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El Congreso de la República, por medio de la Dirección General Legislativa, consultó al Tribunal Supremo Electoral acerca de quién ocuparía la curul que dejaría vacante el diputado Roberto Kestler, esto derivado de una orden de captura girada por juez competente y ejecutada este día.

Al ser entrevistado por los medios de comunicación, el Presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, dijo lamentar la situación por la que atraviesa el congresista; sin embargo, indicó que deben de respetarse los procesos y que el parlamentario pueda solventar su situación judicial.

Asimismo, explicó que el Legislativo tiene una amplia agenda que cumplir, con iniciativas importantes por aprobar, entre las que destacó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año próximo, reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la elección de Junta Directiva.

Para concluir, el presidente Chinchilla informó que el lunes 6 de noviembre habrá reunión de Junta Directiva y también de la Instancia de Jefes de Bloque, en las cuales se aprobarán las órdenes del día para las plenarias del martes 7 y jueves 9 de este mes.

Por René Rodríguez

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Diputados que integran la bancada Convergencia conjuntamente con la organización Mujeres Transformando el Mundo, presentaron este día la iniciativa de ley de protección de la niña, la cual tiene como objetivo restituir los derechos de las víctimas de trata de personas, violencia y explotación sexual, que como consecuencia de ello enfrentan embarazos y maternidad forzada.

La congresista Sandra Morán, jefa de bloque, explicó que este proyecto de ley propone acciones interinstitucionales que permitan lograr la reparación digna y transformadora de cada niña víctima, creando condiciones que garanticen sus proyectos de vida.

“Es alarmante que según datos del Registro Nacional de la Personas (Renap) y del Observatorio en Salud Reproductiva (Osar), solo de enero a julio de 2017, se registraron más de 20 mil inscripciones de nacimientos de madres entre los 10 y 14 años de edad”, indicó la legisladora.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), aproximadamente tres mil niñas han sido examinadas por delitos sexuales en lo que va del año.

El congresista Enrique Álvarez (Convergencia), dijo que como diputados no pueden ser indiferentes a esta situación que enfrentan las niñas de este país y el Estado como tal no puede continuar ignorándolas.

La iniciativa marca el buen uso del derecho internacional, define claramente la protección primaria, secundaria y terciaria, y acceso a la justicia de casos en los que los medios preventivos hayan podido evitar la violencia sexual.

“No es una iniciativa de carácter penal, es una iniciativa de carácter preventivo, por esa razón hemos incluido al Ministerio de Educación para que incorpore en su Currículo Nacional Base el componente de proyecto de vida, así como la orientación para evitar ser víctimas de estos flagelos”, mencionó la diputada Morán.

Los congresistas indicaron que esperan contar con el apoyo de toda la sociedad y de los diputados de las diferentes bancadas, con el fin de poder contar con esta norma jurídica lo antes posible.

Por Mayra Recinos

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Tras varias denuncias recibidas por presuntas anomalías en las contrataciones hechas durante los últimos meses en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los diputados de la bancada Convergencia, que es dirigida por la congresista Sandra Morán, sostuvieron una reunión con el secretario de la entidad, Sergio Cabañas.

Los legisladores cuestionaron sobre las contrataciones y despidos anómalos, a lo que el secretario de la Conred respondió que durante los últimos meses solo se han contratado a las personas que son necesarias y todo ha sido bajo los reglamentos internos de la institución.

Los diputados también inquirieron acerca de los planes de atención en caso de desastres naturales, a lo que Cabañas indicó que la Conred mantiene un monitoreo en cada departamento y está lista para brindar la ayuda necesaria en cualquier momento.

La congresista Morán informó que la semana próxima se reunirán nuevamente con funcionarios de la Conred para determinar el apoyo que se les dará para el presupuesto del próximo año, que servirá para atender las emergencias que se presenten en el territorio nacional.

Por Karla Herrera

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La Comisión del Migrante del Congreso de la República definió hoy los requisitos que deberán llenar los aspirantes a ocupar la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) y completó el número de integrantes de la junta directiva de dicha sala de trabajo.

El diputado José Martínez Dell, de la bancada Todos y presidente de la comisión, explicó que entre las condiciones exigidas a los candidatos a dirigir la entidad figura que sean guatemaltecos, comprobar idoneidad y tres años de experiencia en el tema de migrantes.

El congresista agregó que se publicará la convocatoria en el diario oficial para iniciar la recepción de expedientes de los aspirantes, cuyo proceso se espera finalizar el 20 de noviembre próximo, para elaborar la nómina que se presentará al Pleno para llevar a cabo la elección.

Este proceso ha llevado varios meses, luego de acciones amparo que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad que resolvió repetir el proceso de elección del titular de la Secretaria Ejecutiva de Conamigua.

El legislador Martínez también expresó su satisfacción luego que este día se ha completado el número de integrantes de dicha sala de trabajo, al igual que la junta directiva, en la cual participan como vicepresidente el diputado Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional, y como secretario el congresista Marcos Yax, del Frente de Convergencia Nacional-Nación.

Por Fredy López

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La Junta Directiva del Congreso de la República evalúa la posibilidad de utilizar parte de sus ahorros para la construcción de un edificio propio para oficinas de los diputados, con el fin de no pagar alquiler de instalaciones y mediante un proceso transparente, informó el presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla.

“Lo que se pretende es dejar una planificación para restaurar el actual edificio, y la programación para que en el futuro se construya un edificio propio, considerando el lugar adecuado y costos”, puntualizó.

Asimismo, destacó que dentro de la planificación debe considerarse que la convocatoria a los oferentes sea abierta y cristalina. “Se debe invitar a un ente internacional para se haga cargo de la ejecución del proyecto para que el proceso sea totalmente transparente”, indicó.

El presidente Chinchilla comentó que el Organismo Legislativo eroga cerca de Q13 millones anuales por concepto de alquiler para oficinas del Congreso que funcionan en inmuebles cercanos. “Al tener un edificio propio se ahorrarían esos recursos”, concluyó el Presidente Chinchilla.

Por René Rodríguez

 

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Durante una reunión con viceministros de Economía y de Comunicaciones, con la presencia de representantes de la Asociación de Contratistas de Limpieza, el diputado Aníbal Rojas (Visión con Valores) solicitó revisar los reglamentos internos para no afectar a las pequeñas empresas que se dedican a esa tarea.

El viceministro de Comunicaciones, Omar Rodas, destacó que uno de los motivos por lo que se cambió el reglamento para otorgar concesiones de trabajo es lograr resultados más rápidos con las compañías que tienen la maquinaria necesaria y evitar que al hacerlo de manera manual se retrasen las faenas de limpieza y bacheo de la red vial.

Los representantes de la Asociación de Contratistas de Limpieza aseguraron que actualmente son casi 200 microempresas afectadas con las nuevas disposiciones de la cartera de Comunicaciones, y cada microempresario da trabajo a 10 o 20 personas.

El diputado Rojas solicitó que las nuevas disposiciones sean analizadas para no afectar a quienes generan trabajo, por lo que la próxima semana habrá nueva reunión con las partes interesadas, en busca de soluciones.

Por Karla Herrera

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Para cumplir los artículos 217 y 229 de la Constitución Política de la República, con 83 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó este martes el Acuerdo 33-2017, por medio del cual se realizó la elección de 15 magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Con dicha elección se llenan las vacantes en ese órgano jurisdiccional.

Los togados fueron electos para culminar el período 2014-2019 y serán distribuidos en las diferentes salas de la Corte de Apelaciones; entre sus funciones están velar porque los jueces de primera instancia penal y jueces menores cumplan con lo establecido en la legislación.

Los profesionales electos para ocupar las vacantes son:


  1. Harold Estuardo Ortíz Pérez *

  2. Rafael Morales Solares *

  3. César Augusto Amézquita Ruano *

  4. Norma Judith Palacios Colindres *

  5. Nicolás Cuxil Guitz *

  6. Otoniel Eduardo Fernández Mendoza *

  7. Fredy López Contreras

  8. Horacio Enríquez Sánchez

  9. Edgar José López Espaillat

  10. Karina Beatriz González Escobar

  11. Luis Fernando Aroche Arrecis

  12. Edgar Amilcar Moreno Castillo

  13. Edwin Roberto Ruano Martínez

  14. Franc Armando Martínez Ruiz

  15. Santos Sajbochol Gómez

* Electos en la sesión del lunes 30 de octubre.

El presidente del Legislativo, Oscar Chinchilla, manifestó: “Hemos dado cumplimiento a uno de los compromisos institucionales de este Organismo, con lo cual se completan los magistrados de Salas de Apelaciones”.

Por no contar con el quorum necesario para agotar los puntos en agenda, la Junta Directiva dio receso en la plenaria declarada permanente y convocó para el martes 7 de noviembre, a partir de las 14:00 horas.

La Corte de Apelaciones es un conjunto determinado de tribunales colegiados de segunda instancia perteneciente al Organismo Judicial cuya jurisdicción se extiende a todo el país; cada sala o corte de apelaciones está compuesta por un número determinado de jueces llamados magistrados, entre los cuales uno actúa como presidente.

Por Karen Mendoza

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Con la finalidad de establecer un arbitrio gradual para el pago del alumbrado público en el país, la Comisión de Energía y Minas recibió las propuestas del sector de los grandes usuarios (empresas), de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), con la idea de elaborar un proyecto consensuado para hacer una iniciativa de ley.

“El 4 (de noviembre) habrá una reunión con los grandes usuarios para determinar cuál es el pago que hacen por el alumbrado público; se sabe que unos pagan y otros no y hay que ordenar este sector para que la gente que menos tiene no pague todo lo que está pagando; en este momento la gente que menos tiene subsidia el pago del alumbrado público”, aseveró el diputado Luis Contreras (Movimiento Reformador), presidente de la referida comisión.

Ewald Scheel, vicepresidente de la Gremial de los Grandes Usuarios, explicó que no existe una norma referente al pago del alumbrado público y cada municipalidad determina cómo hacer el cobro por medio de una tasa municipal, y por ello se sector propone el pago de un arbitrio y establecer tres categorías de usuarios: Tarifa Social (quienes reciben subsidio del Instituto Nacional de Electrificación); usuarios regulados (sin subsidio que consumen más de 100 KW al mes) y grandes usuarios.

Indicó que se debe establecer un factor de pago para cada categoría y buscar que los consumidores con menos recursos económicos paguen menos. Detalló que hay 980 grandes usuarios, 3 millones de regulados y 2 millones que reciben subsidios.

Néstor Herrera, gerente de tarifas de la CNEE, presentó la propuesta que se establece que la tarifa de energía eléctrica por hora por distribuidora es: Q0.22 para Distribuidora de Electricidad de Occidente; Q0.15 y Q0.16 Distribuidora de Electricidad de Oriente; y Q0.06 Empresa Eléctrica de Guatemala.

Se toman en cuenta que en los valores vigentes de cada distribuidora hay un costo del 12 por ciento, 9 por ciento y 5 por ciento, respectivamente del KW por hora al mes, y citó como ejemplo que en el municipio de La Unión, Zacapa, donde opera la Distribuidora de Electricidad de Oriente, a un usuario de 100 KW hora al mes se le reduciría la tarifa en aproximadamente Q20.

La metodología que propone la CNEE para los grandes usuarios es que los que consumen 24 mil KW por mes paguen el 100 por ciento del arbitrio y el consumo arriba de los 24 mil KW se pagará solo el 40 por ciento; además, se establece que solo se gravará hasta el consumo de 500 mil KW por hora mes, y el usuario que consuma más de esta cantidad será gradual, entre el 40 por ciento y 100 por ciento.

Edwin Escobar, presidente de la Anam, también propuso cuatro categorías: para los usuarios de Energuate sería de entre 15 y 30 por ciento; para la Empresa Eléctrica de Guatemala sería de entre 10 y 15 por ciento; para las pequeñas y medianas Empresas sería por demanda menos del 10 por ciento y para los grandes usuarios sería menos del 5 por ciento.

Estas propuestas serán consensuadas el 4 de noviembre entre los tres sectores y el Ministerio de Energía y Minas, para dejar una sola que se convierta en iniciativa de ley.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, que coordina la mesa técnica interinstitucional que analiza una nueva ley de contrataciones del Estado, avanzó este día escuchando la opinión del Ministerio Público (MP) sobre la tipificación de los delitos dentro de la iniciativa.

Los congresistas solicitaron información a Mayra Veliz, Secretaria General del MP, sobre cómo la nueva normativa puede impactar en el actual Código Penal y si necesitarían reformarlo para no causar contradicciones.

Veliz indicó que ven con buenos ojos el haber integrado la mesa técnica, ya que la legislación nacional debe estar en concordancia, por lo que además de darles a conocer algunos aspectos generales se comprometió a entregar en los próximos días un análisis exhaustivo de lo solicitado.

El diputado Amílcar Pop (Winaq), presidente de la sala de trabajo, dijo que les interesa mucho el tema, “pues el 90 por ciento de la corrupción en el país está vinculado a las contrataciones, por lo cual es importante analizar la tipología de los delitos y sus procedimientos”, expresó.

Agregó que “el mayor objetivo es encontrar mecanismos viables y expeditos para que las obras vinculadas a corrupción no queden estancadas, porque los más afectados son el Estado y los guatemaltecos”.

Los congresistas acordaron que se reunirán conjuntamente con la mesa técnica el 7 de noviembre para escuchar a representantes de la Contraloría General de Cuentas y sus informes sobre fiscalizaciones.

Al concluir, el diputado Pop agradeció la presencia de la representante residente del Banco Mundial, Homa-Zahra Fotouhi, quien ofreció acompañamiento y apoyo técnico en la elaboración de la nueva ley.

Por Mayra Recinos

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