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La legisladora Delia Bac (Alianza Ciudadana), se reunió con funcionarios de la Dirección General de Servicios de Seguridad (DGSSP) del Ministerio de Gobernación, y representantes de la Gremial de Compañías de Seguridad y la Cámara de Empresas de Seguridad Guatemalteca (CESG), con el fin de conocer desacuerdos existentes en la aplicación del reglamento que rige a las entidades que prestan el servicio de seguridad privada.

Actualmente hay 186 empresas autorizadas, 41 con licencia en trámite, pero en operación y sancionadas 60 por no cumplir el reglamento vigente al no certificar agentes, no tener licencias de armas y no inscribir o acreditar las empresas debidamente, lo que les parece injusto a los representantes de las entidades de seguridad privada.

América Estrada, directora de la DGSSP, argumentó que las sanciones son por no entregar informes anuales, falta de pago de seguros, portación ilegal de armas y municiones, no estar acreditadas correctamente o no inscribir a sus agentes. Dichas sanciones son pecuniarias con montos que oscilan de 5 a 18 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. “Actualmente hay 17 mil agentes registrados de 47 mil existentes”, explicó.

Para los representantes de las empresas de seguridad los procedimientos de sanción son anómalos, al realizarlos a manera de coacción. “Se nos advierte que de no cumplir en 10 días seremos sancionados en definitiva. El costo de acreditar un agente es de Q500 semanal por capacitación, que varía de 10 a 30 días, según sea el caso, además del pago de Q380 por cada carnet solicitado”, dijo Rodolfo Muñoz, de la CESG

La parlamentaria mencionó que en agosto solicitó a la Contraloría General de Cuentas una auditoría forense sobre la entidad de Gobernación encargada de las regulaciones, pero no ha finalizado, por lo que sugiere que se analicen cambios a la ley de policías privadas, los cuales estén consensuados entre los agremiados y la entidad reguladora con el fin de hacer eficientes los procesos de inscripción y capacitación de agentes.

Por Fernando Bolaños

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En la sesión de hoy, la Comisión de Asuntos Electorales aprobó por mayoría la creación de los subdistritos electorales, con ello se pretende que en los departamentos en donde se elija seis o más diputados sea dividido en subdistritos que tengan al menos tres legisladores cada uno.

Lo anterior, con el propósito de que se garantice la representatividad de las minorías y que a la vez se mantenga la gobernabilidad a lo interno de los partidos políticos. Estas modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), serán incluidas en el dictamen que será entregado a la junta directiva del Congreso de la República la próxima semana.

Los diputados integrantes de esta sala de trabajo acordaron que lo relacionado al voto preferente o nominal se aborde en la sesión de este miércoles, después del análisis que lleve a cabo la mesa técnica.

“Primero se aprueban los subdistritos, después el Tribunal Supremo Electoral determina la composición de estos en cada distrito que tenga más de seis diputados, los subdistritos deben tener como mínimo tres diputados cada uno. El (candidato a) diputado debe tener su residencia electoral en el distrito y/o subdistrito por el cual se postula”, dijo el congresista Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

En la propuesta de reforma se dejó establecido que la distribución geográfica de los subdistritos quedaría en manos del Tribunal Supremo Electoral y su aprobación a cargo del Legislativo, detalló el diputado Argueta.

En la sesión de este día se presentaron tres propuestas: La primera fue presentada por el presidente de la sala de trabajo en la cual se pretendía incluir que en donde se elijan más de cinco diputados se dividirán en subdistritos a partir de criterios poblacionales geográficos y culturales. En cada subdistrito se elegirá como mínimo tres diputados, con ello se permitiría que al menos tres partidos estuvieran representados en ese distrito. Además la cantidad de legisladores distritales sería de 128 y por listado nacional de 32.

La segunda propuesta fue presentada por el diputado Orlando Blanco, de la UNE. Las modificaciones planteadas señalan que en los municipios donde elijan más de cinco diputados, deberá dividirse en subdistritos a partir de criterios geográficos, culturales, demográficos y total de la población empadronada. El TSE deberá oficializar la conformación de los subdistritos a más tardar seis meses antes de la convocatoria a elecciones generales. Ningún distrito podrá tener menos de tres diputados.

La tercera propuesta fue presentada por el legislador Enrique Álvarez, de Convergencia, en ella se planteó que en los distritos que elijan ocho o más diputados se deberán dividir en subdistritos a partir de criterios poblacionales, geográficos y culturales. En cada subdistrito se deberá elegir como mínimo cuatro diputados.

Al momento de la votación por las tres propuestas, la del diputado Blanco fue la más votada y a ella se adicionaron los complementos de las otras dos, así como de los legisladores integrantes de la sala de trabajo.

Por Byron Vásquez

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Por tercera ocasión los diputados que integran la Comisión del Menor y la Familia, presidida por el congresista Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Maíz, se reunieron con integrantes de la sociedad civil e instituciones del Estado para continuar con el análisis de la iniciativa de ley 5205, ley de educación sexual integral en la niñez y adolescencia.

En la reunión se destacó la posibilidad de hacer cambios a la propuesta inicial presentada por el diputado Marco Aurelio Pineda, del Frente de Convergencia Nacional-Nación, en noviembre de 2016. Se propuso la modificación del nombre original de la iniciativa a ley integral en sexualidad, esto con el objetivo de tener enfoque de género.

“Este es un asunto polémico, por lo que estamos haciendo las consultas a las organizaciones involucradas en el tema, en los 22 departamentos del país. Lo que se pretende es evitar que sectores queden marginados”, destacó el legislador Félix.

Otro de los puntos a discutir es la edad en que se debe iniciar a hablar a un niño o niña sobre la sexualidad. Se ha propuesto que sea a partir de los seis años, pero será analizado por los integrantes de la mesa técnica.

En la reunión participaron representantes de los ministerios de Educación y Salud, así como de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de la Juventud, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, y organizaciones de la sociedad civil.

Por Karla Herrera

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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional se reunieron con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) con el fin de establecer si hay avances en la reconstrucción y mantenimiento de la red vial en los departamentos de San Marcos, Jalapa y Santa Rosa.

A la cita acudieron los congresistas Julio Lanfiesta, Jaime Lucero y Napoleón Rojas, así como el viceministro de Infraestructura Vial, Omar Rodas; el director interino de la Dirección General de Caminos, Walter González; el director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Juan Carlos Méndez; y el director ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, del Micivi, Manuel Antonio López.

A los funcionarios se les cuestionó acerca de los avances en la contratación de las empresas que tendrán a su cargo reconstruir la red vial del país, principalmente en los tres departamentos antes citados.

El diputado Lucero explicó que es importante revisar las rutas que tienen a su cargo Caminos y Covial, así como el Fondo Social de Solidaridad. “Sabemos que hay atrasos y demoras, pero la población demanda que los proyectos sean realizados”, precisó.

El viceministro Rodas explicó que la reunión con los congresistas fue muy importante y productiva, y se comprometió a entregar la información solicitada, así como avanzar en la reconstrucción de las carreteras y caminos vecinales, además de dar seguimiento a los eventos que se están programando para el siguiente año.

Por Fredy López

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Los diputados Mauro Guzmán (UNE) y Paul Briere (Todos), de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, presentaron una iniciativa de ley para modificar seis artículos del Código Municipal, con el fin de instalar oficinas municipales de protección al consumidor.

La intención es que esas dependencias puedan tomar denuncias sobre los servicios básicos municipales que no sean prestados de manera adecuada por las diferentes comunas, dijo el congresista Guzmán, presidente de la comisión.

Según los parlamentarios, la iniciativa nace basada en que actualmente los servicios públicos que prestan algunas municipalidades son deficientes; sin embargo, son cobrados a la población. Adicionalmente, las municipalidades carecen de direcciones u oficinas que atiendan a los consumidores y resuelvan con celeridad las quejas y reclamos de los usuarios.

Con base en lo anterior los congresistas ponentes consideran necesario realizar reformas a Código Municipal (decreto 12-2002) para poder regular la obligación de las municipalidades de contar con oficinas especializadas para atender a los usuarios de los servicios básicos y administrativos prestados por las comunas.

Por Wendy Sandoval

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La Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República, que preside el diputado Amílcar Pop (Winaq), citó a funcionarios del programa de erradicación de la mosca del mediterráneo (Moscamed) y del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), con el fin de dilucidar diferentes dudas.

En el primero de los casos, los diputados conjuntamente con comunitarios de Sololá, Huehuetenango y la costa sur del país, cuestionaron el tipo de productos que utiliza Moscamed y su nivel de toxicidad para la fauna y las personas.

Óscar Zelaya, Jefe Ejecutivo de Moscamed, indicó que el único insecticida que utilizan actualmente es el GF120, “un producto orgánico y certificado, que es exclusivo para moscas de la fruta, el cual contiene un atrayente para moscas de este tipo y un repelente para abejas y otros insectos benéficos”. Agregó que el producto cuenta con certificaciones de algunas instituciones internacionales.

Sin embargo el diputado Pop indicó que ha recibido diversas denuncias de parte de campesinos que consideran que las operaciones de Moscamed han afectado sus minicultivos e incluso su salud.

Por tal motivo, los diputados de la comisión solicitaron que un plazo de tres días les envien informes sobre los mecanismos de control y evaluación del uso de los químicos que utilizan, planes de fortalecimiento de la producción agrícola en el país y programas de comunicación e información que manejen con las comunidades.

En cuanto a la reunión con los funcionarios del Inde, el congresista Pop cuestionó que durante el año 2013 dicha institución gastó aproximadamente Q84 millones, en materia de seguros de sus bienes activos; sin embargo, a partir de algunas denuncias de sobrevaloración hechas por la Contraloría General de Cuentas, el siguiente año ese rubro disminuyó.

“Este año los seguros vuelven a tener un aumento aproximado de Q20 millones, por lo que vemos nuevamente una posible sobrevaloración”, indicó Pop.

Los diputados otorgaron tres días hábiles para que las autoridades del Inde les entreguen la información y continuarán analizando los informes de la Contraloría con el fin de avanzar en su fiscalización.

Por Mayra Recinos

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Diputados del Movimiento Reformador se reunieron con representantes del Ministerio de Salud para solicitar pormenores de la ejecución de Q20 millones en el tema de salud femenina y prevención de enfermedades propias de la mujer, como el virus del papiloma humano (VPH), un mal que se ha convertido en una de las prioridades que dicha cartera debe tratar.

A la reunión también asistieron representantes de la Organización Panamericana de la Salud quienes manifestaron que el tratamiento de vacunas contra el virus del papiloma que el ministerio espera implementar tendrá una incidencia en la baja de casos de muerte materno-infantil

La infección por VPH es el primer paso en el desarrollo del cáncer del cérvix uterino, el segundo más frecuente en los países subdesarrollados, con un 80 por ciento de los casos.

Se ha reportado que 4 de cada 40 mujeres son VPH positivas al año de su primera relación sexual y seis de cada diez a los dos años. Se estima que el 80 por ciento de la población mundial sufrirá un episodio de VPH a lo largo de su vida

No hay una cura absoluta para el VPH, lo mejor es prevenirlo por medio de una vacuna, la cual es recomendada aun antes de iniciar las relaciones sexuales.

Los parlamentarios se comprometieron a dar seguimiento a esta problemática de salud y plantearon realizar una nueva reunión en diciembre para encontrar los mecanismos de apoyo que permitan disminuir el índice de contagio de esta enfermedad en el país, misma que tiene una alta incidencia en la muerte materno-infantil.

Por Wendy Sandoval

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Con la finalidad de elaborar un marco legal que elimine los posibles vacíos de la ley que regula los servicios de seguridad privada, la Comisión de Gobernación presentó hoy la iniciativa de reformas a dicha legislación a los agremiados que brindan la protección privada en el país.

A la cita de trabajo asistieron el Contralor de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos; el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán; la directora de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), América Estrada; así como los representantes de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y la Gremial de Empresas de Seguridad Privada.

“El objetivo de esta iniciativa de ley que presentó la comisión de Gobernación, respecto a las empresas de seguridad privada fue por el problema que tienen los empresarios y la Digessp. Hoy en día creo que los dos tienen un vacío legal, además los empresarios (dedicados a la seguridad privada) tienen 150 mil empleados y la Digessp tiene un registro (de guardias) menor a eso, 45 mil, solo allí podemos ver una diferencia”, aseveró el diputado Napoleón Rojas, de la Unidad del Cambio Nacional y presidente de la Comisión de Gobernación.

Agregó que la iniciativa presentada no pretende estar a favor de la Digessp o de los empresarios que se dedican a la seguridad privada, “el objetivo es que haya un balance y que esto pueda ayudar a los guatemaltecos no solo a generar empleo sino también se pueda fortalecer a la Digessp”, expresó el legislador Rojas.

De acuerdo con la iniciativa presentada, lo que se busca es ampliar el marco normativo de actuación de la Digessp, entre ellos, que dicha institución esté obligada a que el personal que lleve a cabo las supervisiones de las empresas dedicadas a la seguridad privada esté debidamente identificado.

También se pretende en el artículo 30 de la iniciativa que todas las empresas de seguridad privada que posean tecnología propia como software y Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) estén obligadas a informar a la Digessp para que dicha entidad los pueda fiscalizar. Además que el personal (guardias de seguridad) debe poseer la credencial de la Dirección General para el Control de Armas y Municiones para la portación de armas de fuego.

A los asistentes se les compartió copia de la iniciativa de ley y se les fijó un plazo de 48 horas para que presenten sus comentarios sobre la misma, los cuales se pretende puedan ser incluidos previo a que sea conocida por el Pleno del Congreso de la República.

Por Byron Vásquez

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Un foro de discusión con representantes del sector sindical sobre la iniciativa de ley 5199, que promueve reformas al Código de Trabajo, por medio de la sindicalización y regularización de huelga de los trabajadores del Estado, fue realizado por la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso.

En el conversatorio se conoció que la iniciativa dictaminada por la sala de trabajo carece de apoyo, pues en la mesa tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores, 2 de las 3 partes no estuvieron de acuerdo, por lo cual no se debe seguir conociendo en el Legislativo, argumentaron los participantes.

“La norma limita la organización, retrocediendo los derechos de los trabajadores y contraviniendo la Constitución, genera debilitamiento sindical, criminaliza y retrocede los movimientos sindicales”, dijo en su intervención el presidente de la sala, Amílcar Pop (Winaq).

Adolfo Lacs, de la Federación Internacional de Empleados Bancarios y Trabajadores del Estado, argumentó que se quiere criminalizar al sindicalista reduciendo sus acciones, disminuyendo derecho a huelgas y penalizando con cárcel de entre 5 a 8 años a quien viole la norma, lo cual riñe con convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

El legislador Ovidio Monzón (Todos), afirmó: “Preocupa el contenido de la iniciativa, ya que no recoge las propuestas de la mesa tripartita y aún así se pretende impulsar en el Pleno. No hay acuerdos entre patronos, trabajadores y Estado, y el Ministerio de Trabajo sigue adelante con la propuesta, a la cual nos opondremos”, concluyó.

En el foro no se conoció los aspectos a los que se oponen los patronos, debido a que no participó ningún representante empresarial.

Por Fernando Bolaños

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