septuagésima sexta sesión ordinaria, programada para el lunes 30, a las 14:00 horas, el orden del día propuesto incluye temas como la elección de quince magistrados titulares de la Corte de Apelaciones.

También continuará la discusión por artículos y redacción final del proyecto que dispone aprobar la ley de leasing y la ley del registro nacional de agresores sexuales y banco de datos genéticos.

Los jefes de bloques recibieron al viceministro de Agricultura, Byron Acevedo, y al director del Programa Moscamed para Guatemala, Carlos Soto, quienes solicitar apoyo para que el Pleno conozca y apruebe la iniciativa 5195, que dispone otorgar exoneración del Impuesto al Valor Agregado en todas las compras destinadas al combate a la Mosca del Mediterráneo.

Moscamed es un programa que integran Estados Unidos de América, México y Guatemala, que funciona desde 1975, y cuenta con un presupuesto de US $14 millones, de los cuales Guatemala únicamente aporta US $500 mil.

El presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, ponente de la mencionada iniciativa, indicó que propondrá en la próxima reunión de jefes de bloques que sea incluida en la agenda legislativa y conocida por el Pleno.

Por Nery Morales

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