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Los diputados Aníbal Rojas y Luis Pedro Álvarez se reunieron con el viceministro administrativo de Salud, José Gustavo Arévalo; representantes de la Contraloría Generan de Cuentas, de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico  UNAERC y de la Fundación Amor.

El fin de la sesión de trabajo era conocer de primera mano cómo se encuentra el procedimiento para la renovación del Convenio de Atención y Aplicación de Tratamientos a Pacientes Enfermos Renales, entre estas dos entidades, el cual vence  el 25 de mayo próximo.

De no ser renovado más de 750 pacientes enfermos renales, que son atendidos en la ciudad capital y algunos departamentos, serían afectados.

Francisco Valenzuela, administrador General de UNAERC, explicó que  gracias a este convenio la Fundación Amor  subsidia más del 60 por ciento del costo de los tratamientos de hemodiálisis para los pacientes que esta entidad atiende y no existe ningún impedimento legal para la renovación del convenio de apoyo entre el Ministerio de Salud y estas entidades.

En este sentido los parlamentarios Rojas y Álvarez convocaron a una nueva reunión el próximo miércoles  18 de abril para conocer los avances en la renovación de este convenio. De acuerdo con el Parlamentario Aníbal Rojas lo que se busca es garantizar la atención  para los pacientes renales de una forma transparente para el país y sin ningún sobresalto jurídico ni administrativo.

Por Wendy Sandoval

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Diputados que integran la comisión de Relaciones Exteriores, dirigida por la diputada Eva Nicolle Monte, recibieron la visita de la registradora de la propiedad intelectual del Ministerio de Economía, Sylvia Ruíz, quien les habló de la importancia de aprobar el tratado de Beijing, sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

El tratado pretende desarrollar y mantener la protección de los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes, respecto de  sus obras audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible.

“Con la propuesta de ley se espera reformar varios artículos del tratado de Beijing, para beneficiar a los autores de audiovisuales para que sean ellos quienes decidan los permisos para las publicaciones de sus obras y evitar el plagio de las mismas”, explicó la directora de la propiedad intelectual Sylvia Ruíz.

La presidenta de esta sala de trabajo, diputada Eva Nicolle Monte, aseguró que para solventar las dudas se realizara una nueva reunión, esto antes de continuar con la aprobación del tratado en su tercer debate.

Por Karla Herrera

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Como una muestra firme de la intención de continuar con los procesos a favor de la transparencia y el combate a la corrupción,  la diputada distrital del departamento de Huehuetenango, Sofía Hernández, participó este día en el tercer encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas que se celebra en la ciudad de Lima, Perú, los días 11 y 12 de abril.

La temática central del evento, que reúne a legisladores de 20 países de las Américas y el Caribe, se enfoca en los Estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

A decir de la Diputada Hernández, “el Congreso de la República juega un papel fundamental para hacer frente a la problemática  de forma transversal y efectiva, no sólo a través del ejercicio de sus facultades de representación, legislación y fiscalización, sino también mediante la promoción de acciones a favor de la apertura legislativa que facilite la interacción con los ciudadanos”.

La diputada Hernández también hizo mención de los esfuerzos que ya están en marcha en la actual Legislatura con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica en el uso de tecnologías de información y comunicación y consolidación de herramientas de registro de información, entre otras. Todas a favor de la transparencia y una gestión legislativa más moderna y eficiente.

“Dentro de los compromisos establecidos continuamos trabajando en hacer de fácil acceso al ciudadano la información que se maneja en los distintos niveles del Organismo Legislativo.  Institucionalmente trabajamos constantemente  en sensibilizar a todos los actores involucrados en la producción y consumo de información legislativa para que el producto final sea mayor apertura y transparencia en la gestión”, dijo Hernández al ser consultada respecto a las acciones locales que ya están en marcha.

“Los desafíos aún son muchos, sin embargo como legisladora estoy consciente de la importancia de continuar con las acciones encaminadas a promover un Congreso y un Estado más modernos, eficientes, transparentes y más abiertos a la participación ciudadana”, concluyó Hernández.

 

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Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Jairo Flores, UNE, llevaron a cabo una reunión conjunta con el presidente de la Comisión de Agricultura y representantes del Frente Parlamentario Contra el Hambre, FPH,  para analizar conjuntamente el contenido de la iniciativa 4947, ley de agricultura familiar.

El objetivo principal del proyecto es fortalecer la economía campesina e institucionalizar el programa de agricultura familiar.  “El lado positivo de la Agricultura Familiar se basa en su aporte  a la seguridad alimentaria y nutricional de quienes se dedican a ella con  la posibilidad de salir de la pobreza en la medida en que se conviertan en excedentarios y se conecten con los mercados locales e internacionales”, manifestó el diputado Flores.

En atención a cuestionamientos de diferentes sectores empresariales, el proyecto de ley regresó a Comisión en su segunda lectura, donde se están haciendo los estudios y análisis necesarios para mejorar el contenido de la iniciativa previo a su aprobación final.

El diputado Flores, junto a su equipo de trabajo, presentaron un cuadro comparativo que incluye las propuestas hechas por la Cámara del Agro, y el documento original. “Queremos conocer  las opiniones de los diputados, e incluirlas al proyecto de ley”, argumentó el parlamentario,  quien aseguró que el documento no está escrito en piedra, y pueden hacer las modificaciones  necesarias.

A consideración de los  diputados  José de la Cruz Cutzal, FCN;  Marleny Matías, UNE; y Mike Mérida, presidente de la Comisión de Agricultura, es necesario profundizar en el punto dónde se establecen normas de organización campesina como requisito para comercializar sus productos, “ya que los agricultores  más necesitados no tienen esa capacidad hasta el momento”, argumentaron.

Durante la reunión de este día los parlamentarios analizaron los artículos del uno al 20, por lo que en una siguiente reunión continuarán hasta concluir con los 33 artículos que contempla la ley.

Jairo Flores explicó en los próximos días culminarán el análisis con  los diputados de las diferentes instancias, convocará  a reuniones con representantes de organismos internacionales, como la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes han apoyado esta ley desde sus inicios; y finalmente solicitará una reunión con la Instancia de Jefes de Bloque para que la iniciativa se incluya en la agenda parlamentaria para su tercer debate, por artículos y redacción final.

Organizaciones internacionales y entidades estatales como la Universidad de San Carlos han urgido la aprobación de esta ley que, entre otras cosas, pretende desaparecer el asistencialismo del Ministerio de Agricultura,  promover la Agricultura Familiar,  dejando en el olvido la infra y subsistencia agrícola que ha imperado por años en el país; e impulsar  la producción   sosteniblemente excedentaria,  que permitirá que las familias puedan comercializar su excedente.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad, que preside el congresista Amílcar Pop, llevaron a cabo una mesa de diálogo con la participación del director del Renap, Edgar Alonzo Aceituno; y autoridades indígenas ancestrales, de los 8 municipios de Totonicapán, para atender sus peticiones en relación a que se estandaricen los pagos de certificaciones y los trámites del  DPI.

Solo la cabecera departamental cuenta con un descuento, por lo que la solicitud de los pobladores es que se les aplique en toda la región, en busca  de un trato igualitario y justo, debido a las condiciones de pobreza de sus habitantes.

“En el 2014 se aprobó una rebaja para la cabecera departamental, lamentablemente no se hizo con los criterios adecuados y hoy las consecuencias a nivel nacional son graves porque rompen la igualdad de trato a los ciudadanos”, lamentó Pop.

Para el congresista lo justo es “trabajar en una rebaja a nivel nacional, que implicaría aproximadamente una ampliación en su  presupuesto de Q.60 millones”.

Manuel Castellanos, viceministro de Gobernación, se comprometió como directorio a hacer la gestión, ante el ministerio de Finanzas, de una ampliación presupuestaria en la cual se consideren estos recursos. La Comisión, se reunirá de nuevo el miércoles 18 de abril, para conocer los avances en este proceso.

Por Rosemary Recinos.

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La diputada Eva Nicolle Monte Back, representante por el distrito de Chimaltenango, se reúne con Annabella Morfín,  Procuradora General de la Nación, PGN; y  Carlos Enríquez Mena, director del Consejo Nacional de Adopciones, CNA; para evaluar el anteproyecto de ley que quieren presentar para que se agilice el proceso de adopciones en el país.

Dicha iniciativa derogaría el Acuerdo 40-2010 de la Corte Suprema de Justicia, relacionado a las medidas de protección de niños en condición de abandono, “lo cual ayudaría en gran medida a que los mecanismos de adopción puedan llevarse sin burocracia”, aseguró la congresista.

Enríquez Mena, del CNA, completar un proceso de adopción puede demorar hasta 4 meses, desde que un juzgado declara que el menor puede ser sujeto a adopción, hasta que se inicia la búsqueda de la familia idónea que acoja al niño.

“Contamos con  tres reglones de niños a los cuales se nos dificulta encontrarles una familia que los quiera adoptar, dentro de los que se encuentran los mayores de 9 años, los que padecen enfermedades como VIH y aquellos que presentan un discapacidad que afecta su desarrollo psicomotor”, aseguró  el funcionario.

Según datos de la PGN, a la fecha hay 110 casos de menores reportados como abandonados, dentro de los cuales hay infantes que han sido encontrados en las calles y otros que un ente jurisdiccional ha dictado la separación de su familia natural por considerar que dentro del seno familiar se ven vulnerados  sus derechos.

“La situación es más preocupante cuando tomamos en cuenta que hay un subregistro, lo que no nos permite tener un dato real de los menores en esta situación, sumado a esto el poco presupuesto con la que cuenta tanto PGN como CNA para trabajar en este tema”, dijo Morfín.

La legisladora del bloque Alianza Ciudadana manifestó su preocupación por dicha situación y se comprometió a darle especial seguimiento a este sector de la población. “Nos preocupa el incremento de los índices de niños abandonados en el país, y sobre todo que el Estado no cuente con un mecanismo que permita la pronta reinserción de estos pequeños a una familia que los ame”, concluyó.

Por Karen Mendoza

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales acordaron elaborar un informe circunstanciado y remitirlo al Ministerio Público, para que se determine si existen implicaciones penales en contra de los integrantes de la Comisión del Cálculo Matemático y del Instituto Nacional de Estadística, por haber modificado el situado constitucional otorgado a las municipalidades.

La presidenta de la referida sala legislativa, Patricia Sandoval, informó que la Procuraduría General de la Nación envió un informe jurídico a la Comisión, donde establece que ya se presentaron denuncias de carácter penal. “Esto significa que hay agravios económicos“, dijo la parlamentaria, quien agregó que le llama la atención que las denuncias presentadas “son entre ellos mismos, es decir por la Comisión del Cálculo Matemático y el Instituto Nacional de Estadística”.

“Son alrededor de 60 municipalidades las que tienen problemas por la disminución de los recursos financieros provenientes del situado constitucional, es por eso que  hemos tomado la decisión de elaborar el informe y que el MP investigue”, expresó la Presidenta de la Comisión de  Asuntos Municipales.

En opinión del diputado Haroldo Quej son los alcaldes quienes deberían presentar las denuncias correspondientes al ser los afectados directos. “El Decreto 22-2010, Reformas al Código Municipal, establece claramente el procedimiento y los requisitos a cumplir para otorgar el situado constitucional”.

Por Byron Ramírez

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El disturbio provocado por menores ayer por la noche en las instalaciones del anexo de Hogar Seguro, ubicado en la colonia El Maestro, zona 15, activó de nuevo la señal de alerta y la necesidad de hacer algo a favor de estos jóvenes.

En ese sentido, los diputados de la Comisión del Menor y la Familia, que preside el diputado Walter Félix, acordaron citar a representantes de la Secretaría de Bienestar Social, PGN, y PDH para que informen de las razones de lo sucedido y cuál es la atención y cuidado que se les da a los menores.

“Este es un problema recurrente. No queremos que vuelva a repetirse  la tragedia ocurrida el año pasado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción donde lamentablemente fallecieron varias niñas, por lo que citaremos la próxima semana a los responsables de la PGN, PDH y la SBS, para que nos den un informe detallado de lo sucedido y la atención que reciben estos menores”, dijo el diputado Walter Félix.

Ayer por la noche, un grupo de menores, molestos por los malos tratos que reciben por parte de los monitores que custodian el lugar, causaron daños en el inmueble, destrozaron mobiliario y documentos; y salieron a las calles a protestar causando temor entre los vecinos quienes no sabían qué estaba ocurriendo. Según datos medio centenar de 50 adolescentes se encuentran internados en ese lugar a cargo del Estado.

“Hemos insistido en que tiene que ser aprobada la ley del sistema nacional de protección integral para la niñez y la adolescencia, ya que creemos que es el Estado y las instituciones encargadas los que tienen que realmente velar y dar los recursos suficientes y se eviten los conflictos entre los menores”, dijo la legisladora Sandra Morán, del bloque Convergencia, y vicepresidenta de la referida sala de trabajo.

Discutido ampliamente este tema, los congresistas pasaron al segundo punto de la agenda, y se reunieron con Carlos Mena, director ejecutivo del Consejo Nacional de Adopción, CNA; Isolda Flores, sud directora; y Sandra López, coordinadora. Los funcionarios fueron consultados sobre la asignación presupuestaria de la entidad, sobre las adopciones que han ejecutado y los procesos en que llevan a cabo, así como cuántos menores están en proceso de adopción.

“Tenemos una asignación presupuestaria de Q 14 millones, y hemos pedido un aumento de Q14 millones más”, explicó Isolda Flores, sud directora del CNA. Los congresistas darán seguimiento al tema y solicitaron informe completo de la situación de los menores pendientes de adopción.

Agotado este punto los congresistas  entraron a conocer  la iniciativa 5205 “ley de educación integral en sexualidad” la cual recibió dictamen favorable. El proyecto contempla que será el Ministerio de Educación quien brinde información objetiva y oportuna sobre educación sexual a los niños y niñas así como a adolescentes en las escuelas.

Con la aprobación de la ley se espera que los jóvenes reciban una mejor y mayor atención y se disminuyan los embarazos en niñas entre 10 y 14 años, y se evite el incremento en la mortandad materna, abortos, infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida.

Por José Castellanos

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Previo a emitir dictamen de la iniciativa 5410, que dispone aprobar una nueva Ley de la  Policía Nacional Civil, PNC, integrantes de la Comisión de Asuntos sobre Seguridad Nacional continuaron este miércoles con las mesas de trabajo para socializar y recibir la opinión de las distintas instancias involucradas con la seguridad en el país.

Para el efecto, la sala legislativa contó con la presencia de autoridades del Ministerio   de la Defensa Nacional,  Procuraduría General de la Naciòn, PGN, Policía Nacional Civil PNC, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, así como de la cartera del Interior y Ministerio Público, MP.

Edgar Estuardo Melchor Solórzano, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, aseguró que a la fecha han mantenido una buena coordinación con las fuerzas policiales. “Vemos con buenos ojos que se este trabajando en una ley que le da las herramientas a la PNC para eficientar su labor”, dijo.

El único punto que tendría que revisarse es el relacionado al artículo 11, referente al procesamiento de la escena, debido a que podría generarse una duplicidad, que conlleva a un retraso en la resolución de un ente jurisdiccional, aseguró Melchor Solórzano.

Mientras que el comisario de la PNC, Mauricio Yax, hizo entrega a los presentes de un cuadro comparativo que desarrolló esa instancia del decreto 11-97 (normativa vigente) y la iniciativa 5410, en el cual despliega las mejoras que tendrían que aprobarse por el Pleno del Congreso.

La presidenta de la comisión, la diputada Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, dio a conocer la intención de agregar un artículo a los 80 que ya contiene la propuesta de ley, orientado a la descentralización de los recursos económicos dirigidos  a la Policía Nacional Civil, para que las comisarias de cada departamento puedan ejecutar su propio presupuesto.

Por Karen Mendoza

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