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Está claro que para los diputados que conforman la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva del Congreso, las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) deben ser sometidas a un escrutinio público y a auditorías para garantizar la transparencia en el uso de los recursos  que se asignan a esa casa de estudios.

La conclusión llega luego que recibieran al rector de dicha Universidad, Murphy Paiz quien expuso los problemas financieros que atraviesa la casa de estudios y la posible crisis que enfrentaría el próximo año por un recorte presupuestario de al menos Q118 millones.

“El fortalecimiento de la educación superior es un tema prioritario de Estado, siempre y cuando esos recursos beneficien a la población estudiantil”, dijo el presidente del Legislativo, Alvaro Arzú Escobar, mientras el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza proponía que autoridades del Congreso, del Ministerio de Finanzas y de la USAC  conformen una mesa técnica para evaluar la problemática.

Paiz explicó que la crisis que atraviesa la USAC tiene origen en los impactos que han causado temas como el aumento salarial a los trabajadores, promociones de docentes, el escalafón y la apertura de nuevos centros universitarios en distintos departamentos.

Insistió que un recorte en el aporte extraordinario que recibe del Estado, podría causar el colapso de la única universidad estatal del país. “Vemos con preocupación el detrimento que se ha hecho en los recursos de la San Carlos, lo que atenta al sistema de educación superior gratuito en el país”, lamentó el Rector.

El rector presento una hoja de ruta de la administración actual, donde resalta los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como la inclusión de sus finanzas y de la nómina a los portales Sicoin y Guatenóminas, respectivamente.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

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Tras la acostumbrada reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva se aprobaron los puntos de la agenda para la sesión plenaria de este jueves 8 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

En su primer debate serán discutidas las iniciativas  5466 y 5474, reformas al Decreto 51-92, Código Procesal Penal,  presentadas por los diputados Luis Hernández Azmitia (MR) y Juan Ramón Lau (Todos), respectivamente, las cuales proponen el cese al encarcelamiento en la etapa intermedia del proceso y medida sustitutiva a personas de la tercera edad,  involucradas en algún delito.

“Esta medida podría beneficiar a los acusados de un ilícito y que  tengan por lo menos 70 años, siempre y cuando no hayan incurrido en delitos como extorsión, narcotráfico, entre otros. Permitirá un deshacinamiento del sistema carcelario y reducirá la violación en materia de Derechos Humanos”, explicó el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales e integrante del bloque PAN, Fernando Linares Beltranena.

En este mismo punto,  a solicitud de la congresista Aracely Chavarría del Movimiento Reformador, se incluyó en la agenda la iniciativa 5498 que aprobaría la ley de reactivación económica del café, siempre en primer debate será conocida el proyecto que da vida a la procuraduría de defensa al consumidor,  propuesta de  la jefa de bancada Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro.

Se prevé que en segunda lectura pase el registro 5496, que incluye el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del  Estado para el ejercicio fiscal 2019. Siempre en segundo debate los congresistas conocerán la iniciativa 5411, que plantea reformas al Decreto 2-70, Código de Comercio,  propuesta que contiene 5 artículos que reforman el 511 y adicionan el 511 Ter y 516 Bis, y que pretende que un cheque digitalizado tenga la misma validez y sustento legal que un cheque físico.

Para su discusión en tercer debate, aprobación por artículos y redacción final se encuentran dos proyectos el 5488 y el 4712. El primero referente a  reformas a la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala y la segunda aprueba la ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células humanas.

Por Karen Mendoza

Fotos. Héctor Monroy

 

 

 

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Se reanudó la discusión por artículos y redacción final de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y en ese contexto los diputados  conocieron  dos de los artículos contendidos en el proyecto.

En la reunión se dio lectura artículo 7, el cual establece que las asambleas municipales deben celebrarse con el aval de un delegado del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo fue improbada al contar con 22 votos a favor y 88 en contra.

Posteriormente, se dio lectura al artículo 8 que establece la participación con voz y voto de los secretarios departamentales en las asambleas nacionales, dicha reforma tampoco logró los votos necesarios por lo que quedó  improbada.

Al concluir la plenaria, se convocó a los legisladores a sesionar este jueves y continuar con la agenda de trabajo que fue consensuada en la instancia de jefes de bloque para discutir diversas propuestas de interés nacional.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Héctor Monroy

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La posibilidad de aplicar un incremento en las pensiones de los jubilados del Estado quedó latente luego de la reunión que el diputado Marvin Orellana, jefe de bancada Alianza Ciudadana, sostuvo  con dirigentes de organizaciones de personas que ya gozan de la Ley de Clases Pasivas.

La reunión fue un seguimiento al hecho que el mes pasado  el congresista presentó a Dirección Legislativa la iniciativa 5510, en la que propone reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, con la que pretende posicionar las pensiones en no menos de Q1,500 quetzales y una máximo de Q10 mil, aunque especifica que  los pensionados antes mencionados no reciban una pensión menor a ocho mil quetzales.

“Estoy de acuerdo en dignificar a las clases pasivas del Estado, pero necesitamos su apoyo, de lo contrario no se logrará mayor cosa”, dijo el  diputado Orellana, quien  escuchó a los pensionados manifestar la necesidad de que se cumpla con lo establecido en el Decreto 63-88, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. “Lo que pedimos que tal como lo establece dicho Decreto, se realicen revisiones de las pensiones que recibimos, ya que muchos no llegamos a recibir ni el sueldo mínimo”, expresó Beatriz López, pensionada del sector Salud.

Por. Mayra Barillas Recinos.

Fotos. Elder Carío

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Los diputados que conforman la Comisión de Cultura no quedaron satisfechos con el informe sobre ejecución presupuestaria presentado por autoridades del Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco (Ipsa).

Luego de escuchar el informe presentado por la Directora del Ipsa, Isabel Trejo,  los congresistas, en aras de fiscalizar, por medio de la vicepresidenta de la comisión, diputada Marleni Matías concluyeron que la entidad debe presentar un nuevo informe con información precisa de la ejecución presupuestaria, funcionamiento y la efectividad que han tenido los diversos programas en beneficio del artista nacional.

“Es necesario apoyar a nuestros artistas pero para ello requerimos más información para saber en qué podemos ayudar y trabajar de manera conjunta”, indicó la diputada Matías.

A las autoridades del Ipsa les preocupa el impago del timbre de garantía artística del cual depende el  funcionamiento de la entidad e hicieron referencia de la situación de no menos de 25 inmuebles que están destinados a ser el hogar de los artistas que lo requieran pero no pueden utilizarse, pues han sido invadidos por estructuras criminales.

“La mayoría de los inmuebles se ubican en las zonas 21 y 18, las mismas fueron adquiridas en anteriores administraciones sin embargo no podemos ocuparlas porque las pandillas se apropiaron ilegalmente de ellas”, explicó la titular de Ipsa.

Al concluir la reunión, los legisladores acordaron evaluar la Ley de Espectáculos Públicos, actualizarla y fortalecerla debido a que autoridades del Ipsa denunciaron que no se cumple a cabalidad la normativa, “ejemplo de ello,  las presentaciones artísticas que se realizan sin autorización y sin cumplir con lo establecido en ley”, opinaron.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Estuardo Zeceña

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Las reformas a la Ley de Tránsito, Ley de la Policía Nacional Civil, y ley del Impuesto de Circulación, fueron los temas discutidos por los diputados que conforman la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el congresista Fernando Linares Beltranena.

Se trata de la iniciativa 5505, que propone la creación de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, que estaría adscrita al Ministerio de Gobernación, y la Policía Nacional de Tránsito, que permitiría  transferir  a las municipalidades  las funciones de control de tránsito y seguridad vial.

Corresponderá a dicha Dirección, planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional, emitir, renovar y cancelar licencias de conducir y administrar los recursos financieros y administrativos que se encuentren aprobados en el presupuesto general de ingresos y  egresos  del Estado, entre otras facultades.

La Sala Legislativa delibera también para firmar dictamen de las iniciativas 5458 Reformas al delito de Extorsión;  5499,  Día de la Oración, y 3727, Reformas al artículo 157 de la Constitución de Guatemala, la cual propone reducir a 80 el número de diputados.

“Continuaremos con el análisis de cada una de estas propuestas hasta alcanzar los consensos necesarios” dijo Linares Beltranena.

Por Rosemary Recinos

Fotos. Héctor Monroy

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Los municipios de La Reforma, Ayutla y Malacatán son los que reportan índices más altos en desnutrición infantil y de mortalidad materno-infantil en el departamento de San Marcos.

Esta situación propició que la diputada Lesly Valenzuela se reuniera con representantes del Ministerio de Salud y el Director del área de Salud de dicho departamento, para fiscalizar el fortalecimiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)  implementadas en el lugar.

“Lo que se busca con la instalación y crecimiento de las RISS  es el cierre de las brechas en atención de salud, el fortalecimiento del Sistema Único de Información en Salud y prestar la cobertura en servicios de salud de forma gratuita pero con calidad”, dijo la congresista.

La diputada señaló que dará seguimiento al tema y a la instalación de las RISS, pues está comprobada su eficiencia en países como Chile y Perú, en donde se presta la atención en salud accesible a la población y respetando su idioma y pertinencia cultural,  lo que la hace más efectiva

Por Wendy Sandoval

Fotos. Miguel Plato

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Por un monto de Q87,715 millones el Pleno del Congreso de la República conoció en primera lectura el proyecto de presupuesto General de Ingresos y  Egresos de la Nación, para el  Ejercicio Fiscal 2019.

La propuesta de ley  enviada por el ejecutivo a través del ministerio de finanzas en septiembre, fue analizada y discutida por los diputados que integran la  Comisión de Finanzas del Legislativo, quienes le dieron dictamen favorable, por lo que se espera que en una próxima sesión ordinaria se conozca en su  segunda lectura y así avanzar hasta su aprobación antes del 30 de noviembre.

Varios legisladores dieron a conocer  su punto de vista sobre los recursos económicos asignados a los ministerios de Educación, Salud y   Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que se prevé que la discusión continuará en la próxima sesión plenaria,  cuya agenda contemple el tema.

En la sesión ordinaria también se conoció  la iniciativa de ley 5521, que pretende recuperar el complejo deportivo de Jutiapa, propuesta presentada por el diputado Augusto Cesar Sandino Reyes y  enviada a la comisión de Deportes para su  análisis.

Karla Herrera

Fotos. Héctor Monroy

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Ya  fue recibida en la Fiscalía de Asuntos Internos del  Ministerio Público (MP),  la solicitud presentada por el Tercer Vicepresidente de Junta Directiva del Congreso, diputado Juan Ramón Lau, quien busca ser admitido como querellante adhesivo en la investigación referente a la adquisición de un edificio de dicho ministerio.

A criterio del diputado Lau, hay supuestas anomalías en el proceso de compraventa, “presidí una Comisión de Fiscalización y requerí información muy valiosa para el Ministerio Público y que debe ser aportada, debemos ser claros en que la lucha contra la impunidad y la corrupción es en contra de todos y esta no va ser la excepción,  yo le voy a dar seguimiento al proceso hasta las últimas consecuencias”, dijo el  diputado Lau.

La solicitud del congresista fue remitida a la Fiscalía de Asuntos Internos,  la cual  admitió para su trámite la denuncia presentada por el legislador por la supuesta sobrevaloración del edificio, ubicado en la zona 5 de la capital, compra que fue avalada por ex funcionarios de la entidad y que al investigar se  evidenció una serie de incongruencias que constan en la denuncia presentada.

Lau presentó un  segundo memorial ante la Fiscalía de Asuntos Administrativos, por medio del cual solicita  también ser aceptado como querellante adhesivo en el proceso de investigación  iniciado tras presentar la denuncia por la creación de la Gerencia de Investigación Tributaria,  debido a que dicha unidad, que funciona en la Superintendencia de Administración Tributario, a criterio del congresista,  inicio operaciones de manera clandestina.

“Además de  unirme al proceso como querellante adhesivo, solicité que se unifique la denuncia presentada por mi persona y la interpuesta por la Contraloría General de Cuentas y que la persecución penal sea objetiva en contra de los responsables”, puntualizó el legislador.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Estuardo Zeceña

 

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