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Los diputados de la Comisión Extraordinaria encargada de modificar el párrafo segundo del artículo 407 N del Código Penal, referente al delito de Financiamiento Electoral Ilícito, iniciaron este día con el  proceso de audiencias públicas para recibir las propuestas de los sectores interesados en participar.

Este día comparecieron ante la Comisión Extraordinaria, creada bajo el acuerdo 11-2018 del Congreso de la República, representantes de la Fiscalía de Delitos Electorales, del MP;  Contraloría General de Cuentas y del Colegio de Abogados.

El Tribunal Supremo Electoral, TSE,  no acudió a la cita pero envió su opinión por medio de oficio. Los diputados lamentaron la inasistencia de los representantes del tribunal electoral.

El primero en hacer uso de la palabra fue José Rafael Curruchiche, agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, quien hizo un breve análisis del contenido de la sentencia 5951-2017, emitida por la Corte de Constitucionalidad.

Los que ellos proponen es que: “En el caso del aporte, recepción o autorización de recursos de forma anómala y los que no se registren en el libro contable de la organización política, será sancionado con prisión de tres a ocho años inconmutables y se incrementará en dos terceras partes en casos cuando el delito sea cometido por aquellos individuos que ejerzan cargo público y elección popular, también se inhabilitará del cargo”.

Cesar Elías, subcontralor del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas  propuso que “la sanción se incremente en dos terceras partes cuando un delito sea cometido por empleado o contratista de gobierno, inclusive el que ostente cargo público por elección popular. Se le inhabilitará durante el cumplimiento de la condena y cinco años después de cumplida para optar a cargo público de elección popular”.

El representante del Colegio de Abogados y Notarios presentó su ponencia y expresó que se tiene que hacer un estudio más minucioso del segundo párrafo del referido artículo para que “la conducta del párrafo entre en la esfera administrativa y no en el ámbito penal”.

La Comisión Extraordinaria está integrada por la mayoría de bloques legislativos del Congreso de la República y la preside el diputado Rodolfo Moisés Castaños Fuentes, de la bancada FCN -Nación.

Al concluir la actividad, el parlamentario Castañón dijo que el miércoles por  la mañana se tiene previsto escuchar a por lo menos 10 organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios de Guatemala, CACIF, ASIES, Fundación Mirna Mack, Guatemala Visible, ATAL y Pensamiento Penal de Guatemala.

Por José Castellanos

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Diputados de la Comisión de Apoyo Técnico analizan la iniciativa de ley 5388, que dispone aprobar reformas al Decreto 63-94, del Congreso de la Republica, Ley orgánica del Organismo Legislativo, para que se cree la Comisión de Prioridades Nacionales  para el Desarrollo.

En la exposición de motivos de la propuesta presentada por varios legisladores en noviembre del 2017, se detalla que la Comisión se hace necesaria para dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo K\'atun, que contiene cinco ejes, 36 prioridades, 80 metas, 123 resultados y 730 lineamientos. “Es necesario de priorizar los planes para el  desarrollo del país, en temas de salud, educación, seguridad y nutrición”.

Los legisladores de esta sala de trabajo, presidida por el diputado, Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza,  informaron que sostendrán una reunión con autoridades de la Secretaria General de Planificación, Jefes de Bloque y Presidentes de Comisiones, para ver la factibilidad de crear una nueva comisión.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, que preside el representante Ovidio Monzón, de la bancada Todos, instalaron una Mesa Interinstitucional de trabajo con el  propósito de regularizar los terrenos donde se han construido edificios educativos.

En la mesa participan María Eugenia Barrios, viceministra administrativa de Educación, representantes de la Dirección de Bienes del Estado y  del Ministerio de Finanzas Públicas.

“Lo que se busca es crear una estrategia que permita  dar certeza jurídica  a los terrenos en donde se han construido escuelas, para qué puedan ser puestos a nombre del Estado”, comentó la diputada Dolores Beltrán, tercera vicepresidenta de este Organismo.

La viceministra Barrios explicó que son muchos los centros  a nivel nacional que presentan este problema. “Para poder invertir se necesita que sean adscritos al Ministerio de Educación”, dijo.

Mayarí Cortez, subdirectora de Bienes del Estado, manifestó su anuencia para participar en esta mesa y trabajar en una ruta de acción que facilite este proceso.

Para el diputado Monzón este es un tema muy importante,  que  desde el año pasado estaba en la agenda de la Comisión. “Ahora como presidente me comprometo a  darle la continuidad necesaria para que pueda avanzar”, dijo.

“Es necesario elaborar un censo para saber a nombre de quién están registrados los terrenos y donde están construidos los  inmuebles. Este debe elaborase por municipio o departamento  en toda la República, con el fin de hacer los trámites legales y administrativos que correspondan”, concluyó la parlamentaria Beltrán, de la bancada Movimiento Reformador.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados de la Comisión de Deportes, que preside la congresista Flor de María Chajón, del bloque FCN-Nación, acordaron instalar una mesa técnica para que evalúe las enmiendas e iniciativas de ley de reforma a la Ley del Deporte, con el fin que el futbol guatemalteco pueda participar en torneos internacionales.

La reunión se llevo a cabo a solicitud de la Junta Directiva, presidida por el congresista Álvaro Arzú Escobar, y la instancia de Jefes de Bloque, para que se resuelva lo antes posible la conflictividad que el fútbol nacional está enfrentado debido a la sanción que impuso la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en octubre de 2016.

La mesa técnica se instalará el jueves 15 a partir de las 3:00 de la tarde, con la participación de las autoridades de la Confederación Deportiva Nacional Autónoma de Guatemala (CDAG), Federación Deportiva Nacional de Fútbol (Fedefut); representantes de los deportistas y entrenadores, además de diputados de la Comisión de Deportes.

El objetivo es presentar una propuesta consensuada con todas las partes de las reformas a la Ley del Deporte para que sea conocida el próximo martes en la sesión plenaria del Congreso de la República.

“Hemos discutido la problemática que el futbol nacional que esta pasado y tenemos un plazo hasta el 30 de abril del presenta año para que se solucione lo antes posible y esperamos que nos presenten la solución, por eso es que será en una mesa de trabajo para que la población guatemalteca sea la beneficiada como los deportistas”, dijo la diputada Chajón, presidenta de la Comisión.

El diputado Emanuel Montufar Fernández, de Encuentro por Guatemala, y secretario de la sala legislativa indicó que  están buscado los mecanismos para solventar la situación, esperamos que sea en la mesa técnica que salga una propuesta de solución al conflicto deportivo.

Por José Castellanos

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La Comisión Extraordinaria mediante la cual se da el debido cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en expediente de inconstitucionalidad general parcial identificado con el número 2951-2017, presidida por el Honorable Diputado Rodolfo Moisés Castañón Fuentes según Acuerdo número 11-2018 del Congreso de la República, brindará participación a diferentes sectores de la sociedad, a efecto de producir el proceso legislativo que conlleve a la reforma del segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal, conforme las consideraciones de dicho fallo, tomando en cuenta los principios de proporcionalidad, racionalidad y justicia que debe revestir toda norma penal.

Por lo tanto la Comisión Extraordinaria creada para este efecto, CONVOCA a la PARTICIPACIÓN de los diferentes sectores de la sociedad de acuerdo con la siguiente metodología:

 

 

 


    1. Se fija hasta el día viernes 16 de marzo del año 2018 para recibir su expresión de interés en participar en proceso arriba descrito.

 

 

 


    1. Los interesados deberán presentar por escrito su solicitud de audiencia a la Comisión, al correo electrónico Com_extraordinaria2951-2017@congreso.gob.gt

 

 

 


    1. Las audiencias se llevarán a cabo el día miércoles 21 de marzo de 2018, a partir de las 11:00 y hasta las 16:00 horas.

 

 

 


    1. En la audiencia los interesados tendrán no más de 15 minutos para exponer su propuesta.

 

 

 


    1. En la audiencia deberán presentar una copia escrita y electrónica de su presentación, así un documento que respalde la misma.

 

 

 


    1. Las audiencias y el listado de personas interesadas se publicarán en la página electrónica del Congreso de la República con su presentación.

 

 

 


  1. La información sobre el articulo 407 N del Código Penal y sobre el expediente 2951-2017 de la Corte de Constitucionalidad puede ser consultado en la página electrónica del Congreso de la República, en el link: https://www.congreso.gob.gt/el-congreso/organos delcongreso/comision-detalle/?id=83&fecha=2018 en el apartado de Archivos Relacionados
https://www.congreso.gob.gt/el-congreso/organos-del-congreso/comision-detalle/?id=83&fecha=2018

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Mis%20documentos/Downloads/Conv_112018-tret%20(1).pdf

 

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Los diputados Raúl Romero y Andrea Villagrán, presidente y vicepresidenta de la Comisión de la Juventud, se reunieron hoy con Vinicio del Cid, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Juventud, Conjuve, a quien cuestionaron sobre los objetivos de la institución, plan de acción, techo presupuestario y ejecución presupuestaria.

“La intención básicamente es que haya una coordinación de esfuerzos entre el Consejo y las organizaciones de jóvenes que hoy por hoy están haciendo un gran trabajo por impulsar programas para beneficiar a este sector en diferentes regiones del país. Estamos conscientes de que debemos potencializar las cualidades de este gremio, donde lo que hay es emprendimiento”, aseguró el congresista Romero, de Fuerza.

Del Cid explicó que a la fecha la Conjuve tiene un presupuesto de Q15 millones anuales, los cuales se usan para los programas que se impulsan desde esa institución como las bibliotecas virtuales, la tarjeta Guatejoven, así como kioscos y ferias de empleo, entre otros.

“Contamos con 22 bibliotecas que prestan atención a jóvenes en los distintos departamentos, también hemos implementado ferias de trabajo  en  municipios como Villa Nueva, y en los departamentos de Izabal, Quetzaltenango, El Progreso, Chimaltenango y en Guatemala, en donde tuvimos la asistencia de no menos de 1 mil 157 interesados así como 20 empresas oferentes”, afirmó el secretario.

Otro de los temas por los que fue cuestionado el funcionario está relacionado con la cancelación del gabinete de la juventud. “Este es un espacio con el que contaba el Ejecutivo que lejos de haber desaparecido debió de fortalecerse, debido a que creemos que es importante que hayan espacios institucionales donde la juventud, tenga un espacio de dialogo, participación, y lo más importante apoyo por parte del Estado”, expresó la congresista Villagrán, de Todos.

Finalmente el presidente de la sala de trabajo dijo, “vamos a buscar un mecanismo alterno con el cual generar este espacio en virtud de hacer un llamado al Ejecutivo para que reconsidere la desaparición de este gabinete o que se busque un mecanismo alterno que permita implementar políticas en pro de la juventud, razón por la que haremos una visita in situ al Conjuve y constatar su funcionamiento”, concluyó.

Por Karen Mendoza

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Con el fin de evitar  que se puedan dar conflictos territoriales entre las aldeas de Toquián Grande y Pueblo Nuevo, en el municipio de Tajumulco, del  departamento de San Marcos; la diputada Lesly Valenzuela, en su labor de mediación, se reunió con representantes de Pueblo Nuevo; la Coordinadora jurídica del Ministerio de Gobernación, Celena Ozaeta; y el Jefe de Catastro del Instituto Geográfico Nacional,  Saúl Palma.

A decir de la parlamentaria existe un  traslape de territorio entre las dos aldeas. El problema es ancestral, y no se cuenta con la escrituración de las fincas para que se puedan definir los límites territoriales de las mismas.

Por esa razón, la congresista solicitó el apoyo del Instituto Geográfico Nacional para que por medio de los análisis de esta entidad, que ya viene trabajando en el área desde hace varios años, se pueda definir de forma técnica cual es la mejor solución para las dos comunidades en conflicto.

El ingeniero Saúl Palma, Jefe de la Unidad de Apoyo al Catastro del IGN; explicó que esta entidad ha estado trabajando con las comunidades, pero que el problema se ha intensificado porque no existen el registro de la propiedades con la papelería correspondiente y que los limites entre las comunidades se resumen a una cuestión ancestral.

El funcionario añadió que hace unos meses  recibieron una nota en el IGN en donde los pobladores de Toquián Grande se muestran renuentes a poder realizar alguna conciliación con respecto a sus límites territoriales, por lo que existe el temor que, de no atenderse este problema,  puedan surgir conflictos entre las comunidades que dañen a la población.

La Diputada Valenzuela solicitó información  sobre este tema al IGN y señalo que  buscará instalar una mesa técnica de discusión en los días siguientes a la Semana Mayor con el fin de escuchar a los representantes de ambas comunidades.

Por Wendy Sandoval

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En la décimo séptima sesión ordinaria que se celebró este día, los diputados al Congreso avanzaron en la agenda legislativa con la aprobación en su tercer debate, por artículos y redacción final de dos iniciativas de ley; la  5306 y la 5175. Dichas normativas nacen a la vida jurídica bajo los decretos 7-2018 y 8-2018.

El primer decreto ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (5306), que regula el referido mecanismo de intercambio entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes.

La diputada María Eugenia Tabush, de la bancada Visión con Valores, Viva, manifestó que el Congreso está dando el mensaje correcto apoyando la reactivación de la economía del país. “Con la aprobación de este decreto se provee a los exportadores e importadores de los mecanismos legales que fomentan un mercado para los productos nacionales y poder obtener aquellos que por su naturaleza vienen del exterior”.

Con 89 votos fue aprobado el Decreto 8-2018, reformas al Decreto Ley Número 106 del Jefe de Gobierno, Código Civil, relacionadas a solventar problemas de identidad con el Registro Nacional de las Personas, Renap. La referida iniciativa establece que la presencia o ausencia de una tilde en un nombre no lo hace distinto, y por lo tanto, no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna.

El congresista independiente Luis Pedro Álvarez, ponente de la iniciativa, dijo que “con esta ley le hemos facilitado a miles de guatemaltecos tanto en el territorio nacional como en el extranjero lo relacionado al trámite de documentos de identidad, de modo que no se rechacen sus documentos, solicitudes ni trámites con el argumento que una tilde hace a un nombre o apellido uno distinto”.

Durante la plenaria de este día se intentó sin resultado favorable proseguir con la elección del Secretario y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, pero ninguno de los aspirantes (5) contó con los votos necesarios (80), por lo que al trámite se le dará continuidad en la sesión del próximo martes.

Situación similar ocurrió con la elección de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros  Tratos o Penas  Crueles, Inhumanos o Degradantes, punto que será  nuevamente discutido por los legisladores en una próxima plenaria.

Por aparte pasaron a las salas de trabajo para su estudio y dictamen las iniciativas 5406, reformas al Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; la 5407, reformas al Decreto 50-2003, Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República; y por último la 5408, que dispone aprobar la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Finalmente tras cuatro horas de discusión y agotados todos los punto de la agenda, Junta Directiva, levantó la Plenaria y convocó a sesiones para los días martes 20 y jueves 22 a partir de las 14:00 y 10:00 horas, respectivamente.

Por Karen Mendoza

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