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Tras concluir la reunión con el viceministro de Comunicaciones, del área de Infraestructura Vial, Omar Rodas, la diputada por Huehuetenango, Sofía Hernández, de la bancada Alianza Ciudadana, informó que en diciembre próximo se iniciará la reconstrucción del tramo carretero que va desde Cuatro Caminos a Huehuetenango.

La parlamentaria indicó que recibió quejas de la sociedad civil y de los transportistas de su departamento, en torno al deterioro de las carreteras en todos los municipios. “Es preocupante el estado de los caminos y carreteras del departamento, por eso citamos a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones”, dijo la diputada.

Representantes de los transportistas participaron en la reunión y expusieron su malestar a las autoridades; sin embargo, al final dijeron que estarían pendientes de las acciones que tomaría la cartera de Comunicaciones para reparar las carreteras del departamento.

El viceministro Rodas reconoció que la situación de la red vial es crítica; no obstante, dijo que se logró adjudicar la reconstrucción del tramo carretero en mención y se hará en tres tramos por tres diferentes empresas, lo que garantiza agilidad en los trabajos. “Esta es una ruta importante para el desarrollo económico y social de los habitantes de Huehuetenango, en la cual se invertirán Q600 millones”, subrayó el funcionario.

Por René Rodríguez

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), se reunieron hoy con funcionarios de los Ministerios de Economía (Mineco) y Trabajo (Mintrab) así como de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de conocer las estadísticas de la generación de trabajos por las actividades desarrolladas por las zonas francas.

Edwin Verbena y Francisco Sandoval, viceministros de Inversión y Competencia del Mineco y de Administración de Trabajo del Mintrab, respectivamente, reconocieron que no hay datos cotejados que permitan tener las cifras reales del impacto económico que han generado las referidas zonas; sin embargo, aseguraron que luego de las reformas del 2016 a la Ley de Zonas Francas, generaron el retiro de por lo menos 44 empresas que funcionaban bajo este régimen.

“Reconocemos que debemos redoblar esfuerzos en cuanto a los alcances estadísticos, ya que los estos se tienen de forma general; el trabajo de la cartera en estos días será orientado a generar los datos solicitados por los congresistas”, aseguró Sandoval.

Otro de los temas discutidos fue la viabilidad de aprobar la iniciativa 5174, que contiene reformas a la normativa vigente en este tema, ya que la misma propone la inclusión de 11 actividades económicas como la industria de alimentos procesados, cuero y calzado, medicamentos, cosméticos, juguetes y electrodomésticos, entre otros.

Werner Ovalle, intendente de Aduanas, explicó que desde el punto de vista de recaudación, agregar estas actividades a dicho régimen significaría la pérdida de no menos de Q4 mil millones de quetzales, que dejaría de percibir el erario nacional. “Somos respetuosos de la Ley y si estas modificaciones son aprobadas por parte del Congreso, estaremos en total disposición de acatarlas”, agregó el funcionario.

Finalmente, la parlamentaria Nineth Montenegro, jefa del bloque EG, dijo: “Hemos dado el tiempo necesario para que las carteras de Trabajo y Economía elaboren en los datos solicitados en la reunión de este dìa, por lo que los citaremos en los primeros días de enero, ya que es necesario contar con todos los puntos de vista de los tanques de pensamiento involucrados en el tema, para hacer una aprobación responsable de la reforma”, puntualizó.

La iniciativa 5174 busca dar estabilidad jurídica a las empresas que actualmente están en el régimen, y que con ello no se pierdan fuentes de empleo. Además, tiene como objetivo incentivar y regular el establecimiento en el país de zonas francas que promuevan el desarrollo nacional, particularmente con acciones tendentes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología.

Por Karen Mendoza

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El diputado independiente Mynor Cappa convocó de nuevo a representantes de diferentes entidades del Estado con el fin de avanzar en el análisis del contenido de la iniciativa de ley para la disposición integral de desechos de aceites usados, que tiene como objetivo principal erradicar la contaminación del agua.

Arturo Herrador, asesor de la Dirección de Estudios e Investigación Técnica Legislativa, explicó que analizaron el contenido a petición del diputado Cappa y recomiendan que se brinde especial importancia al tema del reciclaje de los diferentes tipos de aceites.

“Países como Colombia, Brasil y México, entre otros, ya cuentan con medidas de reciclaje y reuso de los aceites, que pueden ser utilizados para fabricar diferentes tipos de jabones e, incluso, Inglaterra lo está utilizando para hacer biodiesel”, explicó Herrador.

Marco Antonio Juárez, representante del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, fue puntual al solicitar que se retire a la institución que representa como ente rector que tendría a su cargo velar por el cumplimiento de la ley, ya que su mandato se circunscribe a la capacitación de capital humano.

Ernesto Moscoso, director de Cuencas y Programas Estratégicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, recomendó que se realicen convenios con las diferentes casas de estudios superiores, para poder contar con análisis, sobre todo porque sería “una regulación ambiental sobre un proceso económico”.

El diputado Cappa reveló que, según datos que han podido recabar, actualmente en Guatemala se utilizan más de 335 mil millones de litros de aceites al año, de los cuales solo un 22 por ciento llega a ser reciclado de forma responsable. “Una gota de aceite es capaz de contaminar cientos de litros de agua”, aseveró el parlamentario.

Por tal motivo expresó que durante los próximos días trabajarán en incorporar cada una de las recomendaciones que se hicieron en la reunión, para remitirla nuevamente a las instituciones relacionadas al tema y avanzar en la iniciativa de ley.

A la reunión también asistió personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Colegio de Químicos y Farmacéuticos, Unidad de Saneamiento de Aguas del Área de San Lucas y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Por Mayra Recinos

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Como parte de la tercera fase de elección de secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala (Conamigua), los diputados que integran la Comisión de Migrantes, realizaron hoy audiencias públicas para escuchar a los 14 aspirantes a ocupar dichos cargos.

Durante las audiencias los candidatos dieron a conocer sus planes de trabajo si llegaran a ser electos, mientras que los legisladores los cuestionaron sobre los niveles de hablar y entender idioma inglés, también si conocían los consulados móviles y su opinión sobre los menores de edad que migran solos.

También se les pidió que dieran a conocer sus punto de vista sobre la pretensión de algunos diputados de cerrar Conamigua, a lo que se respondió que legalmente no puede cerrarse y que de hacerlo se afectaría a los migrantes.

Tras concluir con las audiencias los legisladores deben analizar cada uno de los expedientes para elegir a cinco candidatos, para que sea el pleno del Congreso de la República quien decida entre ellos quién será al próximo secretario y subsecretario de Conamigua.

“Hoy hemos concluido con esta fase que nos manda la ley. Hemos dado 10 minutos a cada uno de los aspirantes para ocupar estos cargos, por lo que esperamos que esta semana se dé a conocer la lista y que antes de concluir el periodo se pueda elegir al próximo secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante”, destaco el presidente de esta sala de trabajo, el diputado independiente Arturo Martínez.

Los aspirantes son:


  • Rita María Elizondo Hernández

  • José Martínez Yac Huix

  • Carlos Rolando Nárez Noriega

  • Edwin Bladimir de León de León

  • Mario Enrique Carrera

  • Melanie Marie Mullers

  • Rafael Antonio Salazar Gálvez

  • Ely María Zea Wellman

  • Marvin Samuel Otzoy Tubac

  • Edgar Arturo Rodríguez Barrios

  • Nery Alejandro Marín Marroquín

  • Damaris Eunice Ortiz Estrada de Godínez

  • Carlos Enrique Pérez Hernández

  • Verónica Leticia Grajeda Castillo
Por Karla Herrera

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El presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, informó que la Junta Directiva del Legislativo convocó a reunión de Instancia de Jefes de Bloque para mañana jueves 23 de noviembre, a las 8 horas, para que en voz del Ministro de Finanzas (Minfin) y de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), se conozca el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2018.

“La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda aprobó el proyecto de Presupuesto el pasado viernes 17 de noviembre, y lo entregó a Dirección Legislativa; sin embargo, el mismo no es del completo conocimiento de los jefes de bloque y diputados, por lo que la difusión del mismo se hace necesario, para su discusión en el pleno”, explicó el presidente.

También indicó que el presupuesto debe ser aprobado, modificado o improbado por el Pleno, el 30 de noviembre; de lo contrario automáticamente quedará vigente el presupuesto del presente año. “Esta decisión es del Pleno de diputados, como máxima autoridad”, subrayó el parlamentario, agregando que el mismo debe ser divulgado y conocido por todos los diputados.

El proyecto de presupuesto enviado por el Minfin era de Q87 mil 922 millones y la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso lo redujo a Q84 mil 596 millones.

El presidente Chinchilla comentó que el presupuesto contiene normas presupuestarias que deben analizarse con sumo cuidado, para no caer en inconstitucionalidades, y que se analice si el funcionamiento de algunas instituciones no estén sujetas al Ejecutivo, por el tema de financiamiento.

Agregó que los diputados deben tener claro el contenido de la iniciativa del presupuesto y los Jefes de Bloque alcanzar acuerdos para que el proyecto se agende y lo conozca en el Pleno.

Por René Rodríguez

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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República aprobó este día incluir en el dictamen del proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que las organizaciones partidarias, al momento de la convocatoria a elecciones, puedan utilizar los fondos provenientes de la deuda política o pública para la campaña electoral.

Asimismo, se votó a favor de reducir de 20 años a 4 años la obligación de tener bajo resguardo de las organizaciones políticas toda la documentación respectiva, además se incluirá en el dictamen sobre el proyecto de reformas la creación de la Sala Electoral.

Se espera que el dictamen sea firmado por los legisladores integrantes de la comisión mañana, para luego proceder a entregarlo a la Junta Directiva del Congreso para que sea sometido al pleno del Legislativo.

“Hoy básicamente fueron algunos ajustes a la legislación aprobada en la reforma anterior (en el 2015) que tienen que ver con la forma en que se pueden ejecutar los recursos provenientes de la deuda electoral y ver los procedimientos de control y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para qué sin quitarle potestad y autoridad se pueda viabilizar y hacer más ágil la ejecución dentro de los partidos. Hoy se tienen los saldos allí en disponibilidad pero por la normativa, como está redactada, no se ha podido ejecutar, entonces lo que se está haciendo es dándole viabilidad a los recursos”, afirmó el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Oscar Argueta, presidente de la Sala de Trabajo.

Agregó que también se incluirá en el dictamen la creación de la Sala Electoral, la cual se encargará de conocer las apelaciones presentadas por los partidos políticos, con el objetivo de que revise las decisiones del TSE y dicha instancia estaría bajo la tutela del Organismo Judicial, integrada por magistrados. La Corte Suprema de Justicia conocería los amparos presentados por las organizaciones políticas.

Además se aprobó la enmienda a la literal c) del artículo 21 TER, en donde se propone la reducción de 20 años a 4 años el resguardo de las organizaciones políticas de toda la documentación sobre su funcionamiento.

Detalló que lo único que falta es afinar los detalles del dictamen y solo está pendiente de elaborar el estudio técnico que lo acompañará y proceder a recolectar las firmas de los diputados integrantes de la sala de trabajo, y en el momento en que se tengan las 10 firmas que se requieren se procederá a entregarlo a Dirección Legislativa, y quien no haya firmado puede apersonarse para rubricar el dictamen y si no está de acuerdo podrá razonar su voto.

También mencionó que aún se está a tiempo para que el Pleno pueda entrar a conocer las reformas a la LEPP, porque están pendientes algunas sesiones de noviembre y al menos dos de diciembre con la Comisión Permanente.

“Ya depende de la Instancia de Jefes de Bloque y del pleno si se entran a conocer todavía este año”, dijo el presidente de la comisión.

El legislador Argueta explicó que a la comisión le corresponde dictaminar la iniciativa del Ejecutivo y la que enviaron otros diputados. Y cuando ingrese la iniciativa del TSE se procederá a hacer el análisis respectivo y se emitirá otro dictamen.

Por Byron Vásquez

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Tras cumplir con el plazo de recepción de expedientes de los aspirantes a ocupar el cargo de secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), los diputados que integran la Comisión de Migrantes realizaron la revisión de la papelería entregada por los 14 aspirantes.

La verificación de los documentos fue hecha en presencia de legisladores y asesores de esta sala de trabajo y de la representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Adela Morataya, quienes cotejaron que cada uno de los expedientes estuviera completo.

Luego de la revisión, los 14 aspirantes serán escuchados este miércoles por los legisladores, quienes tomarán la decisión de elegir a cinco para ser conocidos en el pleno y de ahí designar al director y subdirector de la entidad. Los profesionales aspirantes son:


  1. Rita María Elizondo Hernández

  2. José Martínez Yac Huix

  3. Carlos Rolando Nárez Noriega

  4. Edwin Bladimir de León de León

  5. Mario Enrique Carrera

  6. Melanie Marie Mullers

  7. Rafael Antonio Salazar Gálvez

  8. Ely María Zea Wellman

  9. Marvin Samuel Otzoy Tubac

  10. Edgar Arturo Rodríguez Barrios

  11. Nery Alejandro Marín Marroquín

  12. Damaris Eunice Ortiz Estrada de Godínez

  13. Carlos Enrique Pérez Hernández

  14. Verónica Leticia Grajeda Castillo

El presidente de la sala de trabajo, José Arturo Martínez (Todos), destacó que luego de haber revisado los expedientes se realizarán las audiencias para conocer más de cerca a los postulantes.

Por Karla Herrera

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Este martes, la Comisión de Energía y Minas presentó el dictamen favorable a la iniciativa 5252; ley de la tarifa social de energía eléctrica, que dentro de otras cosas tiene como fin modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que el 0.5 por ciento de lo recaudado por este impuesto forme parte de un subsidio al servicio de electricidad.

Según lo explicó el diputado Luis Contreras, del Movimiento Reformador, otra de las fuentes de financiamiento que incluye la referida normativa consiste en un 15 por ciento del ingreso anual del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), “con lo se verán beneficiados los guatemaltecos en pobreza y pobreza extrema y que consumen menos de 100 kilovatios/hora al mes”, aseguró.

Otro de los puntos que resaltan en la normativa, es la creación de la figura legal del subsidio de la tarifa social, que tendrá un fondo económico de por lo menos Q900 millones provenientes de las fuentes antes mencionadas, que contarán como ente rector a la Contraloría General de Cuentas.

Asimismo, la ley obliga a los distribuidores de este servicio a tener un registro histórico de los últimos cinco años, que deberá contener como mínimo, nombre y número de identificación del usuario, monto del subsidio mensual, registro que contenga fotografías del inmueble y del medidor de energía eléctrica, entre otros.

“Dejamos estipulado, además, que de haber un excedente del recurso económico, el mismo sea utilizado por el INDE para electrificación rural, ya que tenemos conocimiento de que alrededor del 8 al 10 por ciento (1 millón) de la población no cuenta con este importante fluido eléctrico y con esto estaríamos contribuyendo a que la electricidad llegue a los más necesitados”, concluyó el parlamentario.

En otro punto de la reunión, Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), propuso a la Comisión de Energía y Minas del Congreso modificar la Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados de Petróleo y sus Reformas; específicamente que los recursos provenientes de esa actividad sean designados por el Ministerio de Finanzas (Minfin), a las municipalidades de todo el país.

Escobar propone la siguiente tabla: De lo recaudado por comercialización de gasolina superior y regular, destinar para la Municipalidad de Guatemala 15 centavos de quetzal por galón, y para el resto de municipalidades 50 centavos.

Por lo recaudado de diesel, 50 centavos por cada galón para las municipalidades del país; recursos que deberán ser distribuidos de forma proporcional conforme asignación constitucional, a servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural.

Explica además que del impuesto que se recaude de la aplicación de gasolina superior y regular, el Minfin destinará 65 centavos, por cada galón, al

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), como fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras, incluyendo la infraestructura de caminos rurales.

Según el presidente de la ANAM, el territorio nacional ha sido afectado por lluvias que han impactado en la red vial y caminos rurales, por lo que se hace necesario dotar a las municipalidades de recursos para que se inviertan en el mantenimiento y mejoramiento de las carreteras de sus municipios.

Por Karen Mendoza y René Rodríguez

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Diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República se reunieron con autoridades del Ministerio de Gobernación para solicitar que se refuercen los planes de seguridad para las festividades de fin de año, ello debido a que en esta época hay un repunte de actividades delictivas, tales como la extorsión.

A la cita acudieron el viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán; el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, y el director de Presidios, Juvell de León, quienes fueron cuestionados por el poco control en los centros carcelarios, entre otros temas.

El diputado Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador, expuso que a la comisión le preocupa que las empresas de telefonía aún no tienen bloqueada la señal en las cárceles, y criticó la intención de la cartera del Interior de efectuar una encuesta para medir la percepción de la población acerca de la seguridad, la cual tendría un costo de Q5 millones.

El congresista José Domingo Trejo, del Frente de Convergencia Nacional-Nación, habló sobre la importancia de hacer una rotación de los guardias penitenciarios debido a que hay un aumento de los hechos criminales que se cometen desde los centros carcelarios. Asimismo, solicitó a las autoridades que hagan una reclasificación urgente de los reclusos, “ya que las personas con delitos menores terminan siendo los más afectados”.

El viceministro Guzmán aseguró que a la fecha hay una reducción de los homicidios, las extorsiones y un aumento de la incautación de drogas, además indicó que ya se trabaja en el plan de seguridad para las fiestas de fin de año.

El diputado Napoleón Rojas, de la Unión del Cambio Nacional y presidente de la comisión, dijo que “esta época del año es dura por el bono navideño que exigen los extorsionistas”, por lo cual solicitó un buen plan operativo y dijo que la sala de trabajo continuará legislando para fortalecer al Ministerio de Gobernación.

Por Fredy López

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