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Con el objetivo de acercar las juntas receptoras de votos a la población, la Comisión de Asuntos Electorales aprobó el artículo 34, del denominado cuarto borrador del proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en donde se establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá adecuar a su criterio, y tomando en cuenta las condiciones de seguridad e infraestructura de las comunidades, instalar juntas receptoras de votos en donde haya menos de 500 empadronados.

Durante la reunión de la sala de trabajo se avanzó hasta el artículo 37, y se improbó el artículo 35, además pospusieron por consenso los artículos 33 y 36 para modificar la redacción de los mismos.

Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza y presidente de la Comisión, indicó que se tiene previsto que el dictamen sea entregado el 20 de noviembre próximo a la Junta Directiva del Congreso de la República.

“Estamos a punto de terminar de aprobar los artículos del documento borrador para elaborar el dictamen que será sometido al Pleno. Nos faltan tres artículos y quedamos pendientes de mejorar algunas redacciones. Si terminamos de votar el jueves y de aprobar lo que el Tribunal (Supremo Electoral) planteó, nos llevaría para que entre el 15 y 18 se esté entregando el dictamen a junta directiva, y si se atrasara se entregaría el dictamen el 20 de noviembre a más tardar”, dijo el diputado Argueta.

En la cita de trabajo de este martes, los diputados presentes que integran la referida comisión, coincidieron en que es obligación del TSE acercar las juntas receptoras de votos a la población, aunque se modificó la redacción del artículo 34, debido a que en la propuesta inicial se estipulaba que se tendría que instalar juntas en las aldeas, caseríos, cantones y otros lugares en donde hayan más de 200 empadronados.

Sin embargo, después de la discusión se determinó que será a criterio del TSE que se determine en qué lugares se instalarán las juntas en donde hayan menos de 500 empadronados, tomando en cuenta para ello la seguridad e infraestructura del lugar.

La comisión estimó conveniente suprimir de la propuesta la segunda parte del artículo 34, que se refería a la contratación del transporte para trasladar a los votantes, por considerar que primero se deberá conocer la posición del ente encargado del proceso electoral para establecer como se procederá en el tema del transporte.

El otro artículo aprobado es el 37, en donde se establece el procedimiento para que el TSE pueda llevar a cabo la convocatoria para una consulta popular, como por ejemplo la que se llevará a cabo en marzo de 2018, sobre el diferendo territorial con Belice. En la propuesta se determina que a partir de recibir el acuerdo gubernativo o legislativo, para hacer el procedimiento consultivo, el ente electoral tendrá 45 días para hacer la convocatoria y a partir de allí tendrá 120 días para llevarla a cabo.

En el artículo 33, que fue pospuesto para modificar su redacción, se propone que el TSE pueda tener el control y fiscalización del financiamiento a entidades que lleven a cabo campañas cívico-políticas a través de los medios de comunicación y en las redes sociales.

El artículo 36, también se pospuso para cambiar su redacción. El diputado Argueta propuso que se deben modificar los plazos de 5 a 4 días después de concluir el proceso electoral, para que el TSE entregue las actas en papel, y que el tiempo para la audiencia de revisión será de 7 días después de que sean entregados los documentos. Además debe establecerse que cuando las actas en papel no coincidan con las actas electrónicas, entonces se pondrán presentar impugnaciones en la audiencia de escrutinio respectiva.

La próxima reunión de la Comisión de Asuntos Electorales se llevará a cabo el jueves próximo, en donde se tiene previsto concluir con la aprobación de los artículos del cuarto borrador y retomar lo relacionado a la creación de subdistritos.

Por Byron Vásquez

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Con el objetivo de viabilizar la ejecución presupuestaria del Estado, integrantes de la Mesa Técnica Legislativa que analiza la reformulación del Decreto 46-2016, Ley de Contrataciones del Estado, escucharon hoy a funcionarios de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes presentaron un informe de auditorías realizadas a corporaciones municipales y las distintas direcciones del Gobierno central.

El documento hace mención de 669 hallazgos encontrados por el ente fiscalizador, de los cuales 270 se localizan en las municipalidades, 203 son de diversas direcciones del Ejecutivo, 2 pertenecen a los fideicomisos y 77 fueron encontrados en la Dirección de Infraestructura.

En la exposición, ante diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad, Arturo Álvarez, funcionario de la CGC, afirmó: “En la auditoría se pudo detectar que el denominador común de dichos resultados fue el incumplimiento en cuanto a la publicación de los eventos de licitación en el portal de Guatecompras, así como el fraccionamiento de contratos y la publicación de actas fuera de tiempo”.

En lo que respecta a propuestas de reformas a la normativa vigente, resalta: agregar capítulos específicos para las compras del sector salud, obra gris y seguridad. Otra propuesta busca la obligatoriedad de la modalidad de subasta electrónica inversa, como un medio de transparencia de dichos procesos.

El 12 de octubre de 2016, el Congreso de la República aprobó reformas a la Ley de Contrataciones, las cuales están dirigidas a incrementar las compras directas en las instituciones de Estado por montos mayores a Q25 mil y que no superen los Q90 mil, así como la compra de baja cuantía. El Decreto 46-2016 también redujo de 9 a 5 el número de integrantes de las juntas de licitación.

Por Karen Mendoza

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Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por la diputada Karla Martínez, de Alianza Ciudadana, instalaron una mesa técnica para llevar a cabo el análisis de la iniciativa de ley 5336, que dispone aprobar una ley que permita a empresas privadas invertir integralmente su Impuesto Sobre la Renta (ISR) en proyectos de salud, hasta un 80 por ciento, y como incentivo se les condone el 20 por ciento restante del mismo impuesto.

La propuesta pretende impulsar la inversión público-social en servicios integrales de salud a nivel nacional y local, con el propósito de atender la red hospitalaria, construir edificios para hospitales y centros de salud, proveer medicamentos y el equipamiento de los mismos, así como proyectos de saneamiento.

Según se establece en el artículo 2 de la propuesta de ley, las empresas privadas que realicen estas inversiones, como parte del cumplimiento de tributar anualmente el ISR e invertirlo unilateralmente o en conjunto, tendrán una reducción del impuesto de hasta el 20 por ciento.

La mesa quedó instalada con delegados de los ministerios de Finanzas Públicas, Economía, Salud, Comunicaciones y por representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria, Contraloría General de Cuentas y asesores de sala de trabajo, quienes durante las próximas semanas sostendrán reuniones para analizar la propuesta detenidamente.

Por Karla Herrera

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Diputados de varios bloques presentaron la iniciativa de ley que busca reformar el decreto número 145-96, Ley de Reconciliación Nacional, con la cual se busca dar amnistía a los miembros del ejército y exinsurgentes que participaron en el conflicto armado interno en Guatemala.

El congresista Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), dijo que la reforma es necesaria porque “al momento no se ha cumplido. Porque a pesar de que hay 63 mil delitos cometidos por la insurgencia, solo una persona está detenida; sin embargo, hay 72 oficiales, especialistas y soldados en la cárcel”.

Asimismo, afirmó que “se denota un sesgo y parcialidad, porque lo más importante es que no se han respetado los derechos humanos de la no retroactividad, que haya pena sin delito previo, que no se respete el debido proceso de los tribunales militares. Se dio una amnistía general para ambas partes, de lo contrario ninguna hubiese firmado”.

El diputado Manuel Conde Orellana del (PAN), expresó: “Este es un día importante para Guatemala, ya que fue presentada la iniciativa de reconciliación nacional, esto con el fin de asegurar la reconciliación. No se podía pensar en una reconciliación si es una que no pueda unir a todos guatemaltecos, nuestro deber es trabajar para que esta iniciativa logre los votos necesarios”.

Hoy que ha iniciado el trámite se espera que en jefes de bloque se pueda incluir en la agenda legislativa para tener los votos necesarios para su aprobación y con ello la modificación al decreto 145-96 pueda cobrar vigencia en el tiempo que establece la ley. La iniciativa cuenta con la firma de trece diputados.

Por Fredy López

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Tras varios años de haberse aprobado el decreto 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), hoy se dio inicio al análisis de las reformas de esta normativa por solicitud del Comité Ejecutivo de Reformas a la Conred, luego de haberse aprobado la resolución interna 07-11-2-2017.

Durante la integración de una mesa técnica de trabajo, donde están presentes representantes de los ministerios de la Defensa Nacional, Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la Nación y organizaciones de la sociedad civil y del Estado, en materia de prevención de desastres, se dio conocer que estas reformas tienen el propósito de mejorar los sistemas para prevenir y atender catástrofes.

Según explicó Alex Girón, director de Gestión de Riesgo de la Conred, es necesario realizar cambios, como la descentralización de atención de las emergencias, para lo cual se espera hacer un plan piloto en los departamentos de Quetzaltenango, Escuintla, Zacapa y Petén para que las respuestas a los desastres naturales sean más rápidas.

“Es necesario que se analicen estos cambios para la mitigación de los desastres naturales, de manera que la poblaciones estén más alerta, por lo cual durante las próximas semanas estaremos conociendo y analizando las propuestas de reformas a esta ley que lleva más de 20 años”, destacó el diputado Erwin Enrique Alvarez Domínguez, de la bancada Convergencia.

Por Karla Herrera

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Después de la citación al ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas, el diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), anunció que a raíz del incumplimiento por parte del funcionario de dos resoluciones que ordenan que se retome la carrera del Magisterio, se accionará de forma legal por desacato y además para enero de 2018 se pretende que sea interpelado para que explique en el pleno del Congreso su negativa a reabrir dicha carrera en los escuelas tipo Federación y en los colegios privados.

A la cita en la bancada de la UNE acudieron directores de las escuelas tipo Federación del país; Rafael Arreaga, de la Cámara Guatemalteca de la Educación, así como padres de familia de varios departamentos, quienes solicitaron al titular de la cartera educativa que se reabran los códigos para la inscripción de la carrera magisterial para el próximo año.

“Lamentablemente vemos que el ministro está empecinado en mantener una indisposición hacia el reclamo de miles de guatemaltecos en torno al restablecimiento de la carrera del Magisterio. A pesar de habr una resolución provisional de la Corte Suprema de Justicia que deja en suspenso la carrera del Bachillerato con Orientación en Educación y una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el municipio de Nebaj, Quiché”, aseveró el diputado Blanco.

El legislador señaló que desde su perspectiva tanto la carrera de Bachillerato con Orientación en Educación como la de Magisterio pueden subsistir en el sistema educativo público del país, a partir de una reformulación de ambas carreras para obtener los recursos para su aplicación. Por tal razón solicitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos que se abra un expediente contra el Ministro de Educación por violación al derecho a la educación.

López Rivas indicó que presentó una apelación en el caso del amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia, y por ello no puede instruir a los directores de las escuelas tipo Federación y centros educativos privados para que se imparta la carrera de Magisterio hasta que haya una sentencia firme. Aunque reconoció que la carrera del Magisterio está vigente, pero necesita reformarse.

Los representantes de las Escuelas tipo Federación señalaron que ya tienen “amplios” listados de estudiantes que a partir de conocer que se ordenó la restitución del Magisterio llegaron a los centros educativos a inscribirse en dicha carrera de diversificado. Las nóminas fueron presentadas públicamente a la bancada de la UNE.

Juana Baca Velásquez, en representación de los padres de familia de Nebaj, afirmó que pese a que la CC falló a favor de ellos, el Ministro de Educación ha evadido la reapertura de la carrera de magisterio en dicho municipio y su respuesta ha sido que no.

Mientras tanto, Arreaga cuestionó a López Rivas sobre qué va pasar con los estudiantes que ya se inscribieron a la carrera del Magisterio para el ciclo escolar de 2018, en cumplimiento a la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y el funcionario no pudo responder, solo preguntó: ¿Hay que ver quién incumple con la ley?

Miriam Catarina Roquel Chávez, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos y procuradora en funciones, solicitó al Ministro de Educación que acaté la resolución del amparo provisional y que se abran las inscripciones para la carrera de Magisterio por considerar que es un derecho constitucional y quienes están siendo afectados son los estudiantes.

Por Byron Vásquez

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda continuó las audiencias de análisis presupuestario de instituciones del Estado, escuchando a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), Registro de Información Catastral (RIC), y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), quienes expusieron sus ejecuciones presupuestarias y requerimientos para el ejercicio fiscal 2018.

La titular del Minex, Sandra Jovel, solicitó un presupuesto de Q455 millones los cuales servirán para fortalecer las relaciones internacionales, abriendo y fortaleciendo consulados, mantener programas como la Comisión Nacional del Migrante en Guatemala, y cumplir compromisos internacionales en representaciones ante la Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos.

Del monto solicitado Q82 millones servirán para mantener embajadas de nuestro país en el exterior, Q24 millones para abrir seis consulados en Estados Unidos con los cuales se fortalecerá la atención a migrantes, la asistencia consular, facilitación de servicios como emisión del Documento de Identificación Personal (DPI), y entrega de pasaportes.

Los cuestionamientos de parlamentarios se enfocaron en la reducción en el rubro de no personales. “Es incoherente, pues se busca aumentar embajadas, dijo el diputado Rudy Castañeda, de Unión del Cambio Nacional. En tanto el parlamentario Ovidio Monzón, de la bancada Todos, dijo: “El presupuesto presentado es copia del presentado el año anterior por otro ministro”, además consultó sobre el funcionamiento del Consejo Nacional para la Atención del Migrante Guatemalteco (Conamigua), criticado por su baja ejecución y el diferendo territorial con Belice.

En la segunda parte de la audiencia, el director del RIC, Efraín de León, detalló que el Ministerio de Finanzas Públicas asignó un presupuesto de Q55 millones, pero dijo que necesitan Q85 millones para poder cumplir con los programas y proyectos a su cargo, tales como demarcación física, levantamiento de catastro en 68 proyectos pendientes y delimitar 44 mil predios que no cuentan con información catastral en áreas protegidas.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Conap, Elder Figueroa, solicitó aumento de Q32 millones de los Q104 que le fueron asignados, que servirán para equipar a los guardarecursos con vehículos, camiones, motocicletas, herramientas y uniformes, pues se carece de los mismos, lo cual hace que no cumplan a cabalidad sus funciones ante estas falencias.

Por Fernando Bolaños

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La Junta Directiva del Congreso de la República, presidida por el diputado Oscar Chinchilla, y la Instancia de Jefes de Bloque se reunieron este lunes para programar sesiones plenarias para los días martes y jueves de la presente semana.

Tomando en cuenta que el lunes 30 de octubre en el Pleno se acordó declarar sesión permanente, la sesión programada para mañana a las 14 horas, continuará con el Orden del Día aprobado la semana anterior y se retomará en el punto número 5, en la cual se conocerá en primer debate los dictámenes y proyectos de decreto de la iniciativa que reforma la Ley de Zonas Francas y la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.

Asimismo, los representantes de los bloques legislativos recibieron a las representantes de la Asociación de Comadronas de Guatemala, quienes solicitaron ante esa instancia que se incluya en las próximas sesiones la discusión y aprobación de la iniciativa 5357, que dispone aprobar la ley que declara el 19 de mayo de cada año como día de la dignificación nacional de la comadrona.

También recibieron a las señoras Alba López y a Marta Ramírez, representantes de la Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala, quienes solicitaron se apoye y apruebe la iniciativa 5119 que pretende reformar la Ley de Vivienda, en la cual se busca la legalización de los terrenos invadidos en áreas marginales.

El presidente Chinchilla indicó que al agotar la agenda de la sesión permanente estará convocando a la Instancia de Jefes de Bloque para acordar otro Orden del Día y así avanzar con la agenda legislativa.

Por Nery Morales

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Diputados de la bancada Convergencia manifestaron este día en conferencia de prensa su apoyo a pobladores de la aldea Chaab’ilch’o’ch en Livingston, Izabal; La Cumbre y Trece Aguas, en Alta Verapaz, respectivamente, por los recientes desplazamientos y desalojos forzados de tierras en esas comunidades.

El congresista Leocadio Juracán indicó que 19 organizaciones campesinas y de mujeres solicitaron que se presente una carta abierta dirigida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que expresan su preocupación por los últimos acontecimientos relacionados con los desalojos en Izabal y Alta Verapaz.

Agregó que además se solicitará una exhibición personal, ya que “por el desalojo del lunes hay más de 20 familias que no han sido localizadas y hay otras que están a la intemperie, lo cual pone en riesgo sus vidas”.

Los pobladores también pidieron el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos para que se realicen las investigaciones que permitan esclarecer los desalojos de las referidas comunidades indígenas y campesinas efectuadas con orden del juzgado del lugar.

Ramiro Choc, representante del Comité Campesino del Altiplano, aseguró: “Este problema tiene origen desde la administración anterior en la cual las autoridades a través del Registro de la Propiedad cedieron de manera anómala e ilegal las tierras que por más de 40 años han sido habitadas por más de 400 familias concentradas en las tres comunidades”.

La jefa de la bancada, Sandra Morán expreso: “Ratificamos nuestro compromiso y apoyo a estas poblaciones porque estamos convencidos de que el Estado de Guatemala no puede seguir al servicio de particulares y privilegiando el derecho a la propiedad privada sobre el derecho a la vida y el desarrollo digno de las comunidades”, concluyó.

Por Karen Mendoza y Fredy López

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