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En la reunión de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, efectuada este lunes, se conocieron las asignaciones sugeridas para el poder local en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018.

Este lunes participaron gobernadores departamentales, Asociación Nacional de Municipalidades, secretarías de Coordinación Ejecutiva y de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Instituto de Fomento Municipal (Infom) y representantes de Comités Departamentales de Desarrollo (Codedes), quienes presentaron sus solicitudes y detallaron sus gastos.

Según se informó, este año Segeplan recibió un presupuesto de Q7 mil 47 millones y espera disponer de Q7 mil 300 el próximo, que servirían para financiar proyectos en conjunto con comunas, gobernaciones, comités comunitarios de desarrollo e Infom, coordinando la efectiva ejecución del gasto.

Acerca de las ejecuciones, el gobernador del departamento de Guatemala, Iván Díaz, dijo que cuenta con Q312 millones para trabajar con alcaldes y Codedes, pero solamente se han ejecutado 8 por ciento de los fondos “pues el Ministerio de Finanzas Públicas únicamente ha entregado el 25 por ciento”.

Dicha situación fue catalogada como “dramática” por los legisladores, quienes dijeron que debido a “la mala coordinación y ejecución no se realiza obra gris en los municipios que lo necesitan”. “Alcaldes y personas esperan apoyo para ejecutar las pocas obras que pueden, y todo se atrasa por malas decisiones. Es preocupante; estas instituciones son las que menos han ejecutado de todo el Estado”, manifestó Ovidio Monzón (Todos).

Los gobernadores participantes expusieron que lo anterior se debe en algunos casos a la falta de asignación o a no poder operar los códigos del Sistema Nacional de Inversión Pública, debido a las complicadas normas presupuestarias, en tanto que los jefes ediles se quejaron que pueden licitar hasta el 22 de noviembre, por lo cual sobran fondos que no son utilizados a pesar de las necesidades.

El presidente de la sala de trabajo, Adim Maldonado (Frente de Convergencia Nacional), cuestionó tales procedimientos. “De seguir así, en los próximos 10 años no se podrá corregir el problema”, manifestó. El parlamentario sugirió elaborar presupuestos multianuales, con mecanismos agiles de desembolso y ejecución de obras, pues dijo que se conocen casos de municipalidades y gobernaciones con saldos en caja desde el año 2008, sin que sean utilizados.

Por Fernando Bolaños

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Con el objetivo de reconstruir el tejido social en el país, el diputado Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, de Visión con Valores (Viva), presentó el 26 de octubre último la iniciativa de ley 5375, para que el 21 de septiembre se declare el Día Nacional del Arrepentimiento, el Perdón y Reconciliación para la Paz.

“En Guatemala desde hace tiempo hemos tratando de construir la paz, primero se firmó la Paz Firme y Duradera; sin embargo, no se ha hecho énfasis en lo que es el perdón que los guatemaltecos nos tenemos que dar para construir una sociedad donde podamos caminar juntos. Sabemos que tenemos muchas diferencias y etnias, que tal vez en un determinado momento nos hacen separarnos, pero no nos olvidemos que todos somos guatemaltecos”, expresó el diputado de Viva.

Agregó que por medio de esta iniciativa se propone que una vez al año, el 21 de septiembre, se haga énfasis en lo que es el perdón y la paz, porque todos los guatemaltecos de una u otra forma “hemos contribuido con la situación de violencia en el país, unos por acción y otros por omisión”, dijo el legislador Díaz-Durán Méndez.

También se busca que en esa fecha “el Presidente de la República pueda pedir perdón por toda esa indiferencia, por la corrupción, violencia, por el derramamiento de sangre que ha habido en Guatemala”, subrayó el diputado.

De ser aprobada por el pleno del Congreso de la República, en la fecha indicada se hará una declaración de perdón, la cual irá acompañada con la representación de un niño de cada departamento a quienes se les entregará una copia de la Constitución Política de la República como un gesto del Pacto de Paz, y se les entregará una semilla como símbolo de progreso, explicó el legislador ponente de la iniciativa.

Cabe mencionar que el 21 de septiembre ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de la Paz.

Por Byron Vásquez

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El Pleno de diputados inició este lunes, en sesión ordinaria, la elección de magistrados titulares de Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales colegiados de igual categoría.

Los congresistas se declararon en sesión permanente a solicitud del diputado Oscar Enrique Chavarría, del bloque Compromiso, Renovación y Orden, hasta agotar la agenda aprobada para la septuagésima sexta sesión iniciada este lunes y que continuará mañana martes 31, a las 10:00 horas.

De un listado de 80 magistrados suplentes, los diputados han elegido a seis de ellos para que sean titulares: Harold Estuardo Ortíz Pérez, Rafael Morales Solares, César Augusto Amézquita Ruano, Norma Judith Palacios Colindres, Nicolás Cuxil Guitz y Otoniel Eduardo Fernández Mendoza.

Previo, la Secretaría anunció al Pleno que no se incluyeron a los abogados María Cristina Fernández, María Consuelo Porras Argueta y José Mynor Par, debido a que fueron electos magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, según el Acuerdo 13-2016.

Al no haber quorum para continuar con la elección, el Presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, declaró receso y convocó a continuar con la sesión mañana martes a las 10:00 horas.

Por Nery Morales

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Diputados que integran la mesa técnica de análisis a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la cual es coordinada por el parlamentario Enrique Álvarez, de la bancada Convergencia, recibieron los aportes del Ministerio de la Defensa Nacional, quienes señalan la necesidad de reformar dos artículos relacionados a la seguridad exterior e interior.

“Tanto el artículo 19 como el 29 son muy escuetos y deben modificarse para que se defina con mayor exactitud el ámbito de actuación de los ministerios y que trabajemos realmente como un sistema integrado, en beneficio del país”, refirió Jorge Roberto Ruíz, viceministro de la Defensa.

El diputado Álvarez expresó que se continuará realizando un balance sobre esta ley marco, a nueve años de su implementación, para identificar los aspectos que deben modificarse para su fortalecimiento.

En otro tema, la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que preside el diputado Raúl Romero Segura, de la bancada Fuerza, citó a autoridades del ministerio de Gobernación para aclarar dudas respecto al asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y determinar si los capturados pertenecían al sistema penitenciario, como se rumoró en algunos medios de comunicación.

Stu Velásco, subdirector de Investigación Criminal de la PNC, señaló que los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre, cuando los agentes realizaban un patrullaje de rutina y fueron agredidos con arma de fuego. Indicó que en el acto fueron capturados dos personas quienes se encuentran en proceso de investigación, pero que no pertenecen a ninguna entidad del Estado.

Por Rosemary Recinos

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Parlamentarios de la Comisión de Transparencia y Probidad se reunieron este lunes con funcionarios de la Contraloría General de Cuentas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema del VIH-Sida, pues temen el retiro de US $12 millones por parte del Fondo Mundial por el poco avance en la implementación de programas y políticas que ayuden a la prevención, control y tratamiento de la enfermedad.

“Vemos con preocupación que hay muertes en el país por este virus que no han sido atendidas ni prevenidas, debido a que el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Salud, no ha ejecutado los mecanismos de control, lo cual pone en riesgo las vidas de miles de guatemaltecos”, aseguró el diputado Amílcar Pop (Winaq), presidente de la sala legislativa.

Aldo Dávila, representante de la Red de Derechos Humanos y VIH de Guatemala y su observatorio, denunció en la reunión que a la fecha no ha sido aprobado el Plan Nacional sobre la Prevención y Erradicación del VIH, lo cual pone en riesgo a los enfermos y diversos préstamos que el país recibe de la comunidad internacional.

El congresista Pop dijo: “Tenemos un problema grave sobre la mesa, ya que de ser retirados estos fondos el Estado no podrá hacer frente a dicho problema; en tal virtud, en los próximas días estaremos presentando un amparo para que el Organismo Ejecutivo reaccione en salvaguarda de la vida de guatemaltecos con esta afección”.

Datos del Ministerio de Salud Pública registran que de enero a septiembre de este año existen 1 mil 108 nuevos casos, que se suman a los registrados desde el año 1984: 34 mil 810. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud estiman que 2 millones de latinoamericanos viven con VIH. En Guatemala los mayores índices de personas infectadas se concentran en Retalhuleu e Izabal.

Por aparte, en dicha instancia fueron recibidos pilotos del Transurbano, quienes denunciaron violaciones a sus derechos humanos y laborales por parte de los administradores; dijeron que desde hace dos años les cobran la cuota laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero no es transferida, por lo que ellos y sus familias no reciben atención.

El diputado Pop anunció que interpondrá amparos para que el Estado intervenga. “La empresa durante años ha cobrado las cuotas del IGSS a sus trabajadores y se las ha quedado; eso es delito, se lo han robado. En ese sentido podrían estar incurriendo en lavado de dinero o enriquecimiento ilícito de particulares, razón por la cual la comisión pedirá las medidas preventivas a la Procuraduría de los Derechos Humanos para proteger a los pilotos y buscar la intervención de la empresa”, puntualizó.

Por Karen Mendoza

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La organización Acción Ciudadana y el movimiento Guatecambia reconocieron el trabajo de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso de la República, gracias al cual este alto organismo del Estado está entre las 10 instituciones estatales con mayor nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

De acuerdo con la evaluación, avalada por la Procuraduría de Derechos Humanos, entre 100 sujetos obligados, el Congreso de la República es la novena institución estatal que más cumple con la LAIP (95.24%).

La unidad atendió los reportes enviados en cuanto al cumplimiento de la LAIP y emprendió acciones correctivas dentro del portal del Congreso en Internet, con la finalidad de cumplir con las prácticas de datos abiertos.

Por Antonio Ordóñez

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El diputado José de la Cruz Cutzal Mijangos (FCN-Nación), representante del departamento de Sololá, citó a autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con el fin de conocer el avance en el traslado de las instalaciones del seguro social de su distrito, que tiene como fecha límite los primeros días del año 2018.

El subgerente de Prestaciones en Salud del IGSS, Arturo García, explicó que actualmente funcionan en un espacio que les presta el hospital nacional de la localidad; sin embargo, deben desocuparlo debido a programas de expansión que tiene el nosocomio, por lo que ya están preparando las nuevas instalaciones, donde atenderán a los más de 22 mil afiliados y beneficiarios.

Asimismo, informó que ya tienen listos dos inmuebles, en uno funcionará la consulta externa y la administración, y en el otro la hospitalización y especialidades. “Contamos con el financiamiento necesario para cumplir con los compromisos”, indicó.

Agregó que también han avanzado en el proyecto de dos consultorios que funcionarán en los municipios de San Pedro la Laguna y Nahualá.

“El objetivo es que estas nuevas unidades vayan descargando los hospitales del IGSS de Sololá y Quetzaltenango, con el fin de dar una mejor atención en salud a los beneficiarios”, dijo García.

Sully Arrivillaga, encargada del IGSS del departamento de Sololá, explicó que han estado en contacto con los representantes del Comité Pro IGSS de la localidad, con el fin de contar con la aprobación de los vecinos afiliados en todo el proceso de traslado.

El diputado Cutzal, dijo que reitera su compromiso para dar seguimiento a todo el proceso de traslado y funcionamiento del IGSS en su departamento. “Hemos pedido la participación de los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que conjuntamente hagamos este trabajo que beneficia a los guatemaltecos y especialmente a los sololatecos”, concluyó.

Por Mayra Recinos

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El Parlamento Juvenil 2017 se llevó a cabo este viernes con la presencia de 158 jóvenes y señoritas seleccionados en todo el país por su liderazgo y méritos académicos, quienes aprobaron un decreto para exhortar al Estado a declarar como prioridad nacional la desarticulación de las estructuras delictivas, entre las que se encuentran las pandillas o maras.

La actividad, que se efectuó este jueves y viernes por segundo año consecutivo, es promovida por el Organismo Legislativo, Ministerio de Educación, Fundación Hanns Seidel y Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, con el objetivo de promover ciudadanía y liderazgo en los estudiantes del nivel medio de todo el país.

Los jóvenes representaron a establecimientos educativos públicos y privados y en sus intervenciones plantearon que el Gobierno acciones para erradicar problemas como la corrupción, violencia, falta de oportunidades y marginación, especialmente de la juventud.

En la sesión solemne de este viernes estuvieron el ministro de Educación, Oscar Hugo López, y el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, quien en su discurso resaltó la importancia de que los jóvenes expresen sus temores, preocupaciones, sueños y anhelos.

Los participantes se organizaron en seis bloques legislativos: Bandera, Ceiba, Marimba, Monja Blanca, Quetzal y Escudo.

La Junta Directiva quedó integrada de la siguiente manera: presidenta, Eddely Velinda Huitz Peruch, de Huehuetenango; primera vicepresidenta, Adriana Domínguez, de Guatemala; segunda vicepresidenta, Sandra Coc, de Petén; tercera vicepresidenta, Manuela González, de Retalhuleu; primera secretaria, Fernanda López, de Izabal; segunda secretaria, Wendy Meléndez, de Guatemala; tercera secretaria, Karin Pereira, de El Progreso; cuarta secretaria, Dayana Cotí, de Quetzaltenando, y quinto secretario, Javier Ortiz, de Sololá.

Por Nery Morales.

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Tras los derrumbes registrados en septiembre de este año, en el kilómetro 310 entre Sibinal y la cabecera departamental de San Marcos, la diputada Lesly Valenzuela, de la Unidad Nacional de la Esperanza, sostuvo una reunión con representantes de varias entidades estatales en la cual se acordó conformar una mesa técnica para encontrar la manera de restablecer las comunicaciones terrestres en la región.

A la cita acudieron el ministro de Comunicaciones, Aldo García; el secretario general de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio Cabañas; el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, y representantes del Ministerio de la Defensa y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La mesa técnica se reunirá la semana próxima para buscar las vías adecuadas y encontrar una nueva ruta para que los habitantes de Sibinal pueda llegar a la cabecera departamental de San Marcos.

“Es urgente que se inicien los trabajos para buscar está nueva ruta, pues son 27 mil habitantes que han salido afectados con los derrumbes causados por los sismos y lluvias en la región, por lo que autoridades municipales, legisladores e instituciones de Gobierno debemos trabajar de la mano”, dijo la diputada Valenzuela.

Sergio Cabañas, de la Conred, indicó que no se descarta declarar estado de calamidad en el área de las rutas dañadas para poder trabajar y reparar lo dañado por los sismos y lluvias.

Por Karla Herrera

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